La respuesta a las necesidades de las personas en nuestras sociedades se estructura por industrias o sectores de actividad, entendidos como entramados de organizaciones que son capaces de posicionarse (de forma directa o indirecta) ante la población y lograr sus preferencias. Dichos sectores económicos son configurados, en un determinado entorno regulatorio, por cadenas de valor (secuencias de actividades), apoyadas en tecnologías y cualificaciones profesionales, en las que interactúan diversos agentes y, además de responder a las necesidades mencionadas, desencadenan otros efectos que contribuyen a su sostenibilidad, como son la generación de empleo, la creación de riqueza privada y pública o la producción de bienes intangibles, como la identidad.
Las industrias, como la siderúrgica, la cinematográfica, la turística o la automovilística, o diferentes sectores dentro de ellas, viven procesos de emergencia, desarrollo, madurez y declive, que pueden derivarse de cambios demográficos, tecnológicos, climáticos, políticos o de otros tipos. En ocasiones, todo un sector de actividad entra en decadencia y, debido a la importancia de los efectos negativos que su destrucción desordenada puede tener en la satisfacción de algunas necesidades, en la estructura laboral y económica o incluso en la autoestima de la población de un territorio, las autoridades políticas se plantean liderar un proceso de reconversión de ese sector o industria.
El sector de los servicios sociales que se ha configurado en España a lo largo de varias décadas puede ser visto como un sector que, sin acabar de desarrollarse y madurar, tiene altas probabilidades de entrar en declive, de desmoronarse. Sus líderes, ubicados en las administraciones públicas, suelen mirarse en el espejo del sector sanitario y pensar que tendrán una evolución similar en términos de universalización de un importante conjunto de prestaciones y estructuras públicas y amplio aprecio por parte de la ciudadanía, pero quizá no son suficientemente conscientes de las importantes y crecientes distancias entre ambos sectores, especialmente en lo referente a la cualificación de sus profesionales, la investigación científica y la innovación tecnológica, factores seguramente determinantes en el posicionamiento a los ojos de la población.
La burocratización de las estructuras públicas de los servicios sociales las hace fácilmente reemplazables por estructuras administrativas de otros sectores, máxime si éstas les ganan la partida de la digitalización. Por otra parte, los dispositivos de provisión de servicios sociales personales (frecuentemente en manos de la iniciativa privada o social), dada la frágil e instrumental relación que mantienen con las administraciones públicas, pueden fácilmente reubicarse y readaptarse en otros sectores de actividad (como el sanitario, el de la seguridad, el del alojamiento o el del trabajo doméstico), que pueden ser vistos como más interesantes para abordar determinados riesgos o retos sociales por parte de las decisoras políticas o la población, máxime en la medida en que se apliquen fórmulas flexibles como, por ejemplo, los presupuestos personales o los cheques servicio.
La generación que construyó nuestro (proyecto de) sistema público de servicios sociales, esa que se jubilará en los próximos quince años, tiene, posiblemente, la responsabilidad de plantear con claridad la necesidad de una reconversión industrial o global de nuestro sector. El reto, seguramente, no está en el crecimiento o aseguramiento de las actividades que realizamos y de los servicios que ofrecemos sino en una ambiciosa operación de transformación de nuestras atenciones, intervenciones, tecnologías y cualificaciones para ponernos a la altura de los cambios en las expectativas de las personas, en las dinámicas comunitarias, en el mundo del conocimiento y en el diseño de políticas.
(Reflexiones en y tras la reunión del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de España y de cara a los encuentros de la semana que comienza en Dincat, Esquerra Republicana de Catalunya, Provivienda y los servicios sociales del Consell Comarcal de l‘Alt Penedés y del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés. La fotografía corresponde al horno de calcinación que, en la plaza Saralegi de los “barrios altos” de Bilbao, da testimonio de su pasado minero.)
