Los cuidados: ¿son aplicación, software de base o hardware de nuestra sociedad?

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Cuando un ordenador (o un teléfono) no realiza adecuadamente alguna función que esperamos de él, nos preocupamos poco si se nos dice que hemos de actualizar o instalar una aplicación o programa específico. El asunto se complica si lo que está afectado es el sistema operativo o software de base, es decir, ese programa que permite que los demás funcionen. Finalmente, si nos comunican que tenemos un problema de hardware, esto es, en el propio aparato físico que tenemos delante, empezamos a pensar en adquirir uno nuevo. Estos términos nos pueden servir analógicamente para reflexionar sobre el reto de los cuidados en nuestra sociedad.

Según algunas visiones, en este momento, se trataría, simplemente, de instalar una nueva funcionalidad a nuestros Estados. Del mismo modo que, en su día, asumieron ocuparse de la seguridad, de la movilidad o de la salud, ahora se encargarían también de los cuidados. El mecanismo sería similar al de otros programas: las personas pagaríamos (bastante, eso sí) a los Estados para que estos contrataran (directa o indirectamente) a profesionales, que nos cuidarán cuando lo necesitemos. Algunas “aplicaciones” hacían algo de esto parcialmente pero ahora sería la hora de la verdad al respecto, la de un verdadero subsistema universal de nuestro Estado de bienestar básicamente encargado de los cuidados (o, al menos, de los prolongados).

Según otros puntos de vista, nuestro “sistema operativo” (nuestro Estado de bienestar) no puede, sin más, soportar un nuevo programa (un nuevo subsistema de la protección social) dedicado a brindar cuidados. Es como si al intentar instalar una aplicación más (la de los cuidados) nuestro software de base (nuestro Estado de bienestar) no diera más de sí, mostrara haber llegado a algún tipo de límite en su gestión de recursos. Desde esta mirada, para hacer frente al reto de los cuidados, se necesita una transformación de nuestro Estado de bienestar, quizá haciéndolo más preventivo, más predistributivo, más proactivo, más tecnológico, más personalizado, más integrado, más comunitario, más profesional, más intergeneracional, más participativo o más basado en el conocimiento científico (elíjase la característica o mezcla de características deseada).

En tercer y último lugar estarían quienes entienden que la crisis de los cuidados es una crisis de la sociedad como tal. Es decir, que estaría afectada la trama de interdependencia entre personas que constituye la sociedad. Según esta aproximación, los cuidados, más que (o además de) ser una actividad específica que puede realizar el Estado o un asunto o eje que vertebra el sistema de bienestar, son el mecanismo fundante de la interdependencia que es connatural a los seres humanos, serían (constituyentes de) la médula del llamado contrato social. Desde este punto de vista, la sociedad, no podría, sin más, esperar del Estado que asuma en última instancia la responsabilidad de los cuidados sino que debe antes, ella misma, configurarse como red de comunidades de cuidados en un nuevo contrato social de género, intergeneracional y general.

¿Qué hacer? ¿En qué medida apostar por nutrir y desarrollar nuestros servicios sociales como sistema de cuidados de larga duración? ¿En qué medida considerar los cuidados como un driver (programa intermediario) para la mejora o transformación del conjunto del sistema de bienestar? ¿En qué medida asumir el cuidarnos y cuidar a otras como función (como relación) que no podemos finalmente delegar porque somos esencialmente seres dependientes e interdependientes en su constitutiva diversidad?

Muchas preguntas, pocas respuestas, tiempos sindémicos.

Procesos y estructuras de gestión y gobierno en un sistema público (autonómico) de servicios sociales

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Dada una territorialización de la oferta de servicios sociales y los consiguientes procesos y estructuras de atención o intervención en las zonas, las áreas y el conjunto de la Comunidad Autónoma, tanto los centros comunitarios de servicios sociales (de zona) como los centros territoriales de servicios sociales (de área) y la agencia autonómica de servicios sociales estarían constituidos también por los correspondientes procesos y estructuras de gestión y gobierno. Cabe denominar procesos de gestión a los siguientes:

  • Programación y control de la operativa de prestación de servicios sociales.
  • Coordinación de la actividad operativa de los servicios sociales mediante la comunicación externa e interna y el ejercicio de la representación y la autoridad jerárquica, articulando la integración vertical y horizontal del sistema público de servicios sociales.
  • Cuidado y optimización de los recursos humanos, económicos, materiales, inmateriales e infraestructuras.
  • Inscripción registral, autorización administrativa, homologación, acreditación de agentes del sistema público de servicios sociales y, en general, de la rama de actividad de los servicios sociales.
  • Concertación de servicios sociales y compra o contratación pública en servicios sociales.
  • Inspección de servicios.

La prestación y gestión de los servicios sociales, tanto en el nivel de zona como en el de área y en el del conjunto de la comunidad autónoma necesitarían, a su vez, enmarcarse en estructuras y procesos de gobierno que serían los siguientes:

  • Planificación y evaluación estratégicas del sistema público de servicios sociales y de sus partes.
  • Desarrollo del sistema público de servicios sociales, ampliando o transformando su oferta de servicios o contenido prestacional.
  • Participación, en representación del sistema público de servicios sociales en las estructuras y procesos de gobernanza integrada, horizontal o intersectorial, de políticas públicas, incluyendo su promoción cuando no existan.
  • Ejercicio de la autoridad política en el interior del sistema y de cada una de sus partes.
  • Potenciación y optimización de la participación de todos los agentes interesados en el sistema público de servicios sociales.
  • Estructuración y reestructuración del sistema público de servicios sociales, en orden a la integración vertical y horizontal del sistema, incluida la elaboración y procesamiento de normativa jurídica.
  • Inteligencia del sistema, que incluye el diseño y dinamización de ecosistemas complejos y participativos de información, conocimiento, tecnología e innovación.
  • Alta inspección del sistema público de servicios sociales.

Corresponderían al Departamento del Gobierno autonómico competente en materia de servicios sociales las funciones de gobierno mencionadas, para el conjunto del sistema público de servicios sociales, y la política pública de servicios sociales de la comunidad autónoma, salvo en aquellas decisiones reservadas por la legislación al conjunto del Consejo de Gobierno, a su Presidencia o al Parlamento. Las autoridades políticas en materia de servicios sociales de los entes locales asumirían, en su caso, para las áreas correspondientes, el ejercicio de las responsabilidades de gobierno mencionadas. Las responsabilidades de gestión del sistema público de servicios sociales corresponderían a la agencia autonómica de servicios sociales o, en su caso, a los centros territoriales de servicios sociales (de las áreas correspondientes).

Dada la distinción entre las funciones de gobierno y gestión y la circunstancia de que las funciones de gestión y la responsabilidad principal sobre la oferta de servicios sociales pudiera ser asumida en unas partes del territorio por la propia comunidad autónoma y, en otras partes, por los entes locales, resultaría conveniente, en aras de la eficiencia, retener las responsabilidades de gobierno en el Departamento del Gobierno autonómico competente en materia de servicios sociales y descentralizar la gestión, para articularla de manera más flexible y versátil con las funciones de gobierno, mediante la agencia autonómica de servicios sociales, cuyo cometido sería asumir la responsabilidad principal de la oferta de servicios sociales y de su gestión en aquellas áreas no asumidas por los entes locales y para el conjunto de la comunidad autónoma (en los servicios de ámbito autonómico).

(A partir de textos escritos para un borrador de ley de servicios sociales para Cantabria.)

La agenda política de la protección social, más allá de la salud

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La arquitectura de nuestro Estado de bienestar nunca podrá concebirse como una obra acabada puesto que es imprescindible, como vemos con más claridad que nunca en estos tiempos pandémicos, que tenga la flexibilidad y adaptabilidad para transformarse y escalarse rápida y adecuadamente en función de las circunstancias y cambios sociales. Naturalmente, en estos tiempos, hemos prestado especial atención a las políticas de salud, pero, lógicamente, otras políticas sociales, otros avances y reformas en materia de protección social llaman con fuerza a la puerta en estos comienzos de la tercera década del siglo XXI en España. A continuación se recogen algunos.

Los servicios sociales en España no han acabado de superar la condición residual que tenía en su día la Beneficencia. Siguen siendo configurados, presentados y vistos, en buena medida, como un último recurso para cualquier necesidad siempre que se demuestre que dicha necesidad no puede ser satisfecha de ninguna otra manera. Sin embargo, es bien diferente el concepto y modelo de servicios sociales que predomina en la comunidad de práctica y conocimiento: el de un sistema público de servicios sociales universal y centrado en la persona en el que cada ciudadana o ciudadano, en cualquier momento y circunstancia de su vida, pueda obtener los cuidados, apoyos e intervenciones profesionales que le permitan complementar y potenciar su autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. Conscientes de la crisis de cuidados, la desvinculación comunitaria y el riesgo de colapso relacional en que nos encontramos, en la reconstrucción pospandémica, se ha de impulsar como uno de los ejes principales la investigación, desarrollo e innovación para unos servicios sociales profesionalizados y digitalizados, integrados vertical y horizontalmente y cada vez más preventivos y participativos, mediante la concertación social y la alianza estratégica entre los poderes y administraciones públicas, los agentes del conocimiento y las organizaciones solidarias de base comunitaria.

El Ingreso Mínimo Vital ha empezado a ser y debe ser en mucha mayor medida una pieza clave para dar un paso decisivo en el proceso de universalización, integración (vertical entre Estado y comunidades autónomas) y agilización de la política de garantía de rentas o ingresos mínimos para la subsistencia (en gastos de alimentación, vestido y suministros, fundamentalmente) y de su interoperabilidad digitalizada con las Haciendas, aproximándose al concepto de impuesto negativo. Debe tratarse de una política decididamente proinfancia y estimuladora del empleo y cada vez más diferenciada y separada de la labor de intervención social de los servicios sociales públicos y solidarios. Una política cada vez más digitalizada y automatizada que ensamble las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social, las rentas mínimas de las comunidades autónomas y el Ingreso Mínimo Vital hasta cubrir suficiente y eficientemente todos los perfiles de necesidad. Una política basada en la evidencia que se aleje de cualquier planteamiento contraprestacional y punitivo. Una política atenta a sus efectos en los mercados de bienes y servicios en los que se utilizan los ingresos que entrega y exigente con las proveedoras presentes en dichos mercados (alimentación, ropa y energía, fundamentalmente).

La política de vivienda y urbanismo debe tener como misión garantizar a toda la población las infraestructuras físicas de alojamiento y el espacio público que le posibiliten llevar adelante sus proyectos de vida y convivencia personales y colectivos de forma socialmente cohesionada, territorialmente equilibrada y ambientalmente sostenible. El territorio y la vivienda no son meras mercancías, son derechos fundamentales y bienes de primera necesidad con un notable impacto en el disfrute de otros, como el empleo o la salud. Es urgente una apuesta decidida por ampliar considerablemente el parque de vivienda pública en alquiler (con un fuerte enfoque juvenil e intergeneracional) y por la aplicación de una mirada comunitaria a la rehabilitación y construcción de vivienda y a la estructuración del espacio público, con medidas como las reservas de suelo y los alojamientos dotacionales; la facilitación de la salida al mercado de alquiler de viviendas vacías; o las innovaciones en materia de tenencias intermedias y de formatos de convivencia y apertura de la vivienda al espacio comunitario y público.

La regulación e inversión inteligentes para la competitividad de nuestras industrias y, en general, de la economía española en el marco de la globalización ha de apoyarse en un nuevo modelo de relaciones laborales y de políticas activas que genere un tejido productivo con empleo de calidad, ambientalmente sostenible y en el que crezcan las economías solidarias, circulares y de proximidad, imprescindibles para la retención del talento y la calidad de vida en los territorios. La conciliación de la vida laboral y personal ha de ser la expresión de la sinergia entre la esfera de la vida llamada productiva y la considerada reproductiva. No hay producción y economía sostenible ni territorios inteligentes y resilientes sin un modelo equilibrado de producción y reproducción de la vida, basado en el diálogo social y orientado a la innovación tecnológica y social basadas en el conocimiento de las necesidades y en el consumo responsable y contenido y en el equilibro entre la esfera mercantil y las esferas pública, comunitaria y solidaria. Debemos impulsar desde el diálogo social un transformador círculo virtuoso entre poder sindical, calidad del empleo, versatilidad empresarial y productividad de los factores.

El Pacto de Toledo es la expresión fundamental de nuestro contrato social, de nuestra mutualización solidaria de riesgos con enfoque de justicia económica, igualdad de género y equidad intergeneracional. Nuestro sistema de pensiones y de Seguridad Social constituyen el pilar central de nuestro Estado de bienestar con interfaces críticas tanto con las políticas de empleo como con las de salud, servicios sociales, empleo y vivienda así como con los diferentes programas de garantía de ingresos y, por supuesto, con la política fiscal. Nuestro sistema de protección social ha de reforzarse y adaptarse a la sociedad de la longevidad y a los nuevos riesgos sociales asociados a la diversificación de trayectorias, hitos, circunstancias y contingencias vitales de las personas. Nuestro sistema de protección social ha de abandonar por completo su carácter patriarcal y contribuir a la emancipación y libre unión de las personas. Nuestro sistema de protección social ha de incentivar la actividad laboral y económica mediante un inteligente diseño de la compatibilidad y complementariedad entre el empleo y la percepción de prestaciones.

(Reflexiones al hilo de diversos trabajos precongresuales en partidos socialistas y varias colaboraciones con organismos multilaterales, entre ellos la OCDE, a la que pertenece la ilustración.)

“Servicios sociales especializados en exclusión social” es un oxímoron

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Según el Diccionario de la Real Academia, un oxímoron es una combinación de dos expresiones de significado opuesto, por ejemplo “silencio atronador”. Pues bien, esta entrada intentará explicar por qué cabe entender que los servicios sociales (u otros), si son especializados, no pueden serlo en relación con la exclusión (o inclusión) social y que la contribución de los servicios sociales (como la de otros servicios) a la inclusión social (a prevenir, paliar o revertir procesos de exclusión social) no corresponde a una parte especializada de los servicios sociales sino, necesariamente, a todos ellos.

Veamos. En el ámbito de las ciencias sociales y de las políticas de bienestar se ha alcanzado un notable consenso a la hora de definir la exclusión social como un proceso complejo en virtud del cual las personas se van viendo privadas del ejercicio de una serie de derechos de ciudadanía (fundamentalmente de los derechos llamados sociales). Dicho de otro modo, se entiende que el ejercicio de los derechos sociales protege frente a la exclusión social o contribuye a la inclusión social. Contar con dinero para subsistir, disponer de alojamiento, tener un empleo, formar parte de una familia o comunidad, atesorar conocimientos o gozar de una adecuada cobertura sanitaria son, entre otros, factores protectores que hacen más improbable que lleguemos a encontrarnos en una situación de exclusión social.

Los servicios sociales constituyen, por tanto, uno de los pilares de nuestro sistema de bienestar, uno de los fundamentos de los procesos y situaciones de inclusión social, una de las herramientas para prevenir, paliar y revertir procesos y situaciones de exclusión social. Como lo son los servicios educativos o los de salud, o las políticas de empleo, de vivienda o de garantía de ingresos. Lógicamente, en función de los  riesgos e itinerarios de exclusión social de cada persona, serán unos dispositivos u otros los más llamados a actuar para favorecer la inclusión social de esa persona.

¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de especialización? Por ejemplo, cuando hablamos de servicios sociales especializados para niñas y niños que no cuentan con un entorno familiar adecuado estamos indicando que, a la hora de aportar los cuidados, apoyos o intervenciones propias de los servicios sociales a esas criaturas, existe y es conveniente, disponer en cierta medida de conocimientos, capacidades, técnicas e instrumentos específicos para tal población y situación, al menos en parte, diferentes de otros conocimientos, capacidades, técnicas e instrumentos de utilidad en los servicios sociales. Pero no cabe hablar, en los servicios sociales, de especialización en relación con la exclusión e inclusión social, pues no es posible identificar ninguna parte de los servicios sociales o ningún tipo de servicios sociales que no sea, por definición, “contra la exclusión social” y “para la inclusión social”. Y lo mismo pasa con los servicios educativos, de empleo u otros.

Dice la Real Academia que, en el oxímoron, la unión de dos palabras contradictorias entre sí origina un nuevo sentido. Quizá cuando se nos habla de servicios sociales especializados en exclusión social se nos está intentando endosar la misión imposible que representa para los servicios sociales (para una parte de ellos) aceptar un encargo o encomienda que, en el mejor de los casos, está al alcance del conjunto del sistema de bienestar o incluso del sistema social en su totalidad. Con el riesgo de que finalmente acaben siendo, involuntariamente, servicios sociales para (perpetuar) la exclusión social.

(Sobre estas y otras cuestiones reflexionaremos y conversaremos mañana en el XXII Gizartegune de la Diputación Foral de Bizkaia.)

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados?

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El principal problema de las políticas sobre cuidados es precisamente que no sabemos muy bien lo que son los cuidados, es decir, que hay algún malentendido o algunos malentendidos sobre el objeto o contenido de esa política o esas políticas: sobre los cuidados. Llamemos cuidados prolongados a la acción de potenciación y complementación de su capacidad para las decisiones y actividades de la vida diaria que necesitan aquellas personas que están en una situación de limitación de la autonomía funcional para dichas decisiones y actividades, situación que previsiblemente se va a prolongar y seguramente acentuar durante el resto de su vida.

En una mirada simplista alguien puede pensar que proporcionar cuidados a esas personas es algo así como realizar movimientos que las personas no pueden ejecutar. Sin embargo, intentando capturar la complejidad del cuidado, podríamos decir que cuidar es:

  • establecer una relación (significativa, de reconocimiento, de ayuda, de confianza, afectuosa) con la persona
  • y, necesariamente, con otras personas con las que ella mantiene relaciones (más directas o más mediadas tecnológicamente) de interdependencia en sus entornos (físicos o virtuales) de vida cotidiana,
  • trabajando (por la dignidad y seguridad de la persona) para desencadenar su mayor autonomía y autodeterminación para la vida diaria,
  • y a ,a vez, complementar dicha autonomía,
  • buscando la mejor integración relacional de esa persona en esos entornos, incluso cuando quien proporciona los cuidados no está presente.

Para pensar los cuidados de larga duración nos pueden servir de referencia los cuidados de la criatura en sus primeros años de vida. La criatura recién nacida no podría sobrevivir ni unas horas si no es acogida en y por una comunidad humana, comunidad que usualmente se materializa especialmente en o a través de una familia. Como nos recuerda Xabier Etxeberria en su obra sobre la receptividad, el yo moralmente autónomo, incluso en su plenitud de capacidad, nunca es autosuficiente. Y sólo en esas relaciones de interdependencia con otras personas va esa criatura adquiriendo autonomía hasta el punto de que puede llegar a una situación en la que durante muchos años sea, básicamente, capaz de autoabastecerse de los cuidados que necesita.

Sea como fuere, en esa situación encontramos diferentes dimensiones de los cuidados: funcional, relacional, intelectual y moral. La criatura es alimentada o vestida pero a la vez es incorporada a una red de relaciones, a una nube de significados, a un mundo de sentido. Cuando en otro momento de su vida la persona vuelve a necesitar cuidados no necesita sólo o ni fundamentalmente que limpien su entorno o colaboren en su alimentación sino, sobre todo, que la ayuden a sostener y seguir desarrollando esa red de relaciones, esa nube de significados, ese mundo de sentido.

(Fragmento de la ponencia presentada en el XV Congreso Nacional de Bioética, en la foto.)

Políticas de cuidados: comunidades que cuidan (guion y ponencia)

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Los servicios de cuidado no aparecían en el Decreto del Estado de Alarma y pocos días después eran la zona cero de la pandemia. ¿En qué quedamos? ¿Son un asunto insignificante o son nuestro principal talón de Aquiles.

Pero empecemos por el principio. ¿Qué son los cuidados (prolongados)? Son una relación (de ayuda) que complementa y potencia la autonomía funcional así como otras relaciones de una persona, con sentido para la persona que recibe cuidados y la que los da. Sin embargo casi siempre nos olvidamos del bien (cuidados) y centramos la discusión política en cómo pagarlo: error.

¿Política de cuidados? Los cuidados no están entre los cinco grandes bienes canónicos de la política social, correspondientes a los cinco grandes males identificados por Beveridge: salud, educación, vivienda, empleo, subsistencia (bienes disfrutables individualmente de importante dimensión colectiva).

¿Por qué? Porque se daba por descontado un suficiente contingente de mujeres que brindarían cuidados como actividad gratuita o barata. Pero la situación ha cambiado: crisis de los cuidados (tormenta perfecta).

Para la crisis de los cuidados, tres diagnósticos (muy parecido al problema de la energía):

  1. Es un problema de que no dedicamos los recursos (que tenemos): problema de voluntad (política).
  2. No, es más complicado: no tenemos los recursos, no tenemos el mix profesional eficiente. Externalizamos, mercantilizamos, globalizamos. Es un problema de escalabilidad. De ponerle precio a todo (como a las emisiones).
  3. No. Cuantos más recursos dedicamos, cuanto más externalizamos, mercantilizamos, globalizamos, es peor, menos proporción de cuidado (tal como lo hemos definido) producimos. Es un problema de sostenibilidad: estamos quemando el tren en el que avanzamos. Estamos al límite o más allá del límite… Problema sistémico, ecológico: las externalidades se reintroducen en la ecuación: y aparece la soledad… Al límite, más allá del límite… De cantidad a cualidad.

¿La política desfigura el cuidado? ¿Estamos al borde del caos, del colapso, de la catástrofe? (Ver capítulo 6 de la serie “El colapso”.)

¿Qué propuestas hay? ¿Qué imaginarios? ¿Qué caminos o ingredientes?

  • La propuesta patriarcal-colonial.
  • La propuesta patrimonial-actuarial.
  • La propuesta corporativa-institucionalizadora.
  • La propuesta doméstica-consumerista.
  • La propuesta tecnológica-futurista.
  • La propuesta (neo)comunitaria-autogestionaria.

Victoria Camps reivindica la ética del cuidado como complementaria de la ética de la justicia y termina su libro sobre los cuidados hablando de la fraternidad. Antoni Domènech (El eclipse de la fraternidad) la entendía como emancipación compartida de personas dependientes, subalternas (como la mayoría de las cuidadas y cuidadoras) ¿Cómo serán las comunidades capaces de producir suficientes cuidados, de garantizaros como derecho y de compartirlos solidaria y sosteniblemente a escala humana?

(Guion para la intervención en el XV Congreso Nacional de Bioética. La ponencia completa puede descargarse aquí. En la foto, Antoni Domènech, fallecido en 2017.)

No sabemos producir cuidados a gran escala

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No sabemos en qué medida y de qué manera es posible articular un modelo adecuado y satisfactorio de cuidados en determinadas condiciones (tormenta perfecta) de longevidad, individualización, ocupación, cambio en los roles de género, dependencia funcional, desigualdad, alojamiento, globalización, urbanización, movilidad, endeudamiento, exclusión u otras como las que estamos viviendo. Nuestras comunidades no saben cómo proporcionar los (o tantos) cuidados de larga duración en el tipo de sociedad que estamos construyendo. Estamos haciendo varios intentos (desde intentar seguir ejerciendo el cuidado familiar (básicamente femenino) tradicional, a veces incentivándolo económicamente, hasta complementarlo o reemplazarlo por cuidado pagado en forma de servicio doméstico o de servicios sociales) pero parece que no nos sale muy bien.

Parece que, cada vez más, sentimos que los cuidados que conseguimos proporcionar son más descuidados. Frecuentemente intuimos que, cuando se produce un buen cuidado, un cuidado de calidad, un cuidado humano y humanizador, no es por nada que hayamos hecho bien políticamente, sino por azar. Parece que, cuanto más nos preocupa el cuidado y más nos ocupamos de él desde la política pública, más síntomas de insatisfacción aparecen. Se diría que la magia del cuidado aparece de la manera más insospechada. Sabemos que sería suicida fiar nuestros futuros cuidados de larga duración a la espiral del don en un marco de reciprocidad familiar intra e intergeneracional con sesgo de género pero, como comunidad política, no tenemos un modelo creíble de ecosistema de cuidados que garantice mínimamente que tengan esa calidad técnica y ese rostro humano.

Parece que desde las políticas sociales sabemos identificar esos movimientos que ya no ejecuta la persona que necesita cuidados y que debe realizar quien le cuida pero, a la vez, sabemos que el cuidado no está fundamentalmente en esos movimientos sustitutivos sino justamente en esa relación de ayuda que no sabemos cómo generar y sostener. Cuando vemos a la nueva cuidadora preparar la merienda para la persona en situación de dependencia, comprobamos que ejecuta los mismos movimientos que la anterior pero descubrimos que allá está sucediendo algo radicalmente diferente, absolutamente intangible, precisamente por el cuidado que le pone a esa preparación de la merienda y en la autorrealización que representa para ella cuidar bien. Pero no tenemos la menor idea de cómo conseguir a escala sistémica ese cuidado, ese valor añadido diferencial que apreciamos con claridad.

Ver la crisis de los cuidados como crisis sistémica supone pensar que la sinergia entre economía capitalista y protección social pública que ha servido para montar el Estado de bienestar que conocemos quizá ha empezado a revertirse en forma de juego de suma negativa. Quizá estamos poniendo al mundo al límite (o más allá del límite) en cuanto a su equilibrio sistémico desde el punto de vista económico, ecológico, emocional, político u otros. ¿Es la crisis de los cuidados un problema de producción de una mayor cantidad de cuidados o se está dando una especie de salto cuántico o salto cualitativo, un paso de la cantidad a la cualidad?

(Fragmentos de la ponencia elaborada para el XV Congreso Nacional de Bioética, próximamente en esta página web.)