Los resultados electorales de Madrid y nuestro pensamiento sobre políticas sociales

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Posiblemente quienes trabajamos en el ámbito de las políticas sociales tendemos a sobreestimar la importancia de nuestras prestaciones y servicios públicos de bienestar en la satisfacción con su vida que tienen las personas y en su percepción del contrato social en el que están inmersas, en función de la cual toman decisiones y, entre otras, la de su voto en las elecciones políticas.

Quizá nos juega una mala pasada nuestra edad y nuestra posición en el entramado laboral y residencial y damos una excesiva importancia a la seguridad frente a determinados riesgos que ofrecen los poderes públicos. Y no reparamos en determinada gente de otras edades, en personas que viven y trabajan en otros sitios y para quienes esas seguridades no son más que una quimera lejana.

Acaso, por nuestra trayectoria académica, profesión y empleo, dedicamos bastante tiempo al procesamiento de información escrita, científica y técnica, al raciocinio y la deliberación crítica, menospreciando, quizá, determinados saberes, prácticas, hábitos, pertenencias, malestares, aficiones, vínculos, valores, deseos, ilusiones, temores y emociones que consideramos, posiblemente, demasiado básicas o primarias y, quizá, inapropiadas o injustas.

Seguramente sentimos un gran apego por logros en los que hemos participado y no somos suficientemente conscientes de sus deficiencias y deterioros, de sus desajustes tras ciertos cambios sociales. De sus sesgos de género, de edad, de clase, territoriales. De la rigidez burocrática e impersonalidad digital con que se producen en ocasiones. De su frecuente paternalismo, autoritarismo, clientelismo o moralismo.

Igual sucede que creemos mantener planteamientos alternativos mientras se nos percibe como parte del sistema establecido. Que estamos más del lado del conformismo que de la innovación. Que la vivencia de la pandemia y la perspectiva del colapso cuestionan la intangibilidad de lo logrado y construido hasta el momento que suponemos. Que nos interesa mirar para otro lado para no ver que nuestro modo de vida no es universalizable ni sostenible, seguramente. Que no está claro a quién agrupa la primera persona del plural en nombre de la que hablamos.

Quizá por eso nos descolocan especialmente el discurso, el talante, los anclajes y los intereses que han articulado una amplia mayoría en las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid.

Mi REPS (agradecimiento personal a una comunidad de pensamiento, afectos y acción)

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Es inevitable que cada miembro de una organización recuerde y reconozca una parte de su historia colectiva, hasta cierto punto, diferente de la que rescatan y proyectan otras personas partícipes de esa misma trayectoria compartida. Por eso me atrevo aquí hoy a hablar en primera persona del singular, con alegría, gratitud e ilusión, de “mi” Red Española de Política Social. También con un poco de orgullo, es verdad.

Y comenzaré diciendo que conservo un correo electrónico enviado por Luis Moreno a Ana Marta Guillén el 30 de julio de 2008 a las 14:37 horas, proponiendo la constitución de la rama española de ESPAnet. En copia aparecemos una treintena de personas y, entre otras, Manuel Aguilar, José Adelantado, Ana Arriba, Luis Ayala, Demetrio Casado, Eloisa del Pino, Manuel Pérez Yruela, Maite Montagut, Gregorio Rodríguez Cabrero, Margarita Leon, Luis Sanzo, Begoña Pérez Eransus o Joan Subirats. Un mensaje posterior, de 28 de noviembre, firmado por Ana Guillén, Luis Moreno y Miguel Laparra, y dirigido ya a más de 100 personas, representa el banderazo de salida de nuestra Red.

Releo esa lista de nombres y pienso aquello de “¿qué hace un chico como tú en un sitio como éste?”. Fundamentalmente, porque la mayoría de esas personas son profesorado universitario. No siendo parte de la tribu académica, en la REPS, sin embargo, siempre me he sentido acogido, reconocido e impulsado. Seguramente porque las académicas y académicos de la REPS y ESPAnet tienen especial interés en lo que pasa fuera de los muros de sus facultades.

Y empezaron los congresos: Oviedo, Madrid, Pamplona, Alcalá de Henares, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. Y la fortuna del encuentro con personas como José Antonio Noguera, Alessandro Gentile, Lucía Martínez Virto, Pau Mari-Klose, Germán Jaraíz, María José Aguilar, Miguel Ángel Manzano, Raquel Buján, Emmanuele Pavolini, María Silvestre, Xabier Aierdi, Bea Cantillon, Ricard Gomà, Joseba Zalakain, Tine Rostgaard, Quim Brugué, Sara Moreno, Víctor Renes y muchas otras, que no menciono aquí para no alargar excesivamente esta entrada.

La REPS, durante estos años, ha venido estudiando las políticas sociales, ha constituido un espacio amigable de conversación y debate sobre ellas y ha tenido y sigue teniendo influencia sobre el diseño y la implementación de las políticas públicas de bienestar realmente existentes. Para mí ha sido y sigue siendo un ámbito amable, interesante y estimulante para el análisis y la construcción de unas mejores políticas sociales. En definitiva, de una sociedad mejor.

Y hoy comienza en Bilbao el octavo congreso de la Red Española de Política Social. La pandemia lo hace distinto y, a la vez, más necesario que nunca, para alumbrar el futuro. Por ello estoy seguro de que, con mascarillas y videoconferencias de por medio, nuestra comunidad de práctica, conocimiento e innovación volverá a encontrarse con muchas ganas y a conjurarse de nuevo, como dice el lema elegido, por unas políticas sociales que sirvan para cuidar la vida, garantizar la inclusión y convivir en diversidad.

Escenarios de futuro en cuidados de larga duración

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Un modelo de cuidados de larga duración es una combinación de elementos como:

  • un modelo de atención (contenidos y características de los servicios y prestaciones que reciben las personas),
  • un modelo de prescripción (quién decide que se atienda o intervenga),
  • un modelo de gestión (quien contrata a las personas que cuidan) y
  • un modelo de financiación (todo esto quién lo paga).

Identificamos tres tipos ideales a los que podría parecerse nuestro futuro en materia de cuidados de larga duración:

1. En el modelo corporativo pesarían más los intereses de los principales colectivos organizados que participan en los cuidados de larga duración y, fundamentalmente, los de las grandes y medianas empresas proveedoras (con o sin ánimo de lucro) y los de las trabajadoras y trabajadores de menor cualificación y más numerosos organizados en sindicatos.

Se trataría, básicamente, de una continuidad o profundización natural del modelo actual: servicios básicamente reactivos de bajo valor (tecnológico, económico y social) añadido para públicos relativamente cautivos y desempoderados. Los servicios sociales se podrían ver aquí como un negocio complementario de otros (como el inmobiliario).

2. En el modelo consumerista los poderes y administraciones públicas se desembarazarían de la provisión (directa o indirecta) de servicios y se configurarían como aseguradoras que dan un dinero (pago directo, cheque-servicio o presupuesto personal) a cada persona en función de unos requisitos más o menos objetivos y luego las personas y familias se buscan la vida en los mercados de los diferentes servicios o apoyos.

Es un modelo atractivo para las responsables políticas y otros agentes que perciben los inconvenientes del actual modelo mixto que, dicho coloquialmente, no es ni carne (gestión pública directa, como en la sanidad) ni pescado (toma el dinero y corre, como en las pensiones). Por otra parte, es una reivindicación histórica de movimientos de personas con discapacidad física u otros sectores.

3. El modelo comunitario sería el que, en teoría, defiende la mayor parte de comunidad de conocimiento y de los movimientos organizados de personas profesionales y de la ciudadanía usuaria de los servicios. Se basaría en un modelo de atención preventivo y poblacional, así como en la innovación tecnológica, social y política para la sostenibilidad de la vida en el territorio.

Este modelo sólo parece factible con una (improbable) apuesta política significativa por el fortalecimiento técnico y organizativo de la atención primaria del sistema público de servicios sociales (que genere capacidad y legitimidad para la prescripción facultativa) en un marco de integración intersectorial de la atención entre las diferentes ramas del sistema de bienestar con terminales territorializadas (como salud, servicios sociales, empleo, garantía de ingresos o vivienda, entre otras).

Lógicamente, cabe imaginar diferentes mezclas entre estos escenarios.

(Notas en el marco de un trabajo con el grupo cooperativo Servicios Sociales Integrados.)

Políticas sociales al borde del colapso: el diseño (también) importa

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La encrucijada estratégica de nuestras políticas sociales viene determinada en buena medida por el creciente y cada vez más insostenible desajuste o desacoplamiento sistémico entre ellas y la sociedad que han contribuido a forjar.

En nuestro entorno, la historia en las últimas décadas de políticas sociales de servicios universales (como la sanitaria o la educativa) o de prestaciones económicas (altamente) contributivas (como la de pensiones) es una historia de éxito y es una historia sin la que no se pueden explicar cambios sociales tan relevantes como los que tienen que ver con la longevidad, la incorporación de muchas mujeres al mercado de trabajo, el avance del enfoque de derechos o la digitalización y facilitación de numerosas actividades. Cambios, que, sin embargo, representan un desafío de enorme complejidad para esas mismas políticas sociales, desafío al que, seguramente, no se puede responder, sólo o fundamentalmente, con más de las mismas políticas sociales.

En esa encrucijada estratégica, cabe proponer una visión que apueste por:

  • Intentar construir los servicios sociales como otra gran rama de servicios públicos (de cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones) universales, con la interacción (autonomía funcional e integración relacional, cotidianas) como bien a promover y proteger.
  • Desgajar de los servicios sociales el fragmento residual de garantía de ingresos para la subsistencia material que siguen conteniendo y trabajar para integrar éste en un pilar universal (muy digitalizado) de seguridad económica (junto con las pensiones contributivas, las deducciones fiscales y otros componentes).
  • Estructurar las políticas referidas a colectivos poblacionales (por señas de identidad de género, generacional, funcional o cultural) o a la relación entre colectivos poblacionales (intergeneracional, intercultural u otras) como políticas transversales que, en la proximidad territorial, se integren como acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa.
  • Generar más y mejores sinergias entre el sistema de políticas profesionalizadas e institucionalizadas y el mundo de la vida de los cuidados y relaciones de ayuda mutua y voluntaria entre personas en la vida diaria y cotidiana en los vecindarios y el espacio público, de modo que el ejercicio de la autoridad pública y la intervención técnica no socave sino que fortalezca los apoyos que las personas nos proporcionamos en claves de gratuidad y reciprocidad y en las economías del procomún colaborativo.
  • Ensamblar las políticas sectoriales y transversales en un modelo integrado, ligero, flexible y homogéneo (similar en los diferentes niveles) de gobernanza multinivel intersectorial e interseccional de las políticas sociales, de modo que las instituciones públicas y el conjunto de agentes puedan ofrecer respuestas más ágiles y pertinentes.

Esta visión y apuesta de diseño y desarrollo de políticas sociales basados en el conocimiento y la innovación se realizan desde la observación (más evidente en la pandemia) de situaciones y riesgos de saturación y colapso de diferentes subsistemas de la vida social, que desaconsejan (en lo técnico, en lo económico y en lo político) meras estrategias de crecimiento inercial y acumulativo y parecen inspirar otras de emprendimiento, experimentación, deliberación, evaluación y transparencia que posibiliten mejores procesos de escalamiento y desescalamiento de las políticas sociales.

(Reflexiones compartidas en 2020 en trabajos de asesoramiento y consultoría con el Ayuntamiento de Getxo, el Gobierno de Cantabria, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de La Rioja, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Madrid, la Diputación de Barcelona y el Gobierno Vasco/Consejo Económico y Social Vasco.)

Revisar y reforzar el contrato social intergeneracional, hoy más necesario que ayer

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La idea de contrato social es una metáfora que intenta reflejar acuerdos entre segmentos sociales con intereses diversos que construyen equilibrios que hacen posible la convivencia, el funcionamiento y el progreso en la sociedad. Si bien ha sido frecuente referirse a los arreglos entre las personas trabajadoras por cuenta ajena y las propietarias de los medios de producción, nuestras sociedades se caracterizan por una fragmentación y polarización que genera, también, otras líneas divisorias entre otros relevantes grupos de interés.

El aumento de la esperanza de vida incrementa la diversidad generacional, es decir, el número de generaciones que conviven en un determinado momento histórico y, tendencialmente, las diferencias y desigualdades entre esas distintas generaciones. Por otra parte, el envejecimiento poblacional supone que el colectivo de las personas mayores represente un porcentaje mayor de la población, es decir, otorga a quienes estamos envejeciendo un peso relativo superior en la sociedad y, específicamente, en sociedades democráticas, en los electorados.

Si bien el contrato social de la sociedad industrial se centraba en las condiciones del empleo y en su remuneración, diferentes cambios y desarrollos sociales han conducido a una situación de diversificación de los ámbitos y los contenidos a considerar en los contratos sociales entre los diversos segmentos sociales. En ese contexto, más y más asuntos se van incluyendo en la agenda de las políticas públicas y constituyendo contenidos importantes de los contratos sociales. Seguramente, en nuestro entorno, en este momento, uno de los retos principales de las políticas públicas es, precisamente, el de contribuir a sostener, reinventar y complementar la norma social de reciprocidad diferida en el cuidado familiar, según la cual descendientes se implican en el cuidado de quienes les cuidaron.

Si bien la actual pandemia está afectando más a las generaciones mayores, por la mayor vulnerabilidad de su salud, las medidas para hacerle frente, posiblemente, están impactando y van a impactar más negativamente en las generaciones jóvenes, en parte, al menos, por el sesgo generacional que tienen algunas de nuestras políticas públicas (como la de garantía de ingresos, la sanitaria o la de vivienda, por ejemplo), que, hoy y aquí, tienden a beneficiar más a las personas mayores.

Se acentúa, por tanto, la necesidad de una conversación pública sobre el pacto intergeneracional.

 

(La fotografía, de octubre de 2019, se inscribe dentro del trabajo de Aubixa por el pacto intergeneracional.)

Transversalidad, diversidad, acción comunitaria e interseccionalidad

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Los colectivos poblacionales que se han autoidentificado y empoderado; que han ido generando reivindicaciones, intervenciones y políticas transversales y que han reivindicado e impulsado la igualdad, la universalidad, la inclusión y la no discriminación en todos los ámbitos sectoriales (como educación, vivienda o empleo) han ido adoptando el discurso de la diversidad, en el cual se identifica un elemento en relación con el cual se dan múltiples diferencias, como, por ejemplo, sexo, edad, capacidad u origen (Novy y Weinzierl, 2020).

En la sociedad industrial heteropatriarcal, el mecanismo por excelencia para la gestión de la diversidad era la familia. La diversidad de género era reducida a la diferencia entre los hombres y las mujeres heterosexuales, cuyo encuentro se producía en el matrimonio para toda la vida y en la división sexual del trabajo. División sexual del trabajo que, mediante la dependencia económica de las mujeres y su obligada asunción del trabajo de cuidados, constituía la herramienta para la gestión de la diversidad generacional y funcional, en la medida en que las mujeres adultas se ocupaban de las criaturas o de las personas (habitualmente mayores) que no podían valerse por sí mismas (Pérez-Orozco, 2014). En un contexto en el que apenas se reconocía la diversidad cultural.

Sin embargo, diversos cambios y luchas sociales nos van conduciendo a sociedades en las que se incrementa la diversidad de género, generacional, funcional y cultural y en las que, obviamente, la cambiante familia no puede ser vista como el contenedor para el manejo de dicha diversidad. Hay que explorar, entonces, entre otras, las virtualidades de la comunidad y de la acción comunitaria (Baldwin y King, 2018).

El concepto de comunidad, por oposición al de sociedad, nos habla de redes de relaciones primarias (como las familiares, de amistad, de convivencia o vecinales) o, en todo caso, de especial afinidad o proximidad. La interdependencia de las personas a través de los vínculos comunitarios en los territorios es objeto de especial interés en el contexto de un cambio de época (Gomá, 2016) en el que fenómenos como la transición demográfica, la globalización económica, la segregación territorial, la revolución tecnológica y la emergencia ambiental obligan a las políticas públicas y, en especial, a las políticas sociales a buscar innovaciones que posibiliten la sostenibilidad de la vida en claves de equidad en los cuidados, economía circular y kilómetro cero (Max-Neef, 1998).

Todas las políticas sectoriales que proveen bienes y servicios de primera necesidad deben contemplar respuestas ágiles para la necesidad o urgencia individual (habitacional, económica, energética, sanitaria o de movilidad, por ejemplo) pero en todas ellas se sabe que hay que ir aguas arriba, hacia las causas y hacia las causas de las causas, en abordajes colectivos, comunitarios, preventivos, poblacionales y ecológicos que tienden a ser menos sectoriales y más intersectoriales y a encontrarse e hibridarse con las políticas transversales (Zapata-Barbero, 2009) y la acción comunitaria general o integral.

En la protección y promoción de cualquiera de los grandes bienes de los que se ocupan las políticas sectoriales cabe identificar ese continuo que va desde la asistencia o atención, más individualizada o personalizada, más sectorial, a las personas o las familias hasta esos abordajes más poblacionales, preventivos, comunitarios, ecológicos, estructurales y transformadores. Más intersectoriales y transversales. Cada vez que tememos que el coronavirus sature las UCI, corremos aguas arriba y damos normas generales de comportamiento en la convivencia comunitaria.

La perspectiva de la interseccionalidad nos ayuda a percibir los paralelismos y concomitancias entre los procesos de discriminación, maltrato y violencia de los que son objeto miembros de diferentes colectivos con diversas señas de identidad y entre sus luchas por la igualdad en diversidad. Y nos ayuda a dejar de percibir esos colectivos como inmutables compartimentos estancos (Ayuntamiento de Terrassa, 2019).

Referencias

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA (2019): Guía para incorporar la interseccionalidad en las políticas locales.

BALDWIN, Cathy y KING, Robert (2018): Social sustainability, climate resilience and community-based urban development. What about the people? New York, Routledge.

GOMÁ, Ricard (2016): “Exclusión y políticas públicas: la construcción colectiva de la inclusión social” en MORATA, Txus (coordinación): Pedagogía social comunitaria y exclusión social. Madrid, Popular, páginas 33-45

MAX-NEEF, Manfred (1998): Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Barcelona, Icaria.

NOVY, Andreas y WEINZIERL, Carla (2020): “Negotiating diversity and equity” en OOSTERLYNK, Stijn y otras (edición): Local social innovation to combat poverty and social exclusion. A critical appraisal. Bristol, Policy Press, páginas 137-160.

PÉREZ OROZCO, Amaia (2014): Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid, Traficantes de Sueños.

ZAPATA-BARRERO, Ricard (2009): Políticas de ciudadanía. Discurso público sobre la gestión local de la diversidad. Barcelona, Diputació de Barcelona.

(Adaptación de algunos contenidos compartidos en el proceso de elaboración del marco conceptual del Departamento responsable de políticas sociales de la Diputación de Barcelona que se recoge en una publicación que puede encontrarse aquí.)

Buenas prácticas para la integración entre intervención social e intervención habitacional y urbanística

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A partir de planteamientos teóricos en torno a la diferenciación e integración de las intervenciones y políticas públicas de servicios sociales y de vivienda y urbanismo (clicar para ver entrada reciente con Laura Guijarro en el blog Llei d’Engel), se plantea la conveniencia de identificar algunos ejemplos de experiencias de buena práctica al respecto. Se han escogido algunas (clicar en cada una) que resultan próximas, por conocimiento o participación más o menos directa y por proximidad geográfica:

Las superilles socials (supermanzanas sociales) pueden ser presentadas como forma de concepción y organización de servicios sociales domiciliarios referenciada a un conjunto de manzanas de la trama urbana, posibilitando los cuidados y la sostenibilidad de la vida en los vecindarios, las comunidades y los territorios.

El Criterio Interpretativo del Principado de Asturias sobre los Alojamientos Colaborativos, elaborado conjuntamente por áreas de servicios sociales y de vivienda, es un intento pionero de regular normativamente experiencias de cohousing (senior, usualmente).

El Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) ha elaborado una guía para la Elección de viviendas accesibles y reformas pro accesibilidad, para información y asesoramiento a personas con discapacidad y mayores, dentro de su línea de trabajo de apoyo a la planificación del proyecto de vida personal, tanto desde el acompañamiento social como desde el asesoramiento residencial.

Urbanbat viene trabajando la Arquitectura de los Cuidados, con especial atención a la perspectiva de género, en procesos de diseño, participación, formación y debate para la construcción y el desarrollo de ciudades y viviendas que faciliten el cuidado y la equidad en los cuidados.

Los Servicios Sociales del Nansa (Cantabria) constituyen un ejemplo de innovación en el diseño, implementación y coordinación de servicios sociales, adaptados a un entorno rural y disperso, facilitando la atención a las personas, su calidad de vida y su continuidad en su medio natural.

El modelo Housing First (presentado en el artículo por Joan Uribe) se está llevando adelante, por ejemplo, en una alianza entre Hogar Sí y Provivienda y representa una mirada diferente a la tradicional en lo que tiene que ver con la articulación entre el alojamiento y la intervención social en los procesos de inclusión social.

Las experiencias de alojamiento intergeneracional abordan, desde las relaciones primarias de convivencia, intentos diversos de respuesta sinérgica a distintas necesidades y problemas sociales, logrando impactos en términos, por ejemplo, de inclusión residencial y prevención de la soledad no deseada.

Projekta Urbes ha desarrollado herramientas tecnológicas para la monitorización y promoción de paseos urbanos. Se trata de un ejemplo de la utilización de tecnologías digitales en el espacio público para facilitar y promover las relaciones primarias y el desenvolvimiento autónomo de las personas.

El movimiento de ciudades amigables con ejemplos como Donostia Lagunkoia o Activa tu Barrio (del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), incorpora la participación de los servicios sociales, las políticas de vivienda y urbanismo y otras (este último vínculo lleva a la web Berrituz, en la que se pueden encontrar otras buenas prácticas).

En la página web de Fundación Pilares, entre otras, encontramos una experiencia de codiseño de entornos para la accesibilidad universal en la que personas que van a ser usuarias de determinados entornos participan en su diseño, en aplicación del modelo de atención centrada en la persona.

La experiencia de la Oficina del Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla es la de la gobernanza de la intervención intersectorial en un territorio y con una población con necesidades especiales, siendo las áreas de servicios sociales y de vivienda, urbanismo y convivencia dos de los puntales del trabajo.

Las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, presentadas en esta entrada de blog por Paisaje Transversal, son un ejemplo de planeación territorial integral que intenta tener en cuenta la diversidad de agentes y de usos del territorio, con un intento de superar una visión tradicional de mera previsión de reserva de suelo para equipamientos dotacionales para servicios sociales clásicos.

El Modelo Inclúe, entre otros proyectos, muestra la trayectoria de Emaús Galicia en la construcción de alianzas y conocimiento que ayuden a combinar los ingredientes de la intervención social, la comunidad, la vivienda, el territorio y otros en los procesos de inclusión social.

El Observatorio de la Realidad Social de Navarra corresponde a un Departamento (antes Vicepresidencia) que tiene, entre otras, las responsabilidades sobre vivienda y sobre servicios sociales, lo que puede facilitar la gobernanza de la integración horizontal intersectorial entre esas dos ramas del sistema de bienestar y también con otras.

(La ilustración está tomada del blog Llei d’Engel, en el que está publicada la entrada que da origen a ésta.)

¿Cómo se justifica la intervención pública?

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En sociedades como las nuestras, en las que las tecnologías basadas en los avances científicos han adquirido notable relevancia, la especialización profesionalizada gana valor ante la ciudadanía. Si pensamos en las diferentes necesidades a las que cada persona vamos dando respuesta a lo largo del día, podemos constatar cómo es cada vez mayor, para cada una de ellas, la cantidad y complejidad de conocimiento especializado que media dicha satisfacción de necesidades en cada uno de los casos.

En ese contexto, probablemente, pierde cierto peso relativo el debate acerca de si esa estructura tecnificada que dará respuesta a nuestras necesidades será comunitaria, pública, solidaria o mercantil. Claro que nos importa si determinada atención nos la dará el Estado, una compañía, la familia o una asociación, pero asumiendo antes, seguramente, que sea suficientemente idónea a la luz del mejor conocimiento científico disponible.

Esta situación parece favorecer que la ciudadanía, en diferentes lugares, acepte distintos arreglos para diversas ramas de actividad o tipos de necesidad. Así, por ejemplo, en nuestro entorno, gozan de gran aprecio los servicios sanitarios de gestión pública directa, a la vez que se suele aceptar que sean empresas mercantiles las que extiendan las redes de telecomunicación y se prefieren los permisos parentales a los cuidados profesionales para las criaturas recién nacidas. Dentro de una misma rama de actividad, diferentes eslabones de las cadenas de valor o niveles de responsabilidad pueden estar en distintas manos, en términos de sector institucional o tipo de agente.

Desde una visión económica convencional, cabría decir que la dificultad de que un bien pueda ser disfrutado libremente por parte de cada individuo (y de que pueda excluirse a otro de su disfrute) haría más probable que ese bien pueda ser tratado como bien público y sometido a la autoridad política (más o menos basada en el conocimiento científico). Se diría que en la naturaleza de ese bien hay algo estructuralmente colectivo. Por eso hay más calles públicas que camisas públicas, podemos decir.

Desde una visión política democrática, por otro lado, tendemos a pensar que la provisión pública se asocia a valores como la universalidad y la equidad en el acceso a los bienes más necesarios (o de primera necesidad). Por eso, desde ese punto de vista, preferimos vivir en un lugar en el que el acceso a la operación quirúrgica de apendicitis o al apoyo a las familias al cuidado de criaturas no dependa de que lo puedas comprar, por mucho que su funcionamiento parece avenirse, técnicamente, con facilidad, a un uso particular y excluyente.

La revolución digital, por otra parte, con sus estrategias de integración vertical y horizontal y sus modelos de negocio y escalabilidad, transforma de manera notable todo este panorama, desde el momento, por ejemplo, en que permite qué valiosos y complejos productos y servicios sean, hasta cierto punto, gratuitos y altamente accesibles, generando, sin embargo, negocios privados de gran envergadura.

Posiblemente, en este momento, el gran desafío cognitivo, organizativo y político de los poderes y organizaciones públicas es el de identificar y posicionarse en las ramas y parcelas de actividad que resulten más estratégicas para ejercer la autoridad legítima e informada y para lograr estructuralmente la universalidad y equidad deseadas, logrando la maniobrabilidad y relaciones óptimas e incurriendo lo menos posible en problemas de agencia qué consisten, básicamente, en la captura del valor y el control públicos por parte de intereses corporativos, mercantiles o particulares.

(Acompaña a esta entrada parte de la ilustración de Thomas Hobbes para su Leviatán.)

Por una alianza estratégica entre los sectores de la vivienda y los servicios sociales para una industria comunitaria de los cuidados

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Parece evidente que cualquier agente o conjunto de agentes que desee tener un sitio en el escenario que se abre a partir de la emergencia general que estamos viviendo tendrá que plantearse, comunicar y concertar cuál puede ser su contribución específica, eficiente y sinérgica en los procesos de reconstrucción o reestructuración económica, social y, en general, institucional que se van a desencadenar a diferentes escalas. Y, posiblemente, los puntos de apoyo o referencia para dichas estrategias de posicionamiento y aportación en la reconstrucción no sean otros que aquellos que los que hayan sido percibidos como críticos, por su fortaleza o por su debilidad, en la inédita experiencia colectiva en la que estamos inmersas.

Seguramente, la experiencia del confinamiento está haciendo que nos hagamos más conscientes de dos elementos importantes para la sostenibilidad de nuestra vida (y de nuestra salud): la adecuación de nuestra vivienda habitual y las relaciones primarias que mantenemos en nuestras unidades de convivencia y vecindarios. Dos elementos, además, cuya relación entre sí nos resulta más evidente en estos momentos: baste citar, como botón de muestra, el partido funcional y relacional que muchas personas le están sacando a sus balcones en las actuales circunstancias.

Las políticas públicas de vivienda y de servicios sociales son hermanas pequeñas de otras políticas públicas mucho más desarrolladas en nuestro entorno, como las de pensiones, seguridad-defensa, sanidad, infraestructuras-transporte o educación. Quizás, por ello, en estos momentos, puedan encontrarse y ayudarse en una agenda compartida de transformación y fortalecimiento de la trama habitacional y relacional de nuestras comunidades y territorios, ahora que, quizá, hemos descubierto que necesitamos mucha mayor diversidad y flexibilidad en la gama de opciones que tenemos para cuidarnos, apoyarnos, acompañarnos, convivir, organizarnos y protegernos en esa vida diaria de nuestros domicilios y barrios, de los que no queremos (u, otras veces, no podemos) salir.

Esta alianza estratégica de las políticas y los sectores de la vivienda y los servicios sociales no es nada fácil. Son dos ámbitos que están bastante de espaldas entre sí: el primero, seguramente, mirando demasiado hacia el mercado inmobiliario y el segundo, posiblemente, sepultado por los trámites burocráticos que genera la demanda inducida por la emergencia estructural. Sin embargo, ciertamente, hay buenas razones para proponer esta alianza estratégica que configure uno de los ejes vertebradores de proceso de reconstrucción, y, entre ellas, no es la menor la gran capacidad de generación de empleo de menor cualificación que tienen los sectores de la vivienda y de los servicios sociales y el fuerte componente tecnológico e industrial que, mediante un inteligente proceso de impulso público de la investigación, desarrollo e innovación, deberán contener los domicilios y barrios inteligentes y amigables con la autonomía de las personas y sus relaciones comunitarias.

(La imagen es del huerto urbano del barrio de San Francisco en Bilbao. A la derecha el edificio donde están los servicios sociales de atención primaria y, a la izquierda, viviendas públicas)

Bienes de primera necesidad a cargo de los servicios sociales y de otros ámbitos de actividad

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El ámbito sectorial de los servicios sociales podría diferenciarse de otros (como el del transporte, el de los servicios sanitarios o el de la alimentación) por la parcela o parte de las necesidades de las personas a la que busca dar respuesta. Las áreas de conocimiento o disciplinas de referencia sobre las necesidades de las personas que se abordan en dicho ámbito (o, en todo caso, mediante la actividad denominada intervención social) podrían ser el trabajo social, la educación (y pedagogía) social y la psicología de la intervención social, con contribuciones de otras.

Cabe definir necesidad como la dependencia de las personas respecto de determinado aporte procedente del entorno. Las necesidades son identificadas por la comunidad de conocimiento o la comunidad política (aparte de que sean sentidas y expresadas por las personas). Más que como carencias, pueden verse como potencialidades y, para ellas, hemos de identificar un recurso, producto, actividad o servicio disfrutable individualmente que permita su satisfacción. Una denominación general y un tanto abstracta (tomada del lenguaje jurídico) para identificar la respuesta a una necesidad sería la de bien. Así, diremos que a toda gran necesidad (a todo gran ámbito, área o conjunto de necesidades) le corresponde un gran bien.

¿Cuál es la parcela de las necesidades humanas de la que se ocuparían los servicios sociales? ¿Cuál es ese bien que deberían proteger y promover los servicios sociales? Proponemos llamarlo interacción, definida como la autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria en el seno de relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. En esta definición se presentan la capacidad funcional cotidiana y la inclusión relacional primaria como dos caras de la misma moneda, como dos dimensiones de ese bien que se propone llamar interacción (aunque este concepto de interacción no goce de consenso en la comunidad de conocimiento de los servicios sociales).

Diremos que una persona tiene satisfecha su necesidad de interacción o que disfruta del bien de la interacción en tanto en cuanto exista un ajuste sostenible en su funcionamiento cotidiano de interdependencia relacional, es decir, un acoplamiento entre su capacidad y proyección de desenvolvimiento autónomo en la vida diaria y los apoyos disponibles y previsibles en su convivencia familiar y comunitaria de carácter primario. Consideramos que se trata de un bien de primera necesidad, como lo son otros bienes que corresponden a otros importantes ámbitos sectoriales de la actividad económica y las políticas públicas: bienes como la salud, la alimentación, la cultura, las competencias (profesionales), el empleo, el alojamiento, el territorio (o espacio público), el (medio) ambiente o la participación (ciudadana).

Lógicamente, la intervención social tiene impacto (efecto indirecto) en otras necesidades o bienes. Del mismo modo que el funcionamiento de políticas o servicios policiales, urbanísticos, sanitarios u otros, que desencadenan sus propios resultados esperados, impactan en la interacción de las personas. Y, lógicamente, se han de prever itinerarios personales posibilitados por diferentes grados y modos de integración intersectorial entre unos u otros ámbitos. Dado que, si bien es racional y eficiente la especialización de las ramas o ámbitos por grandes necesidades o bienes, es fundamental, también, articular las conexiones y relaciones intersectoriales.

En estos momentos de emergencia global, posiblemente, se van a abrir profundos debates acerca de los modos de dar respuesta a las necesidades de las personas y del papel del Estado protector, del mercado monetizado o de la comunidad autoorganizada. Pero, seguramente, dichos debates se plantearán después (y a partir) de la identificación y priorización de las necesidades de las personas y de la selección (en un contexto de importantes restricciones) de las actividades y las profesiones que aporten más valor en la protección y promoción de los bienes que se consideren más relevantes y sinérgicos.

(Contenidos trabajados con la cooperativa de iniciativa solidaria Servicios Sociales Integrados, en procesos de construcción de marcos conceptuales.)