Universalidad y condicionalidad en los bienes, prestaciones y servicios públicos

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Una gran parte de los debates sociales sobre la acción política y de las preocupaciones de quienes se dedican al diseño de las políticas públicas tiene que ver con la selección de los bienes, prestaciones y servicios que serán proporcionados por las administraciones públicas y el grado de universalidad e incondicionalidad con que se pondrán a disposición de la ciudadanía.

La variedad de situaciones es enorme. Desde un bien público como un parque al que todas las personas podemos acceder de forma gratuita cuando queramos hasta servicios (por ejemplo, sociales) públicos que podríamos recibir tras la comprobación de que cumplimos determinados requisitos, después de pasar un tiempo en una lista de espera y pagando incluso un precio más alto que lo que nos costaría un servicio similar en el mercado privado. Desde pensiones contributivas entendidas como rentas vitalicias de sustitución hasta ingresos mínimos no contributivos que podemos perder si no cumplimos determinados compromisos establecidos en un documento que hemos firmado. Y así sucesivamente. (Dejamos aparte ahora la cuestión de la prescripción facultativa, es decir, cuando alguien con autoridad científica o profesional para hacerlo dice si un bien, prestación o servicio es adecuado para una determinada persona.)

El panorama, además, es más complejo porque, en ocasiones, las Administraciones nos brindan un determinado bien o servicio y, en otros casos, nos dan un dinero (mayor o menor y más o menos afectado) con el que podemos comprar unos u otros bienes o servicios. (En todo caso, desde una perspectiva ética, lo decisivo es que las personas puedan satisfacer su necesidad o ejercer su derecho, mientras que la cuestión de si el Estado (directa o indirectamente) te da el bien o servicio o te da dinero para comprarlo es secundaria, es más bien de tipo técnico.)

En realidad, también aparecen consideraciones técnicas y éticas a la hora de proponer incluir o no un determinado bien, prestación o servicio (y de hacerlo de forma más o menos universal e incondicional) dentro del perímetro público o más bien pensar que es mejor que esté en la esfera mercantil (a veces llamada privada), relacional (o familiar y comunitaria) o solidaria (como determinadas ayudas de organizaciones del tercer sector, bienes comunes o actividades cooperativas).

Así, desde un punto de vista ético, vamos alcanzando la conciencia de que hay algunos bienes, prestaciones o servicios de primera necesidad que el Estado debiera garantizar incondicionalmente como derechos universales. Por otra parte, desde un punto de vista técnico, las ciencias sociales muestran que determinadas condicionalidades (requisitos, obligaciones, compromisos, contraprestaciones, copagos u otras) que, eventualmente, si se aplicaran sin sesgos o arbitrariedad, pudieran ser moralmente defendibles (o políticamente rentables), generan, sin embargo, efectos no deseados (por ejemplo, en el comportamiento, la imagen, la dignidad, las capacidades o los recursos de las personas usuarias, destinatarias o beneficiarias) o, en otros casos, efectos deseados a un coste excesivo.

De hecho, un asunto que está recibiendo mucha atención en el ámbito de las políticas públicas en los últimos años (con reconocimiento, incluso, del premio Nobel de economía) es el de la eficacia de los acicates, estímulos, incentivos y argumentos (comparada con la de las limitaciones, prohibiciones, amenazas y sanciones, por ejemplo). Ojalá nuestra ética pública y nuestro saber técnico se den la mano para constituir y desarrollar un conjunto suficiente de bienes, prestaciones y servicios públicos que todas las personas podamos disfrutar como derechos, de manera universal e incondicional, potenciando, a la vez, los necesarios dinamismos personales y sociales de comunidad, solidaridad y productividad.

(Reflexiones al hilo de trabajos realizados la semana pasada con el Gobierno Vasco, el Gobierno de la Rioja y el Ayuntamiento de Madrid. La imagen corresponde al título y la ilustración en la portada del libro de Richard Thaler y Cass Sunstein sobre los acicates. “Acicates” es una traducción tomada, como otras aportaciones, del número 25 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas.)

¿Tiene sentido seguir hablando del barrio?

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No es fácil acotar el concepto de barrio pero, al menos, cabe identificar algunos elementos que podrían aparecer en dicha definición, tales como: un territorio o espacio delimitado o delimitable; unas relaciones (fuertes y débiles) con cierto carácter primario, gratuito, de reconocimiento o afecto; una identidad y memoria, un capital simbólico relativamente compartido; unos movimientos asociativos, una capacidad de agencia colectiva; y una economía e institucionalidad de proximidad.

Puede decirse que, cuando nos referimos a los barrios, desde el análisis de las ciencias sociales y la voluntad transformadora de las políticas públicas, quizá haya una gama de miradas que podríamos situar entre dos extremos arquetípicos: la de quienes ven, fundamentalmente, relaciones sociales (dejando el espacio físico en un segundo plano, como un fondo, un subproducto o una construcción social) y la de quienes ven, principalmente, un espacio físico (una trama urbana, un territorio, una geografía) que determina en buena medida el comportamiento o la acción humana.

Sea como fuere, la pregunta sobre si tiene sentido seguir hablando del barrio surge probablemente por la pujanza e influencia de procesos que suceden a una escala mayor, que afectan a nuestra vida condicionando, superando o diluyendo preexistentes dinámicas barriales. Nos referimos a una economía crecientemente digitalizada, globalizada y deslocalizada, o a un patrón de consumo cultural que hace que estemos viendo la misma serie de televisión en todo el mundo, o a las migraciones que llevan a que nos comuniquemos con nuestra familia a través de Internet, o a fenómenos de segregación territorial de urbanizaciones exclusivas frente a zonas de alta vulnerabilidad social.

Sin embargo, la época que estamos viviendo también puede ser vista como un tiempo de oportunidad para los barrios, al menos, por cuatro razones. Primera, la pandemia que nos está recordando que somos cuerpos vulnerables e interdependientes que necesitan cuidados y contactos físicos de proximidad. Segunda, nuevas formas de presencia cotidiana en las comunidades (por ejemplo, por el aumento del número de personas pensionistas o que trabajan en los domicilios). Tercera, la necesidad imperiosa de relocalizar procesos productivos y comerciales por razones medioambientales y estratégicas. Y cuarta, los desarrollos técnicos en la acción pro bienestar (sanidad, educación, servicios sociales y otros) hacia enfoques de atención integrada comunitaria.

No podemos dar por supuesto que nuestros barrios serán necesariamente activos y solidarios, desde un comunitarismo ingenuo o banal. Tampoco debemos aceptar identidades y dinámicas excluyentes que construyen barrio reproduciendo e intensificando las desigualdades y discriminaciones y fomentando la percepción de determinadas (otras) personas como enemigas de las que desconfiar. Sin embargo, hoy y aquí, parece difícil imaginar una construcción de sujetos y procesos de transformación y justicia social que no pase, de una u otra manera, por los barrios. Por el compromiso compartido de hacer posible en ellos la calidad de vida y la convivencia en diversidad. En consecuencia, afirmamos que tiene todo el sentido seguir hablando del barrio y seguir haciendo barrio.

(Ideas compartidas en la jornada organizada en Bilbao el 18 de junio de 2021 bajo el mismo título por Civersity y Kultura Abierta, a la que corresponde la fotografía. Algunas de esas ideas fueron inspiradas por la lectura del último número de la revista Encrucijadas.)

Bakardadeak eta hariak

Hariak

“Bakardadeei aurre egiteko politika edo estrategia baten barnean tokia duten jarduera tipologiak zehazterakoan (esku-hartzeak, programak, zerbitzuak), ezin ditugu aintzat hartu, soilik, berariaz eta zuzenean bakardadea lantzen dutenak. Hala ere, “gorago” joaten bagara, bakardadeei zeharka eta inplizituki eragiten dieten jarduerak adierazteko, ezin dugu oso gora igo eta edozein jarduera sartu estrategian. Oreka hori lortu nahian, 12 jarduera tipologia zehaztu ditugu. Inplizituenak edo zeharkakoenak direnetatik hasi, eta esplizituenak edo zuzenenak direnetan amaituko dugu. Hau da zerrenda:

1. Pertsonak bizi diren, ibiltzen diren eta erabiltzen duten espazio fisikoa egituratzeko edo eraldatzeko jarduerak (etxebizitza eta hirigintza).

2. Pertsonen balioak, sinesmenak, jarrerak, ideiak eta jokabideak aldatzen dituzten komunikazio, sentsibilizazio edo mobilizazio jarduerak.

3. Aisialdiko ekintzak eskaintzeko jarduerak.

4. Borondatezko ekintza eta asoziazionismoa sustatzeko jarduerak.

5. Komunitateko elkarbizitza eta lankidetza dinamikak sortzera bideraturiko jarduerak.

6. Bizilagunen komunitateak dinamizatzeko jarduerak (atarietan, finketan, eta abarretan).

7. Pertsonen bizi proiektua, trantsizioak eta etorkizuna planifikatzeko laguntza jarduerak.

8. Eten digitala prebenitu eta konpontzeko eta teknologien erabilera sustatu eta errazteko jarduerak, komunikaziorako, harremanetarako eta sare sozialetarako.

9. Hainbat pertsona etxebizitza berean bizitzeko edo bizileku irtenbide bat izateko sustapen, bideratze eta laguntza jarduerak.

10. Egoitza zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonak desinstituzionalizatzeko sustapen jarduerak eta zentro horietako pertsonengan oinarrituriko arreta aplikatzeko sustapen jarduerak.

11. Bakardade egoera nork berak prebenitzeko edo aurre egiteko gaitasunak eta harremanak garatzeko jarduerak.

12. Pertsonen bakardade egoerak orekatzen, arintzen edo leuntzen dituzten laguntza jarduerak.”

(Zerrenda hau topatzeko: “Hariak: Bakardadeei aurre egiteko Gipuzkoako estrategia. Oinarrizko dokumentua” 39-41 orrialdeetan. Argazkian, estrategia eratzeko Adinberri Fundazioak bultzatzen ari den prozesu partehartzailearen bilera bat.)

Exclusión social en España: así la estamos haciendo y así nos va quedando

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La exclusión social es un proceso complejo en el cual algunas personas se van viendo privadas de la oportunidad (mejor dicho, del ejercicio del derecho) de disfrutar de algunos bienes de primera necesidad para su supervivencia, desarrollo y bienestar: bienes como el alimento, la atención sanitaria, las relaciones, el alojamiento, el medio ambiente, la seguridad, el espacio público, la educación o la participación. En diferentes lugares y épocas históricas la exclusión social ha funcionado en distintas medidas y de diversas maneras. En España en estos momentos, en números redondos, podemos decir que un 25% de la población se encuentra en una situación de exclusión social (según el indicador denominado AROPE). En las personas menores de 16 años esa tasa es el doble que entre las personas mayores de 65 (más o menos 30 y 15, respectivamente).

En una sociedad tan mercantilizada y monetizada como la nuestra (es decir, en la que el dinero es el medio para acceder a muchos de los bienes mencionados) es interesante fijarse en los ingresos de las personas para conocer las características y dinámicas de la exclusión social. En España la renta media de los hogares está alrededor de los 30.000 euros al año en números redondos. Pues bien, el 10% más rico triplica esa renta media, mientras que el 10% más pobre viene a recibir un 20% de esa cantidad y el siguiente 10% (decil), un tercio, más o menos. Podríamos cifrar en un 5% las situaciones de severidad y gravedad y, por los estudios hechos en este siglo, sabemos que en este período se enquista la exclusión social y la desigualdad aumenta, sobre todo porque las personas pobres se hacen más pobres.

Si seguimos de abajo hacia arriba, las personas del siguiente 20%, el que queda sobre el 20% más pobre mencionado, no llegan a recibir dos tercios de la renta media. Por el lado de arriba, sólo un tercio de la población, aproximadamente, estaría por encima de la renta media. Se percibe por tanto la hace tiempo descrita “sociedad de los tres tercios”, en la que las franjas que no están en exclusión social pero que están cerca se sienten (con razón) inseguras, saben que no están tan lejos de esa situación, se saben poco protegidas frente al riesgo de caer en una situación de exclusión social. Por cierto, el que personas en situación de exclusión social presenten un perfil de severidad, gravedad o complejidad no quiere decir que no estén atendidas o controladas de algún modo por varios servicios públicos y profesionales diversos.

¿Y qué es lo que protege al tercio de arriba de entrar en un proceso de exclusión social? Obviamente sus ingresos pero lo que se está observando en nuestra economía (en buena medida, directa o indirectamente, por la digitalización) es que las rentas de capital crecen más que las rentas del trabajo. Es el denominado “efecto Mateo”: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará (España, por su sistema de protección social tan contributivo, ya era desde décadas atrás muy de efecto Mateo). En esta economía se incrementa la probabilidad de que quien disfruta de bienes (vivienda, papeles, empleo, ahorros, relaciones, pensión, conocimiento, Internet u otros) obtenga todavía más y, sin embargo, quien carece de ellos, lo tenga todavía más difícil. Por eso se dice que en nuestra sociedad se ha averiado el “ascensor social”.

Además es una sociedad más compleja, en la que se incrementan los mecanismos de inclusión y exclusión, las oportunidades y las amenazas. Esa es una de las razones por las que las personas que trabajan con personas en situación de exclusión social hablan de la diversificación (e incluso sofisticación) de sus perfiles y la mayor aparición de factores de exclusión relacionados con la situación administrativa, con la vivienda, con los cuidados, con las competencias y recursos digitales, con la soledad u otros (además de los más tradicionales como el dinero, el empleo o la familia). Sigue siendo claro, en todo caso, el sesgo de género y de origen.

En este tipo de sociedad que estamos construyendo, la fragmentación o desvinculación social (incluyendo la segregación territorial) dificulta formas anteriores de generación de comunidad o solidaridad y más bien se facilitan comportamientos del tipo “sálvese quien pueda”, por rechazo hacia las personas excluidas de las que otras nos sentimos distantes o precisamente por el miedo que se nos mete a que podamos acabar como ellas. Si decimos, por ejemplo, que el precio del alquiler de la vivienda está siendo uno de los factores exclusógenos principales en esta sociedad, habrá que recordar que el 90% de los 2,5 millones de viviendas en alquiler está en manos de particulares, que deciden qué renta cobrar. O que son pequeños empleadores (micropymes) o los propios hogares (en el trabajo doméstico) las principales fuentes de precariedad laboral, ya que más de la mitad de los aproximadamente 3 millones de personas que no llegan a mileuristas trabajan en empresas de menos de diez personas, que representan menos de un tercio de la capacidad instalada, y, del aproximadamente medio millón de personas que hacen trabajo doméstico, sólo una décima parte tiene condiciones laborales similares a las del resto de trabajos. Todo ello, por cierto, tiene mucho que ver con el tipo de tejido productivo español, de relativamente bajo valor económico añadido.

Es decir, no son sólo las decisiones y actuaciones del 1% o del 10% más rico (al consumir, al relacionarse, al pagar impuestos, al ahorrar, al trabajar, al votar) las que construyen una sociedad tan estructuralmente excluyente, sino que es imprescindible la colaboración de personas situadas en las siguientes franjas (más acomodadas o más inseguras). Sin duda han de ser poderosos los mecanismos (económicos, comunicativos, legales, laborales, policiales u otros) para conseguir que tantas personas conspiren (o conspiremos) contra los que teóricamente serían sus (o nuestros) intereses (como el de lograr una menor desigualdad). Más y más personas participamos en la construcción colectiva de un país (y de un mundo) excluyente.

La pretensión de estas líneas, de todos modos, no es tanto la de hacer un llamamiento moral al compromiso personal de austeridad, decrecimiento, organización, desclasamiento, entrega o compartición. Más bien es la de profundizar en el conocimiento de las lógicas estructurales de nuestra sociedad de cara a enfocar mejor nuestros análisis de situación y nuestra acción colectiva para transformar de raíz esa sociedad excluyente. Saber de qué manera y con qué consecuencias somos agentes de exclusión social nos puede ayudar a ser más y mejores agentes de inclusión social.

(Esta entrada está basada en los estudios de la Fundación FOESSA, a la que pertenece la ilustración.)

Servicios sociales e inclusión social: ¿tiempos oscuros?

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Las gentes de los servicios sociales en este país (en un sentido amplio: empleadas y empleados públicos, personas del tercer sector, responsables políticas, profesorado universitario, ciudadanía implicada y otras) podemos reconocer, con orgullo, nuestra contribución a la inclusión social. Una contribución que tiene que ver, en buena medida, con el acompañamiento y ayuda a personas en (o cerca de) situaciones graves y complejas de exclusión social, ese tipo de situaciones en las que suele aparecer el ingrediente de las limitaciones (mayores o menores, temporales o permanentes) en la capacidad autónoma y los apoyos familiares y relacionales para la resolución de problemas (lógicamente, junto a otros como el empleo, la vivienda o los ingresos). En esos procesos nos hemos encontrado muchas veces, venturosamente, con compañeras y compañeros de los servicios sanitarios, educativos, laborales u otros.

Sin embargo, en la paradójica oscuridad y notable dureza (para muchas personas) de los tiempos que vivimos, se diría que las que en otro momento fueron soluciones se convierten en problemas:

  • Nuestra polivalencia y capacidad de combinar diferentes recursos hace que muchas personas vengan a los servicios sociales esperando prestaciones y apoyos que ahora nos sentimos o nos sabemos incapaces de proporcionarles, incluso aunque se aumente el personal y la financiación (o precisamente por eso, en la medida en que los incrementos de recursos pueden generar más expectativas y más demanda, sin necesariamente aumentar tanto la capacidad de respuesta).
  • Las reglas de funcionamiento y normas jurídicas previstas para aportar garantías y eficiencia en la atención a las personas parecen adentrarnos cada vez más en laberintos burocráticos más densos y opacos.
  • La informatización y digitalización llamada a simplificar las tareas administrativas y hacer transparente la información parecen convertirse en una nueva barrera generadora de exclusión y amenazadora fuente de control.
  • La proximidad a las personas destinatarias, seña de identidad fundamental en nuestra intervención social, genera fricciones y malestares crecientes en ambas partes (incluso maltrato y violencia), en un contexto en el que vulnerabilidades, precariedades, recursos y capacidades se reparten de forma más amenazante y aleatoria en los dos lados de “la mesa”.
  • El trabajo en red, la coordinación e integración entre diferentes agentes, tantas veces reclamada y alabada, parece hacer cada vez más intrincados e impracticables los itinerarios para las personas trabajadoras y usuarias. La multiplicación de agentes y aproximaciones, de responsabilidades y conocimientos, se nos hace inmanejable y fragmentadora.

Parece que nos encontramos en una de esas situaciones oscuras y difíciles en las que, con facilidad, podemos pasar de ser parte de la solución a ser parte del problema, en la que nuestros intentos parecen volverse en contra de nuestras intenciones. Sin embargo, los tiempos oscuros y difíciles no tienen por qué ser necesariamente tiempos de desesperanza. Las situaciones paradójicas en las que nos cuesta entender y nombrar lo que sucede pueden ser anticipo y preludio de nuevas claridades y perspectivas. No sería la primera vez que nos crecemos frente a los problemas y dificultades y nos conjuramos para encontrar caminos de salida y avance. Volvamos a hacerlo.

(Notas tras la jornada de ayer sobre inclusión social organizada por el Gobierno Vasco.)

Ni residencias ni domicilios: comunidad

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¿Son las residencias “el problema”? ¿Son los domicilios “la solución”? ¿Qué hacer?

Veamos. Claro que los centros residenciales públicos y concertados de nuestros sistemas autonómicos de servicios sociales deben activar su agenda de transformación. Y por supuesto que la atención social a domicilio (que normalmente depende de los servicios sociales de los entes locales) y otras prestaciones domiciliarias han de mejorarse y ampliarse. Pero parece difícil imaginar una respuesta suficiente al reto de los cuidados de larga duración sin modificaciones más importantes en el llamado mundo de la vida.

Fenómenos como el intenso sufrimiento vivido en y en torno a las residencias de mayores, el nuevo descenso de la natalidad, el aumento de la preocupación por las soledades (social, emocional y existencial), el retraso de la edad de emancipación juvenil o el incremento y la agudización de situaciones de vulnerabilidad y desesperación son experiencias pandémicas del mundo de la vida que interactúan con importantes desajustes del funcionamiento de nuestros sistemas e instituciones económicas y políticas.

Las dinámicas de cuidado y apoyo mutuo que conocimos en la sociedad patriarcal tradicional, incluso, hasta cierto punto, en su versión salarial y urbana no pueden ser, en ningún caso, clave de futuro. Es demográficamente y sociológicamente imposible pero, sobre todo, es inaceptable desde la perspectiva política y ética. La división sexual y la racialización, precarización e informalización del trabajo de cuidados deben ser superadas. Sin embargo, los proyectos de profesionalización e institucionalización de cuidados y apoyos en el marco de los servicios sociales llevan décadas topándose con restricciones (aparentemente) estructurales para su escalabilidad.

Desde los servicios sociales debemos expresar con claridad a la sociedad y a las autoridades políticas que la necesaria reconfiguración de los mundos vitales cotidianos de amplias capas de la población que reclama la crisis de cuidados no puede encomendarse sin más a estructuras y recursos (los de los servicios sociales, sean residenciales, domiciliarios, ambulatorios o de otro tipo) que se pensaron para hacerse cargo de determinados colectivos poblacionales minoritarios excluidos, además en contextos muy diferentes a los actuales.

La reconstrucción pospandémica, por tanto, debe ser reestructuración económica ambientalmente sostenible (incluyendo esquemas universales de garantía de ingresos) y, a la vez, experimentación e impulso de nuevas maneras de vivir, habitar y convivir en el territorio. El urbanismo feminista, la medicina familiar y comunitaria en la atención primaria de salud, la arquitectura amigable con las personas mayores o con la infancia, las tenencias intermedias en materia de vivienda, la teleasistencia avanzada de los servicios sociales, la acción comunitaria intersectorial, los sistemas alimentarios locales, las economías solidarias de proximidad, los laboratorios ciudadanos, las iniciativas de regeneración de barrios y otras tantas deben llevarnos a formas de vida comunitaria con mucha mayor capacidad de sostenernos mutuamente en nuestras interdependencias para, a su vez, incrementar la libertad efectiva de todas las personas (no sólo de unas pocas) para concebir y llevar adelante sus proyectos de vida.

La actual disyuntiva entre “permanencia en el domicilio” e “ingreso en una residencia” debe ser superada.

La comunidad debe marcar la diferencia.

(Reflexiones en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales de La Rioja. La ilustración pertenece a la campaña Social Care Future, cuyo lema es: “Queremos vivir en el lugar que llamemos casa, con las personas y las cosas que amemos, en comunidades donde nos cuidemos mutuamente, haciendo las cosas que nos importen”.)

¿Crisis de cuidados, colapso relacional o insostenibilidad de la vida? Horizontes para los servicios sociales

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A la hora de pensar la gestión y la innovación en los servicios sociales (o en otras ramas de las políticas sociales o de las políticas públicas en general), no es lo mismo interpretar la situación ante la que se encuentran, por ejemplo, en términos de crisis de cuidados, de colapso relacional o de insostenibilidad de la vida. Las amenazas y los desafíos son, en parte, diferentes en cada caso y reclaman posiblemente modelos y estrategias distintas.

Podríamos interpretar la crisis de cuidados como un aumento notable de las necesidades no cubiertas (o de la demanda insatisfecha) de cuidados, entendidos como la relación de complementación frente a ciertas limitaciones funcionales de algunas personas para determinadas actividades de la vida diaria. Teniendo en cuenta las necesidades que actualmente están cubiertas de forma insuficiente o inadecuada y el incremento de la demanda debido a las tendencias demográficas y de salud, diversos cálculos hablan de triplicar o cuadruplicar la capacidad de las políticas públicas de cuidados en los próximos treinta años. Recordemos, en todo caso, que, más o menos, en este momento hemos llegado a la mitad de la cobertura prevista hace veinte años cuando se preparaba la llamada Ley de dependencia (sin avance claro en universalización y articulación de los servicios sociales), que, en parte, paradójicamente, ha financiado trabajo doméstico subalterno, precario e informal que hace competencia desleal al cuidado profesional.

Hablaríamos, en cambio, de colapso relacional en la medida en que grupos más o menos amplios de personas se encuentren en una situación en la que, a la hora de reclamar o recibir los productos o servicios de apoyo que necesitan, carezcan de un mínimo de relaciones primarias (familiares o comunitarias) significativas con las que seleccionar y combinar dichos cuidados y apoyos profesionales. Estaríamos hablando de entornos sociales o sectores de población en los que la desproporción y desvinculación entre personas que necesitan cuidados y personas de apoyo o cuidadoras primarias disponibles es tal que hay importantes zonas o parcelas del tejido social con graves afectaciones de su calidad de vida incluso contando con cuidado profesional a disposición. Es lo que, a pequeña escala, relativamente, ha padecido un buen número de las personas usuarias de residencias de mayores en los meses más duros de pandemia y confinamiento. La emergencia de la soledad como problema social sería un síntoma precursor de dicha situación.

Cabe la posibilidad, por último, que, más que sólo ante una crisis de cuidados o una situación de colapso relacional, nos encontremos ante una disrupción de las posibilidades de reproducción de la vida. Viviríamos colapsos en racimo y en cadena, no sólo de carácter relacional sino también (antes o después) ambiental, financiero, demográfico, alimentario, digital, político, sanitario, militar y, en definitiva, sistémico. La economía capitalista globalizada, tal como la conocemos, desencadena efectos extremos y frecuentemente caóticos de contaminación ambiental, desigualdad económica, segregación territorial, precariedad vital, desmoralización social, riesgo financiero o angustia vital y torna radicalmente imposible la misión encomendada a los servicios sociales de hacerse cargo de tantas personas y colectivos centrifugados por el sistema establecido.

Los servicios sociales se configuraron y posicionaron, dentro de un sistema de bienestar redistributivo, como una especie de comodín de la baraja, como un subsistema que podía cubrir a su manera la función de cualquier otro para personas o colectivos que quedaban (o corrían el riesgo de quedar) fuera del funcionamiento social. Hace veinte años visualizaron la atención a uno de esos “colectivos” (el de las personas demandantes de cuidados de larga duración) como una vía para su transformación y universalización. La pandemia parece estar acentuando su fragmentación, burocratización y distanciamiento a la vez que genera islas de polivalencia, flexibilidad y compromiso. Hoy y aquí, según cómo lean la sociedad que viene, deberán adoptar una u otra vía estratégica y modelo de referencia.

(Sobre estas cuestiones, agradeciendo la inspiración de Amaia Pérez Orozco, reflexionaremos por invitación de la Universidad del País Vasco, hoy, miércoles, 26 de mayo, desde las 16 horas hasta las 18 horas en este enlace de acceso libre:

https://eu.bbcollab.com/guest/1fb89752b857492d96141dc2f7a7e805)

Future scenarios in long-term care

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A long-term care model is a combination of elements such as:

  • • a care model (content and characteristics of the services and benefits that people receive),
  • • a prescription model (who decides that someone receives care),
  • • a management model (who hires the professionals) and
  • • a financing model (who pays).

We have identified four ideal types that our long-term care future might look like:

1. In the corporate scenario, the interests of the main organized groups that participate in long-term care and, fundamentally, those of large and medium-sized provider companies (for-profit or non-profit) and those of less qualified and more numerous and organized workers, would weigh more heavily. Reactive services of low added value (technological, economic and social) are offered for relatively captive and disempowered audiences. Social services could be seen here as a complementary business to others (such as real estate).

2. In the consumerist scenario, the public powers and administrations would get rid of the provision (direct or indirect) of services and would be configured as insurers that give money (direct payments, service checks or personal budgets) to each person, based on some (more or less) objective requirements and then individuals and families would go to the markets and buy the different services or supports. It is a historical vindication of some movements of people with physical disabilities or other sectors.

3. The community scenario is the one that defends the community of practice and knowledge. It would be based on a model of preventive and population approach, as well as on technological, social and political innovation. It would be based on the technical and organizational strengthening of primary social care (which generates capacity and legitimacy for technical prescription) within a framework of integrated care.

4. The chaotic scenario would be that of an increase in the informal care economy and inequity in social care and welfare services in general. It would difficult people’s decisions about their future and the intergenerational contract.

Tendencias para el gobierno de las políticas sociales

tendencias

Parecemos entrar en la transición entre los tiempos pandémicos y los tiempos de la reconstrucción y quienes gobiernan nuestras políticas sociales se encuentran ante el desafío de identificar grandes tendencias en curso, como corrientes u olas que aprovechar para tomar y dar impulso. Se proponen y presentan las siete siguientes:

1. Profesionalización

La sociedad del conocimiento es la sociedad de la profesionalización, es decir, la sociedad en la que más y más necesidades van obteniendo respuesta a través de esas figuras con un plus de saber exigible que llamamos profesionales. En ese contexto, es evidente que el campo específico de los cuidados de larga duración es uno de los que, con más claridad, va a necesitar más cantidad y cualificación de profesionales, por el aumento, diversificación y sofisticación de la demanda. Ello es interesante, por otra parte, porque vivimos en una sociedad en la que el empleo sigue siendo un regulador importante y un mecanismo fundamental del contrato social y el campo de los servicios sociales tiene, por lo dicho, una importante capacidad y potencialidad de creación, absorción y sostenimiento de empleo de diferentes tipos. La inversión en cualificación es predistributiva.

2. Digitalización

Internet es (con la experiencia de la pandemia todavía más) la infraestructura fundamental para el funcionamiento de la sociedad y, especialmente, para la regulación de las relaciones, la gestión de la información y la circulación del dinero. Aquellos sectores de actividad (y, específicamente, aquellas ramas de la política social) que equilibren e hibriden mejor la capa digital y los procesos materiales, corporales y presenciales en sus niveles operativos, de gestión y de gobierno tendrán, seguramente, más posibilidades de éxito. Sea como fuere, la digitalización representa un gran reto para el diseño de políticas sociales pues su poder tecnológico le permite una gran capacidad de transformar (y eventualmente de desfigurar) los procesos que se digitalizan (de ahí la importancia de la deliberación ética al respecto).

3. Territorialización

Por razones medioambientales y de supervivencia, resulta imperativo que nuestras vidas se desarrollen en mayor medida en la proximidad física y en la reciprocidad comunitaria, con una diversificación (en el continuo individual-comunitario-público) de las formas de tenencia y uso del territorio y la edificación y de los formatos de vivienda y equipamiento dotacional. Por ello, aportarán más valor aquellas políticas sociales y aquellos agentes y profesionales que mejor contribuyan a que las personas podamos vivir más tiempos y hacer más itinerarios de satisfacción de necesidades en nuestros vecindarios y localidades, potenciando los activos y relaciones comunitarias de todo tipo. La pandemia y la perspectiva de colapsos aconsejan invertir en comunidades y territorios resilientes apoyados en la capilaridad y atención integrada del personal profesional de las políticas de bienestar a pie de calle.

4. Clusterización

Las actividades económicas (y todas las que satisfacen necesidades lo son) suelen ordenarse (articularse o integrarse, vertical y horizontalmente) en ecosistemas (clústeres) donde unas organizaciones ejercen un efecto tractor sobre otras. Pensemos, por ejemplo, en lo diferente que resultará el futuro de las actuales residencias de mayores (la zona cero de la pandemia) si su necesaria transformación se hace en el marco de sistemas públicos de servicios sociales, en el marco de ecosistemas sanitarios, en un marco de silver economy, en un marco de regeneración de barrios y vecindarios, en el marco de un sistema de cuidados o en otro clúster diferente. Estamos en un momento crucial para tomar un camino u otro y para acertar en el impulso de las dinámicas de tracción, sinergia y estructuración.

5. Coproducción

Las nuevas complejidades de los desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad (como se está viendo con claridad en los meses de la pandemia) reclaman nuevas capacidades directivas de los poderes públicos y nuevas formas de repartir y coordinar los papeles entre la Administración pública y otros agentes. La pandemia ha sido ocasión de nuevas formas y cotas de ejercicio de la autoridad pública que reclaman, a su vez, de nuevas iniciativas de empoderamiento de la sociedad civil y de gobernanza, gestión y producción colaborativas, generadoras de confianza, que saquen lo mejor de cada tipo de agente, cada uno con su papel específico y sus correspondientes ventajas comparativas. De lo contrario, el enquistamiento endogámico de muchos partidos políticos se retroalimenta con el individualismo posesivo de relevantes capas de la población.

6. Politización

El aumento de las desigualdades y de la precarización, fragmentación y segregación laboral, residencial, económica y, en general, social hace que no pueda ser sino conflictiva la pugna por unas u otras políticas sociales. Se ha de intentar que las políticas sociales se apoyen en la mayor medida posible en la evidencia y en los consensos de la comunidad de conocimiento y, sin embargo, desde el diseño de políticas sociales se debe reconocer y reclamar la dimensión ideológica y emocional de las políticas sociales. Puede decirse que, en los pasados meses, hemos tenido en Pablo Iglesias el ejemplo de una acción política desconectada de la materia de su responsabilidad en el Gobierno (servicios sociales) y el ejemplo contrario, en Yolanda Díaz, de hacer política con mayúsculas (y emocionante) precisamente desde el conocimiento y la viabilización de su responsabilidad gubernamental (trabajo).

7. Disrupción

En una sociedad de la innovación y en la que, cuando creemos tener respuestas, cambian velozmente las preguntas, la maquinaria de construcción, implementación y reconocimiento de políticas sociales debe tener la capacidad de realizar con agilidad experiencias piloto (lanchas rápidas) que pronto puedan convertirse en iniciativas emblemáticas (buques insignia, según la terminología adoptada, por ejemplo, en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España), tractoras de procesos de mejora, reforma y transformación de las políticas sociales (nuestra flota). La maniobrabilidad y capacidad de respuesta rápida a retos inéditos y tormentas perfectas se hace más necesaria para las políticas sociales.

Lecturas recientes inspiradoras

DEL PINO, Eloisa y SUBIRATS, Joan (coordinación)(2021): Las Administraciones ante los riesgos sociales y globales. Madrid, INAP.

GOMÁ, Ricard y UBASART, Gemma (coordinación)(2021): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social. Madrid, Tecnos.

PÉREZ ERANSUS, Begoña y MARTÍNEZ VIRTO, Lucía (coordinación)(2020): Políticas de inclusión en España: viejos debates, nuevos derechos. Madrid, CIS.

MORENO, Francisco Javier y DEL PINO, Eloisa (edición)(2020): Las transformaciones sociales y territoriales del Estado en la edad digital. Libro homenaje a Luis Moreno. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

(Contenidos de o para encuentros de la semana pasada o previstos para la entrante con el Consorcio As Mariñas, Nerea Eguren, los Departamentos de Empleo del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, Elkarrekin Podemos, APTES, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, el Consejo Económico y Social Vasco, el proyecto CUMADE (con Amaia Pérez Orozco y Dolors Comas, entre otras), el PSOE (a través de Eva Granados), Adinberri, el Consell Comarcal de la Noguera y los grupos cooperativos Tangente y Servicios Sociales Integrados.)

Los resultados electorales de Madrid y nuestro pensamiento sobre políticas sociales

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Posiblemente quienes trabajamos en el ámbito de las políticas sociales tendemos a sobreestimar la importancia de nuestras prestaciones y servicios públicos de bienestar en la satisfacción con su vida que tienen las personas y en su percepción del contrato social en el que están inmersas, en función de la cual toman decisiones y, entre otras, la de su voto en las elecciones políticas.

Quizá nos juega una mala pasada nuestra edad y nuestra posición en el entramado laboral y residencial y damos una excesiva importancia a la seguridad frente a determinados riesgos que ofrecen los poderes públicos. Y no reparamos en determinada gente de otras edades, en personas que viven y trabajan en otros sitios y para quienes esas seguridades no son más que una quimera lejana.

Acaso, por nuestra trayectoria académica, profesión y empleo, dedicamos bastante tiempo al procesamiento de información escrita, científica y técnica, al raciocinio y la deliberación crítica, menospreciando, quizá, determinados saberes, prácticas, hábitos, pertenencias, malestares, aficiones, vínculos, valores, deseos, ilusiones, temores y emociones que consideramos, posiblemente, demasiado básicas o primarias y, quizá, inapropiadas o injustas.

Seguramente sentimos un gran apego por logros en los que hemos participado y no somos suficientemente conscientes de sus deficiencias y deterioros, de sus desajustes tras ciertos cambios sociales. De sus sesgos de género, de edad, de clase, territoriales. De la rigidez burocrática e impersonalidad digital con que se producen en ocasiones. De su frecuente paternalismo, autoritarismo, clientelismo o moralismo.

Igual sucede que creemos mantener planteamientos alternativos mientras se nos percibe como parte del sistema establecido. Que estamos más del lado del conformismo que de la innovación. Que la vivencia de la pandemia y la perspectiva del colapso cuestionan la intangibilidad de lo logrado y construido hasta el momento que suponemos. Que nos interesa mirar para otro lado para no ver que nuestro modo de vida no es universalizable ni sostenible, seguramente. Que no está claro a quién agrupa la primera persona del plural en nombre de la que hablamos.

Quizá por eso nos descolocan especialmente el discurso, el talante, los anclajes y los intereses que han articulado una amplia mayoría en las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid.