Construir agencia política en la intervención social contra la exclusión

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El último informe (o conjunto de informes) FOESSA acerca de la evolución reciente de la cohesión social en nuestro país arroja claramente la conclusión de que el test de estrés que vienen representando para nuestra sociedad estos tiempos pandémicos está resultando significativamente más oneroso para aquellas personas y grupos que ya venían encontrándose anteriormente en situaciones sociales de precariedad, segregación o exclusión y que nuestro sistema de bienestar ha vuelto a mostrar su manifiestamente mejorable justicia distributiva y su archiconocido efecto Mateo (a quien tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará).

Es más, se diría que nuestros mecanismos de protección social, ante una situación tan disruptiva e inesperada, han mostrado, al menos en algunos de sus dispositivos o estructuras, una notable y preocupante falta de flexibilidad, resiliencia y adaptabilidad, que ha perjudicado especialmente a los individuos y segmentos sociales que presentaban una mayor vulnerabilidad social. El mencionado estudio examina con detenimiento el funcionamiento de nuestras políticas sociales en estos años e identifica con claridad en qué medida son precisamente los programas y servicios que en mayor medida atienden a estas personas y perfiles los que se han mostrado más rígidos, débiles e insuficientes. Seguramente algo tendrá que ver en ello la voz, organización e influencia de cada colectivo destinatario o grupo de interés.

En ese contexto, quienes nos dedicamos, en mayor o menor medida, a la intervención social, intentando contribuir a la prevención y superación de situaciones de exclusión social en nuestras comunidades, corremos el riesgo de no soportar la tensión y llegar a ser más parte del problema que parte de la solución, es decir, de convertirnos en engranajes funcionales dentro del sistema social excluyente en lugar de promover, impulsar o desencadenar procesos de inclusión social. Los procesos de precarización, segregación y exclusión social demuestran su capacidad de metamorfosearse, de cambiar su rostro, de atacar por donde menos se espera. La exclusión social, como una hidra, parece hacerse más compleja y ramificarse en exclusión económica, laboral, administrativa, habitacional, digital, relacional y así sucesivamente. Y las y los profesionales de la intervención social, en medio de esa complejidad y estrés, muchas veces, nos agarramos a la aparente seguridad de las respuestas conocidas, simples o regladas. Respuestas que son crecientemente ineficientes y que incluso resultan en ocasiones contraproducentes.

Apoyándonos siempre en el conocimiento situado, coproducido y actualizado (como el que construye y ayuda a construir FOESSA), hemos de redoblar la apuesta por las políticas sociales universales e inclusivas con enfoque de derechos. Y, seguramente, la prueba del nueve para la evaluación de nuestra intervención social tenga que ver con su capacidad para contribuir a la libre decisión, al ejercicio de la autonomía, a la capacidad de agencia de todas las personas (en diversidad y en comunidad); con su potencia para la construcción de sujetos colectivos y redes y alianzas que generen e incorporen dinámicas, discursos, estrategias y herramientas útiles para la transformación social; y, en definitiva, con el empoderamiento, a pequeña y gran escala, de las personas excluidas.

(Ilustración: FOESSA)

¿Acción social comunitaria o control de “vulnerables” por delegación?

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(A propósito de un aspecto de la normativa del Ingreso Mínimo Vital)

La exposición de motivos de la Ley que establece el Ingreso Mínimo Vital lo presenta como “un paso decisivo hacia un modelo de política social construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias evitando redundancias, contradicciones e inequidades”. La experiencia de una pandemia que, en diferentes etapas, ha requerido para hacerle frente la paralización de tantas y tan diversas actividades laborales y económicas ha podido servir para que más gente se convenza de lo adecuado de este enfoque y se avance en su adopción.

Parece evidente que, cuanto más y mejor se aplique la mencionada visión integral de la Hacienda pública, en menor medida estarán los servicios sociales públicos y el tercer sector de acción social llamados a ocuparse de necesidades de subsistencia de las personas, lo que, a su vez, podrá facilitar (haciendo un paralelismo con la cita del párrafo anterior) el impulso de una visión integral de la acción social (o los servicios sociales) que posibilite que las personas, en función de su capacidad para las decisiones y actividades de la vida diaria, proporcionen o reciban cuidados y apoyos en el seno (y sobre la base) de relaciones primarias de carácter familiar o comunitario. Estaríamos avanzando en una optimización, basada en el conocimiento, tanto de las políticas de garantía de ingresos como de las de servicios sociales (o acción social) desde un enfoque de derechos, con una clara diferenciación entre las finalidades de unas y otros.

Sin embargo, aduciendo “la complejidad de la realidad de las personas potenciales beneficiarias” del Ingreso Mínimo Vital, en un momento dado, la normativa incorpora requerir un certificado emitido por los servicios sociales públicos o las organizaciones del tercer sector de acción social, entre otros aspectos, sobre, por ejemplo, “el domicilio real de una persona que alegue no vivir donde consta en el empadronamiento o la inexistencia de vínculos cuando en el mismo domicilio, aparte de los solicitantes de la prestación, residan otras personas”. Al parecer, determinadas circunstancias, situaciones o características de algunas personas llamadas vulnerables resultan inasumibles para la maquinaria burocrática de la Seguridad Social y volvemos a retroceder a la visión de una Seguridad Social para las mayorías incluidas y una asistencia social para minorías excluidas, siempre sospechosas, por lo que se ve, de alguna irregularidad.

El reciente informe FOESSA ha arrojado datos tan sorprendentes como, por ejemplo, que la tasa de exclusión social de Cataluña prácticamente duplica la de Asturias y seguramente algo tendrá que ver la mayor capacidad de nuestras políticas sociales para proteger a la población mayor que más ha cotizado (preferentemente masculina o vinculada a varón sustentador) que a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (especialmente mujeres y migrantes) que menos lo han hecho o no lo han hecho en absoluto. Por otra parte ese mismo informe FOESSA insiste en la dimensión relacional de la exclusión, señalando que la ruptura relacional es, desde hace más de una década, una tendencia que parece consolidarse, aún con más fuerza en esta nueva crisis de la covid y de forma más intensa en las personas afectadas a la vez por otras situaciones de dificultad. Todo ello suministra argumentos para que insistamos en diferenciar y sostener las dos apuestas mencionadas: la de una política de ingresos cada vez más universal e integrada y la de una acción social o servicios sociales cada vez más comunitarios y proactivos. Una acción social comunitaria a la que la política de garantía de ingresos no endose envenenados encargos de control burocratizado, estigmatizante y punitivo de ninguna parte de la población.

(Notas al hilo de la elaboración de un artículo con Ariadna Manent y de la preparación de un curso a partir del reciente informe FOESSA, a quien pertenece la imagen y que presenta esta semana su aportación específica sobre el País Vasco. El capítulo del informe referido a los servicios sociales puede descargarse aquí.)

Apostar por la interacción como objeto de los servicios sociales sin dejar a nadie atrás

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Se viene proponiendo la interacción (definida como el ajuste entre la autonomía de la persona para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario) como el objeto para los servicios sociales. Y, al concebir los sistemas públicos de servicios sociales como universales, se entiende que deben aspirar a prevenir o abordar cualquier tipo o grado de afectación de la interacción de cualquier persona.

Cuando nos aproximamos para conocer ese objeto advertimos que existen algunas situaciones de las personas, contempladas habitualmente en leyes y políticas de carácter transversal (es decir, que afectan a varias ramas de actividad y no sólo a los servicios sociales), que, en principio, salvo excepciones, deberían llamar la atención o desencadenar la actuación (entre otros) de los servicios sociales. Se trataría, principalmente, de las siguientes:

  • Situaciones de dependencia funcional y, en general, de discapacidad, en la medida en que las limitaciones funcionales constituyen, normalmente, una afectación de la situación de interacción de las personas en su vertiente de autonomía o capacidad para las decisiones y actividades de la vida diaria y, a su vez, eventualmente, una mayor carga de cuidado o apoyo por parte de personas que mantienen relaciones primarias con ellas.
  • Situaciones de desamparo en la infancia y la adolescencia, en la medida en que, dado que se asume que las niñas, niños y adolescentes no disponen todavía de suficiente autonomía funcional para el desenvolvimiento cotidiano y la toma de decisiones sobre su proyecto de vida, se espera la complementación natural por parte de sus progenitoras y, en su caso, otros miembros de la red familiar o comunitaria, complementación que no siempre se produce adecuadamente (pudiendo llegarse al desamparo).
  • Situaciones de violencia de género, en la medida en que ésta constituye una perversión radical de relaciones de pareja u otras familiares y comunitarias, que, en lugar de representar fuentes de cuidado y apoyo primario, se convierten en amenaza o causa de daño.
  • Situaciones de exclusión, entendiendo por exclusión la falta de acceso de la persona a bienes materiales o inmateriales de primera necesidad por razones administrativas, laborales, económicas, habitacionales u otras y que dicha exclusión puede tener una dimensión relacional que representa una afectación en la situación de interacción.

Ahora bien, el hecho de que, en virtud de las políticas y la normativa referida a estas y otras situaciones análogas, se categorice a determinadas personas ni habilita ni obliga a los servicios sociales a utilizar dichas categorías para segmentar a la población que atienden, no siendo en ningún caso aceptable ningún tipo de discriminación en las oportunidades, el trato o los resultados de las personas en función de dichas categorías, asociadas, como vemos, a sus diferencias de sexo, edad, capacidad, origen u otras similares, sea en el sentido que sea.

Las políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad, que buscan la incorporación de todas las personas a la corriente general de ejercicio de derechos y de utilización de servicios universales, pueden aconsejar, en su caso, la generación de estructuras especializadas en tipos de diversidad o en categorías de personas en los sistemas de servicios sociales (como en otros). En aras de principios como la intergeneracionalidad, la interculturalidad y, en general, la interseccionalidad, dichas estructuras especializadas debieran ser, preferentemente, estructuras de gestión y gobierno y sólo excepcional, justificada y temporalmente estructuras de atención específicas para una u otra de dichas categorías de personas.

Los sistemas públicos de servicios sociales deberán contribuir, junto con otras políticas públicas, a adelantarse a la aparición de situaciones de vulnerabilidad, riesgo o fragilidad que, a su vez, puedan transformarse en las situaciones citadas arriba. Con más motivo será necesario el concurso de diversas ramas de actividad (como salud, educación, empleo u otras) si la persona ya se encuentra en alguna de esas situaciones (como las mencionadas de discapacidad, desamparo, violencia de género o exclusión).

En todo caso, cuando los servicios sociales se hubieran hecho cargo de dichas situaciones de determinadas personas o conjuntos de personas, del modo que sea (incluso de manera integral), el replanteamiento de la atención en busca del compromiso de otras ramas de actividad (como garantía de ingresos, vivienda u otras) no deberá desencadenar, en ningún caso, un deterioro o disminución del disfrute de apoyos y ejercicio de derechos por parte de ninguna persona.

(Adaptado del artículo 9 del borrador de Ley de servicios sociales preparado para el Gobierno de Cantabria.)

Cuatro capas, para la comprensión y transformación de la realidad social

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En la conversación pública tratamos frecuentemente sobre lo que podríamos llamar el sistema político, es decir, sobre los mecanismos para la toma de decisiones públicas y sobre el sentido de dichas decisiones. Hablamos de leyes y presupuestos, de programas y actuaciones. Ese que estamos denominando sistema político merece, sin duda, nuestro interés y esas decisiones que llamamos públicas o políticas, desde luego, afectan a nuestra existencia, impactan en la vida de la gente, en la satisfacción o no de sus necesidades. Sin embargo, cuando participamos en dicho sistema político, sentimos que, por debajo (si se permite la metáfora) hay otras capas de realidad, densa, que se resiste a ser transformada con facilidad, que tienen su propia estructura e inercia. Veamos.

Así podríamos identificar una siguiente capa que llamaríamos sistema de protección social (capa 2). Muchas decisiones del sistema político son sobre el sistema de protección social pero éste, a su vez, tiene una dinámica propia, una vida propia, en función de sus estructuras y de la existencia de unos bienes públicos más o menos garantizados por unos poderes públicos, de unos derechos sociales que, más o menos, podemos reclamar. Desde el sistema político (capa 1) podemos modificar el sistema de protección social (capa 2) pero las transformaciones del sistema de protección social llevan su tiempo, que muchas veces se mide en décadas (pensemos en las pensiones o la educación, por ejemplo).

Pero hemos de seguir bajando, profundizando, sumergiéndonos en una nueva capa de la realidad social que llamaremos sistema productivo. Entre otras cosas porque el sistema de protección social (capa 2) sólo está en condiciones de garantizar o proporcionar bienes que puedan ser producidos. Hace dos años, por ejemplo, nuestro sistema de protección social estaba formalmente en condiciones de garantizar vacunas para la covid pero no podía proporcionarlas simplemente porque no existían, porque nadie las había producido. La producción de bienes (que podrán ser, por ejemplo, privados, públicos, comunes o relacionales) es un asunto que tiene mucho que ver con el conocimiento (y sus exigentes procedimientos y largos tiempos) y que es previo, lógicamente, a su distribución o provisión, por ejemplo, mediante el sistema de protección social.

Y aún podríamos encontrarnos con una cuarta capa por debajo del sistema productivo, que podríamos denominar sistema relacional. Porque antes (como base) de nuestra productividad están nuestras relaciones de interdependencia con otras personas, nuestros contratos de relación de muy diferente tipo que determinan nuestra integración o inclusión en la sociedad o nuestro grado de vulnerabilidad o exclusión social. Si decíamos que los cambios del sistema de protección social (capa 2) toman décadas, posiblemente, las transformaciones del sistema relacional (capa 4) necesitan períodos de cincuenta años para ser claramente perceptibles (pensemos, por ejemplo, en la resistencia al cambio de las relaciones desiguales de género).

Como agentes transformadores de la realidad social es crucial que acertemos en la identificación del nivel o capa en el que estamos operando y desencadenando efectos. En este momento, por ejemplo, en materia de cuidados de larga duración y convivencia comunitaria, posiblemente, queremos tomar decisiones políticas (capa 1) que modifiquen rápidamente el sistema de protección social (capa 2) dando por supuesto que tendremos los productos, servicios, cualificaciones y tecnologías necesarias (capa 3) y sin advertir que, seguramente, hay importantes fracturas o tensiones en las estructuras o contratos de relación entre las personas (capa 4) que desbaratan nuestras intenciones e intentos.