Organizaciones de solidaridad y comunidades de cuidados en la transformación política de los Estados de bienestar

polanyi 3

Es frecuente que, al tratar sobre diferentes desafíos que enfrentan nuestras sociedades, se haga referencia a la necesidad, como propone Adela Cortina, de reconfigurar el contrato social, de reiniciar la alianza humana, de construir un nuevo pacto ciudadano. Tratemos de la precariedad laboral o la segregación residencial, discutamos sobre las relaciones de género o entre las generaciones, hablemos de la natalidad o la longevidad, nos refiramos a la soledad emocional o a la dependencia funcional, debatamos sobre la diversidad o la desigualdad, nos preocupemos de la productividad o de la sostenibilidad, llegamos a la conclusión de que las reglas que estructuraron la interdependencia entre las personas que constituyeron las sociedades, básicamente, mediante el empleo industrial, la familia patriarcal y la Seguridad Social requieren una profunda revisión e importantes cambios.

En nuestro mundo, efectivamente, esa interdependencia entre las personas, esas relaciones sociales se constituyen en gran medida en forma de transacciones de mercado: vivimos en sociedades altamente mercantilizadas. Como mostró con agudeza Karl Polanyi, incluso la tierra, el trabajo y el dinero se tratan como mercancías. Es cierto que la producción y distribución de ciertos bienes públicos en los Estados de bienestar es una forma de evitar que la satisfacción de determinadas necesidades de las personas dependa de su solvencia en los mercados, pero, como nos muestra Naomi Klein, el sistema capitalista, en muchas ocasiones, consigue poner incluso esa producción de bienes públicos al servicio de dinámicas de crecimiento insostenibles, con sus correspondientes crisis, catástrofes y shocks, que también son, a su vez, utilizados en favor de los intereses de las élites extractivas dominantes y las clases acomodadas satisfechas.

La economía social y solidaria del llamado tercer sector es una de las muestras de que otra forma de satisfacer necesidades es posible. De ahí la importancia creciente de las organizaciones solidarias, entre las que, como señala Gregorio Rodríguez Cabrero, van madurando significativamente en nuestro entorno las dedicadas a la acción social. Estas entidades están llamadas a desencadenar sinergias entre su función intelectual colectiva y propositiva, la de coproducir servicios con el sector público y la de dar soporte y estímulo a los procesos de desarrollo comunitario. Necesitamos que realidades como la parentalidad positiva, la convivencia en diversidad, la ayuda mutua vecinal, la acción voluntaria, el servicio público a pie de calle, la innovación social, la economía circular de proximidad, la participación ciudadana, el activismo militante y la movilización antagonista se potencien, protejan y prolonguen mutuamente, construyendo agencia política.

Xavier Godàs analiza y subraya el papel de las relaciones primarias y, en general, comunitarias en los procesos de empoderamiento colectivo imprescindibles para la satisfacción de las necesidades de las personas, de la gente. Relaciones y empoderamiento que parecen urgentes en materia de cuidados. Cristina Carrasco identifica los cuidados como bienes relacionales, de modo que, sabiendo que en nuestra sociedad es urgente el ejercicio de la responsabilidad pública universal sobre los cuidados, parece que, si éstos quieren tener rostro humano, los poderes públicos, con la colaboración de las organizaciones solidarias, han de experimentar y escalar formatos y procesos que favorezcan y nutran la construcción de comunidades de cuidados. La generación, reproducción y fortalecimiento de esas tramas comunitarias de cuidados mutuos serán uno de los factores clave del éxito de la transformación social que buscamos.

(Arriba, Karl Polanyi, fotografiado en 1938 junto a Kari Polanyi-Levitt.)

¿Acción social comunitaria o control de “vulnerables” por delegación?

foessa 1

(A propósito de un aspecto de la normativa del Ingreso Mínimo Vital)

La exposición de motivos de la Ley que establece el Ingreso Mínimo Vital lo presenta como “un paso decisivo hacia un modelo de política social construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias evitando redundancias, contradicciones e inequidades”. La experiencia de una pandemia que, en diferentes etapas, ha requerido para hacerle frente la paralización de tantas y tan diversas actividades laborales y económicas ha podido servir para que más gente se convenza de lo adecuado de este enfoque y se avance en su adopción.

Parece evidente que, cuanto más y mejor se aplique la mencionada visión integral de la Hacienda pública, en menor medida estarán los servicios sociales públicos y el tercer sector de acción social llamados a ocuparse de necesidades de subsistencia de las personas, lo que, a su vez, podrá facilitar (haciendo un paralelismo con la cita del párrafo anterior) el impulso de una visión integral de la acción social (o los servicios sociales) que posibilite que las personas, en función de su capacidad para las decisiones y actividades de la vida diaria, proporcionen o reciban cuidados y apoyos en el seno (y sobre la base) de relaciones primarias de carácter familiar o comunitario. Estaríamos avanzando en una optimización, basada en el conocimiento, tanto de las políticas de garantía de ingresos como de las de servicios sociales (o acción social) desde un enfoque de derechos, con una clara diferenciación entre las finalidades de unas y otros.

Sin embargo, aduciendo “la complejidad de la realidad de las personas potenciales beneficiarias” del Ingreso Mínimo Vital, en un momento dado, la normativa incorpora requerir un certificado emitido por los servicios sociales públicos o las organizaciones del tercer sector de acción social, entre otros aspectos, sobre, por ejemplo, “el domicilio real de una persona que alegue no vivir donde consta en el empadronamiento o la inexistencia de vínculos cuando en el mismo domicilio, aparte de los solicitantes de la prestación, residan otras personas”. Al parecer, determinadas circunstancias, situaciones o características de algunas personas llamadas vulnerables resultan inasumibles para la maquinaria burocrática de la Seguridad Social y volvemos a retroceder a la visión de una Seguridad Social para las mayorías incluidas y una asistencia social para minorías excluidas, siempre sospechosas, por lo que se ve, de alguna irregularidad.

El reciente informe FOESSA ha arrojado datos tan sorprendentes como, por ejemplo, que la tasa de exclusión social de Cataluña prácticamente duplica la de Asturias y seguramente algo tendrá que ver la mayor capacidad de nuestras políticas sociales para proteger a la población mayor que más ha cotizado (preferentemente masculina o vinculada a varón sustentador) que a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (especialmente mujeres y migrantes) que menos lo han hecho o no lo han hecho en absoluto. Por otra parte ese mismo informe FOESSA insiste en la dimensión relacional de la exclusión, señalando que la ruptura relacional es, desde hace más de una década, una tendencia que parece consolidarse, aún con más fuerza en esta nueva crisis de la covid y de forma más intensa en las personas afectadas a la vez por otras situaciones de dificultad. Todo ello suministra argumentos para que insistamos en diferenciar y sostener las dos apuestas mencionadas: la de una política de ingresos cada vez más universal e integrada y la de una acción social o servicios sociales cada vez más comunitarios y proactivos. Una acción social comunitaria a la que la política de garantía de ingresos no endose envenenados encargos de control burocratizado, estigmatizante y punitivo de ninguna parte de la población.

(Notas al hilo de la elaboración de un artículo con Ariadna Manent y de la preparación de un curso a partir del reciente informe FOESSA, a quien pertenece la imagen y que presenta esta semana su aportación específica sobre el País Vasco. El capítulo del informe referido a los servicios sociales puede descargarse aquí.)

Conozcamos, cuidemos y construyamos la #Primaria

primary 2

La denominación de “primaria” para una parte de la atención que prestan o de la intervención que realizan determinados servicios públicos se utiliza, sobre todo, en los ámbitos de la salud, la educación y los servicios sociales. Si bien ese adjetivo tiene en cada caso connotaciones algo diferentes, en los tres mencionados lo asociamos a conceptos como proximidad, accesibilidad y personalización. Así, la atención primaria de salud, la educación primaria y los servicios sociales de atención primaria podrían entenderse como la principal interfaz de contacto y primera instancia de servicio de sus respectivas ramas del sistema de bienestar para el conjunto de la población y para cada una de las personas (con un planteamiento abarcador, de comprensividad).

En los modelos de bienestar de mayor consenso en las correspondientes comunidades de conocimiento estas ramas de la protección social (y otras) se postulan como universales, de suerte que podría decirse que en la primaria (sea sanitaria, educativa o de servicios sociales) nos encontraríamos (o por la primaria pasaríamos) más o menos todas las personas (en función de nuestras correspondientes necesidades), teniendo la primaria importantes dimensiones de prevención y promoción. A partir de ahí parece lógico que, sin detrimento de dicha universalidad, los itinerarios que podamos seguir en cada una de las ramas nos puedan ir llevando desde la primaria hacia servicios (sanitarios, educativos o sociales) más especializados y, por lo tanto, dirigidos a segmentos poblacionales más reducidos.

Por todo lo anterior es lógico y beneficioso que la primaria (sanitaria, educativa o de servicios sociales) tenga una referencia territorial (territorialidad) relativamente reducida y que tengamos más a mano, por ejemplo, los centros de salud, las escuelas o los servicios sociales de base, de carácter primario, que los hospitales, las universidades o servicios sociales considerados especializados. En todo caso, fenómenos como la prestación de servicios a domicilio o en la calle o su digitalización están alterando la relación entre la prestación de servicios (sanitarios, educativos o sociales) y el territorio. Sea como fuere, tanto mediante la cercanía física como a través del acceso digital, la clave es que la estructuración de los servicios posibilite la continuidad y longitudinalidad de los procesos de relación (atención sanitaria, acción educativa o intervención social) entre profesionales y población, entre los servicios y la comunidad.

Desde las funciones de regulación y planificación, a la hora de ubicar dentro o fuera de la primaria unas u otras actividades, contenidos, estructuras o tecnologías no hay nada que, por esencia, deba o no pertenecer a la primaria. El dinamismo, la flexibilidad y la plasticidad, por tanto, caracterizan la historia de la primaria, así como la necesidad de que esté bien integrada vertical o intrasectorialmente con las otras partes dentro de cada rama de servicios (sanitarios, educativos o sociales). Por otro lado, la masa crítica de servicios primarios y la consiguiente proximidad física e incardinación territorial de sus estructuras y profesionales son, sin duda, elementos facilitadores de la integración horizontal o intersectorial entre las diferentes ramas de la acción pro bienestar y, en definitiva, de una atención tan integrada como sea necesaria para todas y cada una de las personas en cada momento de nuestro ciclo vital. La integración vertical y horizontal es coherente con planteamientos y prácticas de colaboración participativa.

Diríamos que esta estructura integrada de atención, la primaria, esa red de bienestar social de proximidad (universal, resiliente, accesible, colaborativa, protectora, preventiva y promotora) puede ser vista como una de las características fundamentales de nuestro modelo social en el siglo XXI. Constructora de comunidad en tiempos de individualización, vertebradora del territorio en tiempos de digitalización y generadora de equidad en tiempos de mercantilización.

Profesionales y ciudadanía: cuidemos y construyamos, cada día, la primaria.

Su última milla es nuestra primera milla: por una convivencia comunitaria inteligente

Etorkizuna

Resulta un lugar común señalar que nuestro modelo social se las arregla mal con fenómenos emergentes que no sabemos bien dónde y cómo abordar: los cuidados, la exclusión social, la longevidad, la conciliación de diferentes facetas de la vida, la soledad, la salud mental o la convivencia en diversidad podrían constituir algunos de esos problemas o riesgos sociales que cabría adjetivar como complejos, al menos desde el conocimiento disponible hoy para hacerles frente.

Hacer prospectiva en relación con la acción pro bienestar supone, entre otras cosas, intentar acertar en qué orden y con qué medios se podrían ir enfrentando esos y otros retos y cómo ello podría trasformar el conjunto de dispositivos para el bienestar (familias, dinero, Seguridad Social, empresas, sistema sanitario u otros) con el que contamos hoy y aquí.

Si aceptamos que se nos ha ido la mano, por ejemplo, con la individualización, la mercantilización y la medicalización del bienestar, parecería razonable apostar por invertir, alternativamente, en facilitación de la convivencia y la colaboración en los domicilios y vecindarios apoyándonos en el urbanismo social, la acción comunitaria y las tecnologías digitales, pero hemos de reconocer que, por el momento, sólo contamos con prototipos muy iniciales o tentativos de ese tipo de respuestas o dinámicas.

La libertad individual, el dinero o la medicina y farmacia convencionales, por citar tres importantes, siguen siendo bienes muy apreciados en nuestra sociedad (por buenas razones en muchos casos) por más que repitamos que, en gran medida, los desafíos mencionados al principio de esta entrada son los de una sociedad de individualismo posesivo y consumista y consiguiente desvinculación y segregación social. Una sociedad, por tanto, que necesita otros puntales (en claves relacionales y comunitarias, de proximidad física, emocional y existencial, con soporte digital), tanto como esos.

La presión sobre nuestras vidas que están representando la actual pandemia y su gestión y derivadas representa una enorme prueba para nuestra inteligencia política, nuestra compasión solidaria y nuestro universalismo ilustrado. Los que el capitalismo extractivo y adictivo construye como segmentos y nichos de mercado pueden transformarse en nidos ecológicos en red, posibilitadores de la vida de cualquier persona. Las vidas que la cultura digital de la satisfacción individual aliena y desvincula pueden trenzarse en sentidos compartidos y proyectos ilusionantes. Lo que la logística para el consumo llama la última milla es en realidad, ojalá pueda ser, la primera milla para nuestra convivencia cotidiana, autónoma, inteligente, solidaria y sostenible.

Sin duda, hay tajo.

(En la foto, actuación del grupo Etorkizuna Musikatan en el Museo de Reproducciones Artísticas del barrio de San Francisco (Bilbao) en la reciente Gau Irekia, noche abierta.)

Cinco claves para un giro necesario en políticas sociales

mataro

En Europa, ha sido en buena medida el éxito de las políticas sociales, en la segunda mitad del siglo XX (en España con cierto retraso), el que ha transformado la sociedad, de modo que la potencia combinada de la economía del conocimiento y el Estado de bienestar nos ha permitido, en muchos casos para bien, romper anclajes de género, familiares, intergeneracionales, comunitarios, laborales, económicos, morales o religiosos.

Sin embargo, ello nos coloca ante nuevos riesgos sociales, para los cuales el sistema de bienestar tradicional no está preparado. Frente a una sociedad ordenada con mecanismos de inclusión social que van apareciendo en cascada (primero familia, luego mercado, después Estado y, finalmente, tercer sector), emerge una sociedad compleja, globalizada, reticular, de consumo, individualizada, reflexiva, longeva, financiarizada, digitalizada, desacralizada y del riesgo, con oportunidades inéditas de calidad de vida e inclusión social pero con nuevas y potencialmente catastróficas amenazas de fragmentación y exclusión social. Ante esta realidad algunas claves para el cambio necesario en políticas sociales serían:

1. Predistribución, como enfoque complementario al de la redistribución. Las políticas redistributivas actúan después de que los mecanismos biológicos, familiares o mercantiles, fundamentalmente, han generado desigualdades y las compensan o corrigen en parte. Sin embargo, en la sociedad que hemos descrito, esa redistribución llega demasiado tarde y por eso se necesitan unas políticas sociales más proactivas y preventivas, que construyan capacidades individuales y colectivas y eviten cuanto antes (aguas arriba) tanta divergencia hacia la desigualdad de oportunidades, apoyos y resultados en las trayectorias de las personas.

2. Revinculación, como imperativo para la sostenibilidad. La globalización neoliberal ha ido demasiado lejos en su intento de individualización, mercantilización, financiarización y deslocalización de las actividades humanas y estamos aprendiendo, a base de mucho sufrimiento en ocasiones, el valor de la proximidad, de la circularidad, de la reciprocidad, de la confianza, de la comunidad, pues, en definitiva, somos cuerpos físicos altamente vulnerables embebidos en un entorno humano y natural con el que nos tenemos que reconciliar, también los seres urbanos y las nómadas globales.

3. Experimentación, como dinámica imprescindible de generación de conocimiento. La sociedad del conocimiento es la sociedad de la investigación, de la tecnología y de la innovación en todos los niveles: operativo, organizativo y político. Las políticas sociales deben volverse exploratorias y, cada vez más, experimentales y aspirar a estar basadas en la evidencia, resultando imperativo fortalecer el trabajo de formulación de teorías del cambio y las herramientas de evaluación de los impactos, en el marco de ecosistemas de conocimiento abiertos, plurales, densos y dinámicos.

4. Integración tanto vertical (multinivel) como horizontal (intersectorial), como imperativo ante el riesgo de la saturación, confusión y disfunción del conjunto de políticas públicas y actividades profesionales. Cada vez más, necesitamos una arquitectura ordenada de las políticas sectoriales, transversales e intersectoriales en las que no hablemos de una coordinación o trabajo en red a partir de unidades concebidas como independientes sino de una dinámica estructurada de atención, gestión y gobernanza integradas, aprovechando las posibilidades de la capa digital.

5. Coproducción, como capacidad de aprovechar las ventajas comparativas de cada tipo de agente para determinadas funciones, para determinado conocimiento. Coproducción es innovación social en la medida en que supone innovación en los medios o concierto entre agentes. Es especialmente la hora de la emergencia de la sociedad civil organizada, del procomún, de la espiral del don, de la economía solidaria, del tercer sector como estación intermodal entre Estado, mercado y comunidad. Un tercer sector que, sin dejar de ser samaritano y proveedor, ha de ser, cada vez más, navegador.

Estas cinco claves pretenden ayudar a enfocar la transformación de nuestro sistema de bienestar, sugiriendo alternativas frente un exceso de monetización y burocratización de la política social y a preocupantes síntomas de aumento de la ineficiencia e inequidad. Parecen necesarias especialmente para que los grandes programas tradicionales (como pensiones y sanidad) no se conviertan en parte del problema y, en general, para poder sortear el riesgo de colapso de nuestras políticas sociales.

(A partir de notas compartidas en una colaboración con el Ayuntamiento de Mataró, cuyo puerto aparece en la fotografía.)

La agenda política de la protección social, más allá de la salud

sp

La arquitectura de nuestro Estado de bienestar nunca podrá concebirse como una obra acabada puesto que es imprescindible, como vemos con más claridad que nunca en estos tiempos pandémicos, que tenga la flexibilidad y adaptabilidad para transformarse y escalarse rápida y adecuadamente en función de las circunstancias y cambios sociales. Naturalmente, en estos tiempos, hemos prestado especial atención a las políticas de salud, pero, lógicamente, otras políticas sociales, otros avances y reformas en materia de protección social llaman con fuerza a la puerta en estos comienzos de la tercera década del siglo XXI en España. A continuación se recogen algunos.

Los servicios sociales en España no han acabado de superar la condición residual que tenía en su día la Beneficencia. Siguen siendo configurados, presentados y vistos, en buena medida, como un último recurso para cualquier necesidad siempre que se demuestre que dicha necesidad no puede ser satisfecha de ninguna otra manera. Sin embargo, es bien diferente el concepto y modelo de servicios sociales que predomina en la comunidad de práctica y conocimiento: el de un sistema público de servicios sociales universal y centrado en la persona en el que cada ciudadana o ciudadano, en cualquier momento y circunstancia de su vida, pueda obtener los cuidados, apoyos e intervenciones profesionales que le permitan complementar y potenciar su autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. Conscientes de la crisis de cuidados, la desvinculación comunitaria y el riesgo de colapso relacional en que nos encontramos, en la reconstrucción pospandémica, se ha de impulsar como uno de los ejes principales la investigación, desarrollo e innovación para unos servicios sociales profesionalizados y digitalizados, integrados vertical y horizontalmente y cada vez más preventivos y participativos, mediante la concertación social y la alianza estratégica entre los poderes y administraciones públicas, los agentes del conocimiento y las organizaciones solidarias de base comunitaria.

El Ingreso Mínimo Vital ha empezado a ser y debe ser en mucha mayor medida una pieza clave para dar un paso decisivo en el proceso de universalización, integración (vertical entre Estado y comunidades autónomas) y agilización de la política de garantía de rentas o ingresos mínimos para la subsistencia (en gastos de alimentación, vestido y suministros, fundamentalmente) y de su interoperabilidad digitalizada con las Haciendas, aproximándose al concepto de impuesto negativo. Debe tratarse de una política decididamente proinfancia y estimuladora del empleo y cada vez más diferenciada y separada de la labor de intervención social de los servicios sociales públicos y solidarios. Una política cada vez más digitalizada y automatizada que ensamble las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social, las rentas mínimas de las comunidades autónomas y el Ingreso Mínimo Vital hasta cubrir suficiente y eficientemente todos los perfiles de necesidad. Una política basada en la evidencia que se aleje de cualquier planteamiento contraprestacional y punitivo. Una política atenta a sus efectos en los mercados de bienes y servicios en los que se utilizan los ingresos que entrega y exigente con las proveedoras presentes en dichos mercados (alimentación, ropa y energía, fundamentalmente).

La política de vivienda y urbanismo debe tener como misión garantizar a toda la población las infraestructuras físicas de alojamiento y el espacio público que le posibiliten llevar adelante sus proyectos de vida y convivencia personales y colectivos de forma socialmente cohesionada, territorialmente equilibrada y ambientalmente sostenible. El territorio y la vivienda no son meras mercancías, son derechos fundamentales y bienes de primera necesidad con un notable impacto en el disfrute de otros, como el empleo o la salud. Es urgente una apuesta decidida por ampliar considerablemente el parque de vivienda pública en alquiler (con un fuerte enfoque juvenil e intergeneracional) y por la aplicación de una mirada comunitaria a la rehabilitación y construcción de vivienda y a la estructuración del espacio público, con medidas como las reservas de suelo y los alojamientos dotacionales; la facilitación de la salida al mercado de alquiler de viviendas vacías; o las innovaciones en materia de tenencias intermedias y de formatos de convivencia y apertura de la vivienda al espacio comunitario y público.

La regulación e inversión inteligentes para la competitividad de nuestras industrias y, en general, de la economía española en el marco de la globalización ha de apoyarse en un nuevo modelo de relaciones laborales y de políticas activas que genere un tejido productivo con empleo de calidad, ambientalmente sostenible y en el que crezcan las economías solidarias, circulares y de proximidad, imprescindibles para la retención del talento y la calidad de vida en los territorios. La conciliación de la vida laboral y personal ha de ser la expresión de la sinergia entre la esfera de la vida llamada productiva y la considerada reproductiva. No hay producción y economía sostenible ni territorios inteligentes y resilientes sin un modelo equilibrado de producción y reproducción de la vida, basado en el diálogo social y orientado a la innovación tecnológica y social basadas en el conocimiento de las necesidades y en el consumo responsable y contenido y en el equilibro entre la esfera mercantil y las esferas pública, comunitaria y solidaria. Debemos impulsar desde el diálogo social un transformador círculo virtuoso entre poder sindical, calidad del empleo, versatilidad empresarial y productividad de los factores.

El Pacto de Toledo es la expresión fundamental de nuestro contrato social, de nuestra mutualización solidaria de riesgos con enfoque de justicia económica, igualdad de género y equidad intergeneracional. Nuestro sistema de pensiones y de Seguridad Social constituyen el pilar central de nuestro Estado de bienestar con interfaces críticas tanto con las políticas de empleo como con las de salud, servicios sociales, empleo y vivienda así como con los diferentes programas de garantía de ingresos y, por supuesto, con la política fiscal. Nuestro sistema de protección social ha de reforzarse y adaptarse a la sociedad de la longevidad y a los nuevos riesgos sociales asociados a la diversificación de trayectorias, hitos, circunstancias y contingencias vitales de las personas. Nuestro sistema de protección social ha de abandonar por completo su carácter patriarcal y contribuir a la emancipación y libre unión de las personas. Nuestro sistema de protección social ha de incentivar la actividad laboral y económica mediante un inteligente diseño de la compatibilidad y complementariedad entre el empleo y la percepción de prestaciones.

(Reflexiones al hilo de diversos trabajos precongresuales en partidos socialistas y varias colaboraciones con organismos multilaterales, entre ellos la OCDE, a la que pertenece la ilustración.)

Entramados de servicios profesionales de bienestar: la pelea

Banyoles

Estamos pensando en escuelas, centros de salud, servicios sociales, centros cívicos, servicios de empleo, actividades culturales, servicios de seguridad, actividades deportivas, servicios de transporte, promoción económica y otros en cuya provisión tienen especial peso los gobiernos y administraciones públicas. Forman esos entramados profesionalizados de proximidad que han ido generándose en los Estados de bienestar.

Sentimos que son importantes para nuestra calidad de vida y para la equidad y la cohesión social. Para la sostenibilidad social. Y no podemos sino entenderlos y defenderlos en clave de derechos universales, de innovación tecnológica permanente basada en el conocimiento, de responsabilidad pública, de colaboración público-comunitaria y de integración vertical (ascendiendo por los niveles jerárquicos e institucionales-territoriales) y horizontal (entre las diferentes ramas, sectores o pilares mencionados).

Para estas servidoras y servidores públicos a pie de calle (en expresión de Michael Lipsky) la referencia fundamental ha de ser la de las necesidades de las personas (sin olvidar sus expectativas) y es crucial que identifiquen, en cada una de las ramas, su bien protegible y que lo hagan en términos positivos y universales, es decir, de una forma que pueda resultar atractiva para toda la población. Como agentes de la responsabilidad pública saben que el Estado es uno de los mecanismos mediante los que las personas interdependientes satisfacen necesidades (otros son el dinero o las familias) y que el conjunto de mecanismos configuran sistemas o contratos sociales.

Esos sistemas o contratos sociales pueden ir evolucionando, adaptándose, mejorando y transformándose pero, en ocasiones, entran en crisis, sufren un colapso y se reinician. Es decir, sufren un momento catastrófico, una fuerte disrupción: guerras, catástrofes naturales, hundimiento de sectores de actividad, pandemias, determinados cambios políticos o eventos similares. En ocasiones hay síntomas que pueden avisarnos de que podemos estar acercándonos a un reinicio radical: por ejemplo dinámicas de más de lo mismo en las que cada intento que se realiza por mejorar una situación contribuye a empeorarla.

Las y los profesionales de los servicios de bienestar debemos ser conscientes de que no podemos descartar algún tipo de reinicio que nos borre del territorio o que nos reduzca a la mínima expresión y nos enquiste. No hace más de cuatro décadas que nuestro entramado organizativo es reconocible y son poderosas las miradas, las visiones y las estrategias para las que sobramos y estorbamos. Por ello, debemos redoblar nuestro compromiso profesional con la población, apostar por el conocimiento especializado, buscar mayor productividad, estructurarnos con un orden que facilite itinerarios eficientes para todas las personas y participar activa y constructivamente en la reinvención de las comunidades. Además, lógicamente, de exigir cuando proceda los recursos y estructuras necesarias para trabajar bien.

En ese contexto resultan imprescindibles unos servicios sociales relacionales que giren hacia la prevención. Que, reforzando su aportación de valor específica como cuidados, apoyos e intervenciones para la autonomía funcional cotidiana y la integración familiar y comunitaria, contribuyan a esa integración, calidad, proximidad y universalidad que fortalecerá y hará sostenibles nuestros entramados de servicios profesionales de bienestar.

(Ideas principales compartidas ayer en Banyoles, cuyo lago aparece en la foto. Se ofrecen como punto de partida para hoy y mañana en La Garrotxa.)

Tendencias para el gobierno de las políticas sociales

tendencias

Parecemos entrar en la transición entre los tiempos pandémicos y los tiempos de la reconstrucción y quienes gobiernan nuestras políticas sociales se encuentran ante el desafío de identificar grandes tendencias en curso, como corrientes u olas que aprovechar para tomar y dar impulso. Se proponen y presentan las siete siguientes:

1. Profesionalización

La sociedad del conocimiento es la sociedad de la profesionalización, es decir, la sociedad en la que más y más necesidades van obteniendo respuesta a través de esas figuras con un plus de saber exigible que llamamos profesionales. En ese contexto, es evidente que el campo específico de los cuidados de larga duración es uno de los que, con más claridad, va a necesitar más cantidad y cualificación de profesionales, por el aumento, diversificación y sofisticación de la demanda. Ello es interesante, por otra parte, porque vivimos en una sociedad en la que el empleo sigue siendo un regulador importante y un mecanismo fundamental del contrato social y el campo de los servicios sociales tiene, por lo dicho, una importante capacidad y potencialidad de creación, absorción y sostenimiento de empleo de diferentes tipos. La inversión en cualificación es predistributiva.

2. Digitalización

Internet es (con la experiencia de la pandemia todavía más) la infraestructura fundamental para el funcionamiento de la sociedad y, especialmente, para la regulación de las relaciones, la gestión de la información y la circulación del dinero. Aquellos sectores de actividad (y, específicamente, aquellas ramas de la política social) que equilibren e hibriden mejor la capa digital y los procesos materiales, corporales y presenciales en sus niveles operativos, de gestión y de gobierno tendrán, seguramente, más posibilidades de éxito. Sea como fuere, la digitalización representa un gran reto para el diseño de políticas sociales pues su poder tecnológico le permite una gran capacidad de transformar (y eventualmente de desfigurar) los procesos que se digitalizan (de ahí la importancia de la deliberación ética al respecto).

3. Territorialización

Por razones medioambientales y de supervivencia, resulta imperativo que nuestras vidas se desarrollen en mayor medida en la proximidad física y en la reciprocidad comunitaria, con una diversificación (en el continuo individual-comunitario-público) de las formas de tenencia y uso del territorio y la edificación y de los formatos de vivienda y equipamiento dotacional. Por ello, aportarán más valor aquellas políticas sociales y aquellos agentes y profesionales que mejor contribuyan a que las personas podamos vivir más tiempos y hacer más itinerarios de satisfacción de necesidades en nuestros vecindarios y localidades, potenciando los activos y relaciones comunitarias de todo tipo. La pandemia y la perspectiva de colapsos aconsejan invertir en comunidades y territorios resilientes apoyados en la capilaridad y atención integrada del personal profesional de las políticas de bienestar a pie de calle.

4. Clusterización

Las actividades económicas (y todas las que satisfacen necesidades lo son) suelen ordenarse (articularse o integrarse, vertical y horizontalmente) en ecosistemas (clústeres) donde unas organizaciones ejercen un efecto tractor sobre otras. Pensemos, por ejemplo, en lo diferente que resultará el futuro de las actuales residencias de mayores (la zona cero de la pandemia) si su necesaria transformación se hace en el marco de sistemas públicos de servicios sociales, en el marco de ecosistemas sanitarios, en un marco de silver economy, en un marco de regeneración de barrios y vecindarios, en el marco de un sistema de cuidados o en otro clúster diferente. Estamos en un momento crucial para tomar un camino u otro y para acertar en el impulso de las dinámicas de tracción, sinergia y estructuración.

5. Coproducción

Las nuevas complejidades de los desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad (como se está viendo con claridad en los meses de la pandemia) reclaman nuevas capacidades directivas de los poderes públicos y nuevas formas de repartir y coordinar los papeles entre la Administración pública y otros agentes. La pandemia ha sido ocasión de nuevas formas y cotas de ejercicio de la autoridad pública que reclaman, a su vez, de nuevas iniciativas de empoderamiento de la sociedad civil y de gobernanza, gestión y producción colaborativas, generadoras de confianza, que saquen lo mejor de cada tipo de agente, cada uno con su papel específico y sus correspondientes ventajas comparativas. De lo contrario, el enquistamiento endogámico de muchos partidos políticos se retroalimenta con el individualismo posesivo de relevantes capas de la población.

6. Politización

El aumento de las desigualdades y de la precarización, fragmentación y segregación laboral, residencial, económica y, en general, social hace que no pueda ser sino conflictiva la pugna por unas u otras políticas sociales. Se ha de intentar que las políticas sociales se apoyen en la mayor medida posible en la evidencia y en los consensos de la comunidad de conocimiento y, sin embargo, desde el diseño de políticas sociales se debe reconocer y reclamar la dimensión ideológica y emocional de las políticas sociales. Puede decirse que, en los pasados meses, hemos tenido en Pablo Iglesias el ejemplo de una acción política desconectada de la materia de su responsabilidad en el Gobierno (servicios sociales) y el ejemplo contrario, en Yolanda Díaz, de hacer política con mayúsculas (y emocionante) precisamente desde el conocimiento y la viabilización de su responsabilidad gubernamental (trabajo).

7. Disrupción

En una sociedad de la innovación y en la que, cuando creemos tener respuestas, cambian velozmente las preguntas, la maquinaria de construcción, implementación y reconocimiento de políticas sociales debe tener la capacidad de realizar con agilidad experiencias piloto (lanchas rápidas) que pronto puedan convertirse en iniciativas emblemáticas (buques insignia, según la terminología adoptada, por ejemplo, en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España), tractoras de procesos de mejora, reforma y transformación de las políticas sociales (nuestra flota). La maniobrabilidad y capacidad de respuesta rápida a retos inéditos y tormentas perfectas se hace más necesaria para las políticas sociales.

Lecturas recientes inspiradoras

DEL PINO, Eloisa y SUBIRATS, Joan (coordinación)(2021): Las Administraciones ante los riesgos sociales y globales. Madrid, INAP.

GOMÁ, Ricard y UBASART, Gemma (coordinación)(2021): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social. Madrid, Tecnos.

PÉREZ ERANSUS, Begoña y MARTÍNEZ VIRTO, Lucía (coordinación)(2020): Políticas de inclusión en España: viejos debates, nuevos derechos. Madrid, CIS.

MORENO, Francisco Javier y DEL PINO, Eloisa (edición)(2020): Las transformaciones sociales y territoriales del Estado en la edad digital. Libro homenaje a Luis Moreno. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

(Contenidos de o para encuentros de la semana pasada o previstos para la entrante con el Consorcio As Mariñas, Nerea Eguren, los Departamentos de Empleo del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, Elkarrekin Podemos, APTES, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, el Consejo Económico y Social Vasco, el proyecto CUMADE (con Amaia Pérez Orozco y Dolors Comas, entre otras), el PSOE (a través de Eva Granados), Adinberri, el Consell Comarcal de la Noguera y los grupos cooperativos Tangente y Servicios Sociales Integrados.)

Los resultados electorales de Madrid y nuestro pensamiento sobre políticas sociales

urna

Posiblemente quienes trabajamos en el ámbito de las políticas sociales tendemos a sobreestimar la importancia de nuestras prestaciones y servicios públicos de bienestar en la satisfacción con su vida que tienen las personas y en su percepción del contrato social en el que están inmersas, en función de la cual toman decisiones y, entre otras, la de su voto en las elecciones políticas.

Quizá nos juega una mala pasada nuestra edad y nuestra posición en el entramado laboral y residencial y damos una excesiva importancia a la seguridad frente a determinados riesgos que ofrecen los poderes públicos. Y no reparamos en determinada gente de otras edades, en personas que viven y trabajan en otros sitios y para quienes esas seguridades no son más que una quimera lejana.

Acaso, por nuestra trayectoria académica, profesión y empleo, dedicamos bastante tiempo al procesamiento de información escrita, científica y técnica, al raciocinio y la deliberación crítica, menospreciando, quizá, determinados saberes, prácticas, hábitos, pertenencias, malestares, aficiones, vínculos, valores, deseos, ilusiones, temores y emociones que consideramos, posiblemente, demasiado básicas o primarias y, quizá, inapropiadas o injustas.

Seguramente sentimos un gran apego por logros en los que hemos participado y no somos suficientemente conscientes de sus deficiencias y deterioros, de sus desajustes tras ciertos cambios sociales. De sus sesgos de género, de edad, de clase, territoriales. De la rigidez burocrática e impersonalidad digital con que se producen en ocasiones. De su frecuente paternalismo, autoritarismo, clientelismo o moralismo.

Igual sucede que creemos mantener planteamientos alternativos mientras se nos percibe como parte del sistema establecido. Que estamos más del lado del conformismo que de la innovación. Que la vivencia de la pandemia y la perspectiva del colapso cuestionan la intangibilidad de lo logrado y construido hasta el momento que suponemos. Que nos interesa mirar para otro lado para no ver que nuestro modo de vida no es universalizable ni sostenible, seguramente. Que no está claro a quién agrupa la primera persona del plural en nombre de la que hablamos.

Quizá por eso nos descolocan especialmente el discurso, el talante, los anclajes y los intereses que han articulado una amplia mayoría en las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid.

Mi REPS (agradecimiento personal a una comunidad de pensamiento, afectos y acción)

reps

Es inevitable que cada miembro de una organización recuerde y reconozca una parte de su historia colectiva, hasta cierto punto, diferente de la que rescatan y proyectan otras personas partícipes de esa misma trayectoria compartida. Por eso me atrevo aquí hoy a hablar en primera persona del singular, con alegría, gratitud e ilusión, de “mi” Red Española de Política Social. También con un poco de orgullo, es verdad.

Y comenzaré diciendo que conservo un correo electrónico enviado por Luis Moreno a Ana Marta Guillén el 30 de julio de 2008 a las 14:37 horas, proponiendo la constitución de la rama española de ESPAnet. En copia aparecemos una treintena de personas y, entre otras, Manuel Aguilar, José Adelantado, Ana Arriba, Luis Ayala, Demetrio Casado, Eloisa del Pino, Manuel Pérez Yruela, Maite Montagut, Gregorio Rodríguez Cabrero, Margarita Leon, Luis Sanzo, Begoña Pérez Eransus o Joan Subirats. Un mensaje posterior, de 28 de noviembre, firmado por Ana Guillén, Luis Moreno y Miguel Laparra, y dirigido ya a más de 100 personas, representa el banderazo de salida de nuestra Red.

Releo esa lista de nombres y pienso aquello de “¿qué hace un chico como tú en un sitio como éste?”. Fundamentalmente, porque la mayoría de esas personas son profesorado universitario. No siendo parte de la tribu académica, en la REPS, sin embargo, siempre me he sentido acogido, reconocido e impulsado. Seguramente porque las académicas y académicos de la REPS y ESPAnet tienen especial interés en lo que pasa fuera de los muros de sus facultades.

Y empezaron los congresos: Oviedo, Madrid, Pamplona, Alcalá de Henares, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. Y la fortuna del encuentro con personas como José Antonio Noguera, Alessandro Gentile, Lucía Martínez Virto, Pau Mari-Klose, Germán Jaraíz, María José Aguilar, Miguel Ángel Manzano, Raquel Buján, Emmanuele Pavolini, María Silvestre, Xabier Aierdi, Bea Cantillon, Ricard Gomà, Joseba Zalakain, Tine Rostgaard, Quim Brugué, Sara Moreno, Víctor Renes y muchas otras, que no menciono aquí para no alargar excesivamente esta entrada.

La REPS, durante estos años, ha venido estudiando las políticas sociales, ha constituido un espacio amigable de conversación y debate sobre ellas y ha tenido y sigue teniendo influencia sobre el diseño y la implementación de las políticas públicas de bienestar realmente existentes. Para mí ha sido y sigue siendo un ámbito amable, interesante y estimulante para el análisis y la construcción de unas mejores políticas sociales. En definitiva, de una sociedad mejor.

Y hoy comienza en Bilbao el octavo congreso de la Red Española de Política Social. La pandemia lo hace distinto y, a la vez, más necesario que nunca, para alumbrar el futuro. Por ello estoy seguro de que, con mascarillas y videoconferencias de por medio, nuestra comunidad de práctica, conocimiento e innovación volverá a encontrarse con muchas ganas y a conjurarse de nuevo, como dice el lema elegido, por unas políticas sociales que sirvan para cuidar la vida, garantizar la inclusión y convivir en diversidad.