Dealing with loneliness

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In the prevailing view about unwanted loneliness, the phenomenon is presented as a mostly individual problem, although reference is made to some social factors that may influence its presence, for example, in the group of older people. However, frequently, the structural and systemic nature of the problem of unwanted loneliness and relational isolation in complex, fragmented and liquid societies (in which profound transformations are taking place) is poorly identified. Family and community relations (a space in which gender, generational, functional and cultural diversity was supposedly managed) are insufficiently analysed, in a context of labour, residential and economic polarization and precariousness, territorial segregation and environmental emergency.

When assessing the phenomenon of loneliness of the elderly, the devaluation, stigmatization and disempowerment of this social group makes that, usually, rather than focusing on the problem of unwanted loneliness in itself and as it is experienced by people, we focus on the consequences of that loneliness in other areas of the person’s life, such as their material subsistence, physical security or health.

Professional or voluntary interventions in relation to unwanted loneliness and relational isolation from the public sector or the third sector are presented as numerous and interesting, but also heterogeneous and immature. There is not sufficiently safe and shared evidence base on what works and what does not work.

The interventions that have acquired the greatest notoriety are, to a large extent, late and palliative interventions. For example, if an older person is accompanied by a volunteer, that does not necessarily modify in a real and sustainable way their situation of relational isolation or unwanted loneliness if it do not contribute (deliberately or unintentionally) to have that person build or rebuild significant primary relationships (weaker or stronger).

It is necessary to promote initiatives of technical, technological and social innovation that seek to explore the possibilities of a preventive and ecological intervention, understood as one that attempts to rise upstream in the problem and act on a larger scale and to a greater extent when the problem has not emerged and when the people who could present the problem have capacities, resources, assets and links that, if they are cared for and empowered, can become powerful protective factors against the risk of unwanted loneliness and relational isolation.

¿Qué es hacer consultoría?

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En los diferentes ámbitos de actividad (como sanidad, restauración, movilidad, servicios sociales, telecomunicaciones, seguridad u otros) o en áreas instrumentales (como gobierno, gestión, relaciones humanas, administración, contabilidad u otras) o en distintas partes de ellas o intersecciones entre ellas (o en otros asuntos) operan organizaciones que se ocupan de diferentes eslabones de las cadenas de valor. Teorías económicas, empresariales o de las organizaciones intentan explicarnos cuándo es más eficiente configurarse como organización y cuándo lo es desagregarse o fragmentarse.

Frecuentemente, las personas u organizaciones que se dedican a la consultoría fueron anteriormente parte de esas organizaciones sectoriales, instrumentales u otras de las que hemos hablado. En un momento dado, quizá, vieron la oportunidad de (o se vieron forzadas a) dejar de hacer lo que hacían dentro de las organizaciones para pasar a ser proveedoras externas de ellas. Provisión externa que, para ser denominada consultoría, parece que debe ser altamente intangible y basada en el conocimiento.

La consultora, podríamos decir, pedalea durante un trecho con la organización cliente o destinataria y le asesora o ayuda para realizar labores de planificación, diseño, evaluación, aprendizaje o similares. Pareciera que es connatural a la consultoría esta dimensión temporal y finita de la colaboración y, quizás, la voluntad de que la organización cliente o destinataria se apropie en alguna medida del saber del que era portador el consultor.

Ahora bien, del mismo modo que la organización se apropia, deseablemente, de saberes (contenidos, prácticas, técnicas, instrumentos, tecnologías, estrategias, valores u otros) que obraban en poder del consultor, la persona u organización que hace consultoría también aprende en el proceso. De hecho, para la consultora, seguramente, su trabajo es la principal fuente de aprendizaje y, por tanto, de desarrollo sostenible de su actividad.

Sin embargo, posiblemente, quién hace consultoría no debiera conformarse con el aprendizaje que proviene de la práctica y debiera adquirir, sostener, cumplir y evidenciar un compromiso con la participación en una comunidad de conocimiento más amplia y, singularmente, con una labor de contrabando fronterizo entre el mundo de las organizaciones destinatarias de su trabajo (en las que se toman las decisiones y se realizan las operaciones que desembocan en las personas destinatarias) y unas determinadas personas y organizaciones (académicas, de investigación o similares) más bien generadoras de conocimiento. Ante aquellas, la consultora aparece como conocedora del estado del arte. Ante estas, como transmisora del pulso de la práctica de las decisiones y actuaciones en la vida real.

La consultoría se legitima por su función social en el seno de comunidades de práctica y conocimiento, en la medida en que añade valor a los saberes eficaces existentes en dichas comunidades y en sus organizaciones y personas. Su compromiso ético y su competencia profesional hacen que contribuya a la autonomía y conexión de los agentes con los que se relaciona y al incremento del valor social agregado de los sistemas, comunidades y redes en las que participa.

(Notas a partir de una conversación con Clàudia Manyá, en el marco del grupo de trabajo compartido con Guiomar Vargas, Elena Masanas y Marta Ballester.)

Trabajo en red, coordinación intersectorial y atención integrada

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La creciente complejidad de las necesidades y situaciones a las que han de dar respuesta las políticas públicas y los diversos agentes interesados o implicados en ellas parece llamar, lógicamente, a perfeccionar la colaboración entre diferentes agentes o el funcionamiento conjunto de estructuras. Partiendo de la existencia de las políticas, estructuras, asuntos o ámbitos de actuación específicos o especializados y, especialmente, de los que denominamos sectoriales, se plantea un esquema de clasificación de iniciativas o propuestas de colaboración o conjunción, en las que, se propone:

  1. Hablar de trabajo en red, para las relaciones blandas de generación de sintonía, de conocimiento mutuo, de colaboración esporádica o intermitente.
  2. Utilizar, más bien, el término coordinación cuando la dinámica propia o autónoma de unos agentes o partes se sincroniza, acuerda o articula con la de otros.
  3. Hacer uso del término integración en la medida en (o para impulsar) que determinados procesos (series de actividades, cadenas de valor) multinivel o intersectoriales cobren importancia y estabilidad.

Por otra parte, podría diferenciarse cuando el marco de referencia de esa acción más o menos unificada o conjunta es:

  1. Ninguno en particular.
  2. Una política sectorial (es decir, referida a un sector de actividad, que opera dentro de su perímetro o que, en su caso, trabaja para que otros sectores contribuyan a su finalidad como, por ejemplo, salud en todas las políticas).
  3. Una política transversal, como la de infancia, o instrumental, como la de gestión del conocimiento (entendida como una política específica que atraviesa a las políticas sectoriales con cierta autoridad parcial sobre aspectos de ellas).
  4. Una política integral (entendida como una política general que incluye a las políticas sectoriales, con suficiente autoridad global sobre ellas).

La dinámica de especificación o especialización permite repartir la actividad entre sectores de actividad, unidades organizativas o, finalmente, personas (más) capaces de hacerse cargo de cada parte (intra e intersectorialmente). La dinámica de integración (unificación entre esas partes en procesos continuos) busca en última instancia que la persona usuaria o la comunidad destinataria, en su itinerario de atención, no note cuándo pasa de un sector a otro, de una estructura a otra. La tecnología, entendida como la manera estandarizada y basada en el conocimiento (científico u otros) de realizar las actividades operativas propias de cada eslabón de las cadenas de valor es un factor determinante en los procesos de especialización o integración.

En definitiva, cabría entender que se va avanzando en algunos consensos acerca de los modelos de integración intra e intersectorial en y entre las grandes políticas y estructuras verticales (como la sanitaria, la de servicios sociales, la de movilidad o la de vivienda), según los cuales todas estas políticas estarían llamadas a la integración interna y con el resto, con orientación comunitaria y territorial, sin subordinación de ninguna política sectorial a otra, sin deconstrucción de ninguna de ellas, sin creación (salvo excepciones limitadas) de estructuras intermedias o intermediarias y apoyándose, en buena medida, en la digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno.

El riesgo creciente de saturación, confusión y disfunción entre diferentes intervenciones y políticas nos ha de llevar, posiblemente, a potenciar el trabajo en red y la coordinación intersectorial en un marco de atención integrada vertical y horizontal a diferentes escalas, desde la local a la global, regida por procesos sistemáticos de gobernanza y gestión basadas en la evidencia y el conocimiento,

(Sobre estas cuestiones trabajaremos esta semana en la Diputación de Barcelona, el grupo de intervisión Miradas Compartidas, el Grupo Alba de Tárrega, el Consell Comarcal de La Segarra y el Ayuntamiento de Getxo. El texto viene precedido de Ancient Harmony, de Paul Klee.)

¿Quo vadis, baby boomer?

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El modelo de gestión de la (antes menor) diversidad generacional y funcional mediante la familia heteropatriarcal, nuclear y extensa, ubicada en la proximidad territorial y regida por una moral católica tradicional es cada día más inelegible e insostenible. Y se hacen más frecuentes e intensos fenómenos disfuncionales como el aislamiento social de más personas o las tensiones relacionadas con la crisis de los cuidados y las cadenas globales de cuidados. Disfunciones y tensiones que, interseccionalmente, se retroalimentan con la inequidad, maltrato y violencia de género y con la xenofobia y su expresión política.

Tanto la profesionalización y tecnificación como la digitalización o robotización de cuidados y otros apoyos que, tradicionalmente, se proporcionaban en el seno de relaciones familiares y comunitarias y en un marco de reciprocidad diferida son imprescindibles pero, en cualquier caso, dejan casi siempre sin responder la pregunta por cuál será la norma y la estructura de las relaciones primarias que nos configurarán como personas interdependientes en sociedades ecodependientes. Como personas autónomas en comunidades significativas en territorios sostenibles.

La estructura residencial o las prestaciones de la Seguridad Social, por citar dos mecanismos difíciles de transformar rápidamente, se pensaron para esa sociedad que ya se ha transformado, que ya no es reconocible. Adicionalmente, los procesos de polarización laboral y económica tensionan la sociedad, rompiendo pretéritos vínculos de solidaridad en los que pudieron apoyarse anteriores innovaciones en materia de política social. La lectura de una reciente entrada del blog del SiiS nos da un panorama social vasco a partir de varios estudios.

En nuestra sociedad está próxima a la jubilación la numerosa generación del baby boom, con relativamente buenas capacidades y perspectivas funcionales y económicas. Las personas de esta generación pueden estar divididas y enfrentadas por su sexo, por su origen, por su clase social o por la potencia de su red de relaciones primarias, pero van a compartir, hasta cierto punto, un bagaje de experiencias, un estilo y condiciones de vida y una posición como destinatarias de las políticas sociales (singularmente pensiones, sanidad y servicios sociales).

En un contexto político y presupuestario notablemente hipotecado por anteriores decisiones y deudas y, al parecer, volátil y cortoplacista, la generación del baby boom se encontrará ante el reto de utilizar sus valiosos activos económicos, competenciales, relacionales y de tiempo liberado para desencadenar cambios. En sus manos estará, en buena medida, el cuidado familiar de sus mayores (muchos de ellos con discapacidades) y el apoyo a descendientes, la innovación social en el sistema de bienestar y, en definitiva, la reformulación del contrato intergeneracional y del contrato social en general.

(Sobre estas cuestiones hablaremos el martes con Fresno Consulting en la Comunidad de Madrid y en una conferencia organizada por Zarautz On. En la imagen, la actividad inicial del proyecto Bizkaia Saretu, del grupo cooperativo de iniciativa social Servicios Sociales Integrados.)

Soledad no deseada: buscando claves para la intervención

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¿Podrían servir las siguientes?

  • En la mirada predominante sobre la soledad no deseada, el fenómeno se presenta como un problema más bien individual, aunque se haga referencia a algunos factores sociales que pueden influir en que esté más presente, por ejemplo, en el colectivo de las personas mayores. Sin embargo, frecuentemente, se identifica y analiza de forma deficiente e insuficiente el carácter estructural y sistémico del problema de la soledad no deseada y el aislamiento relacional en sociedades complejas, fragmentadas y líquidas en las que se están produciendo profundas transformaciones en la norma y trama relacional familiar y comunitaria que las constituía (espacio en el que supuestamente se gestionaban las diversidades de género, generacionales, funcionales y culturales), en un contexto de precarización y polarización laboral, residencial y económica, de segregación territorial y de emergencia  ambiental.
  • A la hora de valorar el fenómeno de la soledad de las personas mayores, la desvalorización, estigmatización y desempoderamiento de los que es objeto este colectivo social hace, posiblemente, que, de manera mayoritaria, más que ponerse el foco sobre el problema de la soledad no deseada en sí y tal como es experimentado por las personas, se ponga, más bien, en las consecuencias de esa soledad en otras áreas de la vida de la persona, como su subsistencia material, su seguridad física o su salud.
  • Las intervenciones profesionales o solidarias en relación con la soledad no deseada y el aislamiento relacional desde el sector público o el tercer sector se presentan como numerosas e interesantes, pero también heterogéneas e inmaduras, no existiendo una base de evidencia mínimamente segura y compartida sobre qué funciona y qué no funciona y apareciendo, en el contexto de la creciente preocupación y alarma social sobre el asunto, artefactos tan confusos y vacíos como, por ejemplo, un supuesto (e inédito) ministerio de la soledad.
  • Las intervenciones que más notoriedad han adquirido son intervenciones, en gran medida, tardías y paliativas. Por ejemplo, que una persona mayor sea acompañada por una persona voluntaria, en sí mismo, no necesariamente modifica de forma real y sostenible su situación de aislamiento relacional o soledad no deseada en la medida en que no contribuya (de forma deliberada o no deliberada) a que esa persona construya o reconstruya relaciones primarias significativas (más débiles o más fuertes).
  • Es necesario impulsar iniciativas de innovación técnica, tecnológica y social que pretendan explorar las posibilidades de una intervención preventiva y poblacional, entendida como aquella que intenta subir aguas arriba en el problema y actuar a mayor escala y en mayor medida cuando el problema no ha emergido y cuando las personas que podrían llegar a presentar el problema disponen de capacidades, recursos, activos y vínculos que, si son cuidados y potenciados, se pueden convertir en poderosos factores protectores frente al riesgo de la soledad no deseada y el aislamiento relacional.

(Contenidos compartidos con el grupo cooperativo de iniciativa social Servicios Sociales Integrados, de cuya presentación del proyecto Bizkaia Saretu se ha tomado la ilustración.)

La intervención comunitaria de los servicios sociales y la acción comunitaria intersectorial

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En nuestras búsquedas y debates en el marco de procesos de rediseño de sistemas locales de bienestar (o en escalas próximas a la local, tanto barrial o distrital como comarcal, provincial, regional, autonómica o similares) emerge con fuerza la pregunta por cuáles serán las estructuras y tecnologías que facilitarán la promoción y protección de las relaciones interpersonales de proximidad en el territorio y el empoderamiento individual y comunitario a través de la participación activa en procesos generadores de calidad de vida e inclusión social para todas las personas.

En ese contexto, el giro desde unos servicios sociales locales, básicamente, administradores de ayudas económicas residuales hacia unos en los que cobre fuerza y centralidad la intervención comunitaria constituye, frecuentemente, un proceso clave en ese rediseño de los sistemas del bienestar. Los servicios sociales van redibujando su perímetro de actividad, incrementando aquella capaz de fortalecer las relaciones primarias, asociativas o colaborativas entre las personas y, con ellas, su capacidad para sostenerse y sostener a otras en vidas autónomas e interdependientes en los domicilios, vecindarios, barrios, pueblos y ciudades.

Ahora bien, cuando profesionales de los servicios sociales (si se permite la generalización) consiguen regresar a los vecindarios, a las calles y a la comunidad, se encuentran con agentes de otros sectores de actividad (como salud, educación, seguridad, urbanismo u otros) o vinculados a políticas transversales (como igualdad, interculturalidad, juventud, envejecimiento u otras) que, desde la administración pública, desde la economía solidaria o desde otras esferas, están inmersas en prácticas diversas de carácter comunitario.

En este tipo de situaciones, seguramente, debemos entender que es posible y necesaria una cada vez mayor intervención comunitaria propia de los servicios sociales y que, a la vez, ésta se engarce, se integre intersectorialmente, con otras iniciativas, actividades y procesos comunitarios, en el marco de una acción comunitaria intersectorial que, por definición, no pertenece a ningún ámbito de actividad, no es patrimonio de ninguna política específica en particular ni de ninguna esfera o tipo de agente en especial.

Las prácticas, sistematizaciones, evaluaciones y deliberaciones en cada entorno local concreto irán determinando qué actividades y procesos pertenecen, estrictamente, a la intervención comunitaria propia de cada ámbito sectorial (servicios sociales u otros) y cuáles serán compartidas e impulsadas (y gestionadas y gobernadas) en el marco de esa acción comunitaria transversal e intersectorial. Sabiendo que tanto la intervención comunitaria de los servicios sociales como la acción comunitaria intersectorial están en buena medida por construir o, en ocasiones, reinventar.

(La fotografía pertenece a Grup Caliu Ateneu Divers.)

Sobre la reforma de la ley de garantía de ingresos

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Desde mi punto de vista, la Comunidad Autónoma del País Vasco, gracias a su política de garantía de ingresos, va por delante de la casi totalidad de las comunidades autónomas españolas en el camino de construcción de ese marco de seguridad y dinamización económica del que hablaba. Dentro de esa trayectoria, específicamente, con la reforma de la Ley de garantía de ingresos de 2011, se realizó un intento importante de avance al sacar la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda de los servicios sociales, operación que nadie, que yo sepa, propone revertir, ni desde el ámbito político, ni desde el profesional, ni desde el ciudadano.

Sin embargo, mi percepción es que no se ha producido en los servicios sociales el efecto esperado y deseado de salto cualitativo en términos de intervención preventiva, personalizada, tecnológica y comunitaria y, por otra parte, Lanbide ha encontrado y sigue encontrando y dando muchos más problemas de los previstos en la gestión de las prestaciones de garantía de ingresos, no habiéndose verificado apenas las sinergias entre la política de garantía de ingresos y las políticas activas de empleo que encabezaban el argumentario de la reforma de 2011.

Ante esta situación, mi opinión es que se debe apostar por la innovación política basada en evidencias y estudiar y experimentar en mucha mayor media la integración entre la política de garantía de ingresos del Gobierno Vasco y la política fiscal de las Diputaciones Forales, con la mayor interoperabilidad posible con la Seguridad Social española. Los servicios sociales y de empleo, y en especial sus profesionales de atención directa, deben ser liberados en lo posible (al igual que los del sistema de salud) de funciones que representen decisión o control sobre el acceso de la población a recursos financieros.

Desde mi punto de vista, hay dos contenidos de la actual proposición de ley que, tímidamente, van en esta línea que apunto:

  • La disposición adicional sexta, que señala que “en el plazo de un año a partir de la aprobación de esta Ley, el Gobierno Vasco remitirá al Consejo Vasco de Finanzas un estudio con el análisis acerca de la conveniencia o no de introducir en el marco fiscal general deducciones fiscales anticipadas de carácter reembolsable u otras medidas que permitan alcanzar una mejor integración entre las políticas fiscales y de garantía de ingresos”.
  • El final del artículo 84, donde se señala que “el Gobierno Vasco incorporará en el Plan de Inclusión Social vigente en cada momento un apartado relativo a la evaluación, investigación e innovación sobre inclusión, que se desarrollará y evaluará anualmente, y que será objeto de aportaciones y seguimiento por parte de la Comisión Interinstitucional para la Inclusión. Dicho plan determinará las actuaciones correspondientes del Órgano Estadístico Especifico de Departamento responsable y del Gabinete Técnico de Lanbide, así como las que se realicen en colaboración con las universidades vascas, los centros de investigación especializados y el tercer sector”.

Por supuesto, podría referirme a otros aspectos relacionados con el alcance y la cuantía de las prestaciones o la simplificación o mejora de la gestión, entre otros y, desde luego, si esta reforma legal se hubiera podido realizar con rapidez al comienzo de la legislatura, diría que las propuestas que contenía el informe técnico que se utilizó como base para el texto de la proposición de ley contenía elementos interesantes. Sin embargo, a estas alturas de la legislatura y vistas las dificultades para alcanzar acuerdos en este tipo de aspectos, me pregunto si no sería más pertinente colocarnos ya en una pantalla siguiente y plantearnos más bien una agenda más ambiciosa. Me ha animado a esta reflexión, por cierto, la lectura de unas palabras de la Consejera, Beatriz Artolazabal, que, en el reciente congreso de Hirukide, se refería a la “creación de un grupo de trabajo en el marco del Órgano de Coordinación Tributaria que analice las posibilidades de gestionar de forma integrada las prestaciones por hija o hijo a cargo y estudiar posibles nuevas deducciones fiscales pro descendientes.”

Si en el trayecto parlamentario de esta ley tenemos la capacidad de atender a las alertas concretas que proceden de la preocupación a corto plazo por las personas en situación de mayor vulnerabilidad que pueden ser afectadas por ella y, a la vez, abrir caminos que pudieran llevar a experiencias piloto de integración entre prestaciones e impuestos e incrementar la capacidad de agencia del sector público vasco para la evaluación e integración de políticas, el viaje habrá merecido la pena. Yo personalmente no sabría decir si el precio que pagaron no pocas personas por la reforma de 2011 (singularmente por la elevación de uno a tres en los años de empadronamiento requeridos) se justificó por los efectos positivos de la operación que permitió sacar de los servicios sociales la gestión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda.

(Fragmento del texto entregado en la comparecencia de ayer en el Parlamento Vasco, que puede descargarse entero aquí. Fotografía del Parlamento Vasco.)

Notas para una revisión (auto)crítica de nuestra “Ley de dependencia”

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Seis cuestiones, desde la perspectiva actual y en notas rápidas y esquemáticas, sobre lo que hicimos hace unos quince años:

1. Empecemos por plantear dos preguntas:

  • ¿El sistema de atención a la dependencia funcional  es subsectorial, sectorial, intersectorial o transversal?
  • ¿El sistema tiene una finalidad más o menos preventiva, habilitadora, asistencial o paliativa?

En nuestro caso el sistema de atención a la dependencia se encajó subsectorial y problemáticamente dentro de los sistemas de servicios sociales con una finalidad pretendidamente asistencial que, de facto, derivó a paliativa.

2. A continuación se trata de saber qué hacen las y los profesionales (el contenido prestacional) y qué profesionales lo hacen. En nuestro caso:

  • No se identificaron las limitaciones del conocimiento y la tecnología disponibles en las organizaciones y profesionales realmente existentes, especialmente en lo referente a la atención virtual o digital.
  • Se optó por una valoración individual sólo de algunos aspectos y excesivamente orientada a la baremación.
  • Apenas se consideraron las actividades preventivas, especialmente las de carácter comunitario.
  • Se estableció una prestación económica como apoyo, pretendidamente excepcional, para el cuidado familiar que se convirtió, imprevistamente, en la prestación estrella del sistema, generando desincentivos para la atención profesional, distorsiones del propio cuidado familiar y  retrocesos en equidad de género.

3. Una vez sabemos qué han de hacer las y los profesionales, hemos de entender que esos apoyos o actividades son los ingredientes o componentes que se presentan o agrupan en forma de servicios o programas, reconocibles por parte de la población. En nuestro caso no se jerarquizaron o priorizaron modalidades en función de criterios ni se identificaron las actividades o apoyos (contenido prestacional) que contendrían los diferentes servicios (más bien modalidades) que contiene el catálogo (base de las carteras) establecido en la Ley.

4. A continuación nos preguntamos: ¿cómo se provee? Se optó, más bien, por proveer las prestaciones y servicios mediante gestion concertada o indirecta y, por tanto, con la colaboración de organizaciones solidarias o privadas, pero se emitieron señales débiles y contradictorias a las organizaciones solidarias y privadas, lo que dificultó su desarrollo, modernización y diferenciación.

5. En cuanto a la gestión, se instaló un sistema centralizado de gestión operativa de información administrativa como herramienta para una programación reactiva y no la necesaria gestión estratégica inteligente, digital, distribuida, integrada, colaborativa, interoperable y proactiva de la información (grandes datos), el conocimiento y la innovación técnica, organizativa y política que requiere el sistema.

6. En cuanto al gobierno, la Ley 39/2006 supuso agregar un nivel gubernamental más (el estatal), débil, a los tres que ya existían (autonómico, provincial y municipal), aumentando el desorden, las duplicidades, los agujeros negros, las ineficiencias y los incentivos perversos e incumplir la promesa de instalar un modelo de atención integrada intersectorial. Con una universalidad declarada, con copago disuasorio, la financiación compartida dificulta la identificación política de responsables.

(Ampliación del contenido de estas notas aquí, tras su presentación en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo.)

El cuidado como bien universalmente necesario y radicalmente humanizador

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En una definición sencilla y sin muchos matices, podemos llamar cuidado a la realización para y con otra persona de actividades de la vida diaria necesarias para su supervivencia que dicha persona no puede efectuar sola por y para sí misma. Todas las personas necesitamos ser cuidadas en diferentes épocas y momentos de nuestra vida, lo cual nos habla de la radical interdependencia entre los seres humanos.

La crisis global de cuidados es, sin duda, uno de los fenómenos fundamentales y definitorios de la época que nos ha tocado vivir. Esta crisis podría definirse como la situación en la cual las dinámicas y sistemas de cuidados de los que disponían nuestras sociedades se revelan, cada día más, como radicalmente insuficientes, disfuncionales e injustos. Insuficientes porque la necesidad y demanda de cuidados desborda, con mucho, las capacidades de cuidado efectivamente disponibles. Disfuncionales, porque, frecuentemente, las lógicas y modelos de cuidados existentes desencadenan efectos no deseados en las personas que reciben cuidados, las personas que cuidan y el conjunto de la sociedad. E injustos, porque la carga de los cuidados (de necesitarlos y de proporcionarlos) se reparte de manera inequitativa en términos de género, clase social, origen geográfico u otras características o situaciones de las personas.

Quienes necesitamos cuidados o cuidamos y, en general, las personas preocupadas, política, profesional o socialmente, por los cuidados debemos esforzarnos por lograr que este asunto suba puntos en las agendas políticas, tal como, durante décadas, vienen reclamando movimientos feministas o relacionados con la diversidad funcional, entre otros. Para ello, es fundamental establecer y precisar bien los términos del debate y comprender adecuadamente en qué sentido y con qué alcance puede hablarse del cuidado como un bien público o de otros tipos.

Hablar del cuidado como un bien público supone reconocer que el ejercicio de los cuidados, hoy y aquí, requiere infraestructuras, estructuras, conocimientos, normas y valores que sólo el Estado, que sólo los poderes públicos pueden construir, sostener y legitimar. Supone, seguramente, darnos cuenta de que la construcción de comunidades cuidadoras requiere de una ingeniería social de tal calibre que sólo los poderes públicos, en el mejor de los casos, tienen a su alcance la capacidad de diseñarla, la autoridad para sostenerla y los mecanismos para que funcione.

Sin embargo, las políticas públicas de cuidados no pueden desconocer que los cuidados son, en primera y última instancia, un bien relacional. En la versión del ser humano que conocemos hasta el momento, este ser sólo deviene humano si es cuidado por otros seres humanos que lo aman y esa esencia humana relacional está inscrita para siempre en las personas, tengamos la autonomía funcional que tengamos en cada momento de nuestra vida. Es obvio que, en la dinámica de cuidados, podemos y debemos incorporar tecnologías de apoyo, digitales, organizativas, políticas u otras, pero éstas están ética y políticamente obligadas a configurar cuidados que, además de verdaderamente universales, sean humanizados y humanizadores.

(Reflexiones tras el Diálogo Regional de Políticas organizado en Washington por el Banco Interamericano de Desarrollo los días 12 y 13 de noviembre de 2019.)

Tensiones coyunturales y estructurales en la intervención social y los servicios sociales

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En la práctica cotidiana de la intervención social, o de la gestión o el gobierno en los servicios sociales, puede ser conveniente diferenciar las tensiones de carácter más coyuntural y aquellas que son, más bien, estructurales. Diríamos que las primeras requieren una mirada táctica mientras que la que conviene a las segundas es, en mayor medida, estratégica. En el primer caso, podemos situarnos en un contexto de crisis, es decir, en el relato de las consecuencias que ha tenido para nuestra actividad la debacle económica que comenzó al final de la primera década de este siglo. Sin embargo, desde un punto de vista más estructural y estratégico, quizá el contexto a considerar sea el del colapso, el de la insostenibilidad sistémica que, posiblemente, nos afecta.

El planteamiento táctico y coyuntural nos coloca ante la gestión de situaciones de alta complejidad, de casos individuales o familiares especialmente complejos. La crisis parece legitimar, desde la emergencia y la exclusión social, que sigamos haciéndonos cargo integralmente de personas y familias que tantos derechos sociales están viendo conculcados. Sin embargo, el aliento estratégico que pretende generar estructuras sostenibles nos indicaría, quizá paradójicamente, el camino de una intervención social y unos servicios sociales que se concentren en su objeto propio, la interacción, entendida como autonomía funcional y de decisión para la vida diaria y cotidiana en el seno de relaciones primarias familiares y comunitarias.

La coyuntura, frecuentemente, nos empuja a una mayor especialización, a un abordaje hiperespecializado. La crisis parece traer ante nosotras una exigencia de segmentar aquellos colectivos ya segmentados previamente y la respuesta a la gravedad de las situaciones parece ser, al menos a corto plazo, una mayor especialización. Sin embargo, ante la mirada estratégica, el aumento de la cantidad y gravedad de los casos complejos que nos llegan se convierte más bien en un acicate para ir, aguas arriba, a las causas de las causas, en una suerte de enfoque neocomunitario o de reinvención de la comunidad.

Nuestro proceso tradicional ha sido, en buena medida, extractivo, dado que nos hemos hecho cargo de personas que habían sido excluidas de la vida comunitaria o nosotras mismas las hemos extraído (en ocasiones, sin duda, porque ese era el mal menor). Sin embargo, posiblemente, somos cada vez más conscientes de que nuestra tarea es más bien generar condiciones para la sostenibilidad autónoma y relacional de la vida diaria, cotidiana y comunitaria. Quizá, se trata de pasar de un locus de control centrado en nuestra intervención a otro que mira a la interdependencia de todas las personas. De que la referencia sea cada vez menos el sistema y cada vez más el territorio.

Seguramente, para mantener, ampliar o mejorar lo que tenemos, nuestros mejores aliados son los colectivos destinatarios de nuestras actuales políticas, programas e intervenciones, los segmentos poblacionales tradicionalmente considerados vulnerables y atendibles por parte de los servicios sociales, especialmente aquellos más organizados. Sin embargo, somos conscientes de que tanto estos colectivos como como el personal que les atiende podemos mostrarnos reticentes ante innovaciones o transformaciones que pongan en riesgo el statu quo. Por eso, muchas veces, son nuevos riesgos, emergencias o alarmas sociales las que generan las condiciones de posibilidad de algunos cambios.

La táctica exige regulación, normación de lo existente o de lo factible a corto plazo, mientras que la estrategia ha de apoyarse en el conocimiento, en la creación de nuevas respuestas basadas en evidencias, en la sistematización del mejor saber hacer, en la mejora de nuestra cualificación. Por otro lado, hoy y mañana, seguramente, tenemos que seguir siendo última red, pero el futuro demanda, cada día más, una arquitectura de atención integrada en la que esa última red no sea necesaria, en la que los servicios sociales universales dialoguen, de pilar a pilar, con la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda o la garantía de ingresos y donde la intervención social sea predominante en los servicios sociales y esté presente en los otros ámbitos sectoriales.

En el corto plazo, inevitablemente, la pugna entre agentes se da en forma de suma negativa, es decir, el papel que desempeña uno no lo puede desempeñar el otro, el espacio de uno no es espacio para el otro. Sin embargo, el futuro puede permitirnos avanzar en clave de gobernanza relacional, es decir, ensayar juegos de suma positiva en el que pueda ser posible más responsabilidad pública, más implicación comunitaria, más organización solidaria y más emprendimiento empresarial. Las profesiones, a corto plazo, se ven obligadas posiblemente a defender su nicho e intentar ampliarlo. Sin embargo, colaborando en procesos de innovación, tanto el trabajo social como la educación social y la psicología de la intervención social, entre otras disciplinas y profesiones, pueden y, seguramente, deben reinventarse y reinventar la intervención social y los servicios sociales.

Entrada, a petición de CoopSoc, a partir de los encuentros con los colegios profesionales de psicología de Andalucía en los días 7 y 8 de noviembre y de cara al Diálogo Regional de Políticas organizado en Washington por el Banco Interamericano de Desarrollo para el 12 y el 13 de noviembre.