¿Reconversión de los servicios sociales?

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La formación de ámbitos o ramas de actividad económica supone y, a la vez, aporta orden e impulso en los procesos productivos en nuestras sociedades. Las ramas de actividad se configuran y vertebran traccionadas por diversas fuerzas, como: las necesidades y demandas de la población; las disciplinas, tecnologías y profesiones con capacidad de responder a esas necesidades; las infraestructuras y estructuras organizativas correspondientes y su funcionamiento; o la regulación jurídica y política. La producción de servicios sociales es una actividad económica porque satisface necesidades, con independencia del peso del sector público en ese ámbito de actividad.

En España los servicios sociales se constituyeron en buena medida para hacerse cargo de (usando terminología actual) personas en riesgo o situación de exclusión social. Esta rama de actividad ha pretendido ser una especie de última red general de ayuda y socialización en caso de fallar varios de los mecanismos fuertes y articulados posibilitadores de la inclusión social, como: las familias patriarcales extendidas en comunidades homogéneas, la mercantilización y salarización de trabajos, la protección social contributiva, las viviendas en propiedad y la aplicación de un código moral dominante. Paradójicamente, se trata de un ámbito con fuerte impronta pública (en definición y financiación) pero con mucho agente privado (en gestión y provisión). En todo caso, muy atomizado y notablemente estigmatizado, aunque no ha parado de crecer.

Sea como fuere, esa conformación y posicionamiento de los servicios sociales se ha ido volviendo cada vez más problemática e inestable debido a procesos de cambio social que arrojan a cada vez más gente, más diversa y más compleja a las zonas de vulnerabilidad social y exclusión social. En un contexto, además, en el que la acción combinada de la tecnociencia y el enfoque de derechos ha ido propulsando la universalización (con contradicciones y retrocesos también) de ámbitos de actividad como la sanidad, la educación o la garantía de ingresos, entre otros menos logrados pero también planteados (como seguridad, urbanismo, ocio o conectividad).

En situaciones de crisis radical de ramas de actividad cuyo deterioro acelerado o desmoronamiento desordenado (a veces no evidente a primera vista) puede ser muy perjudicial se justifican especialmente acciones excepcionales del sector público. Quizá pudieran leerse en esta clave algunas iniciativas (en curso), regulatorias, de fomento, organizativas o de inyección de fondos, de la Administración General del Estado, tendentes a reforzar los servicios sociales de cuidados comunitarios, a la vez que se intenta involucrar más a la Seguridad Social (y no a los servicios sociales) en la garantía de mínimos de subsistencia material (con el Ingreso Mínimo Vital).

Un posible relato en esa línea sería el de intentar presentar o plantear los servicios sociales como unos servicios para prevenir o abordar situaciones de limitación o afectación de la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria o (limitación o afectación) de los cuidados y apoyos que les puede y quiere brindar su red de relaciones primarias (familiares o comunitarias). En ocasiones hemos propuesto llamar interacción a este bien, es decir, al ajuste entre la capacidad funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y la integración (o inclusión) relacional (en redes primarias familiares y comunitarias).

Los servicios sociales, según esta visión, estarían para ayudarnos a todas las personas a cuidarnos en comunidad. Les correspondería anticiparse o actuar en lo que tiene que ver con el ejercicio de la autonomía de las personas en su vida cotidiana y por eso intervienen tanto con las personas como con las redes primarias de relación (familiares o comunitarias). La protección y promoción universal de ese bien que proponemos llamar interacción sería el cometido de los servicios sociales, que podrían llegar a dejar de presentarse y ser vistos como susceptibles de ocuparse de otros bienes universalmente necesarios como el alojamiento o la subsistencia material (alimentación, vestido, suministros), menos aún, si cabe, en casos de emergencia.

Esta concepción, al identificar el bien que han de proteger y promover los servicios sociales (en su dimensión individual y colectiva) podría ayudar a ordenar sus procesos (en virtud de su carácter operativo, técnico o administrativo y por su grado de especialización) y a hacerlos más eficientes y pertinentes. Permitiría identificar su valor añadido (comprender o construir sus cadenas de valor) y ayudaría a tomar decisiones de todo tipo en su prestación,  organización y gobierno. Ahora bien, se ha de entender que estamos hablando de una compleja operación de reconversión de un ámbito de actividad (incluyendo su sector o sistema público), en la que juegan y han de considerarse todas las fuerzas mencionadas al principio de esta entrada y en la que deben participar todos los agentes interesados e implicados.

(En la imagen, la evolución de la financiación del Gobierno de España para los servicios sociales de promoción de la autonomía personal [funcional] y atención a personas en situación de dependencia [funcional]. Sobre estas cuestiones hablaremos mañana en Madrid en una jornada organizada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Comisión Europea y la OCDE.)

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