Redoblar la apuesta estratégica por unos servicios sociales relacionales y universales

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En nuestro entorno, los servicios sociales se constituyeron en buena medida para hacerse cargo bastante globalmente y en última instancia de personas en riesgo o situación de exclusión social (usando la terminología actual, no la que se usaba entonces). Serían una especie de última red general de ayuda y socialización en un contexto en el que se asumía que funcionaban mecanismos fuertes y articulados de inclusión social como: familias patriarcales en comunidades homogéneas, industrialización y salarización de la economía, protección social contributiva, propiedad de la vivienda y un código moral dominante. La función social de los servicios sociales era, entonces, la de ocuparse de diferentes colectivos (definidos por la edad, la autonomía funcional, la capacidad económica, las relaciones familiares y otros factores) que lo único que tenían en común era la situación (o el riesgo) de quedar fuera de un funcionamiento social general regido por los mencionados mecanismos.

Sin embargo, en las últimas décadas, esa configuración de los servicios sociales se ha ido volviendo cada vez más problemática (misión imposible) debido a procesos de cambio social que arrojan cada vez más gente, más diversa y más compleja a la zona de vulnerabilidad social y exclusión social. En un contexto, además, en el que, paradójicamente, la acción combinada de la tecnociencia y el enfoque de derechos ha ido propulsando la universalización (con contradicciones y retrocesos también) de sistemas públicos en ramas de actividad como la sanidad, la educación o la garantía de ingresos. Es decir, el funcionamiento y posicionamiento de los servicios sociales como especialistas en diferentes situaciones (o riesgos) de exclusión social se ve imposibilitado simultáneamente por el incremento de la complejidad, diversidad y cantidad de situaciones de vulnerabilidad y exclusión social y por el desarrollo político y técnico de ramas de actividad de alta cobertura y políticas públicas universalistas, a las que las personas inicialmente destinatarias de los servicios sociales también suelen acceder.

En ese contexto, cabe entender que decisiones como la de sacar en su día la Renta de Garantía de Ingresos de los servicios sociales o la de residenciar desde su inicio el Ingreso Mínimo Vital fuera de los servicios sociales parecen responder a una tendencia en la ordenación de las ramas de actividad y las políticas públicas en virtud de la cual los servicios sociales tenderían a dejar de tomar parte en la provisión de ingresos para la subsistencia material. A la vez, normas como la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia o la Ley vasca de servicios sociales pretenden universalizar buena parte de los cuidados cotidianos, apoyos relacionales e intervenciones comunitarias que venían ofreciendo los servicios sociales (incluyendo, obviamente, labores propias de acompañamiento que ahora se mezclan inapropiadamente con otras impropias de adjudicación, tramitación y control de ayudas).

Seguramente, las crisis del comienzo y el final de la segunda década del siglo XXI debieran animarnos a avanzar decididamente en esa línea de fortalecimiento y universalización de los cuidados, apoyos e intervenciones relacionales y comunitarias que realizan los servicios sociales y de ir entregando ordenadamente a otros sistemas los restos que nos van quedando en materia de garantía última de ingresos para la subsistencia material.

Seguramente ésta no será condición suficiente para volver a hacer posible la misión de los servicios sociales pero sí una condición necesaria.

(Fragmentos adaptados de un texto trabajado con el equipo de dirección de los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a los que pertenece la ilustración.)

Entidades del tercer sector: ¿pacto de reparto, competencia vergonzante, colusión corporativa, achique de espacios o colaboración estratégica?

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En nuestro tercer sector de acción social cabe identificar una hipotética sucesión por etapas (o, a veces, coexistencia y mezcla) de tipos ideales o modelos de relación entre entidades, correspondientes, a su vez, a etapas, tipos o modelos de sociedad o inclusión social y a etapas, tipos o modelos de intervención y políticas sociales.

Cabe ubicar el surgimiento o configuración de muchas de nuestras entidades solidarias de intervención social en el contexto de una economía que se va industrializando y salarizando en una sociedad vertebrada por relaciones familiares y comunitarias de carácter patriarcal. A ese modelo de inclusión social correspondería una acción (asistencia) social reactiva que se hace cargo de aquellas personas que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social. En ese contexto, las entidades funcionarían según un “pacto de caballeros” (efectivamente, casi siempre, de caballeros) mediante el cual se reparten los colectivos poblacionales a atender y las demarcaciones territoriales para hacerlo.

A medida que los poderes públicos democráticos van asumiendo responsabilidades (y la consiguiente financiación) en la acción social, las entidades del tercer sector se van profesionalizando y fortaleciendo (especializando en nuevos sentidos). Las administraciones públicas van estableciendo reglas de juego para la provisión por parte de las organizaciones solidarias (u otras) de servicios de responsabilidad (o financiación) pública, apareciendo el concierto social como modelo de referencia hacia el que aproximarse. En ese contexto, sin desaparecer la lógica del reparto, aumenta la competencia entre entidades aunque, frecuentemente, disimulada o vergonzante.

La crisis de finales de la primera década del siglo XXI y las medidas de austeridad (recortes) que se adoptan en ese momento representan un frenazo y una marcha atrás en los procesos y expectativas de extensión de los derechos sociales, que entran en una dinámica más explícita de racionamiento. Es el momento en el que el tercer de acción social (sin abandonar las dinámicas anteriores de reparto y competencia) se une en forma corporativa y, a veces, colusiva, en buena medida, en torno al “qué hay de lo mío”.

La pandemia de la covid-19 y otros fenómenos extremos impulsan la configuración de un capitalismo de vigilancia, en una sociedad digitalizada, mercantilizada e individualizada en la que un número creciente de personas vive al límite de la exclusión social. En ese contexto distópico proclive a la alienación, la segregación, la adicción, la estigmatización y la represión, se achicaría el espacio de las organizaciones solidarias dedicadas a la intervención social, pudiendo llegar al “sálvese quien pueda”.

Sin embargo, entendemos que otro futuro es posible, que podemos sumar mayorías y construir nuevas formas de vida sostenible mediante el ejercicio de formas de ciudadanía en las que el ejercicio de los derechos individuales fortalezca las emociones, las relaciones, las redes, la autogestión y la resiliencia comunitarias. Tal horizonte de sentido puede constituir la finalidad tractora que anime a las organizaciones, desde el compromiso con su gente y la capacidad de gestión lograda, a construir y sostener potentes procesos de colaboración de carácter estratégico.

(A partir de la invitación de Alfonso López, la preparación con Marta Senz en el Alpamayo y la conversación con las personas de EAPN Euskadi el pasado martes en el centro cívico de San Francisco, en Bilbao.)

La comunidad: real y frágil, controvertida y necesaria

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Vivimos tiempos de fenómenos extremos (como la pandemia de la covid-19, la guerra en Europa, el aumento de la inflación, la crecida del autoritarismo o la subida de las temperaturas), que tensionan, fragmentan y enfrentan a distintos grupos poblacionales en muchos sentidos y ámbitos. Tiempos en los que, en muy diferentes propuestas o narrativas de respuesta, rescate, resiliencia, innovación o transformación, aparece una y otra vez la referencia a la comunidad. Así, por ejemplo:

  • Las políticas en relación con la pobreza económica y la exclusión social, atentas a las dimensiones territoriales y relacionales de dichos fenómenos, se fijan en las comarcas, barrios y vecindarios y proponen estrategias de desarrollo comunitario, sinérgicas con procesos de activación laboral o inclusión residencial, ente otros.
  • Las agendas urbanas, conscientes de la importancia de la participación de la ciudadanía para el adecuado diseño y legitimación de la planeación del espacio físico y sus usos, incorporan (o se conectan con) estrategias y metodologías de acción comunitaria, entrelazando construcción de la ciudad y de la ciudadanía.
  • Las organizaciones del tercer sector de acción social (con sus personas expertas por experiencia), que se plantean la desinstitucionalización (o la prevención de la institucionalización) de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia u otras personas en riesgo o situación de exclusión social, promueven la vida activa y participativa en comunidades acogedoras, cuidadoras, inteligentes, amigables e inclusivas como alternativa necesaria y urgente al internamiento asilar.
  • Los servicios sociales (de cuidados) o servicios (sociales) de cuidados, como otras ramas de servicios públicos de bienestar (salud, educación, empleo, vivienda y garantía de ingresos), conocen de la necesaria dimensión, enfoque o mirada comunitaria, especialmente en los programas de prevención universal o primaria que resultan imprescindibles para el cumplimiento de su misión a escala poblacional.
  • Las personas y movimientos preocupados por la acción colectiva y por la calidad y legitimidad de nuestros mecanismos de gobernanza democrática impulsan las prácticas colaborativas, la cooperación pública-comunitaria y la participación cada vez más directa de la comunidad en la toma de decisiones sobre las políticas públicas.

Las comunidades existen, sin duda. Las relaciones , proyectos y dinámicas comunitarias son fundamentales para el funcionamiento y para la transformación de nuestra sociedad. Pero sabemos que son frágiles y limitadas y que tenemos el reto de reinventarlas y fortalecerlas. Y que hay quien quiere hacerlo de forma alienante, reaccionaria, excluyente, discriminatoria y distópica.  También están quienes utilizan una retórica comunitaria, falsamente consensual, para intentar edulcorar situaciones inaceptables de injusticia estructural. Por todo ello, quienes quieran levantar la bandera de la comunidad, quienes quieran hacer una apuesta comunitaria, deberán explicitar, fundamentar y relacionar sus términos y puntos de referencia.

En la medida en que los fenómenos extremos del estilo de los mencionados arriba arrecien e impacten unos en otros con efectos multiplicadores, será más probable que nuestras sociedades hayan de encarar procesos de reorganización radical de la vida (en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la energía, con la fiscalidad, con el empleo, con los cuidados o con otros asuntos) y esa reorganización de la vida, necesariamente, habrá de apoyarse en la comunidad y habrá de afectar a la comunidad. Y una vez más habremos de hacernos preguntas cómo éstas: ¿Qué comunidad? ¿Para qué la comunidad? ¿Qué tipo de comunidad? ¿Con quién la comunidad? ¿De verdad, la comunidad?

(Al hilo de encuentros organizados del 4 al 14 de noviembre de 2022 por y con: el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Tolosa, Plena Inclusión y la Universidad de Alicante [en la foto], los colegios profesionales de psicología y educación social, el Consejo Económico y Social Vasco, Servicios Sociales Integrados, EAPN Euskadi, el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, Sumar, Hartu Emanak y Bogan.)

La cadena de valor en los servicios sociales

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El concepto de cadena de valor en las actividades económicas y en el diseño de las organizaciones estaría unido a la concepción y configuración de dichas organizaciones y actividades en forma de procesos compuestos por eslabones sucesivos, cada uno de los cuales aporta un valor añadido. Lógicamente, no nos estamos refiriendo necesariamente a un valor que sea reconocido en un mercado que responde a la demanda solvente sino a efectos positivos identificados como tales por agentes legítimos y, especialmente, por las personas destinatarias directas de dichos procesos.

En el ámbito de los servicios sociales entendemos que ese valor añadido, ese efecto positivo se produce en lo que tiene que ver con lo que llamamos la interacción de las personas, es decir, su autonomía y autodeterminación para las decisiones y actividades de la vida diaria entreveradas en relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. Por tanto, las aportaciones de valor estarán relacionadas con el conocimiento y la mejora de la interacción mediante cuidados, apoyos e intervenciones centradas en la persona y en su entorno familiar y comunitario. Así, por ejemplo, yo, como vecino de mi barrio, soy destinatario directo del trabajo de un equipo de educación de calle, que me aporta valor en la medida en que yo perciba una mejora de las interacciones cotidianas que se producen y en las que participo en el espacio público.

Las actividades administrativas, de gestión o de gobierno y las prestaciones o apoyos propios de otros ámbitos (como los del alojamiento o la subsistencia material, por ejemplo) son imprescindibles en algún momento en los servicios sociales pero es un error (no por frecuente menos grave) sobredimensionarlas en detrimento de las actividades operativas propias de la intervención social, sean éstas más preventivas, transformadoras, asistenciales o paliativas y más o menos especializadas. Volviendo al ejemplo de las educadoras de calle, diría que su cadena de valor debe ser fuerte en eslabones de contacto directo con la ciudadanía y tener pocos dedicados al trabajo de oficina. Para ello, ciertamente, han de funcionar bien procesos de apoyo como la selección de personal o la gestión de la información.

En cualquier caso, en los servicios sociales, hemos de buscar siempre la facilidad de acceso, la continuidad de cuidados y apoyos y la eficiencia de los procesos de intervención social, de suerte que las personas, familias y comunidades beneficiarias de la acción social obtengan los efectos deseados con el menor coste posible en todos los sentidos (para ellas y para el sistema público de servicios sociales). Por ello resultará fundamental la integración e interoperabilidad organizativas, tanto verticales como horizontales, y la investigación, desarrollo e innovación constantes en colaboración entre los más diversos agentes del conocimiento, dentro y fuera de cada organización.

(En la imagen, representación de la cadena de valor según Michael Porter. Sobre estas cuestiones hablaremos el martes en una jornada de la Cruz Roja de la Comunidad Valenciana.)