Procesos y estructuras de gestión y gobierno en un sistema público (autonómico) de servicios sociales

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Dada una territorialización de la oferta de servicios sociales y los consiguientes procesos y estructuras de atención o intervención en las zonas, las áreas y el conjunto de la Comunidad Autónoma, tanto los centros comunitarios de servicios sociales (de zona) como los centros territoriales de servicios sociales (de área) y la agencia autonómica de servicios sociales estarían constituidos también por los correspondientes procesos y estructuras de gestión y gobierno. Cabe denominar procesos de gestión a los siguientes:

  • Programación y control de la operativa de prestación de servicios sociales.
  • Coordinación de la actividad operativa de los servicios sociales mediante la comunicación externa e interna y el ejercicio de la representación y la autoridad jerárquica, articulando la integración vertical y horizontal del sistema público de servicios sociales.
  • Cuidado y optimización de los recursos humanos, económicos, materiales, inmateriales e infraestructuras.
  • Inscripción registral, autorización administrativa, homologación, acreditación de agentes del sistema público de servicios sociales y, en general, de la rama de actividad de los servicios sociales.
  • Concertación de servicios sociales y compra o contratación pública en servicios sociales.
  • Inspección de servicios.

La prestación y gestión de los servicios sociales, tanto en el nivel de zona como en el de área y en el del conjunto de la comunidad autónoma necesitarían, a su vez, enmarcarse en estructuras y procesos de gobierno que serían los siguientes:

  • Planificación y evaluación estratégicas del sistema público de servicios sociales y de sus partes.
  • Desarrollo del sistema público de servicios sociales, ampliando o transformando su oferta de servicios o contenido prestacional.
  • Participación, en representación del sistema público de servicios sociales en las estructuras y procesos de gobernanza integrada, horizontal o intersectorial, de políticas públicas, incluyendo su promoción cuando no existan.
  • Ejercicio de la autoridad política en el interior del sistema y de cada una de sus partes.
  • Potenciación y optimización de la participación de todos los agentes interesados en el sistema público de servicios sociales.
  • Estructuración y reestructuración del sistema público de servicios sociales, en orden a la integración vertical y horizontal del sistema, incluida la elaboración y procesamiento de normativa jurídica.
  • Inteligencia del sistema, que incluye el diseño y dinamización de ecosistemas complejos y participativos de información, conocimiento, tecnología e innovación.
  • Alta inspección del sistema público de servicios sociales.

Corresponderían al Departamento del Gobierno autonómico competente en materia de servicios sociales las funciones de gobierno mencionadas, para el conjunto del sistema público de servicios sociales, y la política pública de servicios sociales de la comunidad autónoma, salvo en aquellas decisiones reservadas por la legislación al conjunto del Consejo de Gobierno, a su Presidencia o al Parlamento. Las autoridades políticas en materia de servicios sociales de los entes locales asumirían, en su caso, para las áreas correspondientes, el ejercicio de las responsabilidades de gobierno mencionadas. Las responsabilidades de gestión del sistema público de servicios sociales corresponderían a la agencia autonómica de servicios sociales o, en su caso, a los centros territoriales de servicios sociales (de las áreas correspondientes).

Dada la distinción entre las funciones de gobierno y gestión y la circunstancia de que las funciones de gestión y la responsabilidad principal sobre la oferta de servicios sociales pudiera ser asumida en unas partes del territorio por la propia comunidad autónoma y, en otras partes, por los entes locales, resultaría conveniente, en aras de la eficiencia, retener las responsabilidades de gobierno en el Departamento del Gobierno autonómico competente en materia de servicios sociales y descentralizar la gestión, para articularla de manera más flexible y versátil con las funciones de gobierno, mediante la agencia autonómica de servicios sociales, cuyo cometido sería asumir la responsabilidad principal de la oferta de servicios sociales y de su gestión en aquellas áreas no asumidas por los entes locales y para el conjunto de la comunidad autónoma (en los servicios de ámbito autonómico).

(A partir de textos escritos para un borrador de ley de servicios sociales para Cantabria.)

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