Atención integrada, ecosistemas de conocimiento y gobernanza exploratoria

Murcia 3

La creciente especialización de las áreas de conocimiento, las actividades profesionalizadas y las políticas sectoriales en el ámbito del bienestar requiere, lógicamente, a su vez, mayores cotas de integración vertical y horizontal de las estructuras implicadas, para lograr que los itinerarios de las personas que ejercen los derechos sociales sean eficientes y satisfactorios, con independencia de su menor o mayor complejidad: desde el sencillo mecanismo mediante el cual una persona consigue comenzar a cobrar su pensión de jubilación hasta el complejo proceso que desencadena calidad de vida sostenible a lo largo de años para una criatura con una grave discapacidad.

Las estrategias, procesos y situaciones de integración vertical aproximan a la persona destinataria y a sus entornos cercanos la aportación de valor de cada ámbito sectorial (sanidad, servicios sociales, vivienda, educación u otros) minimizando el impacto negativo de la mayor distancia física en la ubicación de las profesionales más especializadas o con mayor responsabilidad, así como el de la separación entre sí y el superior alcance territorial de las organizaciones responsables correspondientes a dichas profesionales. Así, por ejemplo, la integración vertical del sistema educativo debe permitir que la mencionada criatura, vaya a la escuela que vaya en función del barrio en el que viva, se beneficie de todo el caudal de conocimiento especializado disponible sobre la atención educativa a su discapacidad.

Las estrategias, procesos y situaciones de integración horizontal resultan de especial interés en aquellas interfaces entre ámbitos sectoriales más habitadas o transitadas por parte de las personas destinatarias de los servicios de bienestar. Buscan que sea lo menos oneroso posible para la población el reparto existente, entre las diferentes ramas de actividad, de los bienes (salud, cuidados, alojamiento, conocimiento u otros) que componen el bienestar. La integración horizontal de servicios facilita que la mencionada criatura con discapacidad, que pasa temporadas escolarizada, otras hospitalizada y otras básicamente en su domicilio, pueda seguir progresando siempre satisfactoriamente en todos los aspectos de su vida.

Los agentes presentes en esa trama integrada vertical y horizontalmente que deseamos que sea nuestro sistema de bienestar participan, a su vez, en ecosistemas de conocimiento con otros agentes integrados o no en dicho sistema de atención. La facultad de trabajo social de una universidad, por ejemplo, no es una parte integrante de la atención para el bienestar en un determinado lugar o territorio pero, sin embargo, debe verse dentro de uno o varios ecosistemas de conocimiento conectados con esa trama, que la alimentan y son alimentados por ella. De esa facultad de trabajo social egresó, por ejemplo, la profesional de referencia que la familia de la criatura de la que estamos hablando tiene en la atención primaria de servicios sociales. Y a esa facultad regresa en ocasiones esa trabajadora social, por ejemplo, para participar junto a sus investigadoras en proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e innovación.

Las servidoras y servidores públicos y solidarios a pie de calle, el personal con responsabilidades técnicas, administrativas o de gestión en las organizaciones y las personas con funciones políticas son productoras, receptoras y portadoras en diferentes proporciones de distintos tipos de conocimiento (práctico, tecnológico, científico o ético, por ejemplo), todos ellos indispensables en la atención integrada para el bienestar. Conocimiento que es, sin duda, el principal activo del sistema, lo que hace necesaria una gobernanza exploratoria que entienda que se debe nutrir directa e indirectamente de dichos ecosistemas de conocimiento y asuma que impulsarlos, sostenerlos y mejorarlos es su principal responsabilidad. Las políticas sociales, hoy y aquí, no pueden dar por supuesto que existe el conocimiento que necesitan para su diseño, implementación y evaluación, sino que más bien deben persuadirse de que les toca comprometerse activa, dinámica y abiertamente en su construcción.

(En la imagen cuatro diapositivas utilizadas recientemente en una conferencia sobre el asunto del que trata la entrada.)

Social innovation in social services

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In 1997 I returned to Spain after several years living in Ecuador. For our family it was the moment of greatest vulnerability and risk of social exclusion in our history. The welfare state helped us. At the employment office, both my wife and I got job orientation and a monthly salary to support us until we found work. Our two daughters started going to public school totally free and we immediately had access to free health services. However, we had to find housing on our own and we did not have support from social services for the care of our daughters or our community inclusion. Four pillars of the welfare state served us but two did not, one of them social services, because they were very weak. From then until now the situation has not changed much, there has not been a great innovation or a great development (scaling up of innovations) in social services.

Usually, social innovation is distinguished from technological innovation. Take, for example, the fields of health or mobility. We easily distinguish technological innovations (a new technique for surgical operations or a new motor for buses) from social innovations (which have more to do with the inclusion of agents and participatory organization in each of these sectors). Obviously, an innovation can be technological and social simultaneously.

The problem in social services is that there is no clear delimitation of the sector, that it is a very poorly articulated area and that we do not know what its value chain is. I see it as a border area in the welfare state with different configurations in different countries. This is a very problematic context for technological innovation and for distinguishing technological innovation from social innovation and promoting both.

In any case, for me, at this time, the most interesting innovations in social services have to do with preventive, proactive, relational and close care, supports and interventions in diverse communities with the support of digital technology that complement the autonomy and relationships of all the persons. Also with the vertical (multilevel) integration between different responsibilities and horizontal (intersectoral) integration with health, employment, education and other branches of services.

(The drawing is by Robin Murray.)

Jugar como equipo visitante en la liga del conocimiento sobre inclusión social

visitante

Los ecosistemas de conocimiento, las comunidades de personas que conversan entre sí alrededor de una materia tienen perímetros y configuraciones que hacen más probables unas interacciones y más improbables otras (Bunge, 1999). En la pandemia hemos vivido la capacidad de un ecosistema global de conocimiento en salud para, partiendo del trabajo de investigación sobre un virus del que la mayoría empezamos a escuchar hablar a comienzos de 2020, alcanzar para mediados de 2021 el resultado de que cada una de nosotras, en nuestro entorno, haya podido recibir el pinchazo de una vacuna. Al parecer, otro ecosistema de conocimiento, económico, partiendo de la experiencia de la crisis financiera de hace diez años, ha conducido a decisiones de política monetaria muy diferentes, que estamos empezando a experimentar. A la vez, lógicamente, vemos cómo otra serie de debates o discusiones sobre otras materias se van abriendo y quizá desperdigando como fractales, sin llegar aparentemente a ninguna conclusión para una aplicación operativa.

Pues bien, cuando hablamos de políticas de inclusión social nos estamos refiriendo, al menos, a un conjunto de ramas de política pública y correspondientes sectores de actividad tales como educación, sanidad, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos para la subsistencia. Se trata de sectores de actividad y ramas de política pública con un limitado grado de integración vertical y horizontal y una frágil configuración y vertebración  en tanto que ecosistema de conocimiento. Por otra parte, estos tiempos pandémicos y pospandémicos de aceleración del cambio social generan visiones y agendas muy discrepantes e incluso polarizadas en cuanto a la comprensión y abordaje de los procesos de exclusión e inclusión social (Quilter-Pinner y otras, 2020).

Para avanzar en materia de conocimiento para la inclusión social, tentativamente, cabría acogerse a la reivindicación de la proactividad de los poderes públicos en la construcción del conocimiento y sus ecosistemas (Aguilar, 2021) y al concepto de misión (Mazzucato y otras, 2020) para reclamar de dichos poderes públicos la tracción que pudiera ayudar en la articulación del deseado ecosistema de conocimiento para las políticas de inclusión social, reivindicando simultáneamente el concepto de política exploratoria (Longo, 2019) y de las exploradoras frente a los chamanes (Lapuente, 2015) y promover laboratorios ciudadanos (Lafuente, 2020) en el seno de nuestras organizaciones y servicios. En cualquier caso, posiblemente, en este momento, la labor más urgente sea la de la conexión entre las universidades y los agentes que están interviniendo en el territorio, posiblemente facilitada por agencias intermedias o intermediarias, frecuentemente públicas.

Como personas y agentes preocupados por los procesos de inclusión social sentimos que es fundamental que quienes son constructoras y portadoras de un tipo de conocimiento útil para la inclusión social (ético, científico, tecnológico o práctico), cualquiera de ellas, todas ellas, realicen permanentemente y cada vez más el esfuerzo de participar en algún proceso liderado por otro tipo de agente (Wagensberg, 2002). Si queremos jugar en una buena liga, seguramente tendremos que hacer el esfuerzo de jugar, al menos algunos partidos, en el campo de otro equipo, es decir, aceptar jugar como equipo visitante.

(Adelanto del texto que se colgará en esta web, completo y con referencias, el miércoles, 20 de octubre, tras la jornada organizada por el Consejo Económico y Social y la EAPN de la Región de Murcia. Asimismo, el lunes 18 y el martes 19 trabajaremos sobre estas cuestiones en un seminario del proyecto BuiCaSuS por invitación de Fresno Consulting.)

El tercer sector ante el reto de la pobreza

club of rome

En el ámbito de la intervención social en nuestro entorno, las organizaciones solidarias, las entidades del tercer sector, se entienden habitualmente dentro de un paradigma de la acción social que podríamos llamar subsidiario o residual, es decir, son concebidas en general como dispositivos para hacerse cargo en lo posible de situaciones o colectivos especiales, excepcionales, cuando otros mecanismos más poderosos fallan. Y en la evolución de los últimos cuarenta años van acostumbrándose a hacerlo, en buena medida, con la financiación y el control de las administraciones públicas.

En ese contexto, la pobreza sería vista como una de esas situaciones de las que pueden ocuparse las entidades de iniciativa social. A veces las personas pobres han sido contempladas como uno de esos colectivos especiales de los que se encarga, entre otros, el tercer sector y otras veces la pobreza se ha entendido como algo que les sucede a varios e incluso a muchos de esos colectivos. En los últimos veinte años, con la generalización del uso de los conceptos de exclusión e inclusión social, cabe decir que el término pobreza ha quedado más circunscrito a la carencia económica o monetaria más que a otras dimensiones de la exclusión social (como la relacional, la administrativa, la laboral, la residencial u otras).

Sin embargo, en estos mismos años también hemos ido elaborando la identidad del tercer sector y se ha planteado otra mirada no subsidiaria y no residual. Según esta visión lo que diferenciaría a las organizaciones solidarias de las públicas o de las mercantiles o incluso de las propias redes de relaciones primarias familiares y comunitarias es la lógica de sus transacciones o el tipo de medios que utilizan, de suerte que, resumiendo mucho, el intercambio sería lo propio del mercado, el derecho y la obligación lo propio del Estado, la reciprocidad lo propio de las relaciones primarias y la solidaridad lo propio de las entidades de iniciativa social.

Desde esta mirada, la aportación diferencial del tercer sector es más bien la de fortalecer la solidaridad con un fuerte acento de acción voluntaria y puede cuestionarse su posicionamiento originario según el cual sólo intervenía cuando algo fallaba en los mecanismos sociales considerados principales. Es un tercer sector, podemos decir, que llega a la mayoría de edad, que adquiere un estatuto superior, que intenta jugar en la primera división de los dispositivos para la integración y el funcionamiento de la sociedad. Emergiendo, genera interfaces interesantes y potentes con la comunidad, el mercado y los poderes públicos. Además, el avance del conocimiento (ético, científico, técnico y práctico) para la intervención social (y para otras ramas de la acción pro bienestar) nos lleva cada vez más a un enfoque universalista, preventivo, colaborativo, comunitario y basado en el conocimiento que casa mal con la vieja función subsidiaria y residual.

Por todo ello, diríamos que, hoy en día, nuestras organizaciones solidarias de acción social se mueven en una tensión entre las fuerzas que las llevan al rincón asistencialista (y además burocratizado por los requerimientos de control público) de hacer lo que otros agentes dejan sin hacer y los impulsos que les mueven hacia el universalismo preventivo, comunitario, colaborativo y productivo basado en el conocimiento. La pandemia y su abordaje seguramente han agudizado esta tensión, casi militarizando o bancarizando algunas organizaciones y revitalizando los dinamismos comunitarios, voluntarios, críticos y transformadores en otras.

Lo que sabemos hoy sobre las condiciones macroestructurales de generación y mantenimiento de las situaciones de pobreza económica y exclusión social (en una suerte de emergencia cronificada) aconseja esforzarse por superar el viejo posicionamiento focalizado y reactivo aunque, obviamente, las organizaciones solidarias tienen tradiciones y compromisos que no pueden abandonar de un día para otro. Se moverán por tanto entre la tarea de acompañar a las personas en situación de pobreza (u otras) sometidas a un régimen de segregación y estigmatización y la de anticipar en experiencias escalables de innovación social maquetas comunitarias de una sociedad sin pobreza ni exclusión. Y entre la capacidad de ayudar a los poderes públicos a cumplir algunas de sus obligaciones en situaciones de emergencia y la necesidad de ser un cauce significativo para la participación colaborativa de la ciudadanía crítica en el gobierno de la comunidad.

(Anticipo del contenido de la intervención en la mesa redonda que se retransmitirá hoy miércoles, 13 de octubre de 2021, a las 18 horas por el canal de YouTube del Capítulo Español del Club de Roma.)

Los tres entornos para la profesionalización y escalabilidad de los cuidados de larga duración

Zainlab 2

A continuación se quiere presentar un boceto de un posible modelo simplificado (pero quizá de alguna utilidad) para analizar hipotéticas trayectorias de desarrollo y cualificación de los cuidados de larga duración en nuestro país. Se trata de un ejercicio bastante tentativo y especulativo en las categorías que utiliza y notablemente grosero e inexacto en muchas de las cantidades que se anotan, pero se espera que sirva para avanzar un paso en nuestros análisis y reflexiones. Veamos.

Las personas que, de forma más súbita o progresiva, se encuentran en la circunstancia de necesitar cuidados de cierta intensidad, que, previsiblemente, se van a prolongar en el tiempo, pueden encontrar apoyo, fundamentalmente en tres tipos de entorno o espacio: el que denominaremos comunitario, el que podemos llamar doméstico y el que referiríamos como institucionalizado. Los distinguiremos de esta manera (sin fijarnos ahora en situaciones híbridas, intermedias, borrosas u otras):

  1. La persona que está, fundamentalmente, en el espacio comunitario normalmente recibe los cuidados, principalmente, de alguien de su familia, con una diversidad de profesionales de apoyo en segundo plano.
  2. La persona que está, básicamente, en el entorno que llamamos doméstico suele tener como proveedora fundamental de cuidados a una persona a la que paga.
  3. La persona que ubicamos en el espacio institucionalizado recibe los cuidados en el marco de servicios profesionalizados (tendencialmente) residenciales.

Cada uno de esos tres espacios o entornos y sus posibles variantes presenta ventajas y desventajas (costes y beneficios, fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas) en referencia a diversas cuestiones: disponibilidad de recursos, efectos en la calidad de vida de las personas, impacto de género u otros, sostenibilidad (de diferentes tipos) u otras. Nótese que la clasificación se intenta hacer desde la experiencia de la persona receptora de cuidados, sin reparar inicialmente en quién aporta los recursos (quién cubre los costes) y a quién benefician los impactos y retornos.

En números redondos y con brocha gorda, podríamos calcular que de las 100.000 personas que se encontrarían en Euskadi en la situación referida de necesitar cuidados de larga duración se repartirían, respectivamente, en los siguientes grupos: 65.000 (1), 15.000 (2) y 20.000 (3). En cuanto a los recursos profesionales y sus costes, de nuevo en forma impresionista, podríamos asumir que:

  • En el espacio 1 hay una variedad de perfiles profesionales con diferentes cualificaciones (pongamos que hay 5.000 en el equivalente en jornadas completas dedicadas a esta población) y podríamos estar pensando en un coste de esos servicios profesionales de 500 euros por persona destinataria y mes.
  • En el entorno 2 predominan las empleadas domésticas (digamos unas 15.000 personas) y podríamos calcular un coste de 1.000 euros por persona atendida y mes.
  • En el espacio 3 el perfil más frecuente es el de las gerocultoras (calculemos unas 10.000 personas) y podríamos estimar un coste de 2.000 euros por persona usuaria y mes.

Suponemos que todo esto nos da un coste anual en Euskadi de 1.000 millones de euros, repartidos de la siguiente manera: 300 millones (1), 200 millones (2) y 500 millones (1). Según diversas estimaciones, si hoy se estuviera dando respuesta a las necesidades existentes, estaríamos duplicando los costes. Y si calculamos que, en 2040, son 150.000 las personas que estarán necesitando cuidados de larga duración y se habrá producido, además, una disminución del cuidado primario (básicamente familiar) disponible del 50%, tendríamos unos costes en 2040 que cuadruplicarían los actuales, si se quisiera responder a las necesidades.

En función de la capacidad de los diferentes agentes implicados de aportar o lograr recursos y de introducir innovaciones técnicas, tecnológicas, organizativas, sociales y políticas en cada uno y en el conjunto de esos tres espacios, se producirá una evolución u otra de nuestros cuidados de larga duración e irá variando el peso y la configuración de cada uno de esos tres espacios u otros. El boceto de modelo ya sugiere que los esfuerzos y aportaciones tienen consecuencias y generan equilibrios o desequilibrios diferentes en función del espacio o entorno al que se dirijan. Y después viene la pregunta que hizo Josep Pla ante la iluminación de Nueva York: Y todo esto… ¿quién lo paga?

Bibliografía revisada

AYALA, Luis y otras (2021): Economía del Estado de bienestar. Cizur Menor, Aranzadi.

CACHÓN, Elena (2021): “Trabajo de cuidados: tensiones derivadas de su definición, sus regímenes de funcionamiento y su organización social” en Lex Social, número (11)1, páginas 558-586.

EUSTAT (2021): Panorama estadístico de las personas mayores. Vitoria-Gasteiz.

GEROKON (2021): El precio justo: lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial. Bilbao, CEAPS.

MARTÍNEZ, Rosa y otras (2018): La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales. Madrid, Fedea.

OPS (Organización Panamericana de la Salud)(2020): Atención integrada para las personas mayores (ICOPE). Guía sobre la evaluación y los esquemas de atención centrados en la persona en la atención primaria de salud. Washington.

SANCHO, Mayte y MARÍNEZ, Teresa (2020): Residencias de personas mayores: ¡no más de lo mismo! Valladolid, Junta de Castilla y León.

WHO (World Health Organisation) (2021): Social isolation and loneliness among older people: advocacy brief. Geneva.

YANGUAS, Javier (2021): Pasos hacia una nueva vejez. Barcelona, Destino.

ZENTZUZ (2021): Cuidadoras migradas: el Sur de nuestro Norte. Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

(Reflexión realizada en el marco del proyecto #ZainLab, uno de cuyos encuentros recientes aparece en la fotografía.)

Economía de los cuidados: ¿hacia una tormenta perfecta?

Bp Petrol Station

De forma aparentemente inexorable nos vamos adentrando en una tormenta perfecta por los cuidados de larga duración.

En nuestro país, la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (pronto cumple quince años) puede ser vista como un momento significativo en el proceso de toma de conciencia política acerca de ese desafío y, específicamente, para la configuración de un mercado eficiente de cuidados profesionales, pretendidamente dominado por el sector público.

Sin embargo, la realidad social ha tomado claramente la delantera a la política y a la economía y nos encontramos ante un mercado de los cuidados notablemente disfuncional, entre otros factores, por dos:

  • Por la radical insuficiencia de la demanda solvente de cuidados profesionales (sea con dinero privado o público), especialmente en la medida en que el envejecimiento del envejecimiento genera cada vez con más frecuencia costes catastróficos para quienes necesitan cuidados (más difícilmente asumibles, además, en un contexto cultural de histórica desvalorización o devaluación de éstos).
  • Por la enorme y creciente dependencia de la inmigración para las labores de cuidado profesional, lo que somete a esta actividad a mayores riesgos de insuficiencia o  interrupción del flujo de personal cualificado disponible por causas como cambios en la política de inmigración (Vox gana peso al respecto), complicación de los papeleos, situaciones en los países de origen o, sin ir más lejos, una pandemia como la de la covid-19.

Además, estas disfunciones del mercado de los cuidados se producen junto a tensiones similares en nichos de actividad próximos como, por ejemplo, el de los servicios sanitarios, especialmente en la atención primaria de salud (con, por ejemplo, personal de enfermería que “tendría que estar” en los servicios sociales y está en los sanitarios u otro que “tendría que estar” en nuestra sanidad pública y se va a otros países), o en el de la vivienda (un bien que opera frecuentemente como refugio para la inversión en detrimento de su usabilidad).

Por último, estas tensiones, disfunciones, bloqueos y retrocesos en materia de cuidados se dan en un contexto económico y financiero convulso en el que el aumento de liquidez habilitada por las autoridades monetarias podría generar tensiones inflacionistas y los límites ecológicos pueden crear crecientes problemas por el lado de la oferta para un sistema económico basado en el crecimiento de las expectativas, de la demanda, de la productividad y de los recursos, sometido al triple desafío de la transición digital, ecológica y demográfica.

Quienes trabajamos en el desarrollo y la mejora de las políticas públicas de cuidados y para su mayor profesionalización e innovación tecnológica y social debemos incorporar en nuestros análisis estratégicos un conocimiento más profundo de estas dinámicas complejas (a veces endiabladas) de la economía de los cuidados y de la longevidad. Nuestra humanidad se juega mucho en ello en estos momentos y, por ello, no está de más recordar aquella frase que utilizó en su día Bill Clinton: es la economía…

(Reflexiones en el marco del proyecto #ZainLab. En la fotografía una gasolinera británica desabastecida por la falta de transportistas de otros países tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.)

Glosario en intervención social

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Acción comunitaria: Intervención dirigida a poblaciones o colectividades y orientada a su configuración, participación, empoderamiento, organización y desarrollo como comunidades.

Acompañamiento: Tipo, forma o metodología de intervención que se caracteriza por su personalización y continuidad y que se orienta, fundamentalmente, al empoderamiento de la persona.

Actividades de la vida diaria: Son las actividades que ha de realizar una persona para poder dar satisfacción a sus necesidades. Se clasifican en básicas (las más imprescindibles, que normalmente la persona puede hacer sola: comer, asearse, caminar y demás), instrumentales (que requieren interactuar con otras personas o pueden ser más fácilmente delegadas en otras personas, como: cocinar, compras, usar medios de transporte) y avanzadas (que comportan participación en instituciones complejas: estudiar, trabajar, participar en la vida política, por ejemplo).

Aislamiento social: Exclusión relacional. Es la situación objetiva de limitación de relaciones primarias de una persona.

Amigabilidad: Cualidad de los entornos, políticas, servicios, actividades, comunidades, espacios, localidades o estructuras que facilita el funcionamiento y la vida de determinadas personas o de una diversidad de personas. Así hablamos de una política amigable con las personas mayores o de un hotel amigable con las personas homosexuales.

Asistencia: Actuación en virtud de la cual se obtiene la satisfacción de una necesidad más bien primaria, básica o fundamental de una persona. Asistencia, por ejemplo, es lo que hace una o un asistente personal. Cuando hacemos asistencia de un modo que reforzamos o incrementamos la dependencia (funcional o de otra índole) de la persona, entonces estamos siendo asistencialistas.

Atención centrada en la persona: Enfoque de la intervención social que hace énfasis en la elaboración y realización de un plan de intervención basado en un diagnóstico específico de la persona y consensuado con ella sobre la base de su autonomía moral y proyecto de vida.

Atención comunitaria: Prestación de servicios en entornos físicos y humanos de carácter relacional y comunitario. Se opone a la denominada institucionalización.

Atención continuada: Aquella intervención con una persona que no se interrumpe o se ve distorsionada por cambios de personal, tránsitos de un nivel o sistema a otro o por deficiencias de la gestión de los servicios.

Atención especializada: O secundaria. En la medida en que determinados servicios se prestan a menor número de personas se tienen que colocar más lejos del domicilio de la gente (o atender a un número menor de ellas). Las y los profesionales han de saber más sobre algo (una situación, un instrumento u otras cosas) que beneficia a menos personas: eso es especializarse.

(Para continuar leyendo y disponer del glosario completo en un PDF de 7 páginas, se puede clicar de forma abierta y gratuita aquí. El glosario se ha elaborado a partir de un documento preparado para Servicios Sociales Integrados.)

Profesionales de los servicios sociales: agentes de la comunidad en relación de ayuda

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Posiblemente las mejores prácticas profesionales en los peores momentos de la pandemia que estamos viviendo se han producido cuando el personal de los servicios sociales se ha conectado con la emoción de sentirse parte de una comunidad atacada por el virus y con su misión de ofrecer cuidados y apoyos personalizados y relacionales, flexibilizando o re(in)ventando las estructuras y procedimientos establecidos y articulando la diversidad de recursos y capacidades disponibles.

La pandemia, seguramente, ha puesto de manifiesto, a veces de forma dramática, las nocivas consecuencias del error de aquellos servicios sociales en los que la relación de ayuda había sido reemplazada por un intento o remedo de ayudas sin relación. Quienes, abandonando su profesionalidad, se habían convertido en dispensadores burocratizados de dinero, vales, certificados o derivaciones o quienes pretendían abordar las limitaciones de autonomía y relaciones mediante la institucionalización de las personas se vieron ante el espejo de su ineficiencia, de su yatrogenia y, en definitiva, de su inviabilidad para el futuro de nuestros servicios sociales.

La pandemia, quizá, ha contribuido a desbaratar las fantasías de omnipotencia de quienes pretendían unos servicios sociales capaces de responder a cualquier necesidad de las personas (desde la comida a la ocupación, desde el alojamiento al cuidado), así como las fantasías de control de quienes querían, en el siglo XXI, seguir funcionando, en el fondo, con la lógica y la metodología del padrón de beneficencia o de la institución total.

Sin embargo, en muchos lugres, los servicios sociales, como otros servicios de bienestar de proximidad, se han revelado, una vez más, como activos comunitarios, es decir, como infraestructuras, soportes, instrumentos o dispositivos fundamentales para comunidades resilientes de personas interdependientes, muchas de las cuales, en diferentes momentos, requerimos cuidados, apoyos e intervenciones profesionales que complementen y potencien nuestra autonomía para las actividades y decisiones de la vida diaria y nuestras relaciones primarias de carácter familiar y comunitario, donde reside la aportación nuclear de valor de los servicios sociales.

En unos servicios sociales concebidos y posicionados de esta manera, obviamente, además de las prestaciones o intervenciones relacionales y técnicas propias, se podrán proporcionar, complementariamente, ingresos económicos para las necesidades de subsistencia material, soluciones de alojamiento u otras. Del mismo modo que en otras ramas de servicios, como la justicia, la sanidad o la vivienda, puede haber profesionales de la intervención social que complementan la labor de las y los profesionales característicos de cada uno de esos ámbitos.

La intervención profesional de los servicios sociales en clave de personalización y comunidad debe fortalecer las capacidades y los lazos de las personas, haciendo más improbable que éstas sean etiquetadas, desempoderadas y alejadas de sus entornos elegidos. Y necesita, hoy más que nunca, de una apuesta política y presupuestaria por la ciudadanía de todas las personas en todas sus diversidades y por comunidades densas y colaborativas de nuevo cuño que permitan superar los excesos y disfunciones de las dinámicas de individualización. Siempre construyendo (y apoyándose en) el conocimiento, la tecnología y la innovación.

(Ideas compartidas en diferentes sesiones realizadas la semana pasada con personal de los servicios sociales en la comarca de La Garrotxa, en la que está el volcán de Santa Margarita, que aparece en la foto. Con un especial agradecimiento a Elena Masanas por su acogida y contraste del texto.)

Entramados de servicios profesionales de bienestar: la pelea

Banyoles

Estamos pensando en escuelas, centros de salud, servicios sociales, centros cívicos, servicios de empleo, actividades culturales, servicios de seguridad, actividades deportivas, servicios de transporte, promoción económica y otros en cuya provisión tienen especial peso los gobiernos y administraciones públicas. Forman esos entramados profesionalizados de proximidad que han ido generándose en los Estados de bienestar.

Sentimos que son importantes para nuestra calidad de vida y para la equidad y la cohesión social. Para la sostenibilidad social. Y no podemos sino entenderlos y defenderlos en clave de derechos universales, de innovación tecnológica permanente basada en el conocimiento, de responsabilidad pública, de colaboración público-comunitaria y de integración vertical (ascendiendo por los niveles jerárquicos e institucionales-territoriales) y horizontal (entre las diferentes ramas, sectores o pilares mencionados).

Para estas servidoras y servidores públicos a pie de calle (en expresión de Michael Lipsky) la referencia fundamental ha de ser la de las necesidades de las personas (sin olvidar sus expectativas) y es crucial que identifiquen, en cada una de las ramas, su bien protegible y que lo hagan en términos positivos y universales, es decir, de una forma que pueda resultar atractiva para toda la población. Como agentes de la responsabilidad pública saben que el Estado es uno de los mecanismos mediante los que las personas interdependientes satisfacen necesidades (otros son el dinero o las familias) y que el conjunto de mecanismos configuran sistemas o contratos sociales.

Esos sistemas o contratos sociales pueden ir evolucionando, adaptándose, mejorando y transformándose pero, en ocasiones, entran en crisis, sufren un colapso y se reinician. Es decir, sufren un momento catastrófico, una fuerte disrupción: guerras, catástrofes naturales, hundimiento de sectores de actividad, pandemias, determinados cambios políticos o eventos similares. En ocasiones hay síntomas que pueden avisarnos de que podemos estar acercándonos a un reinicio radical: por ejemplo dinámicas de más de lo mismo en las que cada intento que se realiza por mejorar una situación contribuye a empeorarla.

Las y los profesionales de los servicios de bienestar debemos ser conscientes de que no podemos descartar algún tipo de reinicio que nos borre del territorio o que nos reduzca a la mínima expresión y nos enquiste. No hace más de cuatro décadas que nuestro entramado organizativo es reconocible y son poderosas las miradas, las visiones y las estrategias para las que sobramos y estorbamos. Por ello, debemos redoblar nuestro compromiso profesional con la población, apostar por el conocimiento especializado, buscar mayor productividad, estructurarnos con un orden que facilite itinerarios eficientes para todas las personas y participar activa y constructivamente en la reinvención de las comunidades. Además, lógicamente, de exigir cuando proceda los recursos y estructuras necesarias para trabajar bien.

En ese contexto resultan imprescindibles unos servicios sociales relacionales que giren hacia la prevención. Que, reforzando su aportación de valor específica como cuidados, apoyos e intervenciones para la autonomía funcional cotidiana y la integración familiar y comunitaria, contribuyan a esa integración, calidad, proximidad y universalidad que fortalecerá y hará sostenibles nuestros entramados de servicios profesionales de bienestar.

(Ideas principales compartidas ayer en Banyoles, cuyo lago aparece en la foto. Se ofrecen como punto de partida para hoy y mañana en La Garrotxa.)

Líneas de reforma en políticas de garantía de ingresos

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Los tiempos pandémicos y pospandémicos nos exigen seguramente pisar el acelerador e intensificar nuestros esfuerzos en una triple línea de cobertura universal, incentivación activadora y simplificación facilitadora de las políticas autonómicas de garantía de ingresos. Lo que comenzó en los años ochenta siendo un programa de última red para situaciones graves de marginación y exclusión a cargo de los servicios sociales (con prestaciones económicas y prestaciones técnicas) ha ido evolucionando tendencialmente hacia un dispositivo universal de garantía última de ingresos para aquellas necesidades que los poderes públicos no cubren en especie (como sí hacen en salud o educación, por ejemplo).

La amplitud, intensidad, persistencia, aleatoriedad y virulencia con la que la pandemia y su abordaje han afectado y siguen afectando a los ingresos para las necesidades de subsistencia (como alimentación, vestido o suministros del hogar) de tantas personas hace ver con mucha mayor claridad (si hiciera falta) la necesidad de un aseguramiento público flexible y ágil de que nadie quedará sin poder cubrir, en última instancia, sus necesidades de subsistencia y, a la vez, un diseño tal que esa garantía de cobertura de lo necesario para la supervivencia se realicé estimulando el ejercicio de otros derechos sociales (como el derecho al empleo, a la vivienda, a la educación o a los cuidados).

De hecho, el Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, en su exposición de motivos, aboga por “un modelo de política social construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias evitando redundancias, contradicciones e inequidades”.

La pandemia, en realidad, no sólo imprime aceleración a esta necesidad y oportunidad de integración entre fiscalidad y garantía de ingresos sino que, al propulsar la digitalización de los flujos financieros y al propiciar una transformación radical de los arreglos de las políticas monetarias y de los conceptos de déficit, deuda y similares, crea un contexto favorable para esa visión integral de la Hacienda pública. La digitalización, por cierto, ofrece posibilidades inéditas incluso de reconceptualizar el dinero en la medida, por ejemplo, que puede fácilmente ser dinero que sólo pueda gastarse para determinados fines. Las posibilidades de automatización y trazabilidad de los flujos de dinero han de ser aprovechadas.

En ese contexto parece procedente que las reformas de los sistemas autonómicos de garantía de ingresos se configuren con la capacidad, interfaces y flexibilidad adecuadas para interoperar e integrarse mejor verticalmente con el Ingreso Mínimo Vital y con las políticas fiscales y horizontalmente con la política de vivienda y con otras. De igual modo, para lograr los deseados incentivos y sinergias inclusivas, la relación entre las políticas de garantía de ingresos y otras habrá de ir en la línea de relajar condicionalidades y controles que no han demostrado ser eficaces ni eficientes.

(Fragmento adaptado de una entrada que puede encontrarse completa hoy en el blog Llei d’Engel.)