Entramados de servicios profesionales de bienestar: la pelea

Banyoles

Estamos pensando en escuelas, centros de salud, servicios sociales, centros cívicos, servicios de empleo, actividades culturales, servicios de seguridad, actividades deportivas, servicios de transporte, promoción económica y otros en cuya provisión tienen especial peso los gobiernos y administraciones públicas. Forman esos entramados profesionalizados de proximidad que han ido generándose en los Estados de bienestar.

Sentimos que son importantes para nuestra calidad de vida y para la equidad y la cohesión social. Para la sostenibilidad social. Y no podemos sino entenderlos y defenderlos en clave de derechos universales, de innovación tecnológica permanente basada en el conocimiento, de responsabilidad pública, de colaboración público-comunitaria y de integración vertical (ascendiendo por los niveles jerárquicos e institucionales-territoriales) y horizontal (entre las diferentes ramas, sectores o pilares mencionados).

Para estas servidoras y servidores públicos a pie de calle (en expresión de Michael Lipsky) la referencia fundamental ha de ser la de las necesidades de las personas (sin olvidar sus expectativas) y es crucial que identifiquen, en cada una de las ramas, su bien protegible y que lo hagan en términos positivos y universales, es decir, de una forma que pueda resultar atractiva para toda la población. Como agentes de la responsabilidad pública saben que el Estado es uno de los mecanismos mediante los que las personas interdependientes satisfacen necesidades (otros son el dinero o las familias) y que el conjunto de mecanismos configuran sistemas o contratos sociales.

Esos sistemas o contratos sociales pueden ir evolucionando, adaptándose, mejorando y transformándose pero, en ocasiones, entran en crisis, sufren un colapso y se reinician. Es decir, sufren un momento catastrófico, una fuerte disrupción: guerras, catástrofes naturales, hundimiento de sectores de actividad, pandemias, determinados cambios políticos o eventos similares. En ocasiones hay síntomas que pueden avisarnos de que podemos estar acercándonos a un reinicio radical: por ejemplo dinámicas de más de lo mismo en las que cada intento que se realiza por mejorar una situación contribuye a empeorarla.

Las y los profesionales de los servicios de bienestar debemos ser conscientes de que no podemos descartar algún tipo de reinicio que nos borre del territorio o que nos reduzca a la mínima expresión y nos enquiste. No hace más de cuatro décadas que nuestro entramado organizativo es reconocible y son poderosas las miradas, las visiones y las estrategias para las que sobramos y estorbamos. Por ello, debemos redoblar nuestro compromiso profesional con la población, apostar por el conocimiento especializado, buscar mayor productividad, estructurarnos con un orden que facilite itinerarios eficientes para todas las personas y participar activa y constructivamente en la reinvención de las comunidades. Además, lógicamente, de exigir cuando proceda los recursos y estructuras necesarias para trabajar bien.

En ese contexto resultan imprescindibles unos servicios sociales relacionales que giren hacia la prevención. Que, reforzando su aportación de valor específica como cuidados, apoyos e intervenciones para la autonomía funcional cotidiana y la integración familiar y comunitaria, contribuyan a esa integración, calidad, proximidad y universalidad que fortalecerá y hará sostenibles nuestros entramados de servicios profesionales de bienestar.

(Ideas principales compartidas ayer en Banyoles, cuyo lago aparece en la foto. Se ofrecen como punto de partida para hoy y mañana en La Garrotxa.)

Líneas de reforma en políticas de garantía de ingresos

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Los tiempos pandémicos y pospandémicos nos exigen seguramente pisar el acelerador e intensificar nuestros esfuerzos en una triple línea de cobertura universal, incentivación activadora y simplificación facilitadora de las políticas autonómicas de garantía de ingresos. Lo que comenzó en los años ochenta siendo un programa de última red para situaciones graves de marginación y exclusión a cargo de los servicios sociales (con prestaciones económicas y prestaciones técnicas) ha ido evolucionando tendencialmente hacia un dispositivo universal de garantía última de ingresos para aquellas necesidades que los poderes públicos no cubren en especie (como sí hacen en salud o educación, por ejemplo).

La amplitud, intensidad, persistencia, aleatoriedad y virulencia con la que la pandemia y su abordaje han afectado y siguen afectando a los ingresos para las necesidades de subsistencia (como alimentación, vestido o suministros del hogar) de tantas personas hace ver con mucha mayor claridad (si hiciera falta) la necesidad de un aseguramiento público flexible y ágil de que nadie quedará sin poder cubrir, en última instancia, sus necesidades de subsistencia y, a la vez, un diseño tal que esa garantía de cobertura de lo necesario para la supervivencia se realicé estimulando el ejercicio de otros derechos sociales (como el derecho al empleo, a la vivienda, a la educación o a los cuidados).

De hecho, el Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, en su exposición de motivos, aboga por “un modelo de política social construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias evitando redundancias, contradicciones e inequidades”.

La pandemia, en realidad, no sólo imprime aceleración a esta necesidad y oportunidad de integración entre fiscalidad y garantía de ingresos sino que, al propulsar la digitalización de los flujos financieros y al propiciar una transformación radical de los arreglos de las políticas monetarias y de los conceptos de déficit, deuda y similares, crea un contexto favorable para esa visión integral de la Hacienda pública. La digitalización, por cierto, ofrece posibilidades inéditas incluso de reconceptualizar el dinero en la medida, por ejemplo, que puede fácilmente ser dinero que sólo pueda gastarse para determinados fines. Las posibilidades de automatización y trazabilidad de los flujos de dinero han de ser aprovechadas.

En ese contexto parece procedente que las reformas de los sistemas autonómicos de garantía de ingresos se configuren con la capacidad, interfaces y flexibilidad adecuadas para interoperar e integrarse mejor verticalmente con el Ingreso Mínimo Vital y con las políticas fiscales y horizontalmente con la política de vivienda y con otras. De igual modo, para lograr los deseados incentivos y sinergias inclusivas, la relación entre las políticas de garantía de ingresos y otras habrá de ir en la línea de relajar condicionalidades y controles que no han demostrado ser eficaces ni eficientes.

(Fragmento adaptado de una entrada que puede encontrarse completa hoy en el blog Llei d’Engel.)

La participación social de las personas mayores

Txema

Resumiéndolo en muy pocas palabras y sin matices, diríamos que la oferta de las instituciones para la participación social de las personas mayores se comprende, fundamentalmente, desde el paradigma del envejecimiento activo, que podría ser visto como la propuesta que se ha venido haciendo desde las Administraciones del bienestar a las llamadas clases pasivas con un cierto paternalismo y clientelismo en algunas ocasiones. Desde el punto de vista institucional ha venido siendo y es una realidad confusa, ya que, frecuentemente (como otras organizaciones del tercer sector), aunque tiene una forma jurídica de asociación autogobernada, su funcionamiento y financiación dependen en gran medida del sector público. Por último, como parte que son de una sociedad patriarcal, hemos de reconocer que estas iniciativas no han estado exentas de machismo en su funcionamiento y conducción.

La crisis de este modelo puede deberse a tres factores principales:

  • La revolución de la longevidad, que supone, conlleva y determina una gran diversificación de perfiles dentro del segmento de las personas mayores: diferentes edades y también capacidades e intereses.
  • El proceso de individualización, que ha transformado y sigue transformando fuertemente los entramados familiares y comunitarios, desvinculando a las personas, mercantilizando sus relaciones y diversificando sus trayectorias vitales.
  • La emergencia de la soledad y de la crisis de los cuidados como problema social y marco de referencia para las preocupaciones de las personas mayores y las políticas en relación con ellas.

En ese contexto cabe decir que nuestros tradicionales centros sociales de personas mayores se quedan un poco en tierra de nadie: demasiado asistenciales para algunas personas y contextos y demasiado poco para otras, por decirlo con una frase sintética y de brocha gorda.

Y, en todo caso, seguramente hemos de aceptar que la oferta para la participación social de las personas mayores, como otros dispositivos sociales coetáneos, está atravesada por fuertes tensiones que, hoy y aquí, se dan entre las generaciones, entre Administración y ciudadanía, entre profesionales y legos, entre tecnología y humanidad y, en definitiva, entre humanidad y entorno. Tensiones que parecen tener las características de los dolores de parto que esperamos que alumbren nueva vida pero que, en el mientras tanto, producen sufrimiento y zozobra. Tensiones que hacen que frecuentemente nuestras decisiones, movimientos o iniciativas desencadenen efectos opuestos a los deseados y agraven los problemas que queríamos resolver, metiéndonos en espirales de burocratización, desmotivación, desorientación, alienación o destrucción. Tensiones que, en todo caso, nos estimulan para seguir pensando, aprendiendo, disfrutando, trabajando y compartiendo.

(Fragmento adaptado del texto preparado para el curso de verano organizado por Euskofederpen para el próximo miércoles, día en el que se colgará en esta web el documento completo. En la foto, tomada de Deia, Txema Odriozola, líder de Euskofederpen en los pasados años.)

Servicios sociales y pacto intergeneracional

maximo-aubixa

Obviamente, el pacto intergeneracional en nuestra sociedad no está escrito en ningún lugar específico. Sin embargo, podemos identificarlo y describirlo fijándonos, por ejemplo, en las leyes, en las políticas públicas o en los comportamientos de las personas, tanto en el seno de las familias como en el conjunto de la sociedad. Ese contrato social intergeneracional nos dirá qué se espera de cada generación y qué puede esperar cada generación, en cada momento y a lo largo del tiempo. Por definición, el pacto intergeneracional ha de aspirar a perdurar.

Para empezar, en el interior de las familias existe una obligación legal (además de moral) de atención y, específicamente, de cuidado tanto descendente como ascendente, en una suerte de reciprocidad diferida o diacrónica. Ahora bien, no cabe duda de que en este momento se nos plantea con urgencia el desafío de reinterpretar esa obligación superando los sesgos y desequilibrios de género, de clase, de origen y de capacidad con los que se ha ejercido, más onerosos e insostenibles cada día que pasa.

En ese momento, desde las familias, se mira al conjunto de la sociedad y ésta, seguramente, se encuentra ante un riesgo de conflicto intergeneracional que lleve a juegos de suma cero o de suma negativa en la medida en que, tanto en el interior de las familias como en el conjunto de la sociedad, cada generación haga un uso de sus prerrogativas que vaya en detrimento de las otras. Específicamente, hoy y aquí, la generación del baby boom, sin duda, tiene una importante responsabilidad que no sería inteligente ni justo intentar, sin más, endosar a las siguientes.

Desde algunos foros y focos de la política social, la respuesta que se intenta articular es la de un Estado de bienestar más predistributivo: frente a una concepción clásica del sistema de protección social que actúa, básicamente, cuando las familias y los mercados ya han dado todo lo que pueden de sí, un enfoque innovador de la inversión social que pretende regular (e impactar cuanto antes en) la formación y funcionamiento de las capacidades individuales y colectivas.

En ese marco, los servicios sociales constituyen seguramente una pieza clave, fundamentalmente, porque tienen el encargo histórico de hacerse cargo por defecto de aquellos cuidados infantiles o de larga duración que desbordan las capacidades de las familias, seguramente el problema social más emergente en estos momentos. El carácter residual y reactivo de nuestros servicios sociales resulta cada vez más disfuncional y está desencadenando crecientes ineficiencias en las propias familias y en otros sistemas sociales. Por ello, la innovación tecnológica y social y la apuesta política y presupuestaria deben ofrecer pistas convincentes de futuro cuanto antes.

(Sobre este asunto se hablará hoy y mañana en un curso de verano de la Universidad del País Vasco organizado por Aubixa Fundazioa. En la fotografía, tomada de la web Etorkizuna Eraikiz, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Máximo Goikoetxea, ya fallecido, impulsor de Aubixa y del pacto intergeneracional. La presentación-esquema de 3 diapositivas que se utilizará se puede descargar aquí y el texto de referencia, de 10 páginas, se encuentra aquí.)