Hacer “lo que haga falta” contra la pobreza: garantía de ingresos en tiempos de pandemia

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Las políticas públicas de garantía de ingresos tienen como finalidad reemplazar, hasta cierto punto, las rentas que, por diferentes razones, dejan de recibir determinadas personas. Eso es lo que logran instrumentos como las pensiones de jubilación o viudedad, las deducciones y exenciones fiscales, las prestaciones y subsidios de desempleo o las rentas garantizadas y mínimas, entre otros. Los poderes públicos, en nuestro país, han decidido proveer en especie, por ejemplo, los servicios sanitarios; sin embargo, para que las personas (en determinadas circunstancias) podamos alimentarnos, vestirnos o recibir suministros en el hogar, por poner tres ejemplos, nos entregan dinero para que compremos dichos bienes en los mercados.

Estas políticas de garantía de ingresos pueden ser consideradas como políticas contra la pobreza o, en general, sociales, pero no cabe duda de que tienen también una importante dimensión económica, entre otras razones porque esos ingresos que recibimos de las administraciones públicas acostumbramos a utilizarlos para comprar productos y servicios que necesitan y generan actividad económica, empleo y riqueza. Para comprender la importancia económica de las políticas públicas de garantía de ingresos, baste recordar que en España es superior el número de personas que perciben un sueldo o transferencia pública que el de las asalariadas en el sector privado.

En la pandemia que estamos viviendo, las autoridades económicas, por ejemplo, de la Unión Europea están tomando importantes decisiones para mantener e impulsar la actividad económica. En este momento goza de un consenso generalizado la idea de que, al ser imprescindible parar temporalmente parte de dicha actividad (y, consiguientemente, de los flujos habituales de dinero entre algunos agentes económicos), los poderes públicos deben realizar esfuerzos extraordinarios para sostener, complementar y estimular en lo posible esas actividades y flujos.

En ese contexto, tiene particular interés la manera en la que ciertas modificaciones de condiciones y reglas de juego están permitiendo endeudarse más a los Estados. Es decir, los poderes públicos se permiten a sí mismos, en mucha mayor medida, (crear y) entregar (dar o prestar) un dinero que representa un valor que (supuestamente) se creará en el futuro (o no). Ciertamente son diferentes las sensaciones que teníamos cuando las cifras de la prima de riesgo abrían todos los noticiarios y ahora que acabamos de colocar deuda pública a tipos negativos. Ciertas condiciones y reglas han cambiado para que haya una enorme diferencia entre lo que le costaba a España endeudarse entonces y lo que le cuesta ahora.

Pues bien, es moralmente imperativo que esa lógica de flexibilidad y fluidez que se está aplicando para los grandes movimientos económicos y financieros (en los que están inmersos los Estados y las grandes empresas, demasiado grandes para caer) se traslade a las políticas de garantía de ingresos que afectan a las economías domésticas y lo es especialmente cuando las personas afectadas están en situación de mayor vulnerabilidad. Por otra parte, en la medida en que la pandemia y las decisiones adoptadas para hacerle frente están ampliando y diversificando las situaciones de afectación de los ingresos, se incrementa el interés económico (no sólo social) que tiene ese aumento de la incondicionalidad y rapidez en el acceso a ese dinero para la subsistencia material de las personas.

Hoy y aquí, existen condiciones económicas, organizativas, técnicas y tecnológicas para una integración e interoperabilidad de las políticas fiscales, tributarias, monetarias y financieras y las de seguridad social y garantía de ingresos para lograr que todas las personas que, por una u otra razón, vean afectada temporal o permanentemente su disposición de rentas para la subsistencia, reciban con prontitud, adecuación, justicia y trazabilidad ese dinero público para subsistir y ese estímulo para mantener su actividad vital. Si, hoy y aquí, muchas personas en angustiosas situaciones que amenazan su supervivencia siguen atrapadas (junto a muchas trabajadoras públicas o del tercer sector) en costosos trámites burocráticos y humillantes vivencias cotidianas para conseguir esa subsistencia material, es que algo estamos haciendo muy mal.

Y, seguramente, el conocimiento necesario para hacerlo mejor está más en las haciendas y en los bancos que en los servicios sociales o en las oficinas de empleo. Hagamos, por tanto, cuanto antes, lo que haga falta.

(En la ilustración, Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, y la frase en la que expresó que haría lo que hiciera falta para frenar y revertir el crecimiento de las primas de riesgo que puso contra las cuerdas a algunos países europeos y a la propia Unión.)

Revisar y reforzar el contrato social intergeneracional, hoy más necesario que ayer

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La idea de contrato social es una metáfora que intenta reflejar acuerdos entre segmentos sociales con intereses diversos que construyen equilibrios que hacen posible la convivencia, el funcionamiento y el progreso en la sociedad. Si bien ha sido frecuente referirse a los arreglos entre las personas trabajadoras por cuenta ajena y las propietarias de los medios de producción, nuestras sociedades se caracterizan por una fragmentación y polarización que genera, también, otras líneas divisorias entre otros relevantes grupos de interés.

El aumento de la esperanza de vida incrementa la diversidad generacional, es decir, el número de generaciones que conviven en un determinado momento histórico y, tendencialmente, las diferencias y desigualdades entre esas distintas generaciones. Por otra parte, el envejecimiento poblacional supone que el colectivo de las personas mayores represente un porcentaje mayor de la población, es decir, otorga a quienes estamos envejeciendo un peso relativo superior en la sociedad y, específicamente, en sociedades democráticas, en los electorados.

Si bien el contrato social de la sociedad industrial se centraba en las condiciones del empleo y en su remuneración, diferentes cambios y desarrollos sociales han conducido a una situación de diversificación de los ámbitos y los contenidos a considerar en los contratos sociales entre los diversos segmentos sociales. En ese contexto, más y más asuntos se van incluyendo en la agenda de las políticas públicas y constituyendo contenidos importantes de los contratos sociales. Seguramente, en nuestro entorno, en este momento, uno de los retos principales de las políticas públicas es, precisamente, el de contribuir a sostener, reinventar y complementar la norma social de reciprocidad diferida en el cuidado familiar, según la cual descendientes se implican en el cuidado de quienes les cuidaron.

Si bien la actual pandemia está afectando más a las generaciones mayores, por la mayor vulnerabilidad de su salud, las medidas para hacerle frente, posiblemente, están impactando y van a impactar más negativamente en las generaciones jóvenes, en parte, al menos, por el sesgo generacional que tienen algunas de nuestras políticas públicas (como la de garantía de ingresos, la sanitaria o la de vivienda, por ejemplo), que, hoy y aquí, tienden a beneficiar más a las personas mayores.

Se acentúa, por tanto, la necesidad de una conversación pública sobre el pacto intergeneracional.

 

(La fotografía, de octubre de 2019, se inscribe dentro del trabajo de Aubixa por el pacto intergeneracional.)

Inclusión social, participación ciudadana y gobierno abierto

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Las intervenciones y políticas públicas para la inclusión social son necesariamente complejas e integran, entre otros, aspectos laborales, residenciales, económicos, urbanísticos o sanitarios. Dentro de la atención integrada intersectorial para la inclusión social, los sistemas públicos de servicios sociales y, en su seno, las organizaciones solidarias del tercer sector de acción social tienen un importante papel en el acompañamiento social y la intervención comunitaria favorecedoras de la integración relacional de todas las personas, es decir, del cuidado de las relaciones significativas de apoyo social, que todas las personas necesitamos y proporcionamos.

Estas entidades y sus redes llevan años en nuestro país reflexionando y actuando para que los procesos de inclusión social de más y más personas alcancen también a su participación en las decisiones políticas que les afectan, es decir, para impulsar y sostener estructuras y procesos más inclusivos de participación comunitaria y ciudadana.

Este intento no resulta fácil, pues las dinámicas institucionales políticas no resultan, en general, accesibles, acogedoras o amigables, no ya para personas en situación de exclusión social, sino para segmentos mucho más amplios de la población. Por otra parte, en muchos casos, el propio tercer sector de acción social, que hunde sus raíces en prácticas relacionales, comunitarias, participativas y ciudadanas, ha perdido en cierta medida dichas lógicas para adoptar otras más burocráticas o empresariales.

En las instituciones públicas y comunidades de conocimiento correspondientes, los dispositivos y discursos de la participación se enmarcan ahora dentro del paradigma del gobierno abierto, ligadas a propuestas de transparencia informativa, innovación pública o trabajo colaborativo. Junto a los tradicionales consejos, foros, diálogos, mesas, procesos, consultas, planes o presupuestos participativos, encontramos, cada vez más, los laboratorios ciudadanos y otras iniciativas de innovación social (con mayor o menor base tecnológica).

Algunas posibles pistas para nuestro trabajo en este terreno podrían ser las siguientes:

  • Combinar y conectar iniciativas que van de arriba hacia abajo con otras que emergen de abajo hacia arriba.
  • Trabajar a escalas territoriales menores y mayores y en referencia a conjuntos mayores y menores de políticas públicas.
  • Garantizar que la perspectiva de género y la gestión de la diversidad estén muy presentes, dada la fuerte tradición machista y discriminatoria de las esferas políticas.
  • Buscar conjugar la adecuada conjunción entre el conocimiento científico y experto y el conocimiento experiencial y ciudadano, bajo control y dirección democráticas, construyendo inteligencia colectiva en procesos de aprendizaje significativo.

(Notas para una sesión hoy con Emaús Galicia.)

¿De verdad es tan “natural” vivir en una residencia?

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Continúa la pandemia y, mes tras mes, siguen corriendo ríos de tinta y horas de radio y televisión sobre las residencias, especialmente sobre aquellas en las que están ingresadas personas de avanzada edad. Análisis, denuncias, recomendaciones o reivindicaciones se suceden por doquier.

Y muchas propuestas para mejorar las residencias. Y muy pocas sobre alternativas a las residencias. ¿Por qué?

Quizá sucede que las personas que escribimos y hablamos sobre el tema, sea en informes técnicos, artículos diversos o declaraciones a los medios, todas ellas, seguramente, habitamos en viviendas con personas con las que hemos elegido vivir. Compramos comida o comemos en diferentes lugares y tenemos diversas organizaciones proveedoras de actividades de ocio u otras.

Es decir, no vivimos en establecimientos colectivos junto a otras personas usuarias del mismo servicio. La organización que dio o da respuesta a nuestra necesidad de alojamiento no es la misma que la que nos proporciona alimento, diversión o cuidados.

Sin embargo, cuando hablamos y escribimos, da la impresión de que consideramos la cosa más natural del mundo que determinadas personas (otras personas), en función de ciertas características (como la edad, la autonomía u otras), sean usuarias de un lote de alojamiento, cuidados, alimentación, ocio y otras prestaciones, todas en las mismas instalaciones y por parte de la misma proveedora.

¿Hemos dedicado cinco minutos a imaginar nuestra vida en esas condiciones? ¿Nos hemos preguntado en qué circunstancias, por cuánto tiempo y bajo qué supuestos aceptaríamos ser ingresadas en un centro que se hiciera cargo de dar satisfacción a todas esas necesidades? ¿Tenemos presente el porcentaje de personas usuarias de residencias que han elegido serlo?

En la medida en que hablamos y escribimos acerca de cómo mejorar las residencias, seguramente, naturalizamos dichos dispositivos, los legitimamos como una solución normal, aceptable, deseable y sostenible. Incluso como la alternativa “natural” para algunos perfiles de personas. ¿Y las otras alternativas?

Quizá, cuando pensamos en cómo mejorar las residencias, dejamos de pensar en lo excepcional que tendría que ser la situación para que estuviera indicado y aceptásemos que el mismo proveedor, en las mismas infraestructuras, nos proporcionase cuidados, alojamiento, alimentación, recreación y más cosas, como parte de un grupo menor o mayor de personas usuarias.

Y mientras seguimos naturalizando las residencias (para otras personas, no para nosotras) acaso dejamos de pensar en políticas de vivienda y urbanismo, en tecnologías, en políticas de servicios sociales, en formas de vida comunitaria, en políticas de garantía de ingresos y en otras políticas y actuaciones y en sus márgenes de mejora para facilitar que las personas (más personas) vivamos (nos cuidemos o seamos cuidadas, nos alojemos, nos alimentemos y nos divirtamos) como queramos, donde queramos y con quien queramos.

Es decir, para ampliar nuestra libertad efectiva de elección (la de todas) para cada una de esas cuestiones en las diferentes situaciones y momentos de nuestra vida.

(La ilustración es de la Asociación Canadiense para la Vida Comunitaria, ahora Inclusion Canada.)

Soledad no deseada y exclusión social

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Las conceptualizaciones de consenso en la comunidad de conocimiento y la evidencia empírica disponible nos hacen ver la exclusión social como un proceso que, si bien es protagonizado por cada persona con sus decisiones en su biografía individual, tiene una innegable y determinante dimensión estructural. El proceso vital mediante el que podemos llegar a una situación de exclusión social está jalonado de obstáculos económicos, relacionales, laborales, residenciales, administrativos o de otra índole que nos hemos ido encontrando (que estaban y nos han ido poniendo) en el camino.

Ese proceso puede ser activado o catalizado por una afectación de la salud, por una situación de desempleo, por la vivienda en la que habitamos o por otros factores. La fragilidad relacional y el aislamiento social (entendidas como situaciones de menor o mayor limitación de las relaciones o vínculos afectivos con personas próximas comprometidas en alguna medida en el cuidado de nuestra vida en claves de gratuidad y reciprocidad) son, sin duda, ingredientes clave en las dinámicas de exclusión e inclusión social.

Sin embargo, a pesar de que las ciencias sociales nos hablan de este carácter estructural y complejo de la exclusión social, nuestras políticas públicas se empeñan en encapsularla en una parte residual de unos servicios sociales ya de por sí residuales. Es como si intentáramos pelear contra el coronavirus sólo o fundamentalmente desde las unidades de cuidados intensivos (unidades de cuidados intensivos, en este caso, fundamentalmente en manos del tercer sector). Posiblemente actuamos así porque muchas personas que somos conscientes de la facilidad con la que nos podemos contagiar de la covid, creemos (con mayor o menor base) que es difícil que lleguemos a una situación de exclusión social.

La pandemia, en todo caso, ha dejado todavía mas clara la imposibilidad de prevenir y combatir las actuales formas y dinámicas de exclusión social desde los clásicos servicios sociales concebidos como última red general o integral. Es más, estos dispositivos se revelan como crecientemente ineficientes e incluso yatrogénicos, al contribuir frecuentemente a la estigmatización y segregación de las personas que los utilizan. En tiempos de pandemias y colapsos, cada política pública ha de demostrar, con mayor exigencia, si es parte del problema o parte de la solución.

En este contexto, la actual eclosión de planes y estrategias en relación con la soledad no deseada corre el riesgo de incrementar la confusión y el postureo en el campo de las políticas públicas. Sin embargo, al conectar con una necesidad sentida por muy diferentes segmentos de la población, podría constituir una oportunidad para impulsar y legitimar una acción más universal, relacional, comunitaria y preventiva de los servicios sociales y una mejor integración intersectorial de las políticas públicas. Posiblemente ese sea el reto.

(Contenido de una exposición realizada por invitación de Cáritas Gipuzkoa, el Teléfono de la Esperanza, Emaús, la Universidad del País Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa.)

Ensamblando las políticas de empleo

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El primer reto de las políticas de empleo es lograr una definición y visión compartida acerca del bien que protegen y promueven. ¿En qué sentido se ocupan del empleo? ¿O sólo se ocupan del desempleo? ¿Se ocupan nada más de la cantidad de empleos disponibles o también de sus características? ¿Se trata de influir en la creación de empleo por parte del sistema económico o también de crear directamente empleo? Y por cierto: ¿en qué medida y circunstancias interesa invertir en la creación de empleo o más bien usar esos recursos para garantizar ingresos u otros bienes?

En este momento, una de las disyuntivas de las políticas de empleo (y de las políticas públicas en general) tiene que ver con los cuidados: ¿en qué medida y de qué manera transformar en empleo el trabajo de cuidados realizado anteriormente en el seno de las relaciones primarias gratuitas y de reciprocidad? Y, más en general, ¿qué actividades de nuestra vida queremos que sean profesionales y remuneradas y cuáles no? Por otra parte, ¿en qué medida y en qué sentido queremos tratar el trabajo como una mercancía que se compra y se vende en un mercado (el denominado “mercado de trabajo”)? Un nuevo contrato social requiere, seguramente, nuevos arreglos de profesionalización y desmercantilización.

Los servicios públicos de empleo (con sus actividades de evaluación, diagnóstico, orientación, formación, intermediación y otras) son una pieza fundamental de las políticas de empleo y deben fortalecer su capacidad de prescripción. Sin embargo, no cabe duda de que, a diferentes escalas, son muchos más los agentes con intereses y efectos (más directos o indirectos) en el empleo. Los agentes sociales tradicionales (emprendedoras y propietarias de empresas, por un lado, y trabajadoras, por otro, directamente o a través de sus representantes patronales y sindicales) son fundamentales, pero hay que considerar a las diversas administraciones, a agentes del conocimiento, a otras políticas sectoriales o transversales, al tercer sector, a la ciudadanía consumidora y a otros. En los diferentes niveles (desde el barrio o pueblo hasta el mundo) los ecosistemas de agentes deben configurarse de manera ordenada y eficiente y también flexible y dinámica.

En la pandemia y después, las políticas de empleo tienen un doble desafío. Por una parte, fortalecer técnica, organizativa y estratégicamente su núcleo duro de actividades y prestaciones centradas en la persona, que cada individuo puede reclamar como derecho subjetivo. Por otra, impulsar procesos de gobernanza compleja de la reconstrucción, apostando por sectores estratégicos enraizados en las lógicas del territorio y conectados con las dinámicas globales y facilitando las difíciles y arriesgadas transiciones que conllevan. Enarbolando y honrando siempre la bandera del empleo significativo, digno, cualificado, suficiente, productivo, satisfactorio, inclusivo y sostenible.

(Notas tras el reciente Congreso sobre el Sistema Vasco de Empleo, organizado recientemente por el Gobierno Vasco.)

Transversalidad, diversidad, acción comunitaria e interseccionalidad

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Los colectivos poblacionales que se han autoidentificado y empoderado; que han ido generando reivindicaciones, intervenciones y políticas transversales y que han reivindicado e impulsado la igualdad, la universalidad, la inclusión y la no discriminación en todos los ámbitos sectoriales (como educación, vivienda o empleo) han ido adoptando el discurso de la diversidad, en el cual se identifica un elemento en relación con el cual se dan múltiples diferencias, como, por ejemplo, sexo, edad, capacidad u origen (Novy y Weinzierl, 2020).

En la sociedad industrial heteropatriarcal, el mecanismo por excelencia para la gestión de la diversidad era la familia. La diversidad de género era reducida a la diferencia entre los hombres y las mujeres heterosexuales, cuyo encuentro se producía en el matrimonio para toda la vida y en la división sexual del trabajo. División sexual del trabajo que, mediante la dependencia económica de las mujeres y su obligada asunción del trabajo de cuidados, constituía la herramienta para la gestión de la diversidad generacional y funcional, en la medida en que las mujeres adultas se ocupaban de las criaturas o de las personas (habitualmente mayores) que no podían valerse por sí mismas (Pérez-Orozco, 2014). En un contexto en el que apenas se reconocía la diversidad cultural.

Sin embargo, diversos cambios y luchas sociales nos van conduciendo a sociedades en las que se incrementa la diversidad de género, generacional, funcional y cultural y en las que, obviamente, la cambiante familia no puede ser vista como el contenedor para el manejo de dicha diversidad. Hay que explorar, entonces, entre otras, las virtualidades de la comunidad y de la acción comunitaria (Baldwin y King, 2018).

El concepto de comunidad, por oposición al de sociedad, nos habla de redes de relaciones primarias (como las familiares, de amistad, de convivencia o vecinales) o, en todo caso, de especial afinidad o proximidad. La interdependencia de las personas a través de los vínculos comunitarios en los territorios es objeto de especial interés en el contexto de un cambio de época (Gomá, 2016) en el que fenómenos como la transición demográfica, la globalización económica, la segregación territorial, la revolución tecnológica y la emergencia ambiental obligan a las políticas públicas y, en especial, a las políticas sociales a buscar innovaciones que posibiliten la sostenibilidad de la vida en claves de equidad en los cuidados, economía circular y kilómetro cero (Max-Neef, 1998).

Todas las políticas sectoriales que proveen bienes y servicios de primera necesidad deben contemplar respuestas ágiles para la necesidad o urgencia individual (habitacional, económica, energética, sanitaria o de movilidad, por ejemplo) pero en todas ellas se sabe que hay que ir aguas arriba, hacia las causas y hacia las causas de las causas, en abordajes colectivos, comunitarios, preventivos, poblacionales y ecológicos que tienden a ser menos sectoriales y más intersectoriales y a encontrarse e hibridarse con las políticas transversales (Zapata-Barbero, 2009) y la acción comunitaria general o integral.

En la protección y promoción de cualquiera de los grandes bienes de los que se ocupan las políticas sectoriales cabe identificar ese continuo que va desde la asistencia o atención, más individualizada o personalizada, más sectorial, a las personas o las familias hasta esos abordajes más poblacionales, preventivos, comunitarios, ecológicos, estructurales y transformadores. Más intersectoriales y transversales. Cada vez que tememos que el coronavirus sature las UCI, corremos aguas arriba y damos normas generales de comportamiento en la convivencia comunitaria.

La perspectiva de la interseccionalidad nos ayuda a percibir los paralelismos y concomitancias entre los procesos de discriminación, maltrato y violencia de los que son objeto miembros de diferentes colectivos con diversas señas de identidad y entre sus luchas por la igualdad en diversidad. Y nos ayuda a dejar de percibir esos colectivos como inmutables compartimentos estancos (Ayuntamiento de Terrassa, 2019).

Referencias

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA (2019): Guía para incorporar la interseccionalidad en las políticas locales.

BALDWIN, Cathy y KING, Robert (2018): Social sustainability, climate resilience and community-based urban development. What about the people? New York, Routledge.

GOMÁ, Ricard (2016): “Exclusión y políticas públicas: la construcción colectiva de la inclusión social” en MORATA, Txus (coordinación): Pedagogía social comunitaria y exclusión social. Madrid, Popular, páginas 33-45

MAX-NEEF, Manfred (1998): Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Barcelona, Icaria.

NOVY, Andreas y WEINZIERL, Carla (2020): “Negotiating diversity and equity” en OOSTERLYNK, Stijn y otras (edición): Local social innovation to combat poverty and social exclusion. A critical appraisal. Bristol, Policy Press, páginas 137-160.

PÉREZ OROZCO, Amaia (2014): Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid, Traficantes de Sueños.

ZAPATA-BARRERO, Ricard (2009): Políticas de ciudadanía. Discurso público sobre la gestión local de la diversidad. Barcelona, Diputació de Barcelona.

(Adaptación de algunos contenidos compartidos en el proceso de elaboración del marco conceptual del Departamento responsable de políticas sociales de la Diputación de Barcelona que se recoge en una publicación que puede encontrarse aquí.)

Buenas prácticas para la integración entre intervención social e intervención habitacional y urbanística

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A partir de planteamientos teóricos en torno a la diferenciación e integración de las intervenciones y políticas públicas de servicios sociales y de vivienda y urbanismo (clicar para ver entrada reciente con Laura Guijarro en el blog Llei d’Engel), se plantea la conveniencia de identificar algunos ejemplos de experiencias de buena práctica al respecto. Se han escogido algunas (clicar en cada una) que resultan próximas, por conocimiento o participación más o menos directa y por proximidad geográfica:

Las superilles socials (supermanzanas sociales) pueden ser presentadas como forma de concepción y organización de servicios sociales domiciliarios referenciada a un conjunto de manzanas de la trama urbana, posibilitando los cuidados y la sostenibilidad de la vida en los vecindarios, las comunidades y los territorios.

El Criterio Interpretativo del Principado de Asturias sobre los Alojamientos Colaborativos, elaborado conjuntamente por áreas de servicios sociales y de vivienda, es un intento pionero de regular normativamente experiencias de cohousing (senior, usualmente).

El Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) ha elaborado una guía para la Elección de viviendas accesibles y reformas pro accesibilidad, para información y asesoramiento a personas con discapacidad y mayores, dentro de su línea de trabajo de apoyo a la planificación del proyecto de vida personal, tanto desde el acompañamiento social como desde el asesoramiento residencial.

Urbanbat viene trabajando la Arquitectura de los Cuidados, con especial atención a la perspectiva de género, en procesos de diseño, participación, formación y debate para la construcción y el desarrollo de ciudades y viviendas que faciliten el cuidado y la equidad en los cuidados.

Los Servicios Sociales del Nansa (Cantabria) constituyen un ejemplo de innovación en el diseño, implementación y coordinación de servicios sociales, adaptados a un entorno rural y disperso, facilitando la atención a las personas, su calidad de vida y su continuidad en su medio natural.

El modelo Housing First (presentado en el artículo por Joan Uribe) se está llevando adelante, por ejemplo, en una alianza entre Hogar Sí y Provivienda y representa una mirada diferente a la tradicional en lo que tiene que ver con la articulación entre el alojamiento y la intervención social en los procesos de inclusión social.

Las experiencias de alojamiento intergeneracional abordan, desde las relaciones primarias de convivencia, intentos diversos de respuesta sinérgica a distintas necesidades y problemas sociales, logrando impactos en términos, por ejemplo, de inclusión residencial y prevención de la soledad no deseada.

Projekta Urbes ha desarrollado herramientas tecnológicas para la monitorización y promoción de paseos urbanos. Se trata de un ejemplo de la utilización de tecnologías digitales en el espacio público para facilitar y promover las relaciones primarias y el desenvolvimiento autónomo de las personas.

El movimiento de ciudades amigables con ejemplos como Donostia Lagunkoia o Activa tu Barrio (del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), incorpora la participación de los servicios sociales, las políticas de vivienda y urbanismo y otras (este último vínculo lleva a la web Berrituz, en la que se pueden encontrar otras buenas prácticas).

En la página web de Fundación Pilares, entre otras, encontramos una experiencia de codiseño de entornos para la accesibilidad universal en la que personas que van a ser usuarias de determinados entornos participan en su diseño, en aplicación del modelo de atención centrada en la persona.

La experiencia de la Oficina del Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla es la de la gobernanza de la intervención intersectorial en un territorio y con una población con necesidades especiales, siendo las áreas de servicios sociales y de vivienda, urbanismo y convivencia dos de los puntales del trabajo.

Las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, presentadas en esta entrada de blog por Paisaje Transversal, son un ejemplo de planeación territorial integral que intenta tener en cuenta la diversidad de agentes y de usos del territorio, con un intento de superar una visión tradicional de mera previsión de reserva de suelo para equipamientos dotacionales para servicios sociales clásicos.

El Modelo Inclúe, entre otros proyectos, muestra la trayectoria de Emaús Galicia en la construcción de alianzas y conocimiento que ayuden a combinar los ingredientes de la intervención social, la comunidad, la vivienda, el territorio y otros en los procesos de inclusión social.

El Observatorio de la Realidad Social de Navarra corresponde a un Departamento (antes Vicepresidencia) que tiene, entre otras, las responsabilidades sobre vivienda y sobre servicios sociales, lo que puede facilitar la gobernanza de la integración horizontal intersectorial entre esas dos ramas del sistema de bienestar y también con otras.

(La ilustración está tomada del blog Llei d’Engel, en el que está publicada la entrada que da origen a ésta.)

¿Se dedican los servicios sociales a proporcionar cuidados?

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Proporcionar cuidados sería realizar con o por y para otra persona (que no puede hacerlas por y para sí misma) las denominadas Actividades de la Vida Diaria (como comer, asearse, desplazarse, cocinar, limpiar o abastecerse). Incluye la ejecución parcial o total de dichas actividades y puede incluir (total o parcialmente) la decisión sobre ellas y el control de la situación que lleva a dicha decisión. Por ejemplo, cuidar a un bebé (también a otras personas) es alimentarle y decidir en qué momento darle qué alimento, mientras que, por ejemplo, cuidar a una persona con una discapacidad física temporal (también a otras personas) puede ser ayudarle a comer cuando y lo que ella ha decidido comer. (Obviamente, existen otras acepciones del término “cuidado”, como en “cuidados de enfermería” o “cuidados paliativos”: no hablamos de estos).

Por estas y otras peculiaridades de los cuidados, sucede que, en la mayoría de los casos, son proporcionados (y así es preferido y preferible) gratuitamente en el seno de relaciones primarias (familiares o comunitarias) de reciprocidad (diferida o no). En estos casos, lo que toca a las políticas públicas es dar facilidades y apoyos a las personas que eligen cuidar. Sin embargo, obviamente, se necesitan y existen cuidadoras y cuidadores profesionales, que reciben una remuneración por los cuidados que proporcionan, deseablemente con todos los derechos laborales (en la medida en que vayamos consiguiendo desterrar la economía informal o irregular del mundo de los cuidados). Tanto en los cuidados primarios como en los cuidados profesionales, mujeres y hombres deberíamos ser tratadas y sentirnos convocados en pie de igualdad (ahora no es así).

Podemos recibir cuidados profesionales en varias ramas de nuestro Estado de bienestar. Los recibe la criatura de dos años en la escuela o la persona ingresada en un hospital. Sin embargo, ni para el sistema educativo ni para el sistema sanitario constituyen los cuidados su actividad principal. Son, sin duda, los servicios sociales el pilar del Estado de bienestar en el que los cuidados profesionales (y el apoyo al cuidado primario) ocupan una posición de centralidad. (Por descontado que, en los servicios sociales, además de cuidados, encontramos otros apoyos e intervenciones.)

Por eso (aunque tuviera aspectos positivos) fue un error la creación, en su día, del pretendido Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que distorsionó en lugar de reforzar el papel de los servicios sociales y la atención integrada intersectorial en la prevención y abordaje de las situaciones de dependencia funcional para las Actividades de la Vida Diaria. Por lo mismo, como ya han señalado Pedro Celiméndiz o Belén Navarro, sería un error, ahora, la configuración de un “sistema de cuidados” o similar, en lugar de mejorar, fortalecer y desarrollar la capacidad de los servicios sociales (con el concurso y la colaboración de otras ramas del Estado de bienestar, como salud, educación, empleo, vivienda y garantía de ingresos) para dar soporte al cuidado primario (familiar y comunitario) y proporcionar cuidados profesionales. De eso se trata, sin perder más tiempo.

La trama oculta del cuidado

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Un virus recorre el mundo y ataca a nuestros cuerpos. Se genera información y sabemos cuántas personas enferman y mueren. Se nos comunica también el número de las que quedan desempleadas, cómo se ve alterada la producción, qué sucede con la bolsa. Vamos procesando datos sobre cómo se van viendo afectadas diferentes estructuras y sistemas que hacen posible (o no) la vida.

Ahora, sin embargo, pensemos en la hermana que fregó la taza del café que hizo sentirse mejor a esa persona enferma. O la manera discreta en que le dejó su vecina la bolsa de la compra en el felpudo. O en las canciones que cantó ese hombre a su hija para que no se durmiera antes de que su madre, médica, llegara de trabajar. O sobre el esfuerzo de esa auxiliar de servicios sociales para acompañar a aquella persona con demencia desorientada en el confinamiento. Y sumemos.

Las industrias de la salud y los sistemas sanitarios nos están apoyando en esta pandemia. Como lo están haciendo las agricultoras y las cadenas de distribución de alimentos. Internet nos está dando soporte en nuestras relaciones. Como nos disciplinan (o no) los gobiernos y parlamentos. Y todo eso lo vemos cada día en los informativos de la televisión.

Pero hay otra trama, quizá más oculta, que nos está sosteniendo, en la salud y en la enfermedad, en la vida cotidiana. Es la trama invisible del cuidado. Son millones de actos humildes, fugaces, muchas veces automáticos. Actos realizados por hombres y, sobre todo, por mujeres, frecuentemente, como la cosa más normal del mundo. Pero sin esos actos, otros no serían posibles. Si el dormitorio no hubiera sido limpiado, la médica no podría entrar en él. Si no hubieran llamado a aquella persona desde los servicios sociales, no se hubiera conocido su situación de soledad no deseada. Si esa comida no hubiera sido preparada con cariño, se habría quedado en el plato. Si nadie me hubiera ayudado a levantarme, a estas horas seguiría en la cama.

Sabemos qué sistemas económicos, administrativos o tecnológicos están en riesgo de colapso. Pero quizá no tenemos forma de conocer cuánta tensión está soportando la trama invisible del cuidado, cuántos hombros están aguantando ese peso, cuanto sufrimiento van acumulando las personas que nos están cuidando. Cómo se desploman de cansancio las cuidadoras, cuándo lloran de impotencia, si enferman o mueren.

Cuando necesitamos cuidados y tenemos la suerte de que nos cuiden nos está sujetando la trama invisible del cuidado, una que, a su vez, debe ser soportada desde la política, la economía y la cultura. No podemos seguir esquilmando estos recursos, no debemos seguir dando tan por descontado que habrá hombres y, sobre todo, mujeres que nos seguirán cuidando gratis o barato. Hemos de reconocer en mayor medida, individual y colectivamente, moral y materialmente, el inmenso valor de los cuidados.

Quizá, aprovechando que, a veces, en nuestra radical vulnerabilidad física y emocional, nos damos cuenta de que somos poco más que la mano que nos sostiene.