Zaintzen eta bizitza-luzeraren ekonomiaren enplegu-aukerak

Ana Peligros

#ZainLab: fundamentos y preguntas de un proyecto sobre oportunidades profesionales en los cuidados y la economía de la longevidad

Bizitza-luzeraren ekonomiaz ari garenean, premiak eta eskaerak edo produktuak eta zerbitzuak (eta, azken batean, bizitza ekonomiko eta lan-bizitza osoa) gizarte batean adineko jende gehiago dagoenean zertan aldatzen diren hausnartzeko da. Gure gizartean, oro har, onartzen dugu adineko jende horren zati handi batek erosteko ahalmena eta eskubide batzuk izango dituela eta, era berean, onartzen dugu bizitzaren luzapen horrek berekin dakarrela zainketa-beharrak areagotzea.

Hala ere, ziurrenik, trantsizio demografikoak ekonomian izan dituen eraginak askotarikoagoak eta konplexuagoak dira: bizi-ibilbide luzeenak ahalbidetzen dituzten ezagutza eta gaitasun baliotsuak ugaritzetik hasi eta ibilbide horiek irudikatzen dituzten ondare higiezin edo higigarriak eraikitzeko aukera handiagora arte. Muga funtzional garrantzitsuekin bizi gaitezkeen urte kopurua handitzetik harremanetarako (eta laguntzarako) aukerak handitzera arte, bereziki belaunaldien artean. Adinekoen segmentuak beren aberastasunaren edo botoen bidez pila ditzaketen botere handietatik hasi eta zahartzaroko uneren edo aldiren batean ia pertsona guztiok aurkituko dugun zaurgarritasun handienera arte. Denbora libre asko duten adinekoetatik hasi eta beste pertsona batzuek denbora librea izatea eragozten duten zaintzak behar dituztenetaraino. Eta horrela hurrenez hurren.

Edonola ere, zaintza luzeen gaia gure azterketen eta proposamenen erdigunean dago, bizitza-luzeraren ekonomiaren esparru horren barruan. Zainketatzat hartzen da eguneroko bizitzako erabaki eta jardueretarako pertsonen autonomia funtzionala osatzea eta sustatzea, eta harremanak osatzea eta sustatzea, batez ere lehen mailakoak (indartsuak edo ahulak), familiakoak eta komunitarioak. Kasu askotan, bizitzako azken etapetan horien beharra areagotzen da.

Horretan lan egiten duen pertsona batentzat, zaintza ematea da, zalantzarik gabe, zainduak eta haren gertukoek egin ezin duten zerbait egitea norbaiten alde, eta hori egin beharko litzateke haren segurtasun fisikoari, erosotasun materialari, autonomia funtzionalari, giza duintasunari, ongizate emozionalari, autonomia moralari, aukeratzeko askatasunari, harreman esanguratsuei eta harmonia espiritualari kalterik egin gabe.

(Bideo batetik hartutako irudian, Ana Peligros, Servicios Sociales Integrados taldeko lankidea, Maria Luisa Mendizabal, kooperatibaren sortzailearen begiradapean. Gaur goizean 9:30etatik aurrera, Irekiaren bidez, #ZainLab proiektuari buruzko ekitaldia jarraitzeko aukera izango duzue.)

Servicios sociales: renovarse o…

Gijón

(retrato de familia, comunitariamente elaborado, con Gijón al fondo)

En una mesa de una cafetería de Gijón vemos a Dolores, de 99 años, vestida de negro y en su silla de ruedas; su hijo Manuel, 78 años, minero prejubilado hace tres décadas de la empresa pública Hunosa; María, de 55, hija de Manuel y educadora social en una entidad del tercer sector con financiación de la Fundación Municipal de Servicios Sociales; y, por último, Iván, de 26 años, hijo de María, enfermero en el Hospital Universitario Central de Asturias, que apenas despega la mirada de su teléfono móvil. Este grupo familiar imaginario (pero muy real) nos sirve para ilustrar algunos cambios sociales que podrían hacer que el ámbito de los servicios sociales en nuestro país viviera un proceso similar al de la minería en las últimas décadas del pasado siglo y comienzos de éste, proceso que condujo a su práctica desaparición como rama de actividad.

Dolores recuerda cuando era niña, en una aldea cercana. Acarreaba agua, ordeñaba las vacas y realizaba un sinfín de tareas pegadas a la tierra en una comunidad homogénea y prácticamente autosuficiente en la que raramente se desplazaban fuera de su demarcación territorial. Rememora también los conflictos y las rupturas que la hicieron emigrar a la ciudad, las penurias que pasó en su juventud y las complicadas circunstancias que rodearon al nacimiento de Manuel en La Gota de Leche. No olvida cómo la ayudó a encauzar su vida sor Inés, una religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Caridad (que a finales de los cincuenta participaría en la creación de la Escuela de Asistentes Sociales Pío XII y, pocos años más tarde, también, en la de la que llamaron Asociación Asturiana de Protección a Subnormales). Dolores y su hijo pudieron adquirir hace algunos años pisos contiguos y Manuel, que cobra una relativamente elevada pensión de la Seguridad Social, dedica varias horas al día a cuidar a su madre. Cuentan, de todos modos, con Gladys, interna ecuatoriana, contratada al amparo del Sistema Especial para Empleados de Hogar de la Seguridad Social, que no da derecho a cobrar por desempleo.

María está cansada. Piensa que, con su edad, Manuel ya disfrutaba de sus partidas de cartas y paseos por Gijón con sus compañeros pensionistas, mientras ella sigue bregando con jóvenes de vidas desestructuradas y entornos conflictivos, con situaciones cada vez más demandantes, graves y complejas. No sabe si se preocupa más cuando trata a la tercera generación de la misma familia o cuando se encuentra con perfiles diversos que nunca hubiera imaginado llegando a la zona de exclusión social. Jóvenes, en todo caso, a quienes, honestamente, no tiene una hoja de ruta que ofrecer. Afortunadamente su hijo Iván tiene un buen empleo (nada más empezar ya cobra más que su madre con diez trienios) en el mismo hospital en el que él nació (el mismo en el que lo hizo la propia María cuando era Residencia Sanitaria del Instituto Nacional de Previsión) y en el que ha debutado en plena pandemia. Iván está inquieto porque su novio no responde a sus mensajes sobre el coche eléctrico que planean comprar. Iker, su pareja, recién llegado de Londres, está muy ocupado en la gran consultora en la que trabaja, a causa de un proyecto con fondos Next Generation de digitalización de los trámites para las ayudas y prestaciones económicas públicas que podría reducir drásticamente los costes de personal en los servicios sociales, como ya ha sucedido en otros ámbitos.

Mañana María está invitada al arranque de una reflexión estratégica de futuro en los servicios sociales de Gijón. Se pregunta si la desazón que siente tendrá remedio, si serán posibles esos servicios sociales universales, gratuitos, preventivos, personalizados, participativos y comunitarios con los que lleva décadas soñando. Se pregunta si el malestar que percibe en sus colegas y en las personas a las que atienden se reduciría significativamente con más recursos humanos y económicos. O si, más bien, se trata de organizarse de otra manera (especializaciones e integraciones) tanto en los servicios sociales como en el conjunto de las políticas sociales. O si es toda una concepción de la intervención social (quizá paternalista y patriarcal) la que se ha vuelto insostenible y hay que repensar los servicios sociales desde la raíz en el marco de una nueva agenda urbana. Se pregunta en qué medida las disciplinas, las profesiones, las leyes y las organizaciones actuales de los servicios sociales son parte del problema o parte de la solución. Y le preocupa el fuerte giro a la derecha de no pocos electorados en un contexto de guerra e inflación.

Sin embargo, a pesar de su cansancio, confusión y preocupación, María cree que la suerte no está echada, que es mucho y valioso lo que las gentes de los servicios sociales aportan y pueden seguir aportando a la sociedad en Gijón y en todas partes. Que lo que proporcionan y consiguen los servicios sociales (aunque no sepamos explicar muy bien qué es) resulta esencial para cualquier persona y para el conjunto de la sociedad. Que los cambios y convulsiones sociales que la acongojan pueden funcionar como oportunidad y acicate para la transformación e impulso del conjunto de políticas sociales. Quizá, piensa, tenga sentido esa convocatoria para pensar en el propósito

(continuará)

Gratuidad de los servicios sociales de cuidado: sí se puede

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En nuestra sociedad los servicios sociales tienen el encargo de proporcionarnos cuidados cuando no resulta satisfactorio el encaje entre, por una parte, nuestra capacidad para las decisiones y actividades de la vida diaria y, por otra, la ayuda mutua que nos brindamos entre familiares u otras personas cercanas. Uno de los principales retos sociales y políticos para los próximos quince años en nuestro país sería el de lograr, para esos servicios, las cotas de universalidad y gratuidad que han alcanzado los servicios de salud.

El modelo, factible y asequible, que haría posible lograr ese objetivo tiene, seguramente, seis ingredientes:

1. Profesionalización. Como a tantas otras actividades en la historia, a algunas de cuidados les ha llegado la hora de su intensa y extensa transformación en actividades para las que se requiere una formación reglada y una cualificación formalmente establecida, tanto para la atención directa a las personas que necesitan cuidados como para otras funciones que se requieren en los sistemas de servicios sociales. Las cualificaciones, básicamente, existen, pero se requiere una apuesta de inversión pública que facilite el acceso masivo a ellas de personal actual o potencialmente ejerciente y su correspondiente reconocimiento retributivo. Los servicios sociales de cuidado podrían constituir el yacimiento de empleo con mayor potencial de crecimiento en los próximos quince años en nuestra sociedad.

2. Autodeterminación. El aumento de la cantidad, diversidad, derechos y expectativas de las personas que vamos necesitando cuidados plantea, cada día con más fuerza, la oportunidad y la exigencia de una atención centrada en la persona, es decir, de unos servicios sociales mucho más flexibles y personalizados que promuevan y posibiliten que los valores, el proyecto de vida, las preferencias y las decisiones de las personas (también las anticipadas) determinen los cuidados que vamos a recibir. Autodeterminación es libertad efectiva de elección entre alternativas reales en aspectos clave.

3. Equidad. Significa construir un sistema en el que cada persona reciba los cuidados que necesite cuando los necesite y contribuya solidariamente a lo largo de su vida al sostenimiento de los servicios según sus capacidades (económicas, principalmente). El diseño del sistema deberá incentivar el autocuidado, la prevención, la rehabilitación y la ayuda mutua y habrá de corregir radicalmente la histórica y persistente inequidad de género en la organización social de los cuidados. Un sistema público percibido como confiable y justo legitima la recaudación de impuestos y ayuda a optimizar las decisiones de ahorro e inversión de las personas y familias. El reto de multiplicar por cuatro, en quince años, nuestro actual gasto público en servicios sociales es asumible si atendemos a los efectos y retornos de esa inversión social.

4. Atención en la comunidad. Las personas, cuando necesiten cuidados, deben, según su deseo, seguir formando parte activa de sus redes de relación familiar, convivencial, vecinal y comunitaria y poder optar entre continuar viviendo en su domicilio anterior (con la rehabilitación o adaptaciones pertinentes, en su caso) o cambiar de domicilio, teniendo a su disposición una variedad de alternativas habitacionales (con más o menos y unos u otros espacios y apoyos compartidos con otras personas) a las que los servicios sociales deberán adaptar su oferta de cuidados.

5. Interoperabilidad con el sistema de salud. Desde que nacen hasta que mueren y a lo largo de su vida las personas interactúan con los servicios sanitarios en situaciones que, en ocasiones, generan alteraciones temporales o permanentes en su capacidad funcional y, por lo tanto, necesidad de cuidados más o menos prolongados. El funcionamiento satisfactorio de los servicios de salud y de los servicios sociales requiere de una potente integración intersectorial para que los flujos de personas e información entre ambos sistemas sean eficientes.

6. Innovación tecnológica. Las maneras de cuidar y organizar los cuidados pueden y deben mejorar metodológicamente de forma más rápida y sistemática e incorporar nuevas tecnologías que contribuyan a que las personas podamos recibir unos cuidados cada vez más efectivos, versátiles, afectivos, humanos, seguros y personalizados. El desarrollo tecnológico es estratégico para abaratar costes y es, a la vez, una fuente de riqueza y competitividad para el país.

La realidad demográfica de nuestra sociedad es inexorable y resulta crecientemente insoportable e insostenible la actual organización social de los cuidados, dentro de la cual los servicios sociales públicos (la pandemia lo ha evidenciado más si cabe) presentan una oferta escasa, limitada, tardía, rígida, costosa y desincentivadora de las conductas previsoras y solidarias. En todo caso, la apuesta por el desarrollo y transformación de dichos servicios sociales es más racional que cualquier otra alternativa (como la de que la gente se busque la vida, la de crear un nuevo sistema público de cuidados desde cero, la de encargar los cuidados al sistema de salud u otras).

(Reflexiones, desde Santander, para esta semana en Barcelona, Mataró, Bilbao y Gijón. En la imagen, Anas Sarwar, líder laborista escocés, impulsor de la propuesta de la gratuidad en los servicios sociales de cuidado, social care, y de la creación del National Care Service, de denominación y configuración inspiradas en el mítico NHS, National Health Service, free at the point of use.)

Tres trayectos paradójicos para las profesiones de la intervención social

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Se plantea la reflexión sobre la contribución de las tres disciplinas y profesiones de la intervención social de superior rango académico en nuestro país (trabajo social, educación social y psicología de la intervención social) a la justicia social en clave de compromiso político. Y ésta podría ser una propuesta de tres paradójicas y contraintuitivas estrategias:

  1. Fortalecer la configuración, identidad y posicionamiento de las disciplinas y profesiones de la intervención social como áreas de conocimiento disciplinar y profesional ancladas en el saber científico y técnico, permitiendo que estos saberes ganen terreno frente a (y pongan en cuestión) prácticas y valores preexistentes y posicionamientos ideológicos y políticos anteriormente instalados en la comunidad de la intervención social o en muchos de sus miembros.
  2. Romper la vinculación directa y automática que existe, muchas veces, en nuestras prácticas y en nuestras mentes, entre intervención social y colectivos (considerados) vulnerables, construyendo miradas y capacidades cada vez más universales e inclusivas y más capaces de identificar y abordar unas necesidades y capacidades específicas de cualquier ser humano.
  3. Aceptar y asumir, en mayor medida, que la intervención social es (y no puede dejar de ser) parte del sistema establecido (del sistema de políticas públicas, del sistema institucional académico y de otros) e incardinarnos en las estructuras sectoriales del sistema de bienestar (y, específicamente, del sistema público de servicios sociales) sabiendo que, al hacerlo, asumimos la contradicción de formar parte de estructuras injustas y, en parte, contribuimos a mantenerlas.

Para un área de conocimiento, para una comunidad profesional, si quiere obtener un impacto real, si quiere ejercer su compromiso político con la justicia social (que, necesariamente, es un compromiso con las víctimas pasadas, actuales y futuras de las injusticias sociales), no hay atajos y, por el contrario, lo que sí hay son este tipo de caminos extraños o trayectos paradójicos.

No por ser menos científicos vamos a ser más políticos. No por ser menos universales vamos a beneficiar más a las víctimas de la injusticia estructural. No necesariamente por tener más maniobrabilidad como profesionales o como profesiones vamos a ser más eficaces en la transformación sostenible.

Como agentes de la intervención social sabemos muy bien que los procesos de transformación no son lineales y simples y que, frecuentemente, exigen retrocesos y rodeos, comportan decisiones cuya lógica no es fácil de advertir a primera vista. Claro que aspiramos a unas disciplinas y unas profesiones de calado político, comprometidas con la justicia social y eficaces en la defensa y garantía de los derechos humanos, especialmente de aquellas personas que los ven más conculcados. Pero quizá lo que toca hoy es, más bien, fortalecer el músculo y la identidad de carácter científico, universal y estructural, para después (y también mientras tanto y siempre) potenciar nuestra capacidad e impacto de carácter político, ético y transformador.

(Adaptación de un fragmento de la intervención de hoy en el congreso de educación social. Más adelante se colgará el texto completo.)

Necesidades individuales, bienes públicos, políticas sectoriales y proyectos comunitarios

Mallorca

Para que podamos decir cabalmente que un bien que da satisfacción a una necesidad humana (siempre individual) es un bien público (es decir, que hoy y aquí lo estamos produciendo, promoviendo, protegiendo y distribuyendo como tal), nuestras autoridades han de estar, razonablemente, en condiciones de garantizarlo como un derecho universal, para toda la ciudadanía. Eso significa que todas y cada una de las personas que formamos parte de una determinada comunidad podamos, razonablemente, exigir disfrutar de ese bien. Normalmente son las políticas llamadas sectoriales las que se ocupan de esos bienes: la salud, la justicia, el territorio y así sucesivamente.

Obviamente, sabemos que nuestra sociedad está muy lejos de la perfección en cuanto al ejercicio universal de esos derechos prestacionales pero también hemos aprendido que su articulación normativa no es un acto baladí. Del mismo modo que no es baladí la regulación jurídica de nuestras obligaciones como miembros de la comunidad en sus diversas manifestaciones, por ejemplo, en el seno de estructuras familiares, vecinales, mercantiles, laborales, asociativas o de otra índole.

El que trabajemos en pos de la garantía legal de un derecho subjetivo, operativizado en forma de prestación que permite disfrutar de un determinado bien, no significa que no comprendamos, a la luz de los hallazgos de las ciencias sociales, que todos esos bienes que vamos construyendo como públicos, tienen un carácter relacional, es decir, que la posibilidad individual de disfrutar del bien garantizado por el Estado se ve afectada (potenciada o dificultada) por la propia comunidad de la que forma parte el individuo. El ejemplo que tenemos más a mano es, lógicamente, el de nuestra salud en estos años pandémicos: aunque sintamos que nuestras instituciones públicas están garantizando razonablemente nuestro derecho a la salud, nos sabemos vulnerables ante el vecino del sexto derecha que se ha colado en el ultimo momento en el ascensor y que no para de toser mientras, en un tiempo que se antoja eterno, subimos hasta nuestra casa.

La aplicación del enfoque comunitario (o intencionalidad comunitaria, marges.coop dixit) en las políticas públicas de servicios sociales, de movilidad, de participación ciudadana, de cultura, de vivienda u otras significa invertir recursos y realizar procesos que vayan generando estructuras de (o para la) relación interpersonal que, a su vez, contribuyan a que las personas puedan dar respuesta a sus necesidades. No se trata (sino todo lo contrario) de que las políticas públicas renuncien a garantizar derechos y endosen a las redes (familiares y) comunitarias la responsabilidad de proveer o proteger bienes de primera necesidad (como el medio ambiente, la educación, los cuidados o la alimentación). No, se trata de que los poderes públicos, considerando la actual fragilidad de las comunidades, apuesten por el fortalecimiento de viejas y nuevas  maneras de autoorganización solidaria y ciudadana y de relación familiar y convivencial.

Nuestros proyectos comunitarios (y sus redes, mesas, reuniones y talleres) están, seguramente, ante el reto de mostrar y demostrar (ante los agentes y, sobre todo, ante la población) de qué manera y en qué medida acaban teniendo un impacto en el ejercicio de los derechos y la satisfacción de determinadas necesidades de un espectro cada vez más amplio y diverso de personas. Deben, seguramente, innovar en aspiraciones, lenguajes, formatos y tecnologías, si quieren conectar de manera pertinente y fértil con una parte significativa de esta sociedad ilusionante, dinámica, riesgosa, fragmentada y convulsa en la que vivimos y buscamos la felicidad.

(Arriba, uno de los encuentros de la pasada semana con personas de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.)

Innovación tecnológica, transformación social y buen vivir

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En nuestras sociedades la innovación tecnológica tiende a presentarse como la principal herramienta para el bienestar. Aparenta ser un instrumento, como mínimo, éticamente neutro y, por lo tanto, susceptible siempre de ser utilizado para el bien. En el discurso dominante la innovación tecnológica es deseable, per se, siempre y en todo lugar. Es un proceso que, en general, ha hecho, hace y va a hacer la vida mejor, más aún, el principal proceso que nos ha hecho progresar, según parece. Nuestras autoridades, antes que fotografiarse junto al altar de una catedral, prefieren hacerlo al lado de algún aparato de última generación. Hoy en día, frecuentemente, más que hablar de reforma social, de desarrollo social o de transformación social, se hablaría de innovación social, ampliándose el radio de acción de una innovación, inicialmente, tecnológica.

Sin embargo este discurso puede ser cuestionado, cuando constatamos el inmenso poder que tiene la innovación tecnológica para transformar la sociedad y al propio ser humano. Para transformar y, no pocas veces, para deformar y para destruir la sociedad y el ser humano. La tecnología es un subsistema social con capacidad de agencia que con frecuencia resulta disfuncional y que, en lugar de servir al conjunto del sistema social, muchas veces, se sirve de él, colonizándolo e instrumentalizándolo, llevándolo al deterioro y al colapso.

No todo saber o conocimiento humano es o se convierte en tecnología. Es más, posiblemente, los principales saberes que tenemos las personas no pueden formatearse como tecnología: saberes éticos, científicos, espirituales, emocionales o prácticos que atesoramos, construimos y compartimos los seres humanos, legados que recibimos y transmitimos, que reinterpretamos y reelaboramos colectivamente, deliberativamente, comunitariamente. Y que no son, generan o desembocan en innovaciones tecnológicas.

Posiblemente la novedad principal de la época que nos ha tocado vivir es que, por primera vez en su historia, los seres humanos tienen la capacidad tecnológica para destruir toda la vida humana sobre la tierra. Y el riesgo de asimetría de poder y de dominación por parte de quienes se apropian de esas capacidades es enorme. La combinación de la innovación tecnológica con la desregulación capitalista es, posiblemente, la mayor amenaza que hoy enfrenta la humanidad.

Según Albert Camus, “en política son los medios los que deben justificar el fin”. O, en palabras de Mahatma Gandhi, “el fin está en los medios como el árbol en la semilla”. Frente a la interesada y suicida racionalidad instrumental, alienante y consumista, que nos conduce a hacer inexorablemente todo aquello que es posible hacer, caiga quien caiga, hemos de proponer, practicar y defender el buen vivir construido democráticamente desde un universalismo inclusivo y mediante la gobernanza participativa y la gestión colaborativa del trabajo, el conocimiento y la innovación.

(Notas para la próxima celebración del décimo aniversario de Home Care Lab, división de innovación del Grupo Servicios Sociales Integrados.)

Organizaciones de solidaridad y comunidades de cuidados en la transformación política de los Estados de bienestar

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Es frecuente que, al tratar sobre diferentes desafíos que enfrentan nuestras sociedades, se haga referencia a la necesidad, como propone Adela Cortina, de reconfigurar el contrato social, de reiniciar la alianza humana, de construir un nuevo pacto ciudadano. Tratemos de la precariedad laboral o la segregación residencial, discutamos sobre las relaciones de género o entre las generaciones, hablemos de la natalidad o la longevidad, nos refiramos a la soledad emocional o a la dependencia funcional, debatamos sobre la diversidad o la desigualdad, nos preocupemos de la productividad o de la sostenibilidad, llegamos a la conclusión de que las reglas que estructuraron la interdependencia entre las personas que constituyeron las sociedades, básicamente, mediante el empleo industrial, la familia patriarcal y la Seguridad Social requieren una profunda revisión e importantes cambios.

En nuestro mundo, efectivamente, esa interdependencia entre las personas, esas relaciones sociales se constituyen en gran medida en forma de transacciones de mercado: vivimos en sociedades altamente mercantilizadas. Como mostró con agudeza Karl Polanyi, incluso la tierra, el trabajo y el dinero se tratan como mercancías. Es cierto que la producción y distribución de ciertos bienes públicos en los Estados de bienestar es una forma de evitar que la satisfacción de determinadas necesidades de las personas dependa de su solvencia en los mercados, pero, como nos muestra Naomi Klein, el sistema capitalista, en muchas ocasiones, consigue poner incluso esa producción de bienes públicos al servicio de dinámicas de crecimiento insostenibles, con sus correspondientes crisis, catástrofes y shocks, que también son, a su vez, utilizados en favor de los intereses de las élites extractivas dominantes y las clases acomodadas satisfechas.

La economía social y solidaria del llamado tercer sector es una de las muestras de que otra forma de satisfacer necesidades es posible. De ahí la importancia creciente de las organizaciones solidarias, entre las que, como señala Gregorio Rodríguez Cabrero, van madurando significativamente en nuestro entorno las dedicadas a la acción social. Estas entidades están llamadas a desencadenar sinergias entre su función intelectual colectiva y propositiva, la de coproducir servicios con el sector público y la de dar soporte y estímulo a los procesos de desarrollo comunitario. Necesitamos que realidades como la parentalidad positiva, la convivencia en diversidad, la ayuda mutua vecinal, la acción voluntaria, el servicio público a pie de calle, la innovación social, la economía circular de proximidad, la participación ciudadana, el activismo militante y la movilización antagonista se potencien, protejan y prolonguen mutuamente, construyendo agencia política.

Xavier Godàs analiza y subraya el papel de las relaciones primarias y, en general, comunitarias en los procesos de empoderamiento colectivo imprescindibles para la satisfacción de las necesidades de las personas, de la gente. Relaciones y empoderamiento que parecen urgentes en materia de cuidados. Cristina Carrasco identifica los cuidados como bienes relacionales, de modo que, sabiendo que en nuestra sociedad es urgente el ejercicio de la responsabilidad pública universal sobre los cuidados, parece que, si éstos quieren tener rostro humano, los poderes públicos, con la colaboración de las organizaciones solidarias, han de experimentar y escalar formatos y procesos que favorezcan y nutran la construcción de comunidades de cuidados. La generación, reproducción y fortalecimiento de esas tramas comunitarias de cuidados mutuos serán uno de los factores clave del éxito de la transformación social que buscamos.

(Arriba, Karl Polanyi, fotografiado en 1938 junto a Kari Polanyi-Levitt.)

Inclusión social y servicios sociales en un mundo que (al parecer, por algunas partes) se desmorona

Laparra

El encargo de ocuparse de las personas en riesgo o situación de exclusión social, en la historia de nuestro sistema de bienestar, ha sido hecho, en buena medida, a los servicios sociales. Éstos en España se formatean jurídicamente tras el final de la dictadura franquista, en el marco de un sistema industrial y patriarcal en el que el contrato social se apoya, fundamentalmente, en el pleno empleo masculino, una organización familiar y comunitaria de los cuidados con sesgo de género y la protección social contributiva. Los servicios sociales (denominados como asistencia social en la Constitución Española) se configuran como el dispositivo que completa el sistema mediante la asistencia básica y el seguimiento profesionalizado de algunas minorías excluidas (o en riesgo de exclusión) de perfiles preestablecidos.

En ese modelo de servicios sociales, todavía vigente en gran medida, no hay ningún bien o actividad que caracterice definitoriamente a esta rama. Al contrario, este ámbito es reconocido más bien por su capacidad de proporcionar diversos agregados de diferentes respuestas (como dinero, cuidados, alojamiento, alimento, acompañamiento, activación u otros) que pueden funcionar para personas que encajan en los mencionados perfiles, con la finalidad, se supone, de que se alejen esa zona de exclusión y se incorporen a la normalidad del cuerpo social.

La historia de las generaciones que protagonizaron el despliegue de ese modelo (de contrato) social en España es, en buena medida, una historia de éxito si ciframos éste en la existencia de mayorías que vieron razonablemente satisfechas sus expectativas de bienestar o calidad de vida. A la vez, en el caso español, como en el del conjunto de los países que implementan un modelo similar, en ese relativo éxito se fragua un cambio social preñado de nuevos riesgos (ecológicos, demográficos, financieros, relacionales u otros) que van tornando cada vez más insostenible el propio modelo. Insostenibilidad que, al parecer, adopta en el siglo XXI la forma de una sucesión impredecible de catástrofes a diferentes escalas con diversas manifestaciones, notablemente interconectadas en una dinámica crecientemente compleja y paradójica (huida hacia delante) en la que cada solución parece acarrear un problema mayor.

En estas turbulencias el posicionamiento tradicional de los servicios sociales se torna mortal de necesidad, puesto que el número creciente de las personas que acuden a ellos en busca de alguna de las prestaciones o apoyos incluidos en su oferta (desde alimentos a cuidados, desde dinero a alojamiento) ya no conforman aquellos contingentes limitados y perfilados previstos en su momento, sino que presentan una creciente multiplicidad mucho más compleja de situaciones y expectativas. Cantidad, intensidad, complejidad y diversidad que tensa los servicios sociales, inmersos en un intento cada día más baldío y frustrante de diseñar, desarrollar, combinar y escalar las especializaciones requeridas por la realidad y la integración que necesita cualquier sistema funcional.

(Notas tras la sesión del pasado viernes en la Biblioteca del Fondo en Santa Coloma de Gramenet y de cara al encuentro de mañana, martes 5 de abril, con el Colegio de Trabajo Social en Lleida. La ilustración, de Miguel Laparra, tomada de la página 167 del último informe FOESSA y comentada por Pedro Fuentes en la reciente Escuela de Primavera de Cáritas Española, refleja la diversidad existente en el espacio social de la exclusión. Las personas (los hogares) en situación de inclusión se asemejan entre sí, al contrario de lo que sucede en la zona de exclusión, en la que aumenta la dispersión. Se sugiere acceder al estudio para una explicación precisa del gráfico.)

La acción comunitaria en el marco de las políticas locales: significados y perspectivas

Santa Coloma

La relación entre poder y territorio debe basarse en el cuidado, la escucha, el servicio y la colaboración y no en la violencia, la conquista, la ocupación y la dominación. Son legítimos, fértiles y duraderos los poderes públicos en la medida en que son democráticamente permeables a las necesidades y demandas, a la voz y a la participación de las personas presentes en el territorio. En ese marco, las políticas locales llevan la marca de la proximidad y tienen importantes encargos en la producción, promoción, protección y distribución de bienes de primera necesidad, como la seguridad, el alojamiento, la interacción, la participación o la cultura.

Los cambios sociales que venimos viviendo en las últimas décadas (y singularmente en los últimos años) pueden leerse en buena medida en clave de individualización, desigualdad, diversificación, fragilidad, desvinculación y exclusión. También de incremento vertiginoso de las oportunidades y de los riesgos y, consiguientemente, de la complejidad de las exigencias hacia los poderes y administraciones locales. Funciones que no hace mucho parecían reservadas a instancias como las familias, las profesiones liberales, las comunidades, las religiones o las empresas pueden ser fácilmente esperadas, hoy y aquí, de las instituciones públicas.

Esas instituciones y sus profesionales y agentes colaboradores reciben encargos y demandas muchas veces contradictorias. ¿Quién llama a la puerta? ¿La víctima que pide socorro? ¿El cliente que siempre tiene la razón? ¿La voluntaria que quiere arrimar el hombro? ¿Alguien que reclama lo que, por derecho, le corresponde? ¿O quien pide un ejercicio de autoridad? ¿O quien hace una propuesta de mejora de la política pública? ¿Quién desea un puesto de trabajo? ¿Quién más?

Posiblemente, además, los tiempos pandémicos han sido desencadenantes y contexto para las mejores y las peores versiones de nuestras instituciones y políticas públicas. Hemos visto o practicado flexibilidad, empatía y compromiso pero también la otra cara de la moneda: un repliegue en las zonas más frías, rígidas y asimétricas de la distancia. El tiempo de las catástrofes nos pone a prueba. Nuestro arco se tensa entre, por una parte, la necesidad de operativizar con precisión garantista los derechos y beneficios exigibles por parte de cada ciudadana y ciudadano, y, por otra, el imprescindible carácter comunitario, universal, preventivo, interseccional, intersectorial y transversal de nuestras actuaciones. Debemos lograr simultáneamente vecinas y vecinos que sientan satisfacción y orgullo por sus servicios públicos y ciudadanas y ciudadanos colaborando y comprometiéndose con su comunidad y territorio.

En ese contexto la inclusión social no puede ser vista y construida más como compensación a posteriori de las consecuencias excluyentes de nuestras relaciones humanas hipermercantilizadas sino como ejercicio compartido de formas fraternas de ciudadanía activa. La vulnerabilidad y exclusión social no puede ser vista más como el estigma de unas minorías reconocibles sino como la condición y amenaza que nos concierne y afecta a todas. Las instituciones locales son hoy y aquí un terreno de juego (o un campo de batalla) fundamental entre élites (u otras capas sociales) extractivas que quieren valerse del derecho y la autoridad para rematar la faena de la polarización social, la segregación urbana y la privatización de los recursos y activos comunes, por una parte, y, por otra, movimientos y agentes muy diversos (muchas veces desarticulados) que, dentro y fuera de las estructuras administrativas, cooperan en la construcción de capacidades compartidas, relato emancipatorio y estructuras de la comunidad.

(Sobre estas cuestiones conversaremos el viernes en Santa Coloma de Gramenet.)

Problemas con el problema de la soledad

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Posiblemente nuestra sociedad y sus agentes políticos, de la información y del conocimiento tienen apreciables razones e incentivos para preocuparse por el problema de la soledad, para hablar de él, para construirlo como problema social. Ahora bien, que lo estén (estemos) construyendo en este momento, en alguna medida, como problema social no necesariamente quiere decir que saben (sabemos) cómo resolverlo, que son (somos) capaces de resolverlo, que han (hemos) decidido (con todas sus consecuencias) resolverlo. Veamos.

Seguramente, las razones e incentivos de estos agentes para conversar e intervenir públicamente sobre la soledad tienen que ver, en buena medida, con el aumento de las situaciones de soledad y de sus interacciones con otras generadoras o potenciadoras de vulnerabilidad. Cabe pensar, por otro lado, que, como asunto emergente, tiene el atractivo de ser relativamente nuevo en la arena política, mediática e incluso académica (llegándose en algunos países a iniciativas como la de un “Ministerio de la Soledad”). Y los asuntos nuevos ofrecen oportunidades por aquello de que quien da primero da dos veces, quien se adelanta toma la posición. Además, una vez se considera plausible como problema social objeto de la agenda política, la soledad tendría la ventaja de que cualquier persona puede sentirse concernida por ella, cualquiera la ha sentido o puede imaginarse en una situación de soledad. Aparentemente, de entrada, a nadie molesta o incomoda que se hable y se actúe al respecto: en un mundo complejo de reivindicaciones controvertidas y polarizadoras, la soledad parece un desafío que nos une, un caballito blanco.

En este contexto con frecuencia nos encontramos, gratuitamente, con visiones apocalípticas del asunto, identificándose la soledad, por ejemplo, como (la) enfermedad, epidemia o pandemia del siglo XXI y como causante, a su vez, de una larga lista de males de muy diferente índole y, en su caso, gravedad y dramatismo (resultando arquetípica la imagen de la persona que fallece en su domicilio y es descubierta pasado un tiempo). A la vez, se tiende a estereotipar y estigmatizar a determinados perfiles de personas, individualizando el problema y adobándolo con dosis de sentimentalismo, moralismo y paternalismo. El alarmismo catastrofista, paradójicamente, invisibiliza en gran medida las maneras en que sistemáticamente venimos generando las condiciones para ese aumento de la soledad: pareciera que la soledad ha venido y nadie sabe cómo ha sido.

Al ser más fácil identificar las manifestaciones y causas inmediatas del problema que los factores estructurales que pueden estar en su base, también son más reconocibles las actuaciones paliativas y más difíciles de visualizar las preventivas: tanto los comportamientos individuales a lo largo de la vida que resultarían protectores frente a la soledad propia y ajena como las actuaciones preventivas de la soledad que pueden realizarse desde las políticas públicas. Sólo nos faltaba la pandemia de la covid y las medidas de confinamiento, distanciamiento y otras como la mascarilla para aumentar la confusión. A la visión descontextualizada del problema corresponde la propuesta de respuestas voluntaristas por parte de la persona que está en situación de soledad o de su entorno: si nos esforzamos lo suficiente superaremos las soledades propias y próximas, al parecer.

Puede resultar frustrante y contraproducente tal desequilibrio entre la magnificación del problema y lo magro de las respuestas disponibles. Y, en todo caso, facilitador de que las estrategias y políticas ante la soledad pasen como otra moda más de esas que acostumbran a venir y marcharse en el campo de las políticas públicas. Sin embargo, la responsabilidad del conocimiento al respecto nos obliga a alertar de que no contamos con un modelo contrastado de abordaje a gran escala del problema de la soledad. Las estrategias y programas que conocemos (procedentes muchas veces de contextos culturales e institucionales sensiblemente diferentes al nuestro) no parecen encontrar el punto justo entre el riesgo de escorarse a intervenciones muy focalizadas sobre personas que ya se encuentran en situaciones severas y difícilmente reversibles de soledad (frecuentemente acompañadas de otras condiciones problemáticas) y el de ser contenedores casi para cualquier tipo de actividad o intervención (urbanísticas o turísticas, educativas o sanitarias y así sucesivamente).

Nuestra conversación y políticas públicas basadas en el conocimiento sobre la soledad como problema social están, seguramente, por hacer, en buena medida. Ser conscientes de ello es un primer paso necesario para diseñar y aportar respuestas a este importante desafío de nuestra sociedad.

(Sobre estas cuestiones y otras conexas conversamos el pasado sábado en Cáritas Gipuzkoa y conversaremos el próximo jueves con Hartu Emanak en la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco, a la vez que estamos trabajando en procesos al respecto en Servicios Sociales Integrados, Adinberri y el Gobierno de Cantabria.)