Comprender y construir el funcionamiento en red de los cuidados cotidianos

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Denominamos actividades de la vida diaria a algunas que la mayoría de la gente es capaz de realizar, sin cualificación ni ayuda, en gran parte de su vida y que le permiten dar satisfacción de forma bastante directa a importantes necesidades. Incluyen desde algunas básicas y sencillas, como asearse o comer, hasta otras avanzadas y complejas, como organizar unas vacaciones, por ejemplo. La autonomía funcional para su realización no sólo se refiere a la capacidad para ejecutarlas sino también a la de tomar las decisiones correspondientes, a veces decisiones importantes con repercusión a largo plazo (eventualmente según un proyecto de vida).

En nuestra sociedad, sea como fuere, es frecuente la ayuda mutua en lo relativo a las decisiones y actividades de la vida diaria y, en primera instancia y en general, esa ayuda mutua se produce en el seno de relaciones primarias de carácter familiar y comunitario, aunque, cada vez más, entreverada con apoyos y servicios remunerados. A esas relaciones de colaboración de unas personas con otras en las decisiones y actividades de la vida diaria las podemos llamar cuidados cotidianos para diferenciarlos de otras actividades y, específicamente, de otros cuidados (especializados) que necesariamente requieren un ejercicio profesional (por ejemplo, los cuidados de enfermería).

Cotidianamente, diariamente,’ cuidamos de nosotras mismas y, asimismo, damos y recibimos cuidados. Cocinamos para personas con las que convivimos, una cuñada nos hace la declaración de la renta, el asistente personal nos ayuda a desplazarnos, nos interesamos por la situación de la amiga a la que no vemos hace tiempo y apenas nos despegamos de nuestro bebé durante meses. Constatamos que los cuidados cotidianos son esenciales para la vida y deseamos que tengan algunas cualidades: disponibilidad, calidez, continuidad, ajuste a las capacidades y deseos de las personas que los dan y los reciben, equidad de género, entorno significativo o promoción de la autonomía, entre otras.

El funcionamiento óptimo de los cuidados cotidianos (como ocurre en los procesos para la satisfacción de otras necesidades, como las energéticas, por ejemplo) parece ser el de una red, con nodos que se van activando sucesivamente según lo previsto y en función de las circunstancias. Podemos saber cómo se va formando y va funcionando esa red (individual y diacrónicamente) en torno a cada persona (usualmente con gran importancia inicial del cuidado parental y familiar, seguidamente del escolar, el autocuidado y el comunitario primario de amigas y amigos y así sucesivamente) y también podríamos analizar (desde un punto de vista colectivo y sincrónico) cómo está estructurada y opera esa red hoy y aquí. Finalmente, cada una de nosotras habríamos de preguntarnos: ¿qué nodos de qué red o redes, en qué orden y de qué manera se activarían o se podrían activar si yo experimentara un aumento de mi necesidad de cuidados cotidianos?

Hoy y aquí , en cualquier caso, tenemos el enorme reto de lograr garantizar los cuidados cotidianos como un derecho universal, es decir, de democratizarlos realmente. Resulta cada día más insoportable que dependamos tanto de la suerte en esa materia. La implicación de los poderes públicos en los cuidados cotidianos no puede ser estructurada como un sistema profesionalizado (un paracaídas)  que sólo se activa cuando se rompen las redes primarias y su capacidad económica. Las políticas públicas no pueden seguir  creando y sosteniendo algunas alternativas de cuidados cotidianos y, simultáneamente, desconociendo, desincentivando y destruyendo valiosas redes existentes o posibles. Debemos entender que el desafío científico, tecnológico, económico, político y moral que tenemos delante es el de la reordenación general y el reforzamiento sistémico (incorporando nuevos nodos profesionalizados) de una red pública universal de cuidados cotidianos de base familiar y comunitaria.

Redoblar la apuesta estratégica por unos servicios sociales relacionales y universales

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En nuestro entorno, los servicios sociales se constituyeron en buena medida para hacerse cargo bastante globalmente y en última instancia de personas en riesgo o situación de exclusión social (usando la terminología actual, no la que se usaba entonces). Serían una especie de última red general de ayuda y socialización en un contexto en el que se asumía que funcionaban mecanismos fuertes y articulados de inclusión social como: familias patriarcales en comunidades homogéneas, industrialización y salarización de la economía, protección social contributiva, propiedad de la vivienda y un código moral dominante. La función social de los servicios sociales era, entonces, la de ocuparse de diferentes colectivos (definidos por la edad, la autonomía funcional, la capacidad económica, las relaciones familiares y otros factores) que lo único que tenían en común era la situación (o el riesgo) de quedar fuera de un funcionamiento social general regido por los mencionados mecanismos.

Sin embargo, en las últimas décadas, esa configuración de los servicios sociales se ha ido volviendo cada vez más problemática (misión imposible) debido a procesos de cambio social que arrojan cada vez más gente, más diversa y más compleja a la zona de vulnerabilidad social y exclusión social. En un contexto, además, en el que, paradójicamente, la acción combinada de la tecnociencia y el enfoque de derechos ha ido propulsando la universalización (con contradicciones y retrocesos también) de sistemas públicos en ramas de actividad como la sanidad, la educación o la garantía de ingresos. Es decir, el funcionamiento y posicionamiento de los servicios sociales como especialistas en diferentes situaciones (o riesgos) de exclusión social se ve imposibilitado simultáneamente por el incremento de la complejidad, diversidad y cantidad de situaciones de vulnerabilidad y exclusión social y por el desarrollo político y técnico de ramas de actividad de alta cobertura y políticas públicas universalistas, a las que las personas inicialmente destinatarias de los servicios sociales también suelen acceder.

En ese contexto, cabe entender que decisiones como la de sacar en su día la Renta de Garantía de Ingresos de los servicios sociales o la de residenciar desde su inicio el Ingreso Mínimo Vital fuera de los servicios sociales parecen responder a una tendencia en la ordenación de las ramas de actividad y las políticas públicas en virtud de la cual los servicios sociales tenderían a dejar de tomar parte en la provisión de ingresos para la subsistencia material. A la vez, normas como la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia o la Ley vasca de servicios sociales pretenden universalizar buena parte de los cuidados cotidianos, apoyos relacionales e intervenciones comunitarias que venían ofreciendo los servicios sociales (incluyendo, obviamente, labores propias de acompañamiento que ahora se mezclan inapropiadamente con otras impropias de adjudicación, tramitación y control de ayudas).

Seguramente, las crisis del comienzo y el final de la segunda década del siglo XXI debieran animarnos a avanzar decididamente en esa línea de fortalecimiento y universalización de los cuidados, apoyos e intervenciones relacionales y comunitarias que realizan los servicios sociales y de ir entregando ordenadamente a otros sistemas los restos que nos van quedando en materia de garantía última de ingresos para la subsistencia material.

Seguramente ésta no será condición suficiente para volver a hacer posible la misión de los servicios sociales pero sí una condición necesaria.

(Fragmentos adaptados de un texto trabajado con el equipo de dirección de los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a los que pertenece la ilustración.)

Entidades del tercer sector: ¿pacto de reparto, competencia vergonzante, colusión corporativa, achique de espacios o colaboración estratégica?

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En nuestro tercer sector de acción social cabe identificar una hipotética sucesión por etapas (o, a veces, coexistencia y mezcla) de tipos ideales o modelos de relación entre entidades, correspondientes, a su vez, a etapas, tipos o modelos de sociedad o inclusión social y a etapas, tipos o modelos de intervención y políticas sociales.

Cabe ubicar el surgimiento o configuración de muchas de nuestras entidades solidarias de intervención social en el contexto de una economía que se va industrializando y salarizando en una sociedad vertebrada por relaciones familiares y comunitarias de carácter patriarcal. A ese modelo de inclusión social correspondería una acción (asistencia) social reactiva que se hace cargo de aquellas personas que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social. En ese contexto, las entidades funcionarían según un “pacto de caballeros” (efectivamente, casi siempre, de caballeros) mediante el cual se reparten los colectivos poblacionales a atender y las demarcaciones territoriales para hacerlo.

A medida que los poderes públicos democráticos van asumiendo responsabilidades (y la consiguiente financiación) en la acción social, las entidades del tercer sector se van profesionalizando y fortaleciendo (especializando en nuevos sentidos). Las administraciones públicas van estableciendo reglas de juego para la provisión por parte de las organizaciones solidarias (u otras) de servicios de responsabilidad (o financiación) pública, apareciendo el concierto social como modelo de referencia hacia el que aproximarse. En ese contexto, sin desaparecer la lógica del reparto, aumenta la competencia entre entidades aunque, frecuentemente, disimulada o vergonzante.

La crisis de finales de la primera década del siglo XXI y las medidas de austeridad (recortes) que se adoptan en ese momento representan un frenazo y una marcha atrás en los procesos y expectativas de extensión de los derechos sociales, que entran en una dinámica más explícita de racionamiento. Es el momento en el que el tercer de acción social (sin abandonar las dinámicas anteriores de reparto y competencia) se une en forma corporativa y, a veces, colusiva, en buena medida, en torno al “qué hay de lo mío”.

La pandemia de la covid-19 y otros fenómenos extremos impulsan la configuración de un capitalismo de vigilancia, en una sociedad digitalizada, mercantilizada e individualizada en la que un número creciente de personas vive al límite de la exclusión social. En ese contexto distópico proclive a la alienación, la segregación, la adicción, la estigmatización y la represión, se achicaría el espacio de las organizaciones solidarias dedicadas a la intervención social, pudiendo llegar al “sálvese quien pueda”.

Sin embargo, entendemos que otro futuro es posible, que podemos sumar mayorías y construir nuevas formas de vida sostenible mediante el ejercicio de formas de ciudadanía en las que el ejercicio de los derechos individuales fortalezca las emociones, las relaciones, las redes, la autogestión y la resiliencia comunitarias. Tal horizonte de sentido puede constituir la finalidad tractora que anime a las organizaciones, desde el compromiso con su gente y la capacidad de gestión lograda, a construir y sostener potentes procesos de colaboración de carácter estratégico.

(A partir de la invitación de Alfonso López, la preparación con Marta Senz en el Alpamayo y la conversación con las personas de EAPN Euskadi el pasado martes en el centro cívico de San Francisco, en Bilbao.)

La comunidad: real y frágil, controvertida y necesaria

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Vivimos tiempos de fenómenos extremos (como la pandemia de la covid-19, la guerra en Europa, el aumento de la inflación, la crecida del autoritarismo o la subida de las temperaturas), que tensionan, fragmentan y enfrentan a distintos grupos poblacionales en muchos sentidos y ámbitos. Tiempos en los que, en muy diferentes propuestas o narrativas de respuesta, rescate, resiliencia, innovación o transformación, aparece una y otra vez la referencia a la comunidad. Así, por ejemplo:

  • Las políticas en relación con la pobreza económica y la exclusión social, atentas a las dimensiones territoriales y relacionales de dichos fenómenos, se fijan en las comarcas, barrios y vecindarios y proponen estrategias de desarrollo comunitario, sinérgicas con procesos de activación laboral o inclusión residencial, ente otros.
  • Las agendas urbanas, conscientes de la importancia de la participación de la ciudadanía para el adecuado diseño y legitimación de la planeación del espacio físico y sus usos, incorporan (o se conectan con) estrategias y metodologías de acción comunitaria, entrelazando construcción de la ciudad y de la ciudadanía.
  • Las organizaciones del tercer sector de acción social (con sus personas expertas por experiencia), que se plantean la desinstitucionalización (o la prevención de la institucionalización) de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia u otras personas en riesgo o situación de exclusión social, promueven la vida activa y participativa en comunidades acogedoras, cuidadoras, inteligentes, amigables e inclusivas como alternativa necesaria y urgente al internamiento asilar.
  • Los servicios sociales (de cuidados) o servicios (sociales) de cuidados, como otras ramas de servicios públicos de bienestar (salud, educación, empleo, vivienda y garantía de ingresos), conocen de la necesaria dimensión, enfoque o mirada comunitaria, especialmente en los programas de prevención universal o primaria que resultan imprescindibles para el cumplimiento de su misión a escala poblacional.
  • Las personas y movimientos preocupados por la acción colectiva y por la calidad y legitimidad de nuestros mecanismos de gobernanza democrática impulsan las prácticas colaborativas, la cooperación pública-comunitaria y la participación cada vez más directa de la comunidad en la toma de decisiones sobre las políticas públicas.

Las comunidades existen, sin duda. Las relaciones , proyectos y dinámicas comunitarias son fundamentales para el funcionamiento y para la transformación de nuestra sociedad. Pero sabemos que son frágiles y limitadas y que tenemos el reto de reinventarlas y fortalecerlas. Y que hay quien quiere hacerlo de forma alienante, reaccionaria, excluyente, discriminatoria y distópica.  También están quienes utilizan una retórica comunitaria, falsamente consensual, para intentar edulcorar situaciones inaceptables de injusticia estructural. Por todo ello, quienes quieran levantar la bandera de la comunidad, quienes quieran hacer una apuesta comunitaria, deberán explicitar, fundamentar y relacionar sus términos y puntos de referencia.

En la medida en que los fenómenos extremos del estilo de los mencionados arriba arrecien e impacten unos en otros con efectos multiplicadores, será más probable que nuestras sociedades hayan de encarar procesos de reorganización radical de la vida (en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la energía, con la fiscalidad, con el empleo, con los cuidados o con otros asuntos) y esa reorganización de la vida, necesariamente, habrá de apoyarse en la comunidad y habrá de afectar a la comunidad. Y una vez más habremos de hacernos preguntas cómo éstas: ¿Qué comunidad? ¿Para qué la comunidad? ¿Qué tipo de comunidad? ¿Con quién la comunidad? ¿De verdad, la comunidad?

(Al hilo de encuentros organizados del 4 al 14 de noviembre de 2022 por y con: el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Tolosa, Plena Inclusión y la Universidad de Alicante [en la foto], los colegios profesionales de psicología y educación social, el Consejo Económico y Social Vasco, Servicios Sociales Integrados, EAPN Euskadi, el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, Sumar, Hartu Emanak y Bogan.)

La cadena de valor en los servicios sociales

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El concepto de cadena de valor en las actividades económicas y en el diseño de las organizaciones estaría unido a la concepción y configuración de dichas organizaciones y actividades en forma de procesos compuestos por eslabones sucesivos, cada uno de los cuales aporta un valor añadido. Lógicamente, no nos estamos refiriendo necesariamente a un valor que sea reconocido en un mercado que responde a la demanda solvente sino a efectos positivos identificados como tales por agentes legítimos y, especialmente, por las personas destinatarias directas de dichos procesos.

En el ámbito de los servicios sociales entendemos que ese valor añadido, ese efecto positivo se produce en lo que tiene que ver con lo que llamamos la interacción de las personas, es decir, su autonomía y autodeterminación para las decisiones y actividades de la vida diaria entreveradas en relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. Por tanto, las aportaciones de valor estarán relacionadas con el conocimiento y la mejora de la interacción mediante cuidados, apoyos e intervenciones centradas en la persona y en su entorno familiar y comunitario. Así, por ejemplo, yo, como vecino de mi barrio, soy destinatario directo del trabajo de un equipo de educación de calle, que me aporta valor en la medida en que yo perciba una mejora de las interacciones cotidianas que se producen y en las que participo en el espacio público.

Las actividades administrativas, de gestión o de gobierno y las prestaciones o apoyos propios de otros ámbitos (como los del alojamiento o la subsistencia material, por ejemplo) son imprescindibles en algún momento en los servicios sociales pero es un error (no por frecuente menos grave) sobredimensionarlas en detrimento de las actividades operativas propias de la intervención social, sean éstas más preventivas, transformadoras, asistenciales o paliativas y más o menos especializadas. Volviendo al ejemplo de las educadoras de calle, diría que su cadena de valor debe ser fuerte en eslabones de contacto directo con la ciudadanía y tener pocos dedicados al trabajo de oficina. Para ello, ciertamente, han de funcionar bien procesos de apoyo como la selección de personal o la gestión de la información.

En cualquier caso, en los servicios sociales, hemos de buscar siempre la facilidad de acceso, la continuidad de cuidados y apoyos y la eficiencia de los procesos de intervención social, de suerte que las personas, familias y comunidades beneficiarias de la acción social obtengan los efectos deseados con el menor coste posible en todos los sentidos (para ellas y para el sistema público de servicios sociales). Por ello resultará fundamental la integración e interoperabilidad organizativas, tanto verticales como horizontales, y la investigación, desarrollo e innovación constantes en colaboración entre los más diversos agentes del conocimiento, dentro y fuera de cada organización.

(En la imagen, representación de la cadena de valor según Michael Porter. Sobre estas cuestiones hablaremos el martes en una jornada de la Cruz Roja de la Comunidad Valenciana.)

El empleo como problema y el empleo como solución: el caso de los cuidados

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En el recientemente celebrado V Congreso Vasco de Empleo, en varias ocasiones, para explicar cómo debieran funcionar los servicios de empleo, se hicieron comparaciones con los servicios de salud. Así, por ejemplo, escuchamos referencias a la necesidad de un buen “diagnóstico” antes de decidir el “tratamiento” para la persona “enferma” de desempleo. Sin embargo, con seguridad, la metáfora sanitaria que apareció más veces fue la de la cirugía, seguramente para expresar que las intervenciones en materia de empleo deben ser cada vez más segmentadas, focalizadas e incluso personalizadas: que hemos de ser capaces de ofrecer, en el extremo, a cada persona un itinerario diferente, un conjunto específico de apoyos, de cara a su inclusión laboral.

Ahora bien, tirando de ese mismo hilo de comparaciones médicas, quizá, podríamos decir, también, que hay que evaluar si las “terapias” que se proponen o se aplican son “eficientes” (es decir, si el coste que acarrean se ve compensado por los efectos que desencadenan) o si son “inocuas” (peso muerto) o directamente “iatrogénicas” (es decir, perjudiciales). Y es que tanto la salud como el empleo son bienes de alta complejidad, cuya consecución, conservación y mejoramiento intencional puede resultar difícil, entre otras razones, porque necesitan el concurso de la propia persona interesada y de una amplia serie de circunstancias (determinantes) contextuales.

En varios momentos del congreso, por cierto, se hizo especial referencia al mundo de los cuidados como un ámbito prometedor de cara a la creación de empleo. Prometedor en cuanto a la posible cantidad de empleo que se puede generar en él y también en cuanto al margen de mejora de la calidad de este empleo (en términos, por ejemplo, de cualificación y remuneración). Se dijo en varias ocasiones que las estrategias de upskilling (reforzar habilidades para el mismo ámbito de actividad y área de conocimiento) y reskilling (desarrollar competencias para otro ámbito de actividad y área de conocimiento) deben tener muy en cuenta el ámbito de los servicios sociales de cuidado.

Sin embargo, siguiendo con préstamos entre materias (ahora de la física), podríamos enunciar una suerte de Ley de Lavoisier de los cuidados, según la cual éstos ni se crean ni se destruyen sino que sólo se transforman. No pocas “ingenierías sociales” (deliberadas o involuntarias) destinadas a transformar cuidados primarios gratuitos de proximidad en empleo profesional (y tecnificado) de cuidados han resultado y están resultando ineficientes o perjudiciales desde diferentes puntos de vista. Como se refleja, por ejemplo, en el cortometraje “Loin du 16e” de Walter Salles y Daniela Thomas (ver la fotografía), dentro de la película “París, je t’aime”, en el que una joven migrante deja su bebé de madrugada en una guardería para atravesar la ciudad hasta una casa en el lujoso distrito 16 donde le espera una larga jornada de trabajo cuidando a otro bebé.

Recibir cuidados, ver satisfechas nuestras necesidades de subsistencia, formarnos, tener un empleo, disponer de tiempo libre, cuidar a otras personas, participar políticamente en nuestra comunidad y otras actividades han de ser derechos subjetivos que podamos ejercer todas las personas sin discriminación y, tal como se vio en el V Congreso Vasco de Empleo, la sostenibilidad de nuestra vida en sociedad pasa por que esas diferentes situaciones puedan sucederse y mezclarse de muy diferentes maneras en diversas etapas a lo largo del curso de nuestras vidas. Vidas que se van entrelazando intrageneracionalmente y legando intergeneracionalmente desde el pasado que nos marca hacia el incierto futuro.

¿El nudo gordiano de los servicios sociales?

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En distintos encuentros, eventos y trabajos, estos pasados días, se ha planteado de diferentes maneras dónde puede estar (si existe) el nudo gordiano de nuestros servicios sociales y (cabe decir) si hay razones para, diferenciando dos bienes (subsistencia material e interacción social), proponer que los servicios sociales intenten seguir girando para dejar de ocuparse (cuando lo hacen) de la subsistencia (ingresos para hacer frente a gastos como los de comprar comida o ropa o para pagar el alojamiento o suministros) y concentrarse más bien en la interacción (autonomía funcional e inclusión relacional en la vida diaria y convivencia cotidiana) y hacerlo de forma cada vez más universal.

Los servicios sociales, como cualquier otra organización o actividad, tienen una clientela. Tienen unas personas que acuden a ellos, que son destinatarias de su intervención, de las que se ocupan. Una clientela actual o potencial, pero más o menos definida. Y hoy en día, especialmente en la atención primaria (que contiene su puerta de entrada por defecto), seguramente, está más orientada a la subsistencia que a la interacción. Dicho de otra manera, en el perfil de personas que forman parte de la clientela actual o potencial de los servicios sociales de proximidad es muy probable que esté el ingrediente de la carencia de medios económicos para la subsistencia material.

Es cierto que, posiblemente, la mayoría de las personas a las que atienden o pueden llegar a atender los servicios sociales desde su posicionamiento actual presentan limitaciones o problemas en relación con lo que llamamos interacción (necesidad de cuidados, dificultades en el ejercicio de las responsabilidades familiares, limitaciones para la autodeterminación, problemas de convivencia u otros similares) pero da la impresión de que, para que las personas que tienen esas necesidades de apoyo lleguen a los servicios sociales (a su puerta, vale decir), tienen que tener un cóctel con el ingrediente de la carencia económica.

¿Y qué les ofrecen a estas personas nuestros servicios sociales de proximidad? Pues básicamente un kit de prestaciones mayormente económicas, ayuda en trámites, orientación en interlocución con agentes y cierto seguimiento. Ese es, al parecer, el producto estrella: el kit. Y los y las profesionales de referencia son personas que destacan por un conocimiento de las personas usuarias habituales y sus perfiles y del complejo entramado de prestaciones, recursos, procedimientos y agentes que permitirán a cada persona obtener su kit. Hemos de reconocer que, en esa relación entre profesionales de referencia y clientela, la ayuda personal, la relación clínica o el acompañamiento social ocupan un lugar modesto. Y que el enfoque comunitario y preventivo es muy difícil de incorporar al proceso de atención.

Este modelo de servicios sociales se ve cada día más tensionado en un contexto social como el que vivimos. Seguramente, nuestro kit estrella no es un producto con futuro: quizá mezclar dinero para la subsistencia y apoyos para la interacción es una idea cada día peor. En algunos lugares se están haciendo algunas pruebas de separación de circuitos en función de la distinción subsistencia-interacción, que no debe ser confundida con la distinción trabajo administrativo-trabajo técnico. La razón puede ser que no parece posible desarrollar a fondo el trabajo con enfoque preventivo, universalista y comunitario que se reclama insistentemente desde la atención especializada de servicios sociales si no se acota el objeto a algo parecido a la interacción y si no se aborda desde otro ámbito la cuestión de los ingresos para la subsistencia material.

Ahora bien, se ha de advertir que estamos hablando seguramente de un giro que supone una verdadera reconversión de los servicios sociales en términos de modelo de intervención, integración vertical, posicionamiento ante la población y ecosistema de conocimiento. (Y que exige, desde luego, organizar por otro lado la garantía  de ingresos para la subsistencia material, sin dejar a nadie atrás). ¿Hay una coalición de agentes a favor? ¿Estamos a tiempo? ¿Sí se puede? ¿Dónde se está pudiendo?

(En las últimas dos semanas en encuentros, eventos o trabajos de o con: Agintzari, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Cáritas Española, CES vasco, Comisión Europea, Digizen Interactive, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, EAPN, Emaús Galicia, Eusko Ikaskuntza, Gobierno de Cantabria, Gobierno de España, Gobierno Vasco, Hartu Emanak, OCDE, PNV y Sumar. En la ilustración “Alejandro cortando el nudo gordiano”, de Jean-Simon Berthélemy).

¿Reconversión de los servicios sociales?

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La formación de ámbitos o ramas de actividad económica supone y, a la vez, aporta orden e impulso en los procesos productivos en nuestras sociedades. Las ramas de actividad se configuran y vertebran traccionadas por diversas fuerzas, como: las necesidades y demandas de la población; las disciplinas, tecnologías y profesiones con capacidad de responder a esas necesidades; las infraestructuras y estructuras organizativas correspondientes y su funcionamiento; o la regulación jurídica y política. La producción de servicios sociales es una actividad económica porque satisface necesidades, con independencia del peso del sector público en ese ámbito de actividad.

En España los servicios sociales se constituyeron en buena medida para hacerse cargo de (usando terminología actual) personas en riesgo o situación de exclusión social. Esta rama de actividad ha pretendido ser una especie de última red general de ayuda y socialización en caso de fallar varios de los mecanismos fuertes y articulados posibilitadores de la inclusión social, como: las familias patriarcales extendidas en comunidades homogéneas, la mercantilización y salarización de trabajos, la protección social contributiva, las viviendas en propiedad y la aplicación de un código moral dominante. Paradójicamente, se trata de un ámbito con fuerte impronta pública (en definición y financiación) pero con mucho agente privado (en gestión y provisión). En todo caso, muy atomizado y notablemente estigmatizado, aunque no ha parado de crecer.

Sea como fuere, esa conformación y posicionamiento de los servicios sociales se ha ido volviendo cada vez más problemática e inestable debido a procesos de cambio social que arrojan a cada vez más gente, más diversa y más compleja a las zonas de vulnerabilidad social y exclusión social. En un contexto, además, en el que la acción combinada de la tecnociencia y el enfoque de derechos ha ido propulsando la universalización (con contradicciones y retrocesos también) de ámbitos de actividad como la sanidad, la educación o la garantía de ingresos, entre otros menos logrados pero también planteados (como seguridad, urbanismo, ocio o conectividad).

En situaciones de crisis radical de ramas de actividad cuyo deterioro acelerado o desmoronamiento desordenado (a veces no evidente a primera vista) puede ser muy perjudicial se justifican especialmente acciones excepcionales del sector público. Quizá pudieran leerse en esta clave algunas iniciativas (en curso), regulatorias, de fomento, organizativas o de inyección de fondos, de la Administración General del Estado, tendentes a reforzar los servicios sociales de cuidados comunitarios, a la vez que se intenta involucrar más a la Seguridad Social (y no a los servicios sociales) en la garantía de mínimos de subsistencia material (con el Ingreso Mínimo Vital).

Un posible relato en esa línea sería el de intentar presentar o plantear los servicios sociales como unos servicios para prevenir o abordar situaciones de limitación o afectación de la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria o (limitación o afectación) de los cuidados y apoyos que les puede y quiere brindar su red de relaciones primarias (familiares o comunitarias). En ocasiones hemos propuesto llamar interacción a este bien, es decir, al ajuste entre la capacidad funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y la integración (o inclusión) relacional (en redes primarias familiares y comunitarias).

Los servicios sociales, según esta visión, estarían para ayudarnos a todas las personas a cuidarnos en comunidad. Les correspondería anticiparse o actuar en lo que tiene que ver con el ejercicio de la autonomía de las personas en su vida cotidiana y por eso intervienen tanto con las personas como con las redes primarias de relación (familiares o comunitarias). La protección y promoción universal de ese bien que proponemos llamar interacción sería el cometido de los servicios sociales, que podrían llegar a dejar de presentarse y ser vistos como susceptibles de ocuparse de otros bienes universalmente necesarios como el alojamiento o la subsistencia material (alimentación, vestido, suministros), menos aún, si cabe, en casos de emergencia.

Esta concepción, al identificar el bien que han de proteger y promover los servicios sociales (en su dimensión individual y colectiva) podría ayudar a ordenar sus procesos (en virtud de su carácter operativo, técnico o administrativo y por su grado de especialización) y a hacerlos más eficientes y pertinentes. Permitiría identificar su valor añadido (comprender o construir sus cadenas de valor) y ayudaría a tomar decisiones de todo tipo en su prestación,  organización y gobierno. Ahora bien, se ha de entender que estamos hablando de una compleja operación de reconversión de un ámbito de actividad (incluyendo su sector o sistema público), en la que juegan y han de considerarse todas las fuerzas mencionadas al principio de esta entrada y en la que deben participar todos los agentes interesados e implicados.

(En la imagen, la evolución de la financiación del Gobierno de España para los servicios sociales de promoción de la autonomía personal [funcional] y atención a personas en situación de dependencia [funcional]. Sobre estas cuestiones hablaremos mañana en Madrid en una jornada organizada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Comisión Europea y la OCDE.)

La economía de la longevidad como economía de la seguridad, la diversidad, la sostenibilidad, la corporalidad y la reciprocidad

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El considerable aumento de la duración de nuestras vidas es una de las marcas de nuestra época, como lo es también un desarrollo tecnocientífico que nos hace capaces incluso de acabar con la vida humana sobre la tierra. Una época que nos trae hasta este momento, en el que percibimos fenómenos extremos en ámbitos como los de la salud, las finanzas, el clima, la geoseguridad. los electorados, las energías, las burocracias, las emociones y otros. Fenómenos que bien podrían desencadenar situaciones de colapso sistémico de mecanismos importantes para el funcionamiento de nuestras sociedades o, eventualmente, ojalá, propiciar suficiente inteligencia y, en general, capacidad colectiva para su manejo en forma de transiciones más o menos controladas y gobernadas por autoridades plurales, compartidas y legítimas.

En ese contexto, conviene superar visiones estrechas y sesgadas de la economía senior, entendida meramente como explotación cortoplacista de oportunidades de negocio y de empleo derivadas del aumento de la masa crítica de mayores económicamente solventes y pudientes en determinados lugares. Un enfoque de ese estilo podría incluso contribuir a fomentar un perfil de persona mayor individualista, hedonista y consumista que se desentiende de la suerte de la sociedad en la que vive y, especialmente, de la de las generaciones siguientes (actuales y futuras). Podría contribuir también a una mayor inequidad y conflictividad intergeneracional, especialmente perniciosas e inoportunas en momentos difíciles como los que vivimos.

Por el contrario, una economía de la longevidad que vaya más allá de la demanda solvente y sea capaz de mirar de frente a todas las necesidades (sentidas o no) del conjunto de la población mayor (entendida como parte inseparable del conjunto del cuerpo social) podría entenderse más bien como una:

  • Economía de la seguridad: entendiendo que la protección social pública (fundamentalmente Seguridad Social y sistema de salud, ojalá también servicios sociales) es elemento nuclear del funcionamiento económico y del contrato social (también intergeneracional), a preservar mediante innovación y reformas ambiciosas y oportunas.
  • Economía de la diversidad: entendiendo que la personalización y la elección, potenciadas por la economía informacional digitalizada y globalizada, son características indispensables que ha de tener la oferta (necesariamente creativa) de productos y servicios dirigida a las personas mayores (no sirve el “café para todos”).
  • Economía de la sostenibilidad: entendiendo que el modo de vida y sistema económico de referencia en nuestras sociedades no es universalizable socialmente ni sostenible ambientalmente y que hemos de impulsar las economías comunitarias, feministas, solidarias, participativas y circulares de la austeridad justa.
  • Economía de la corporalidad: entendiendo que, con el envejecimiento, suele ir aumentando la necesidad de cuidados y apoyos para la vida diaria y qué éstos, junto con avances tecnológicos, necesitan de una intensa proximidad física, emocional y moral de un número importante de personas de carne y hueso.
  • Economía de la reciprocidad: entendiendo que las relaciones afectivas gratuitas e incondicionales (intra e intergeneracionales, familiares y comunitarias) no pueden ser reemplazadas por otras en el núcleo duro de la experiencia de la humanidad y deben, por ello, ser cuidadas, facilitadas y potenciadas.

La longevidad humana representa la oportunidad para mejores proyectos de vida y mayor intensidad y diversidad de relaciones (intra e intergeneracionales), para estructuras sociales más complejas y resilientes, para comunidades y sociedades más sabias y libres. La economía humanista de la longevidad es la capacidad de potenciar y aprovechar dichas oportunidades para generar activos y recursos de cara a lograr vidas buenas para todas las personas hasta su final.

(Contenido aproximado de la conferencia impartida en Villanueva de la Serena, en Badajoz, la semana pasada.)

Acción comunitaria y prevención de la soledad

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Cuando hablamos de una comunidad, nos estamos refiriendo a un cuerpo social, a un conjunto de personas, a un colectivo poblacional más fácilmente abarcable que el de una sociedad. Identificamos comunidades en la medida en que podemos hablar de relaciones más primarias, directas y afectivas; en la medida en que hay cierta proximidad física e incardinación territorial de las personas; en la medida en que hay autoidentificación compartida y conciencia de pertenencia; en la medida en que hay cierta autoorganización económica, social y política.

Hemos ido hablando más de acción comunitaria a medida que las comunidades reales se iban fragilizando, desvinculando y diluyendo. Y no debemos olvidar que ese proceso de desdibujamiento de las comunidades tuvo su energía motriz y consecuencias positivas en términos de libertad individual y ejercicio de derechos. Sin embargo, es considerable la evidencia empírica acerca de los beneficios que tiene contar con redes de apoyo social, de ayuda mutua, de reciprocidad gratuita y de que las sociedades en general funcionan en buena medida gracias a relaciones de confianza, de compromiso y de colaboración basadas en aprendizajes realizados y anclajes construidos en las redes familiares y comunitarias.

Entendemos el de la acción comunitaria como un campo en el que nos podemos encontrar personas pertenecientes a diferentes profesiones y disciplinas (medicina, arquitectura, ciencia política, trabajo social, economía, psicología, enfermería, educación social, ingeniería, sociología y otras). Cada una tiene actividades muy características y diferenciadas pero también confluyen en prácticas comunes, aunque para que hablemos, propiamente, de acción comunitaria parece que la comunidad, como tal, ha de empoderarse y transformarse. En todo caso, no habría una frontera nítida entre las intervenciones más bien individuales con enfoque comunitario y la acción comunitaria propiamente dicha.

Cuando nos planteamos el problema social de la soledad, parece aconsejable aplicar un enfoque comunitario e impulsar la acción comunitaria. No minusvaloramos la importancia de las prestaciones y servicios formalizados, monetizados y profesionalizados que las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho individual a recibir pero sabemos que, sin la activación de las energías, relaciones y proyectos comunitarios, es muy difícil poner en pie una estrategia eficaz de prevención y abordaje de las situaciones de soledad. Cuando la intervención de los diversos agentes que pueden reconocerse bajo la denominación de “acción comunitaria” ha conseguido que en un lugar geográfico y social haya densidad de relaciones, interés por las otras personas, capacidad de ayuda mutua y organización visible en el espacio público, estamos en condiciones de dar una mejor respuesta a las situaciones de soledad.

Critiquemos los planteamientos asistencialistas, asimétricos y estigmatizantes en los que un individuo aterriza de vez en cuando en la vida de una persona y le proporciona de forma pasajera un sucedáneo de relación para paliar momentáneamente el sentimiento de soledad de la persona. Hasta las intervenciones más focalizadas, especializadas e individualizadas frente a situaciones graves de soledad habríamos de  concebirlas y abordarlas desde una perspectiva comunitaria, identificando y promoviendo los apoyos, activos y redes comunitarias que pueda tener esa persona o que pueda llegar a construir en su entorno cotidiano real. Mas sobre todo se trata de potenciar la capacidad de prevención y afrontamiento de la soledad que tienen la acción comunitaria y las dinámicas que desencadena. ¿Seremos capaces, en estos tiempos de individualismo consumista y política clientelar, de hacer esa inversión social?

(Reflexión al hilo de la estrategia Hariak, de la Fundación Adinberri, en la fotografía; del programa Viernes, del Gobierno de Cantabria; del programa Saretu, de la cooperativa Servicios Sociales Integrados; y de la Estrategia Municipal contra la Soledad del Ayuntamiento de Barcelona. También del diálogo con Javier Segura, Marta Ballester y Xavier Godàs.)