Servicios sociales: ¿prescripción profesional o autodeterminación personal?

Crossroad two ways, choose the way

El mecanismo mediante el cual, hoy y aquí, podemos llegar a disfrutar de algún tipo de servicio social es, básicamente, un mecanismo de racionamiento (a veces más de iure y a veces más de facto) sobre la base de la comprobación administrativa de determinados requisitos establecidos normativamente. Una comprobación, casi siempre, entre otras cosas, acerca de la disponibilidad de recursos económicos por parte de la persona que necesita (o aspira a) recibir el servicio (y, usualmente, de otras personas vinculadas a ella).

En la comunidad ciudadana, profesional y política interesada en los servicios sociales parece existir un consenso sobre la deseabilidad de un proceso de universalización efectiva de los servicios sociales, lo cual, fundamentalmente, quiere decir que tener más o menos dinero no afecte a la posibilidad de recibir servicios sociales públicos. De igual modo, la personalización de los servicios sociales (la atención centrada en la persona) es una idea fuerza comúnmente admitida, de manera que se propone que los servicios sociales deben ajustarse lo más posible a las necesidades, deseos, capacidades y situaciones de cada una de las personas que los reciben.

Pues, bien, no cabe duda de que las decisiones políticas en relación con la envergadura de la inversión pública en materia de servicios sociales vienen resultando determinantes para la práctica inexistencia de avances (cuando no para claros retrocesos) en los procesos de personalización y universalización de nuestros servicios sociales. Sin embargo, posiblemente, la falta de consenso en la comunidad de práctica y conocimiento acerca del modelo deseable de servicios sociales constituye otro de los grandes obstáculos para dichos avances.

Y cuando hablamos de modelo, posiblemente, la disyuntiva fundamental que se dibuja en un horizonte (deseable aunque difícil) de superación del actual marasmo en el que nos encontramos es la que se puede plantear entre un sistema público de servicios sociales que pivote sobre la acción proactiva y prescripción facultativa de profesionales con autoridad presentes en el territorio y uno que bascule más bien sobre la libre elección de las personas para configurar el paquete de cuidados, apoyos e intervenciones de las que son objeto.

Nos gusta pensar que es posible conjugar prescripción y autodeterminación pero, posiblemente, como en el chiste de “a setas o a Rolex”, las apuestas presupuestarias, organizativas, técnicas y, en definitiva, estratégicas que conlleva cada uno de esos dos modelos obligan a un debate profundo basado en la experimentación política para poder optar por un camino o por otro. Hay buenos argumentos para cada una de las dos opciones pero, si somos capaces de avanzar, más pronto que tarde, seguramente, vamos a tener que decidirnos, en buena medida, por una de las dos lógicas vertebradoras del sistema público de servicios sociales.

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