Universalidad y condicionalidad en los bienes, prestaciones y servicios públicos

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Una gran parte de los debates sociales sobre la acción política y de las preocupaciones de quienes se dedican al diseño de las políticas públicas tiene que ver con la selección de los bienes, prestaciones y servicios que serán proporcionados por las administraciones públicas y el grado de universalidad e incondicionalidad con que se pondrán a disposición de la ciudadanía.

La variedad de situaciones es enorme. Desde un bien público como un parque al que todas las personas podemos acceder de forma gratuita cuando queramos hasta servicios (por ejemplo, sociales) públicos que podríamos recibir tras la comprobación de que cumplimos determinados requisitos, después de pasar un tiempo en una lista de espera y pagando incluso un precio más alto que lo que nos costaría un servicio similar en el mercado privado. Desde pensiones contributivas entendidas como rentas vitalicias de sustitución hasta ingresos mínimos no contributivos que podemos perder si no cumplimos determinados compromisos establecidos en un documento que hemos firmado. Y así sucesivamente. (Dejamos aparte ahora la cuestión de la prescripción facultativa, es decir, cuando alguien con autoridad científica o profesional para hacerlo dice si un bien, prestación o servicio es adecuado para una determinada persona.)

El panorama, además, es más complejo porque, en ocasiones, las Administraciones nos brindan un determinado bien o servicio y, en otros casos, nos dan un dinero (mayor o menor y más o menos afectado) con el que podemos comprar unos u otros bienes o servicios. (En todo caso, desde una perspectiva ética, lo decisivo es que las personas puedan satisfacer su necesidad o ejercer su derecho, mientras que la cuestión de si el Estado (directa o indirectamente) te da el bien o servicio o te da dinero para comprarlo es secundaria, es más bien de tipo técnico.)

En realidad, también aparecen consideraciones técnicas y éticas a la hora de proponer incluir o no un determinado bien, prestación o servicio (y de hacerlo de forma más o menos universal e incondicional) dentro del perímetro público o más bien pensar que es mejor que esté en la esfera mercantil (a veces llamada privada), relacional (o familiar y comunitaria) o solidaria (como determinadas ayudas de organizaciones del tercer sector, bienes comunes o actividades cooperativas).

Así, desde un punto de vista ético, vamos alcanzando la conciencia de que hay algunos bienes, prestaciones o servicios de primera necesidad que el Estado debiera garantizar incondicionalmente como derechos universales. Por otra parte, desde un punto de vista técnico, las ciencias sociales muestran que determinadas condicionalidades (requisitos, obligaciones, compromisos, contraprestaciones, copagos u otras) que, eventualmente, si se aplicaran sin sesgos o arbitrariedad, pudieran ser moralmente defendibles (o políticamente rentables), generan, sin embargo, efectos no deseados (por ejemplo, en el comportamiento, la imagen, la dignidad, las capacidades o los recursos de las personas usuarias, destinatarias o beneficiarias) o, en otros casos, efectos deseados a un coste excesivo.

De hecho, un asunto que está recibiendo mucha atención en el ámbito de las políticas públicas en los últimos años (con reconocimiento, incluso, del premio Nobel de economía) es el de la eficacia de los acicates, estímulos, incentivos y argumentos (comparada con la de las limitaciones, prohibiciones, amenazas y sanciones, por ejemplo). Ojalá nuestra ética pública y nuestro saber técnico se den la mano para constituir y desarrollar un conjunto suficiente de bienes, prestaciones y servicios públicos que todas las personas podamos disfrutar como derechos, de manera universal e incondicional, potenciando, a la vez, los necesarios dinamismos personales y sociales de comunidad, solidaridad y productividad.

(Reflexiones al hilo de trabajos realizados la semana pasada con el Gobierno Vasco, el Gobierno de la Rioja y el Ayuntamiento de Madrid. La imagen corresponde al título y la ilustración en la portada del libro de Richard Thaler y Cass Sunstein sobre los acicates. “Acicates” es una traducción tomada, como otras aportaciones, del número 25 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas.)

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