El Fondo de Recuperación europeo y la oportunidad de decir “nunca más” a lo sucedido en las residencias de mayores

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El Plan de Recuperación para Europa (con 140.000 millones de euros para España) representa una oportunidad inédita e inaudita para nuestra sociedad y, específicamente, para quienes nos consideramos agentes políticos a la hora de demostrar la capacidad de los movimientos sociales y las políticas públicas para responder satisfactoriamente a los desafíos planteados en (y a partir de) estos tiempos de pandemia y emergencia. En un entorno de intensa incertidumbre global, la acción colectiva y las instituciones de gobierno son vistas, desde muchas miradas, como más confiables que el interés individual y la lógica de mercado. De ahí, quizá, la relativa pero importante novedad y oportunidad que representan las recientes decisiones europeas.

En este contexto, seguramente, desde un punto de vista moral, nuestra principal deuda como sociedad la hemos contraído y la seguimos contrayendo con las personas mayores usuarias de servicios sociales de carácter residencial, pues éstos han constituido, sin lugar a dudas, la zona cero de la covid-19. Afortunadamente, en este caso, las líneas estratégicas para la utilización del Fondo de Recuperación europeo están totalmente alineadas con esta obligación ética. En primer lugar, porque la mejora de los servicios sociales es, expresamente, una de esas grandes orientaciones de obligado cumplimiento en la utilización del Fondo.

Por otro lado, además, la necesaria gran “operación de país” transformadora de la respuesta existente para las necesidades de cuidado de las personas que nos vamos haciendo mayores (y vamos presentando más limitaciones funcionales y relacionales) encaja a la perfección con el resto de ejes principales que deben guiar la utilización de estos recursos extraordinarios:

  1. La digitalización de nuestra economía, pues la vida con relativa autonomía y convivencia satisfactoria en domicilios, vecindarios, barrios, ciudades y territorios habitables, amigables e inteligentes es, sin duda, uno de los ámbitos más prometedores para la generación, el despliegue y la rentabilización de un potente entramado de existentes y nuevas industrias tecnológicas.
  2. La sostenibilidad ambiental, pues no cabe imaginar una ocupación satisfactoria, distribuida, cohesionada, equilibrada y sostenible del territorio urbano y rural sin hacer posible la vida domiciliaria y comunitaria de la diversidad de personas de distintas generaciones, sexos, capacidades y orígenes, en viviendas adecuadas y economías circulares de alta proximidad y conectividad, adecuadamente embebidas en el medio ambiente natural.
  3. La perspectiva de género, pues el sesgo de género persiste, tanto en los cuidados primarios como en la economía informal de los cuidados y en los cuidados profesionales y esa inequidad, esa discriminación y ese maltrato hacia muchas mujeres, muchas de ellas migrantes, en materia de cuidados y conciliación, sigue anclado en (y lastrando) nuestra estructura social y económica.
  4. La activación económica y creación de empleo, pues los servicios sociales, domiciliarios y comunitarios, tienen tanto la capacidad de incorporar grandes contingentes de personal de Formación Profesional (que puede reciclarse proviniendo de sectores en contracción, como el del turismo), como la de encuadrar cada vez más personal con cualificación universitaria, orientado a ir generando e incorporando procesos y resultados de investigación e innovación.
  5. El control del gasto público, dado que, sin procesos de desburocratización, innovación y escalamiento de soluciones eficientes en el campo de la prestación, gestión y gobierno de los servicios sociales domiciliarios y comunitarios, se seguirá disparando el gasto sanitario hospitalario y farmacéutico, el gasto en servicios sociales residenciales y los costes de gestión, entre otros.

El desafío del que estamos hablando no es menor, ni en el plano ético ni en el estratégico, sino que debe ser visto y configurado como uno de los buques insignia, uno de los proyectos tractores, uno de los ejes principales en la acción transformadora y eficaz en la que tiene que convertirse la aplicación del Fondo de Recuperación en nuestro país. No se trata de parchear un tipo de centros (las “residencias de mayores” tal como, en general, las conocemos) sino de hacer posible y reconocible, más pronto que tarde, una gama real de alternativas diversas para la vida autónoma con cuidados en comunidad de todas las personas.

La Administración ante los nuevos riesgos sociales

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En cada vez más sectores de actividad, como, por ejemplo, el de la vivienda (considerado habitualmente como social) o el transporte (no considerado social) se plantean las Administraciones parecidos dilemas entre, por ejemplo, regular o proveer (y, en cualquier caso, cuánto financiar o qué recursos y activos aportar). Siguiendo con los mismos ejemplos, ¿tiene hoy en día algún significado afirmar que alojar es más o menos social que transportar? Además, también es cada vez es más difícil distinguir las políticas llamadas sociales en las que se entrega dinero a las personas de las políticas fiscales en la que se les exonera en cierta medida del pago de impuestos. Podemos decir que las políticas llamadas sociales no son sólo sociales y que no sólo las políticas sociales tienen carácter social: no sólo las políticas llamadas sociales construyen sociedad; no sólo ellas protegen, reparan, construyen y promueven relaciones sociales, equidad social, inclusión social.

Se puede decir, también, que se supera un reparto de necesidades o bienes por tipos de agentes (público, mercantil, comunitario y solidario) y que todos los agentes entran a jugar, en mayor medida, en todos los sectores de actividad (educación, movilidad, finanzas, pesca y demás). La Administración compite y colabora en todos y cada uno y estaría llamada a garantizar derechos universales en relación con todos los grandes bienes considerados necesarios.

Por otro lado, la emergencia de los nuevos riesgos o retos sociales representa un cambio de época y reconfigura todo el conjunto de riesgos o retos sociales hasta el punto de que la inercia institucional de las políticas sociales clásicas (enfocadas a los viejos riesgos sociales) pueden desencadenar, cada vez más, efectos contrarios a los deseados. Ni hay políticas subsidiarias respecto de otras ni hay agentes subsidiarios respecto de otros. No caben unas políticas sociales redistributivas o reparadoras a posteriori (tras los efectos del mercado) y que den por supuesta y descontada una trama relacional (heteropatriarcal y homogénea) densa y estable. Hay que volver a barajar y repartir todas las cartas. En este contexto, se plantean las siguientes apuestas para la Administración:

  1. La primera característica que emerge como necesaria para las Administraciones a partir del panorama dibujado es la de la maniobrabilidad. Si los retos y riesgos son cambiantes, imprevisibles y complejos, las Administraciones necesitan flexibilidad para adaptarse y, más aún, para adelantarse.
  2. En la medida en que las políticas públicas, en las diferentes escalas territoriales o niveles de la Administración, reciben el desafío de ir incursionando en más asuntos, de más maneras, para más personas y de forma más compleja y especializada, gana importancia la cuestión de su integración vertical y horizontal.
  3. El tercer gran desafío que tienen nuestras Administraciones, en un contexto de nuevos retos sociales, es el de su contribución a la construcción o reconstrucción de relaciones de carácter comunitario o solidario, sean primarias o secundarias.
  4. La visión y apuesta desde el diseño y el desarrollo de las políticas públicas basados en el conocimiento y la innovación se realizan desde la conciencia fundamentada e informada de riesgos ciertos de saturación y colapso de diferentes subsistemas de la vida social, riesgos que desaconsejan (en lo económico y en lo político) meras estrategias de crecimiento inercial y acumulativo que deben ser reemplazadas por otras de emprendimiento, experimentación, escalamiento y desescalamiento.

(Párrafos entresacados de la ponencia preparada para el encuentro del INAP para repensar la Administración, del 27 al 29 de julio de 2020, que puede descargarse completa aquí.)

“Cuidarnos en comunidad”: ¿un relato para los servicios sociales?

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Nuestros libros y leyes dicen que los servicios sociales son (o quieren ser) universales, pero ni las personas que trabajamos en ellos ni las que tienen responsabilidades políticas ni la ciudadanía en general sabemos identificar de forma clara y compartida alguna necesidad, problema o aspiración de todas las personas que corresponda abordar a los servicios sociales (sean públicos o de otros agentes). En esas condiciones es muy difícil aunar voluntades para el desarrollo, la mejora o la extensión de esta rama de actividades que, sin embargo, sentimos como necesaria, esencial, imprescindible.

La pandemia y la emergencia que vivimos está sirviendo, posiblemente, para que nos hagamos más conscientes de nuestras necesidades, de lo que echamos de menos cuando se produce una alteración generalizada del funcionamiento social. Así, por ejemplo, tememos que se vea afectada nuestra salud y aprendemos sobre ella y sobre cómo prevenir su deterioro, individual y colectivamente. De igual modo, estamos calibrando y comprendiendo mejor otras necesidades, como las de alimentación, ocio o alojamiento, y la manera de abordarlas.

Si hubiera que elegir una necesidad que se está sintiendo de manera más fuerte y clara en estos tiempos y para la que los servicios sociales tienen respuesta, se trataría, sin duda, de la necesidad de cuidado o cuidados, entendida , básicamente, como aquella que sentimos todas las personas en las etapas, momentos o circunstancias de nuestra vida en las que no tenemos la capacidad de realizar por y para cada una de nosotras (algunas de) las denominadas “actividades de la vida diaria”. Si bien es cierto que, para muchas necesidades de cuidado, los servicios sociales “ni están ni se les espera”, para otras son el cauce más utilizado. Lamentablemente, en todos estos meses, estamos teniendo más notoriedad por nuestros fracasos en la respuesta a estas necesidades que por nuestros éxitos.

Sin embargo, es tal el crecimiento exponencial previsto para el desafío de los cuidados en los próximos años que los servicios sociales no podemos ni debemos dar por perdida la batalla por configurarnos a los ojos de la ciudadanía como el “lugar” al que acudir en los momentos en los que, en la cotidianeidad de nuestras relaciones familiares y convivenciales, percibamos o preveamos (en nosotras mismas o en personas cercanas) una necesidad de cuidado insuficiente o inadecuadamente cubierta.

Por ello, quizá “cuidarnos en comunidad” pueda ser una expresión que nos ayude a construir un relato entendible para el conjunto de la población acerca del cometido de los servicios sociales. “Cuidarnos” porque el autocuidado (en un sentido más o menos estricto) y el cuidado recíproco (en las relaciones familiares y de convivencia) son fundamentales y necesitan ser complementados por cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones profesionales. “En comunidad” para señalar que los servicios sociales (garantizados como derecho por los poderes públicos) buscarán fortalecer la vida en casa y en comunidad y las relaciones familiares y comunitarias (y no sólo las estrictas relaciones de cuidado).

Ahora bien, si los servicios sociales queremos lograr el reconocimiento de la ciudadanía como el sistema público y el sector de actividad que nos puede ayudar a todas las personas a “cuidarnos en comunidad”, parece necesario que evitemos aparecer como servicios orientados a una parte de la población (como, por ejemplo, “las personas que están peor” o “las personas más vulnerables”). También puede resultar contraproducente seguir funcionando o siendo vistos como servicios que atienden a otras necesidades diferentes, como las de alimentos o alojamiento, máxime cuando el dinero para comida o el acceso a la vivienda ya son responsabilidad principal de otros sistemas o sectores dentro del funcionamiento de nuestra sociedad.

Los servicios sociales podrían ser vistos como aquellos que nos ayudan a “cuidarnos en comunidad” y, por tanto, como un medio para evitar, revertir o paliar situaciones de dependencia para las actividades de la vida diaria, de soledad no deseada, de maltrato o violencia en las relaciones familiares y comunitarias o de exclusión de la convivencia en comunidad. Podrán tener también un cierto impacto indirecto significativo en problemas correspondientes a otros sistemas o sectores de actividad (como la pobreza, el sinhogarismo, la delincuencia o las adicciones, por ejemplo), pero sólo, seguramente, si primero son capaces de hacerse fuertes y atractivos, para ayudarnos a todas las personas, de manera positiva y accesible, a “cuidarnos en comunidad”.

¿Qué modelo de futuro para los servicios sociales? El examen de la pandemia

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La pandemia que estamos viviendo va a conllevar, seguramente muy pronto, un exigente examen general (añadido a la prueba de esfuerzo que ya están soportando) para los diferentes ámbitos de la política pública, acentuado por circunstancias como la conformación de nuevos gobiernos, reestructuraciones en equipos gubernamentales, reformas legales, planes estratégicos o la elaboración de los siguientes presupuestos anuales en un escenario de fuerte disminución de la recaudación fiscal. Seguramente, contar con un modelo de futuro, actualizado o renovado, será condición necesaria (aunque no suficiente) para pasar ese examen y estar en condiciones de sostenerse, desarrollarse y servir en los siguientes años. A continuación, se proponen, brevemente, cuatro posibles rasgos de un modelo de futuro para nuestros servicios sociales:

1. Unos servicios sociales dispuestos a ser el sistema de cuidados

Es previsible que, tras las situaciones vividas en las residencias de mayores y en la convivencia familiar intensa o la soledad de los domicilios, la preocupación por los cuidados (entendidos, en sentido estricto, como la complementación de la capacidad de las personas para la realización de actividades de la vida diaria) aumente en la sociedad y entre las personas con responsabilidades políticas. En ese contexto, parece haber movimientos sociales y políticos barajando la creación ex novo de un sistema de cuidados, pretensión parecida a quienes, hace quince años, pensaron en crear (o creyeron que estaban creando) un sistema de dependencia. Sin embargo, a pesar de nuestra limitada cualificación y vertebración, nadie está en mejores condiciones que nuestros sistemas públicos autonómicos de servicios sociales para configurarse como esos deseados sistemas (no sólo, pero también) de cuidados. Tenemos difícil ganar esa posición pero, curiosamente, nadie lo tiene más fácil.

2. Unos servicios sociales configurados como servicios públicos esenciales

La pandemia ha demostrado la necesidad y superioridad de los grandes sistemas de alcance o cobertura universal, funcionalmente especializados (en la atención a la salud, la distribución de alimentos, el aseguramiento de rentas o el acceso a Internet, por poner cuatro ejemplos), para la respuesta a las necesidades de la población. Nadie ha propuesto expropiar las huertas a “nuestras baserritarras” o los barcos a “nuestros arrantzales” para garantizar que todo el mundo tenga acceso a los alimentos. Del mismo modo, la garantía de que “nuestras niñas” o “nuestros mayores” tengan los cuidados y apoyos que necesitan no depende de que las Administraciones sean las propietarias de las organizaciones que brindan servicios sociales domiciliarios, de teleasistencia o de desarrollo comunitario, por poner tres ejemplos. Depende de que nuestros gobiernos autonómicos tengan suficientes resortes efectivos de conocimiento, planificación, regulación, financiación, provisión, gestión, evaluación y control de una oferta clara y suficiente de servicios e intervenciones que conecten con unas determinadas y bien delimitadas demandas y necesidades de toda la población.

3. Unos servicios sociales comprometidos a una rápida digitalización

No parece exagerado decir que ningún sector de actividad importante va a sobrevivir en nuestro entorno si no incorpora intensamente tecnologías digitales en todos sus procesos operativos, de gestión y de gobierno. En la pandemia y la emergencia, específicamente, se están viendo claramente las dificultades para el desarrollo de actividades sin soporte, capa o alternativa digital, así como las sinergias entre las dimensiones física, corporal, comunitaria y territorial de los servicios y su dimensión digital. En el caso de los servicios sociales, especialmente, resulta imposible imaginar una provisión universal de cuidados, apoyos e intervenciones para la autonomía en las decisiones y actividades de la vida diaria en el seno de relaciones familiares y comunitarias de todas las personas (en función de sus necesidades y capacidades) sin el concurso, por ejemplo, de la robótica domiciliaria, la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, las redes sociales, las plataformas colaborativas o el Internet de las cosas.

4. Unos servicios sociales de alto valor añadido

Los sectores de futuro, profesional y socialmente atractivos (especialmente, en el ámbito de los grandes sistemas públicos), son aquellos que han sido capaces de incorporar más valor de sus actividades operativas, generando empleo de calidad para muchos hombres y, especialmente, para muchas mujeres. Esa es la historia y la perspectiva del desarrollo de sistemas públicos como, por ejemplo, el sanitario, el educativo o el judicial (dejando atrás el tiempo del barbero-cirujano, aquel en el que se hablaba de pasar más hambre que un maestro de escuela o el de la eficacia civil de decisiones de pretendidos tribunales eclesiásticos). No es incompatible subrayar y fortalecer la capacidad de los servicios sociales para la incorporación a su fuerza de trabajo  (frecuentemente mediante la economía solidaria) de muchas personas de Formación Profesional (en ocasiones, provenientes de otros sectores de actividad, como el turístico o el doméstico) y, a la vez, destacar e impulsar una imprescindible y creciente obtención y aplicación de conocimiento científico y tecnológico en los servicios sociales.

(Reflexiones compartidas en el marco de trabajos en curso en los sistemas públicos de servicios sociales del País Vasco, Murcia, Catalunya, La Rioja, Andalucía, Castilla y Leon, Cantabria, Madrid y Galicia. La fotografía corresponde al capítulo 6 de la serie “El colapso” del colectivo Les Parasites.)

¿Es la hora de estrategias contraintuitivas en los servicios sociales?

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A veces, en ocasiones extraordinarias, pueden funcionar bien decisiones extrañas, aparentemente contraproducentes, que a primera vista parecen ir en sentido opuesto a las que mayoritariamente se plantean. A continuación, se proponen cuatro para nuestra intervención social y servicios sociales a partir de las situaciones pandemia y emergencia que estamos viviendo. Seguramente, resultarán impracticables o inadecuadas en muchos contextos, pero quizá merezca la pena dedicarles unos minutos de reflexión. Primero se enuncian y a continuación se dedica un párrafo a cada una de ellas, con la apertura de siempre al diálogo, a la matización y a la corrección:

  1. Dejar de entregar recursos para la subsistencia.
  2. Cerrar centros.
  3. Suspender relaciones con los servicios sanitarios.
  4. Experimentar y teorizar.

1. Las gentes de la intervención social y los servicios sociales, normalmente vocacionadas y formadas para las relaciones de ayuda y los procesos comunitarios, no obstante, hemos aceptado muchas veces dedicarnos a gestionar y realizar el reparto o racionamiento de dinero y bienes materiales para la supervivencia de las personas. Ahora vuelve a suceder con fuerza. Sin embargo, esto puede resultar cada vez más irracional y frustrante, en tanto en cuanto el desarrollo tecnológico y logístico de otras organizaciones públicas o mercantiles (del ámbito del aseguramiento, las finanzas, la distribución u otros) las coloca en condiciones de realizar esta labor de manera mucho más pertinente y eficiente. Por ello, seguramente, cada día está más justificado, desde el punto de vista ético y estratégico, que nos neguemos a aceptar el encargo de la garantía de subsistencia, máxime cuando el contexto parece determinar que ese trabajo sea cada vez más incompatible con la labor de intervención social.

2. Durante esta pandemia, algunos de nuestros centros se han convertido en lugares especialmente visitados por el sufrimiento y la muerte. A partir de esa experiencia, se habla de la mejora o transformación de algunos de nuestros servicios, pero, quizá, debamos hablar con claridad de servicios que no pueden o deben ser reformados o modificados sino que, simplemente, han de ser cerrados y sustituidos por otros diferentes. Quizá hay dispositivos y formatos que, por su planteamiento, por su  tamaño, por la homogeneidad de sus personas usuarias, por su funcionamiento o por otras razones, deban ser reemplazados por otros y quizás sea conveniente hacerlo visible, hacer comprensible y creíble para la ciudadanía que tenemos la voluntad y la estrategia para un cambio significativo y tangible del estado de las cosas. Parece difícil conseguirlo sin cerrar algunos centros o algunos tipos de centros y explicar y demostrar claramente por qué apoyos y servicios los reemplazamos.

3. En nuestro entorno, los sistemas públicos de salud suelen cuadruplicar en presupuesto a los sistemas públicos de servicios sociales. Fácilmente, hablando de personal con titulación similar, el sueldo en el sistema sanitario puede ser el doble que el que se recibe en los servicios sociales. Aun con todo, no hay por qué cuestionar que el sistema sanitario necesite más recursos pero si cabe pensar que no es sólo o fundamentalmente por cuestión de recursos que hayamos fallado como sistema a la hora de prever por donde venían las amenazas a nuestra salud. Por otro lado, está claro que, pese a que llevamos, al menos, cuarenta años hablando de cómo colaborar entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, en la pandemia nos estamos entendiendo muy mal, con graves consecuencias. Quizá sea el momento, como en algunas parejas, de tomarnos un tiempo de separación y reflexión.

4. Por último, parece que en las situaciones de emergencia se trata de hacer, hacer y hacer. Sin embargo, posiblemente, en el mundo de la intervención social y los servicios sociales, esta pandemia nos ha atrapado en medio de una mudanza profunda en cuanto a la comprensión, instrumentación, articulación y realización de la propia intervención social y, en unas circunstancias de estas características, el aumento de los recursos o la inversión en procesos de carácter obsoleto puede resultar contraproducente. Seguramente, no nos queda más remedio que dedicar tiempo, a pesar de la emergencia o precisamente por ella, al estudio y la investigación para el prototipado y creación de nuevos programas y estructuras de intervención social; para la construcción, en el menor tiempo sea posible, de los nuevos servicios sociales que la situación que vivimos demanda.

Diagnóstico y evaluación como parte de la atención en servicios sociales: algunas pistas

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La intervención social (la prestación de servicios sociales), como cualquier actividad humana, se rige por el ciclo evaluación-planificación-ejecución. La evaluación es, o debe ser, evaluación de las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones iniciales de la persona y de las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones una vez se ha ejecutado o realizado el cuidado, apoyo o intervención y, presumiblemente, se han logrado los resultados esperados (cambios en las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones). El diagnóstico y el pronóstico son dimensiones de la evaluación y, manejados a escala poblacional, permiten segmentar o estratificar a las personas y anticiparse proactiva y preventivamente en la intervención.

En los servicios sociales podemos utilizar diversos instrumentos para realizar esa evaluación. Son de especial interés las herramientas de diagnóstico social (del trabajo social) aunque, usualmente, desbordan con mucho el perímetro de lo que puede considerarse como objeto de los servicios sociales. Dicho de otra manera: normalmente, las herramientas de diagnóstico social (propuestas desde el trabajo social) suelen considerar aspectos (económicos, de salud, habitacionales, laborales, administrativos, formativos u otros) que corresponden a ámbitos sectoriales diferentes del de los servicios sociales.

Sea como fuere, en nuestros servicios sociales, el proceso de construcción, validación, utilización y mejora de instrumentos de diagnóstico y, en general, de evaluación (como parte fundamental y recurrente del proceso de atención a las personas) está en gran medida por hacer. A continuación se proponen algunas referencias o pistas sobre procesos próximos en los que se viene trabajando al respecto (clicando en cada un de los títulos se accede al documento):

BENÍTEZ, María del Carmen (2013): El informe socioeducativo: instrumento de la educación social.

CAMPAING TO END LONELINESS (2015): Measuring your impact on loneliness in later life.

CARDONA, Josefa y otras (2017): El diagnóstico relacional colaborativo.

CURY, Silvia y ARIAS, Andrés (2016): Hacia una definición actual del concepto de diagnóstico social.

DE MIGUEL, Francisco Javier (2018): Valoración social de dificultades y potencialidades para la intervención socioeducativa (páginas 1.049-1.068).

ELOSEGUI, Elena y otras (2014): Elección consensuada de una herramienta común de valoración sociosanitaria en la CAPV.

FUNDACIÓN AVEDIS DONABEDIAN (2015): Identificación de personas en situaciones de necesidades sociales complejas.

FUSTIER, Núria (2017): Los diagnósticos en el ámbito de la intervención individual y familiar.

GIMÉNEZ, Víctor y otras (2019): El diagnòstic social en els serveis socials bàsics.

GOBIERNO VASCO (2015): Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a malos tratos a personas mayores en la CAPV.

GOBIERNO VASCO (2017) : Actualización del Balora. Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca.

IMSERSO (2004): Libro blanco. La valoración de la dependencia. Criterios y técnicas.

MANZANO, Miguel Ángel y otras (2019): La DS-DIBA: “Experiencia de la elaboración de una herramienta de valoración social y segmentación para los servicios sociales

ORMAETXEA, Izaskun (2017): Perfiles, apoyos, criterios.

PAÍS VASCO: Decreto 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social.

QUEREJETA, Miguel (2004): Discapacidad, dependencia. Unificación de criterios de valoración y clasificación.

RAYA, Esther y REAL, María Jesús (2020). Diseño e implementación de la Escala SiSo de medición de las situaciones de dificultad social. Herramienta para el diagnóstico en Trabajo Social.

REGALADO, Jonathan (2017): El informe social.

VERDUGO, Miguel Ángel y otras (2017): La escala integral de calidad de vida.

(Entrada desarrollada  partir de un trabajo realizado en el marco de una colaboración con Servicios Sociales Integrados y de cara a un encuentro con Suara. Con un agradecimiento y reconocimiento especial a Izaskun Ormaetxea y su equipo de IOK Laboratorio de Trabajo Social, por su prolongada, rigurosa e incansable labor de diseño, implementación y mejora en el asunto del que trata esta entrada.)

Coordenadas y trazadas para la acción comunitaria

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Javier Segura del Pozo es, posiblemente, en España, el principal conocedor y sistematizador de la acción comunitaria, campo de práctica y conocimiento que acaba de sufrir la pérdida de Marco Marchioni, uno de sus grandes promotores. A raíz de la publicación del último libro de este experto, médico, se produce la ocasión y la invitación para seguir dialogando sobre los conceptos y esquemas que nos permiten orientarnos en la materia. Se da la circunstancia, además, de que la trabajadora social Marta Ballester Frago (poseedora de una trayectoria y autora de una tesis doctoral de referencia, ambas, sobre trabajo comunitario) y sus compañeras de la cooperativa Marges acaban de publicar también un nuevo libro sobre el asunto.

Javier Segura del Pozo (como Maribel Pasarín o Rafa Cofiño) se ubica, fundamentalmente, en el ámbito sectorial de los servicios de salud, servicios, que, mediante su atención primaria, han sido pioneros y referentes en su proceso de territorialización, es decir, en su aproximación accesible a todas las personas en la cotidianeidad de su vida diaria. No parece casual, en todo caso, que se nos hable de comunidad y de acción comunitaria desde uno de los grandes pilares o ramas sectoriales de las políticas públicas, pues, hoy y aquí, pese a sus limitaciones y contradicciones, las terminales de proximidad de esas políticas públicas (sanitaria, urbanística, educativa, de servicios sociales, de seguridad, cultural, de vivienda, de movilidad, de empleo u otras) constituyen, habitualmente, los principales puntales de la acción comunitaria en nuestro entorno.

Del mismo modo que la atención, acción o intervención sanitaria apostó por hacerse más comunitaria (por realizarse, en mayor medida, en y con la comunidad) lo mismo ha sucedido (en mayor o menor medida y con avances y retrocesos) con la atención, acción o intervención cultural, social, policial, educativa, urbanística u otras. De modo que, en cada una de esas ramas sectoriales de la política pública, se puede hablar de una atención, acción o intervención comunitaria de carácter sectorial. Sin embargo, como nos recuerdan en sus escritos María José Aguilar o Ricard Gomà, también existen experiencias, procesos, estructuras y dinámicas de acción comunitaria de carácter intersectorial o transversal. Se trata de iniciativas o proyectos incardinados en las comunidades e impulsados por éstas, que potencian las relaciones comunitarias (primarias y secundarias) sin encuadrarse dentro de esos ámbitos sectoriales. Buscan, más bien, contribuir a la integración y gobernanza intersectorial y ser cauce para la gestión de la diversidad, típica de las políticas públicas transversales, que buscan la igualdad y la convivencia entre personas de diferentes sexos, edades, capacidades u orígenes, por ejemplo.

Javier Segura del Pozo señala que la perspectiva, mirada u orientación comunitaria (el enfoque comunitario, podría decirse también) debe permear toda la atención sanitaria y esa afirmación es válida para todos los ámbitos sectoriales. Por ejemplo, en el campo de los servicios sociales, es de aplicación el enfoque comunitario cuando un profesional de la intervención social está atendiendo a una persona en su despacho y cuando está participando, como tal profesional, en una fiesta multitudinaria en la plaza del barrio. Usando la propuesta conceptual del autor, por ejemplo, esa atención en el despacho sería una atención de encuadre individual (no se atiende a la persona encuadrada dentro de un grupo como sí lo hace, por ejemplo, una profesional de la educación que da clase en un aula) e intramural (pues la intervención se produce dentro del ámbito físico o espacial constituido por las instalaciones del propio servicio).

Si la obra de Javier Segura del Pozo nos ofrece una sugerente “cartografía comunitaria”, la de Marta Ballester, Anna Lite y Mònica Salas constituye una valiosa “brújula comunitaria”, en este caso, específicamente diseñada para organizaciones solidarias de intervención social. Entidades que, muchas veces, originariamente, fueron fruto, cauce y expresión de dinámicas comunitarias, pero que, frecuentemente, han ido perdiendo esa referencia e identidad relacional y territorial (y muchas son conscientes de ello). Sería una brújula para ayudarles a orientarse en la trazada de regreso a la comunidad, en su proceso de ser más (o de volver a ser) comunitarias.

(Los libros citados pueden descargarse gratuitamente aquí y aquí.)

Urbanismo y vivienda con enfoque comunitario: sí se puede

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Nuestro modelo social y económico contribuye notablemente a la segregación, polarización y vulnerabilidad territorial y, especialmente, a la privatización de la vivienda (por encima del 80% en propiedad, en nuestro entorno), con una concepción del espacio público como mero entorno de esa vivienda que, frecuentemente, más que por su valor de uso, es tomada en consideración por su valor de cambio y su carácter hereditario (en un país en el que la herencia recibida explica cerca del 80% de la situación económica de las personas). En un contexto así no sólo es el famoso 1% más rico el que se opone a políticas y dinámicas que promuevan una visión más social de la vivienda y una vertebración más equilibrada del territorio.

Esta estructura residencial, fruto y generadora de desigualdades económicas gravemente injustas, se revela también particularmente disfuncional para la gestión de las diversidades. Tiene un notable sesgo de género (Muxí, 2019) y perjudica, por ejemplo, también, a las personas que, al envejecer e ir perdiendo capacidad funcional y redes primarias, se encuentran frecuentemente en una vivienda inapropiada e inaccesible que, sin embargo, no resulta fácil modificar o cambiar por otra solución habitacional.

A la hora de buscar vías para la transformación de este estado de cosas, cabe decir que la situación de pandemia y emergencia, y especialmente las medidas de confinamiento, han contribuido a impulsar algunos debates y oportunidades de experimentación en torno a cuestiones como las siguientes:

  • La densidad y el formato convenientes para la vida humana, apareciendo como desaconsejables los establecimientos colectivos (como las residencias de mayores) pero siendo interesante la suficiente proximidad vecinal que opere como oportunidad de cuidado, ayuda, compañía y seguridad (Finney, 2019).
  • La necesaria complementariedad entre las potencialidades de la proximidad física y las conexiones que ofrece la tecnología digital con la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, el internet de las cosas (también de las llevables), la robótica domiciliaria o las plataformas colaborativas (Acero y otras, 2019).
  • La deseable multifuncionalidad (los “usos mixtos” que reclamaba Jane Jacobs) de los barrios, grupos de manzanas (supermanzanas) o enclaves, que, si bien pueden especializarse en una función en el marco de la ciudad o el territorio, deben gozar de cierta autonomía o capacidad de autogestión en un modelo de economía (y vida) circular y sostenible.
  • La potencialidad de “terceros lugares” (en expresión de Ray Oldenburg) o de espacios híbridos o transicionales, simbolizados en este confinamiento, de forma especial, por los balcones, en los que, al salir a las ocho a aplaudir, nos encontrábamos de nuevas maneras con vecinas y vecinos (Yarker, 2019).

Balcones, rellanos, patios, lavanderías, comedores, lonjas o vestíbulos pueden pasar de verse como inservibles o privados a considerarse comunitarios. Del mismo modo, plazas, terrazas, calles o zonas verdes deben ser ocupados efectivamente por comunidades o lo serán por los coches o, en todo caso, por usos excluyentes y discriminatorios. Correlativamente habrá que explorar más las “tenencias intermedias” (Nasarre, 2020) en materia de vivienda. La comunidad está llamada a habitar su lugar en el mundo y las relaciones primarias y, en general, comunitarias, a ayudar a romper esa peligrosa dicotomía entre el espacio privatizado y vedado y ese espacio público inhóspito y deshumanizado que nadie siente como propio y apropiado (Gehl, 2016).

(Fragmento adaptado de un artículo de la revista Galde que puede descargarse completo aquí. También, próximamente, en galde.eu. Agradeciendo, entre otros, aprendizajes con Miren Vives, Elena Pérez Hoyos, Javier Burón, Arantza Leturiondo, Patxi Galarraga y María Arana.)

Diez perchas para la prevención de la soledad

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En una revisión de las prácticas de prevención o abordaje de la soledad no deseada y el aislamiento social, cabe identificar los siguientes como algunos tipos relevantes de proyectos o iniciativas en curso:

  • Acompañamiento (befriending) o compañía individualizada (presencial o telefónica) a personas que ya están en situación de soledad, con un enfoque paliativo o (re)habilitador.
  • Actividades de ocio dirigidas a segmentos poblacionales con mayor riesgo de encontrarse situación de soledad, que, en el caso de las personas mayores, se encuadrarían en la llamada economía plateada (silver economy).
  • Promoción de (y mediación para) experiencias de convivencia intergeneracional apoyadas en necesidades diversas las personas participantes (por ejemplo, alojamiento en unas y compañía en otras).
  • Campañas de sensibilización orientadas, singularmente, a desestigmatizar a determinados colectivos o situaciones (como vivir solo o sola) que suelen ser asociadas al aislamiento relacional.

Podríamos considerar las cuatro citadas como cuatro “perchas” de las que colgar una intervención en relación con la soledad. Se trataría de perchas reconocibles y reconocidas, relativamente fáciles de vincular en o con estrategias del de prevención o abordaje del aislamiento social. Cabría añadir una quinta, quizá transversal a las anteriores, que es la del voluntariado (juvenil o adulto) en el marco de un tercer sector colaborador con las administraciones públicas.

En el momento actual, por otro lado, cabría identificar otros cuatro tipos de actuaciones o intervenciones que, a primera vista, no sería tan fácil relacionar con la problemática de la soledad no deseada pero que, sin duda, pueden tener un importante impacto preventivo en ella. Se trata de propuestas que, quizá, puedan gozar en este momento, precisamente en este momento, de una ventana de oportunidad para su impulso y desarrollo:

  • Intervenciones de carácter arquitectónico y urbanístico favorecedoras de la igualdad y amigables con diferentes diversidades, especialmente aquellas que generan espacios híbridos o transicionales, intermedios e intermediarios entre el espacio (más) privado y el espacio (más) público y favorecedoras de las relaciones primarias y comunitarias.
  • Redes de apoyo mutuo y de relaciones horizontales de ayuda y colaboración de proximidad en las comunidades vecinales, barriales y territoriales.
  • Proyectos de humanización y comunitarización (deinstitutionalisation) en los cuidados dirigidos a personas con limitaciones funcionales o de prevención y reversión de su ingreso en establecimientos colectivos (residencias o asilos), desarrollando formas personalizadas e integradas de atención telemática, domiciliaria y en la comunidad.
  • Plataformas, redes y aplicaciones digitales para la comunicación telemática, las relaciones sociales, el procesamiento de grandes cantidades de datos, la inteligencia artificial distribuida, la geolocalización, la construcción de comunidades, el Internet de las cosas y, en general, la complementación y el desarrollo de capacidades y conexiones de las personas.

Estas cuatro últimas perchas, quizá, hacen posible otra (la última), transversal a ellas, que sería la del empoderamiento de las personas potencial o efectivamente afectadas por las situaciones de soledad. Frente a modelos paternalistas, asimétricos, asistencialistas o infantilizadores o, directamente, frente el maltrato o la violencia dirigida a muchas personas, es necesaria la participación de las personas destinatarias últimas de los proyectos e intervenciones en su diseño, implementación y evaluación. Participación que, ya mismo, es una experiencia de comunidad frente al miedo de personas que nos sabemos vulnerables.

(Notas dentro del proyecto Bizkaia Saretu, del grupo cooperativo de la economía solidaria Servicios Sociales Integrados.)

Derechos humanos y políticas públicas

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“Los derechos humanos existen porque satisfacen necesidades básicas” (Añón y García Añón, 2004) y, dentro del conjunto de los derechos humanos, se acepta convencionalmente la existencia de un subconjunto, el de los derechos sociales, que formarían parte de la denominada segunda generación de derechos humanos (posterior a la primera, que sería la de los derechos civiles y políticos). “La expresión derechos sociales pertenece sobre todo al ámbito de la filosofía política y jurídica y del derecho constitucional. En el derecho internacional, en cambio, suele ser más usual la fórmula derechos económicos, sociales y culturales” (Pisarello, 2007). En materia de derechos sociales suele citarse como referencia el artículo seminal de Thomas Humphrey Marshall “Ciudadanía y clase social” (1997) que recoge una conferencia dictada en 1949. Para Marshall la ciudadanía social (es decir, el disponer de derechos sociales) sería una suerte de tercer estadio que viene a perfeccionar los dos anteriores (los de la ciudadanía civil y la ciudadanía política).

En los gobiernos, en los diferentes niveles, se ha ido decantando una convención según la cual se clasifican las materias o asuntos (las políticas públicas) en diferentes grupos o esferas (Ramió y Salvador, 2019):

  • Algunas materias, relacionadas con los derechos civiles (como son el derecho a no ser detenido sin motivo legal o a ser juzgado con garantías) y políticos (como el derecho al sufragio activo y pasivo o a la formación de partidos), se consideran más netamente “políticas”, quizá porque son más clásicas, porque fueron asumidas con anterioridad como responsabilidad pública. La estructuración y relaciones de los poderes y administraciones públicas, la justicia o la seguridad (orden público) suelen estar en este grupo.
  • Otras reciben la consideración de “económicas”, posiblemente por la pujanza de la economía de mercado en la respuesta a las necesidades y demandas de la población de las que se ocupan estos Departamentos, en buena medida reguladores (industria, turismo, comercio o agricultura suelen estar en este grupo).
  • Hay otras materias que suelen ser consideradas “sociales” (Del Pino y Rubio, 2016) y suelen, por ejemplo, ser contabilizadas cuando se habla del “gasto social”. Tienden a referirse a necesidades, contingencias, riesgos o aspiraciones que solían depender anteriormente (o antiguamente), más bien, de las relaciones familiares y comunitarias y que los poderes públicos han ido asumiendo y desarrollando como responsabilidad propia hasta cierto punto (como salud, educación, interacción, ocupación, alojamiento o subsistencia).
  • También va cobrando fuerza una esfera “territorial” o, a veces, “ambiental”, diferenciada de las anteriores. O podría considerarse aparte la “cultural” (Martinell, 2020).

Posiblemente, en todo caso, estas divisiones se estén tambaleando y caben cada vez menos decisiones o medidas que se justifiquen o legitimen únicamente por su efecto en una de las dimensiones (económica, social, ambiental u otra) o en un único bien (como salud, seguridad, empleo, alimentación, participación u otros), sino que necesariamente han de ser sinérgicas, es decir, han de funcionar en el mayor número de registros a la vez (Mazzucato, 2019). Así, por ejemplo, las más clásicas medidas de política “social” de entrega de recursos para la subsistencia material (por ejemplo alimentos, o dinero para alimentos) deberán, a la vez, contribuir, por ejemplo, a cadenas alimentarias más sostenibles, al empoderamiento de las personas destinatarias y a la creación de empleo (Banerjee y Duflo, 2011).

Las políticas transversales de igualdad y diversidad (sexual, generacional, funcional o cultural), aunque suelen ser clasificadas como “sociales”, pueden y deben afectar a políticas sectoriales no incluidas entre las políticas sociales. Dicho de otro modo, es necesario que antes de proyectarse sobre los derechos sociales, las políticas de igualdad y atención a la diversidad lo hagan sobre los derechos civiles y políticos (Chahín y Morales, 2014), con regulaciones como, por ejemplo, las relacionadas con el derecho de asilo, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la incapacitación y tutela de personas con determinadas discapacidades. En realidad, recordando los términos de Thomas Humphrey Marshall, cabe decir que difícilmente podrá avanzarse en el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía social si no está reconocida y puede ejercerse la ciudadanía civil y política (Alonso Seco, 2019).

Las aportaciones de Amartya Sen acerca del desarrollo humano insisten en la insuficiencia de los planteamientos que se fijan únicamente en los recursos de los que disponen o que pueden obtener las personas e invita a analizar las oportunidades reales, la libertad real, las capacidades reales que tienen para convertir dichos recursos en funcionamientos que consideran valiosos (Sen, 1992). Se trata de un enfoque que, como otros, nos ayuda a ver la interdependencia entre los diferentes tipos de derechos.

ALONSO SECO, José María (2019): La política social como realización de derechos sociales. Valencia, Tirant lo Blanch.

AÑÓN, María José y GARCÍA AÑÓN, José (2004): Lecciones de derechos sociales. Valencia, Tirant lo Blanch.

BANERJEE, Abhijit y DUFLO, Esther (2011): Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Bogotá, Taurus.

CHAHÍN, Alia y MORALES, Sonsoles (2014): Invertir en igualdad y no discriminación: hacia unas políticas públicas más eficientes e inclusivas. Madrid, Gobierno de España.

DEL PINO, Eloisa y RUBIO, María Josefa (edición) (2016): Los Estados de Bienestar en la encrucijada. Políticas sociales en perspectiva comparada. Madrid, Tecnos.

MARSHALL, Thomas Humphrey (1997): “Ciudadanía y clase social” en Reis, número 79/97, páginas 297-344.

MARTINELL, Alfons (edición) (2020): Cultura y desarrollo sostenible. Madrid, REDS.

MAZZUCATO, Mariana (2019): Governing missions in the European Union. Brussels. European Union.

PISARELLO, Gerardo (2007): Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción. Madrid, Trotta.

RAMIÓ, Carles y SALVADOR, Miquel (2019): Gobernanza social e inteligente. Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona.

SEN, Amartya (1992): Nuevo examen de la desigualdad. Madrid, Alianza Editorial.

(Notas al hilo de un trabajo con la Diputación de Barcelona. En la imagen, Thomas Humphrey Marshall.)