Entramados de servicios profesionales de bienestar: la pelea

Banyoles

Estamos pensando en escuelas, centros de salud, servicios sociales, centros cívicos, servicios de empleo, actividades culturales, servicios de seguridad, actividades deportivas, servicios de transporte, promoción económica y otros en cuya provisión tienen especial peso los gobiernos y administraciones públicas. Forman esos entramados profesionalizados de proximidad que han ido generándose en los Estados de bienestar.

Sentimos que son importantes para nuestra calidad de vida y para la equidad y la cohesión social. Para la sostenibilidad social. Y no podemos sino entenderlos y defenderlos en clave de derechos universales, de innovación tecnológica permanente basada en el conocimiento, de responsabilidad pública, de colaboración público-comunitaria y de integración vertical (ascendiendo por los niveles jerárquicos e institucionales-territoriales) y horizontal (entre las diferentes ramas, sectores o pilares mencionados).

Para estas servidoras y servidores públicos a pie de calle (en expresión de Michael Lipsky) la referencia fundamental ha de ser la de las necesidades de las personas (sin olvidar sus expectativas) y es crucial que identifiquen, en cada una de las ramas, su bien protegible y que lo hagan en términos positivos y universales, es decir, de una forma que pueda resultar atractiva para toda la población. Como agentes de la responsabilidad pública saben que el Estado es uno de los mecanismos mediante los que las personas interdependientes satisfacen necesidades (otros son el dinero o las familias) y que el conjunto de mecanismos configuran sistemas o contratos sociales.

Esos sistemas o contratos sociales pueden ir evolucionando, adaptándose, mejorando y transformándose pero, en ocasiones, entran en crisis, sufren un colapso y se reinician. Es decir, sufren un momento catastrófico, una fuerte disrupción: guerras, catástrofes naturales, hundimiento de sectores de actividad, pandemias, determinados cambios políticos o eventos similares. En ocasiones hay síntomas que pueden avisarnos de que podemos estar acercándonos a un reinicio radical: por ejemplo dinámicas de más de lo mismo en las que cada intento que se realiza por mejorar una situación contribuye a empeorarla.

Las y los profesionales de los servicios de bienestar debemos ser conscientes de que no podemos descartar algún tipo de reinicio que nos borre del territorio o que nos reduzca a la mínima expresión y nos enquiste. No hace más de cuatro décadas que nuestro entramado organizativo es reconocible y son poderosas las miradas, las visiones y las estrategias para las que sobramos y estorbamos. Por ello, debemos redoblar nuestro compromiso profesional con la población, apostar por el conocimiento especializado, buscar mayor productividad, estructurarnos con un orden que facilite itinerarios eficientes para todas las personas y participar activa y constructivamente en la reinvención de las comunidades. Además, lógicamente, de exigir cuando proceda los recursos y estructuras necesarias para trabajar bien.

En ese contexto resultan imprescindibles unos servicios sociales relacionales que giren hacia la prevención. Que, reforzando su aportación de valor específica como cuidados, apoyos e intervenciones para la autonomía funcional cotidiana y la integración familiar y comunitaria, contribuyan a esa integración, calidad, proximidad y universalidad que fortalecerá y hará sostenibles nuestros entramados de servicios profesionales de bienestar.

(Ideas principales compartidas ayer en Banyoles, cuyo lago aparece en la foto. Se ofrecen como punto de partida para hoy y mañana en La Garrotxa.)

Líneas de reforma en políticas de garantía de ingresos

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Los tiempos pandémicos y pospandémicos nos exigen seguramente pisar el acelerador e intensificar nuestros esfuerzos en una triple línea de cobertura universal, incentivación activadora y simplificación facilitadora de las políticas autonómicas de garantía de ingresos. Lo que comenzó en los años ochenta siendo un programa de última red para situaciones graves de marginación y exclusión a cargo de los servicios sociales (con prestaciones económicas y prestaciones técnicas) ha ido evolucionando tendencialmente hacia un dispositivo universal de garantía última de ingresos para aquellas necesidades que los poderes públicos no cubren en especie (como sí hacen en salud o educación, por ejemplo).

La amplitud, intensidad, persistencia, aleatoriedad y virulencia con la que la pandemia y su abordaje han afectado y siguen afectando a los ingresos para las necesidades de subsistencia (como alimentación, vestido o suministros del hogar) de tantas personas hace ver con mucha mayor claridad (si hiciera falta) la necesidad de un aseguramiento público flexible y ágil de que nadie quedará sin poder cubrir, en última instancia, sus necesidades de subsistencia y, a la vez, un diseño tal que esa garantía de cobertura de lo necesario para la supervivencia se realicé estimulando el ejercicio de otros derechos sociales (como el derecho al empleo, a la vivienda, a la educación o a los cuidados).

De hecho, el Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, en su exposición de motivos, aboga por “un modelo de política social construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias evitando redundancias, contradicciones e inequidades”.

La pandemia, en realidad, no sólo imprime aceleración a esta necesidad y oportunidad de integración entre fiscalidad y garantía de ingresos sino que, al propulsar la digitalización de los flujos financieros y al propiciar una transformación radical de los arreglos de las políticas monetarias y de los conceptos de déficit, deuda y similares, crea un contexto favorable para esa visión integral de la Hacienda pública. La digitalización, por cierto, ofrece posibilidades inéditas incluso de reconceptualizar el dinero en la medida, por ejemplo, que puede fácilmente ser dinero que sólo pueda gastarse para determinados fines. Las posibilidades de automatización y trazabilidad de los flujos de dinero han de ser aprovechadas.

En ese contexto parece procedente que las reformas de los sistemas autonómicos de garantía de ingresos se configuren con la capacidad, interfaces y flexibilidad adecuadas para interoperar e integrarse mejor verticalmente con el Ingreso Mínimo Vital y con las políticas fiscales y horizontalmente con la política de vivienda y con otras. De igual modo, para lograr los deseados incentivos y sinergias inclusivas, la relación entre las políticas de garantía de ingresos y otras habrá de ir en la línea de relajar condicionalidades y controles que no han demostrado ser eficaces ni eficientes.

(Fragmento adaptado de una entrada que puede encontrarse completa hoy en el blog Llei d’Engel.)

La participación social de las personas mayores

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Resumiéndolo en muy pocas palabras y sin matices, diríamos que la oferta de las instituciones para la participación social de las personas mayores se comprende, fundamentalmente, desde el paradigma del envejecimiento activo, que podría ser visto como la propuesta que se ha venido haciendo desde las Administraciones del bienestar a las llamadas clases pasivas con un cierto paternalismo y clientelismo en algunas ocasiones. Desde el punto de vista institucional ha venido siendo y es una realidad confusa, ya que, frecuentemente (como otras organizaciones del tercer sector), aunque tiene una forma jurídica de asociación autogobernada, su funcionamiento y financiación dependen en gran medida del sector público. Por último, como parte que son de una sociedad patriarcal, hemos de reconocer que estas iniciativas no han estado exentas de machismo en su funcionamiento y conducción.

La crisis de este modelo puede deberse a tres factores principales:

  • La revolución de la longevidad, que supone, conlleva y determina una gran diversificación de perfiles dentro del segmento de las personas mayores: diferentes edades y también capacidades e intereses.
  • El proceso de individualización, que ha transformado y sigue transformando fuertemente los entramados familiares y comunitarios, desvinculando a las personas, mercantilizando sus relaciones y diversificando sus trayectorias vitales.
  • La emergencia de la soledad y de la crisis de los cuidados como problema social y marco de referencia para las preocupaciones de las personas mayores y las políticas en relación con ellas.

En ese contexto cabe decir que nuestros tradicionales centros sociales de personas mayores se quedan un poco en tierra de nadie: demasiado asistenciales para algunas personas y contextos y demasiado poco para otras, por decirlo con una frase sintética y de brocha gorda.

Y, en todo caso, seguramente hemos de aceptar que la oferta para la participación social de las personas mayores, como otros dispositivos sociales coetáneos, está atravesada por fuertes tensiones que, hoy y aquí, se dan entre las generaciones, entre Administración y ciudadanía, entre profesionales y legos, entre tecnología y humanidad y, en definitiva, entre humanidad y entorno. Tensiones que parecen tener las características de los dolores de parto que esperamos que alumbren nueva vida pero que, en el mientras tanto, producen sufrimiento y zozobra. Tensiones que hacen que frecuentemente nuestras decisiones, movimientos o iniciativas desencadenen efectos opuestos a los deseados y agraven los problemas que queríamos resolver, metiéndonos en espirales de burocratización, desmotivación, desorientación, alienación o destrucción. Tensiones que, en todo caso, nos estimulan para seguir pensando, aprendiendo, disfrutando, trabajando y compartiendo.

(Fragmento adaptado del texto preparado para el curso de verano organizado por Euskofederpen para el próximo miércoles, día en el que se colgará en esta web el documento completo. En la foto, tomada de Deia, Txema Odriozola, líder de Euskofederpen en los pasados años.)

Servicios sociales y pacto intergeneracional

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Obviamente, el pacto intergeneracional en nuestra sociedad no está escrito en ningún lugar específico. Sin embargo, podemos identificarlo y describirlo fijándonos, por ejemplo, en las leyes, en las políticas públicas o en los comportamientos de las personas, tanto en el seno de las familias como en el conjunto de la sociedad. Ese contrato social intergeneracional nos dirá qué se espera de cada generación y qué puede esperar cada generación, en cada momento y a lo largo del tiempo. Por definición, el pacto intergeneracional ha de aspirar a perdurar.

Para empezar, en el interior de las familias existe una obligación legal (además de moral) de atención y, específicamente, de cuidado tanto descendente como ascendente, en una suerte de reciprocidad diferida o diacrónica. Ahora bien, no cabe duda de que en este momento se nos plantea con urgencia el desafío de reinterpretar esa obligación superando los sesgos y desequilibrios de género, de clase, de origen y de capacidad con los que se ha ejercido, más onerosos e insostenibles cada día que pasa.

En ese momento, desde las familias, se mira al conjunto de la sociedad y ésta, seguramente, se encuentra ante un riesgo de conflicto intergeneracional que lleve a juegos de suma cero o de suma negativa en la medida en que, tanto en el interior de las familias como en el conjunto de la sociedad, cada generación haga un uso de sus prerrogativas que vaya en detrimento de las otras. Específicamente, hoy y aquí, la generación del baby boom, sin duda, tiene una importante responsabilidad que no sería inteligente ni justo intentar, sin más, endosar a las siguientes.

Desde algunos foros y focos de la política social, la respuesta que se intenta articular es la de un Estado de bienestar más predistributivo: frente a una concepción clásica del sistema de protección social que actúa, básicamente, cuando las familias y los mercados ya han dado todo lo que pueden de sí, un enfoque innovador de la inversión social que pretende regular (e impactar cuanto antes en) la formación y funcionamiento de las capacidades individuales y colectivas.

En ese marco, los servicios sociales constituyen seguramente una pieza clave, fundamentalmente, porque tienen el encargo histórico de hacerse cargo por defecto de aquellos cuidados infantiles o de larga duración que desbordan las capacidades de las familias, seguramente el problema social más emergente en estos momentos. El carácter residual y reactivo de nuestros servicios sociales resulta cada vez más disfuncional y está desencadenando crecientes ineficiencias en las propias familias y en otros sistemas sociales. Por ello, la innovación tecnológica y social y la apuesta política y presupuestaria deben ofrecer pistas convincentes de futuro cuanto antes.

(Sobre este asunto se hablará hoy y mañana en un curso de verano de la Universidad del País Vasco organizado por Aubixa Fundazioa. En la fotografía, tomada de la web Etorkizuna Eraikiz, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Máximo Goikoetxea, ya fallecido, impulsor de Aubixa y del pacto intergeneracional. La presentación-esquema de 3 diapositivas que se utilizará se puede descargar aquí y el texto de referencia, de 10 páginas, se encuentra aquí.)

El cráter de los cuidados

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En la superficie terrestre hablamos de cráteres para referirnos a huecos, a espacios vacíos que aparecen por erupciones desde el interior de la tierra, por impactos externos, por movimientos de tierras y, en ocasiones, por razones desconocidas. La metáfora del cráter quizá nos sirva para comprender mejor el momento actual en materia de cuidados profesionales de larga duración.

No cabe duda de que el tejido profesional relacionado con los cuidados está tensionado y parece seguro que se va a tensionar más, mucho más. El problema es cuantitativo (necesitamos más personas de perfiles o cualificaciones que ya existen en gran medida) y cualitativo (seguramente vamos a necesitar nuevos perfiles o cualificaciones). La trama profesional de los cuidados se está rompiendo por varios lados, se están abriendo boquetes cuya dinámica y dimensionamiento nos resulta difícil de conocer y prever. Todo un reto para nuestras políticas de empleo.

Desde diferentes zonas de terreno más o menos firme cercanas al cráter, se ofrecen oportunidades para hacer frente a la situación (aunque también se perciben riesgos de ser engullidas por el cráter). Por ejemplo:

  • Desde diferentes tipos o programas de servicios sociales, como, por ejemplo, la orientación personalizada, la intervención familiar, la dinamización comunitaria, el llamado Servicio de Ayuda a Domicilio, la asistencia personal o los diferentes centros residenciales y sus profesionales más reconocibles (como las llamadas auxiliares o profesionales con perfil técnico con o sin grado universitario, mayor o menor).
  • Desde los servicios y profesiones sanitarias (con formación universitaria o profesional de diferentes grados).
  • Desde el servicio doméstico, con sus alternativas de dignificación, profesionalización o empresarización.
  • Desde el mundo del ocio, el deporte, el turismo o la cultura, con su capacidad de hacerse más accesible, amigable e inclusivo.
  • Desde el ámbito inmobiliario (perfiles profesionales que acompañan y ayudan a las personas en diferentes momentos de su itinerario residencial: desde el diseño de soluciones habitacionales más o menos compartidas o asistidas hasta el día a día de las comunidades vecinales).

Hoy y aquí no tenemos un plan para la reconstrucción, no sabemos cómo vamos a cubrir el cráter, cuántos y qué profesionales estarán en esta economía de los cuidados y la longevidad. Y, seguramente, es difícil avanzar porque las decisiones políticas sobre organización social de los cuidados interactúan con otras sobre, por ejemplo, fiscalidad o inmigración y, en definitiva, con grandes arreglos familiares, comunitarios y sociales de manejo de la diversidad de género, generacional, funcional y cultural.

Más aún, seguramente en los cuidados nos jugamos una frontera de lo humano: ¿Hasta dónde la autonomía? ¿Y las familias? ¿Hasta dónde la profesionalización? ¿Y las comunidades? ¿Y las tecnologías? ¿Y qué familias? ¿Qué profesionales? ¿Qué comunidades? ¿Qué tecnologías? ¿Qué sociedad?

El cráter de los cuidados, sin duda, está haciéndose más grande en la pandemia. Cada día se traga más vidas y haciendas. Y sabemos que no se trata de un problema coyuntural y pasajero sino de la expresión de una falla estructural de la organización social de nuestro capitalismo patriarcal del bienestar. Seguramente no sobra casi nadie, casi ninguno de los agentes implicados hoy en el mundo de los cuidados. Y todos ellos deberán poder transitar bien y con apoyos desde donde están hoy hacia nuevas posiciones. Pero todos ellos están llamados a elevar la mirada para construir estrategias compartidas y poder lograr que, más pronto que tarde, donde hoy se abre un cráter construyamos el terreno seguro y fértil de una sociedad cuidadora.

(Reflexiones en el marco del proyecto #ZainLab.)

Hacia una Euskadi de los Cuidados (e pur si muove)

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¿Son los cuidados nuestro elefante en la habitación? ¿Son ese asunto espinoso en el que estamos pensando pero que preferimos eludir en la conversación? ¿O serán como el elefante de la fábula, que distintas personas perciben de diferente manera según qué parte de su cuerpo estén tocando, al no poder abarcarlo entero? Sea como fuere, en nuestro pequeño país, cabe identificar algunos movimientos, algunas búsquedas, algunos intentos que, ojalá, podamos impulsar y relacionar de manera cada vez más intensa y acompasada, hacia una Euskadi de los Cuidados.

En materia de conocimiento y visión sobre los cuidados, sin duda, hemos de reconocer la deuda de nuestra sociedad con la economía feminista, representada, por ejemplo, por La Colectiva XXK, desde la que comparten saberes Valentina Longo, Silvia Piris Lekuona y Amaia Pérez Orozco. Otros estudios de interés sobre la materia los aporta el SIIS (dirigido por Joseba Zalakain y con investigadoras como Raquel Sanz o Inti Fraile), sin ir más lejos dos bien recientes sobre sostenibilidad del gasto y calidad de la atención. Por otra parte, esperamos con interés la celebración en Vitoria-Gasteiz del próximo Congreso Nacional de Bioética, centrado en los cuidados, cuyo comité organizador está presidido por Marije Goikoetxea, de la Universidad de Deusto. Desde la Universidad del País Vasco, por ejemplo, Matxalen Legarreta participa en el proyecto CUMADE sobre cuidados y género.

Nuestros servicios sociales, obviamente, también están en esa búsqueda, como podía comprobarse, por ejemplo, en las palabras de Sara Buesa en el último número de la revista Grande Place (próximamente disponible en la web), desde la experiencia del Ayuntamiento de Vitoria en la pandemia, con una especial referencia a la sinergia entre los servicios sociales de atención primaria y las redes vecinales de cuidados, mapeadas en este caso por Urbanbat.

En el tercer sector y la economía solidaria podemos fijarnos en las muchas líneas de intervención e innovación del grupo Servicios Sociales Integrados, dirigido por Karmele Acedo y con investigadoras como Clara González o Martín Zuñiga. En este momento, entre otras, cabe destacar su colaboración con la Vicelehendakaritza de Empleo del Gobierno Vasco en el proyecto #ZainLab, que intenta identificar palancas facilitadoras para el proceso de profesionalización de los cuidados y, en general, la economía de la longevidad, con claves de personalización, prevención, proximidad, (re)habilitación, digitalización y comunidad.

En #ZainLab están implicadas, entre otros agentes, las Diputaciones Forales. En el caso de Gipuzkoa, a través de la fundación Adinberri, quien, simultáneamente, está construyendo participativamente la estrategia Hariak, ante las soledades. Esta Diputación, en el marco de su iniciativa Etorkizuna Eraikiz, impulsa proyectos como Pasaia Herri Lab, ecosistema local de cuidados, en el que se imbrican actuaciones de Osakidetza, la Fundacion Matia, OK en Casa, la Fundación Hurkoa, Adinkide y el Ayuntamiento de Pasaia. En este contexto encontramos aportaciones de figuras de referencia como Mayte Sancho, Iñigo Kortabitarte, Maider Azurmendi, José Ignacio del Pozo, Agurtzane Solabarrieta, Félix Arrieta o Irati Mogollón.

Las políticas de vivienda y urbanismo, por su parte, son fundamentales para la organización social de los cuidados y esto se está teniendo en cuenta, por ejemplo, en los proyectos Opengela de regeneración urbana integral o en la promoción de formatos de vivienda facilitadores de la equidad de género, las relaciones intergeneracionales y la apertura a la comunidad por parte de Viviendas Municipales de Bilbao o del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, que ha encargado, también, un diagnóstico sobre el modelo de viviendas colaborativas en Euskadi. Arquitectas y urbanistas como María Arana, Naiara Zabala, Ignacio de la Puerta, Elena Pérez Hoyos, Miren Vives, Patxi Galarraga o Arrate Presilla trabajan en esta línea.

Por último, no es posible olvidar el papel de los movimientos sociales, entre los que encontramos, por ejemplo, a Amalan, (Asociación de Madres y Tutoras Cuidadoras de Personas con Gran Dependencia), Emakume Migratu Feministak Sociosanitarias o Irauli Zaintza por citar tan sólo tres. Y se sigue con interés la trayectoria de activistas como Isabel Otxoa, Rafael Armesto, Julio Gómez, Igor Nabarro, Juan Luis Uria o Arantza Basagoiti.

Baste este rápido repaso muy personal de algunas apuestas novedosas o renovadas en materia de cuidados para afirmar, recordando la frase atribuida a Galileo ,que el mundo de los cuidados en Euskadi, “sin embargo, se mueve.” Esperemos que, en el proceso de recuperación pospandémico, la organización social de los cuidados adquiera la centralidad que merece y que la transformación de los dispositivos existentes y la creación de otros nuevos encuentren en las políticas públicas vascas el liderazgo necesario y en la sociedad vasca el acompañamiento imprescindible.

(Información procesada en el marco de un trabajo de consultoría estratégica para el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. En la foto, de José Mari Martínez, tomada del diario Deia, posa alumnado y profesorado de una acción formativa del Grupo SSI.)

Algunas lecturas recientes que han acompañado la elaboración de esta entrada:

CAMPS, Victoria (2021): Tiempo de cuidados. Barcelona, Arpa.

CHRISTENSEN, Karen y PILLING, Doria (2020): “Introduction” en CHRISTENSEN, Karen y PILLING, Doria (edición): The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. Abingdon, Routledge, 1-12.

DONATI, Pierpaolo (2020): “Diritti sociali e welfare relazionale” en MORUZZI, Mauro y PRANDINI, Riccardo (cuidado): Modelli di welfare. Una discussione critica. Milano, Franco Angeli, páginas 77-112.

ETXEBERRIA, Xabier (2020): Dependientes, vulnerables, capaces. Receptividad y vida ética. Madrid, Los Libros de la Catarata.

LEICHSENRING, Kai (2021): “Applying ideal types in long-term care analysis” en ASPALTER, Christian (edición): Ideal types in comparative social policy. Abington, Routledge, páginas 187-206.

MARTÍN PALOMO, María Teresa (2016): Cuidado, vulnerabilidad e interdependencias. Nuevos retos políticos. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

SPC (Social Protection Committee) y EC (European Commission) (2021): 2021 Long-Term Care Report. Luxemburg, European Commission.

Construyendo ecosistemas locales de cuidados y apoyo comunitario

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Partamos de que los cuidados pueden constituir un foco de interés creciente e importante en los próximos años en nuestro contexto, que pueden ser vistos como uno de los grandes problemas sociales no resueltos por parte de capas cada vez más amplias de la población.

Y asumamos que, hoy en día, ningún agente o sector tiene el liderazgo al respecto, es decir, que no hay ninguna organización o sistema social al que mire de forma clara y mayoritaria la ciudadanía cuando siente que necesita o puede necesitar cuidados o apoyos para cuidarse o cuidar.

Las instituciones públicas con responsabilidades en materia de servicios sociales tienen aquí una responsabilidad y una oportunidad pero solas no pueden hacer frente a este desafío y, sin duda, es imprescindible la colaboración del sistema de salud, del tercer sector de acción social, de las políticas de vivienda, de los servicios de empleo, de los movimientos sociales, de la acción comunitaria, de los centros escolares, de diferentes empresas tecnológicas, de las industrias del ocio y así sucesivamente.

En materia de cuidados (especialmente de cuidados de larga duración) y apoyos (más o menos) conexos son fundamentales el territorio, la convivencia y la proximidad. Por fundamental e insoslayable que resulte la digitalización de los cuidados, éstos se siguen produciendo en gran medida en el cuerpo a cuerpo y en un contexto de relación y compromiso familiar y comunitario. Contexto en el que, junto a los cuidados, se producen y disfrutan otros apoyos e intervenciones propias de los servicios sociales, la acción comunitaria o la atención integrada para el bienestar.

Necesitamos, por tanto, estructurar, desarrollar, visualizar y visibilizar ecosistemas de cuidados (y otros apoyos de proximidad) a escala humana, de enfoque familiar y comunitario. En cada lugar, con los agentes, activos, demandas y oportunidades realmente existentes y disponibles. Comprometiéndonos siempre a la fundamentación, trazabilidad y sistematización de las prácticas en conversaciones, colaboraciones y redes políticas y de conocimiento. Tan conscientes de la urgencia y envergadura del reto como de la necesidad de afrontarlo, con orden y concierto, desde marcos reconocibles y con visos de continuidad.

(Notas iniciales para el diseño de la segunda edición del Aula de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. En la foto, la inauguración de la primera.)

Una brújula para reconstruir el contrato social

Contrato social

En el centro, la palabra “regulación”, representando la política, entendida como la toma de decisiones para cursos de actuación y (re)generación de estructuras mediante leyes u otros instrumentos. Partiendo de la percepción de que estamos en un momento de replanteamiento global del contrato social en nuestra sociedad.

Desde ese centro, los cuatro puntos cardinales a no perder de vista serían:

  • El territorio, es decir, la demarcación geográfica de referencia (municipal, autonómica, estatal, europea o mundial).
  • El conocimiento, base de cualquier decisión.
  • Los recursos disponibles, ahora y en el futuro, para dar satisfacción a las necesidades de las personas.
  • La legitimación, combustible imprescindible en una sociedad democrática.

El primer elemento definitorio del contrato social que podamos (re)construir es el de nuestras finalidades y, entre ellas, la principal, que puede ser:

  • La igualdad, si lo que más nos importa es el reparto equitativo de los bienes entre la diversidad de personas.
  • La eficiencia, si lo que priorizamos es incentivar la autonomía y creatividad para producir y disfrutar de esos bienes.
  • La cohesión, si nuestro foco está en el vínculo social que nos une como comunidad.

En segundo lugar, construimos contrato social cuando determinamos la satisfacción de qué necesidades y la producción de qué bienes se realizará mediante el mecanismo de la familia, del dinero o del Estado.

En tercer lugar, resulta fundamental para para la formulación del contrato social la diferenciación entre tres grandes técnicas de política pública:

  • La provisión de los bienes (por ejemplo mediante servicios sociales públicos que proporcionan cuidados de larga duración).
  • La predistribución (por ejemplo, invirtiendo en conocimiento y capacitación de los agentes que aumente su capacidad de producción de cuidados).
  • La redistribución (por, ejemplo, garantizando a todas las personas unos cuidados adecuados en el final de su vida, con independencia de los recursos o capacidades que tengan ese momento).

Por último, en cuarto lugar, se trata de ver qué segmentos sociales (en función de su posición económica, sexo o edad) son beneficiados o perjudicados en cada caso y en qué medida se pueden lograr sinergias y alianzas entre segmentos o nuevas formas de segmentación y nuevos sujetos.

(Esquema preparado para la Vicelehendakaritza y Departamento del Gobierno Vasco responsable en materia de Inclusión.)

Comunidad, servicios sociales, acción comunitaria e inclusión

inclusio

Hablar de comunidad es hablar de proximidad. Es hablar de vínculos, de afinidad, de vecindad. Hablar de comunidad es hablar de convivencia en diversidad(es). Es hablar de espacios, equipamientos y servicios públicos. Es hablar de autoorganización, de autogestión, de autodeterminación. También es hablar de calle, de encuentro, de fiesta. Es hablar de pertenencia elegida, de reconocimiento recíproco, de proyecto compartido. Hablar de comunidad ha de ser hablar de calidad de vida, de bienestar, de inclusión.

Podemos definir la acción comunitaria como el conjunto de actuaciones de la sociedad civil y los poderes y administraciones públicas que, con independencia de otras finalidades (principales o secundarias) que puedan perseguir, pretenden (de manera intencional, explicita y sistemática) construir, fortalecer, mejorar o potenciar la vida en comunidad, es decir, las comunidades como uno de los dispositivos o entornos fundamentales para la vida de las personas.

Los servicios sociales son, sin duda, un ámbito de actividad económica y una rama de la política pública en y desde los que se realiza (la) acción comunitaria, tanto en la atención primaria como en la especializada, tanto en los servicios públicos como en los concertados. Aunque somos conscientes de que nuestros servicios sociales y sus profesionales no son ajenas a dinámicas sociales de destrucción de lazos comunitarios, de desvinculación, de perversión de las dinámicas comunitarias, de estigmatización, de manipulación, de segregación, de exclusión. No pocas veces practicamos en los servicios sociales un asistencialismo punitivo que desempodera, aísla y aliena a las personas.

En cualquier caso, antes y después de la acción comunitaria sectorial que pueda hacerse en y desde los servicios sociales (u otros, como los de salud, urbanismo, empleo, seguridad, vivienda, promoción económica o cultura), la acción comunitaria ha de ser integrada e intersectorial. Y es vertebrada y compuesta en gran medida por agentes con encargos transversales en clave interseccional de igualdad y diversidad de género, generacional, funcional o cultural. Siendo sin duda imprescindibles los agentes con encargo propia y específicamente comunitario, frecuentemente con contenidos de prevención y promoción.

En la pandemia hemos tenido ocasión de (volver a) comprobar con fuerza la necesidad de la comunidad y de la acción comunitaria, así como de avizorar las oportunidades que se abren ante nuestros servicios sociales y otros servicios públicos y agentes de proximidad para involucrarse en procesos innovadores de acción comunitaria. Para incorporar una mirada más comunitaria, para construir comunidad, para ser comunidad.

(Notas tras el III Congreso de la Acción Social inclusio.cat.)

Profesionalización y especialización en cuidados y economía de la longevidad: tendencias ciertas e inciertas

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Hay unas tendencias claras que son tractoras (de manera más directa o indirecta) de los procesos de cualificación y profesionalización en los cuidados de larga duración (de los servicios sociales) y la economía de la longevidad en general en nuestro entorno:

  • El progresivo incremento, en los próximos años, del número de personas con diversos grados de limitación funcional para las actividades de la vida diaria (especialmente mayores) y del número de personas mayores (con o sin limitaciones funcionales).
  • La disminución de cuidado primario disponible por los cambios en las estructuras y dinámicas familiares y comunitarias.
  • La mayor complejidad o sofisticación de las situaciones de las personas y la consiguiente necesidad de especializaciones en o a partir de algunas actividades.
  • El aumento y diversificación de exigencias y expectativas de las personas mayores (o con discapacidad) en materia de cuidados y en general, incluyendo el aumento de la capacidad de acción colectiva e interlocución estratégica.
  • La necesidad de reemplazo por jubilación de un número importante de las personas que ahora están trabajando en estos ámbitos.

Hay, sin embargo, otros fenómenos o procesos que van a tener relevancia de cara a la cualificación y profesionalización en los cuidados de larga duración (de los servicios sociales) y la economía amigable con las personas mayores pero cuyo ritmo y sentido de evolución resulta más difícil de prever:

  • La existencia de una cierta estabilidad económica e institucional en los próximos años o la ocurrencia de eventos disruptivos de carácter sanitario, financiero, político o de otra índole, tanto aquí como en otros países (de dónde vienen migrantes).
  • El fortalecimiento de las dinámicas de aumento de la desigualdad y la desvinculación o bien el surgimiento de iniciativas favorecedoras de la equidad y cohesión social.
  • La envergadura de la apuesta política y presupuestaria de las políticas públicas en materia de servicios sociales u otras conexas.
  • El modelo de provisión que predominará en los sistemas autonómicos (y los subsistemas locales) de servicios sociales, a partir, por ejemplo, de la tensión entre el racionamiento de servicios (predominantemente) concertados y los pagos directos (o cheques servicio o presupuestos personales).
  • El grado de desarrollo que alcanzarán iniciativas intersectoriales de desarrollo comunitario que puedan introducir modificaciones relevantes en los modos de habitar y convivir en las viviendas y vecindarios y en las dinámicas de ayuda mutua, acción voluntaria y organización solidaria.
  • Las maneras de integración o clusterización de actividades según cuáles sean tractoras o vertebradoras (no es lo mismo que el negocio inmobiliario tire del asistencial que lo contrario, no es lo mismo que la rama sanitaria tire más o menos de la de servicios sociales y así sucesivamente).
  • La idoneidad e intensidad de los esfuerzos por superar la informalidad y precariedad que asola el ámbito de los cuidados.
  • Las dinámicas de intermediación o desintermediación en las diversas actividades (como, por ejemplo, cooperativización del trabajo doméstico, fortalecimiento de la gestión de caso, uberización de los cuidados u otras).
  • Los desarrollos tecnológicos de todo tipo que permitan responder de nuevas maneras a las necesidades de cuidado y otras que presenten las personas mayores o con discapacidad.
  • La configuración de los correspondientes ecosistemas de conocimiento y el papel de las proveedoras de formación y de las propias organizaciones prestadoras de servicios.

(Notas compartidas dentro del proyecto #ZainLab, ejecutado por el grupo cooperativo de la economía solidaria Servicios Sociales Integrados con apoyo del Departamento de Empleo del Gobierno Vasco. En la foto, su presentación a cargo de la VIcelehendakari, Idoia Mendia; el Viceconsejero, Alfonso Gurpegui, y la Directora de SSI, Karmele Acedo.)