Políticas sociales, organizaciones solidarias e innovación social

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En las siguientes páginas, sobre la base de trabajos anteriores, vamos a intentar reflexionar sobre las capacidades y las potencialidades de nuestras organizaciones solidarias para impulsar la innovación social en el ámbito de las políticas sociales o participar en ella, en un contexto pandémico y pospandémico, de emergencias y reconstrucción.

A la vez quieren ser un homenaje a una iniciativa de la sociedad civil, la Fundación Eguía Careaga, que nos viene ayudando durante décadas en el mejor conocimiento de la realidad social y la mejor formulación de políticas sociales, siempre en clave de innovación.

La evolución de las políticas sociales

La adjetivación como social de una parte de las políticas públicas viene originariamente, en buena medida, de una concepción según la cual las Administraciones no habrían de ofrecer respuestas (prestaciones, servicios, atenciones, apoyos) a la mayoría de las necesidades de los individuos, salvo en determinadas circunstancias excepcionales, ante determinadas contingencias, en relación con determinados riesgos. Es decir, se asume que la mayor parte de la población puede (o, en todo caso, debe) obtener satisfacción para el grueso de sus necesidades mediante su pertenencia a familias (en sentido más restringido-nuclear o más amplio-comunitario) o mediante su participación en el mercado (laboral y de bienes y servicios, fundamentalmente) y que sólo en determinadas situaciones tasadas (enfermedad, desempleo, jubilación, orfandad, viudedad u otras), el Estado se hace cargo, bien de costear la satisfacción de determinadas necesidades o bien de satisfacerlas en especie o mediante servicios (Lapuente, 2015).

En esa tradición, tanto la modalidad contributiva (vale decir, Seguridad Social) como la no contributiva (Asistencia Social) de socializar o mutualizar esos riesgos por parte del Estado son políticas públicas adjetivadas como sociales. Así, en ese esquema, por ejemplo, la política sanitaria que me vacuna contra una enfermedad es considerada gasto social mientras que la política de seguridad que me protege frente a un robo no lo es. Consiguientemente, cuando se va adoptando un enfoque de derechos, se denominan derechos sociales los que permiten la satisfacción de esas necesidades que se entienden asociadas a contingencias como las mencionadas. En la concepción canónica de Thomas Marshall, de 1950, se trata de una generación de derechos humanos posterior a los derechos civiles y políticos y, por tanto, las obligaciones o responsabilidades de las Administraciones en relación con los derechos sociales serían posteriores y diferentes a las que tienen en relación con los derechos civiles y políticos. Volviendo al mismo ejemplo, la médica que me pone la vacuna vino después (y de otro modo, vale decir) que el policía que disuade a la persona que me iba a robar (Gómez y Vidal, 2019).

Sin embargo, ese modelo que podríamos denominar en cascada, según el cual quienes no pueden satisfacer determinadas necesidades mediante los ingresos obtenidos, básicamente, por el empleo o mediante la integración en una familia cuentan con la protección social contributiva, y, si no, en último caso, con la protección social no contributiva, es cada vez menos reconocible en nuestro entorno. En cada vez más sectores de actividad, como, por ejemplo, el de la vivienda (considerado habitualmente como social) o el transporte (no considerado social) se plantean las Administraciones parecidos dilemas entre, por ejemplo, regular o proveer (y, en cualquier caso, cuánto financiar o qué recursos y activos aportar). (Ignatieff, 2014). Siguiendo con los mismos ejemplos, ¿tiene hoy en día algún significado afirmar que alojar es más o menos social que transportar?

(Para seguir leyendo, descargar el artículo completo aquí. Forma parte del libro cuya portada aparece en la ilustración, editado en 2022 por la Fundación Eguía Careaga. El libro se presentará en Bilbao el 30 de mayo de 2022 a las 19 horas en el edificio municipal de La Bolsa.)

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