La reconversión (industrial) de los servicios sociales

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La respuesta a las necesidades de las personas en nuestras sociedades se estructura por industrias o sectores de actividad, entendidos como entramados de organizaciones que son capaces de posicionarse (de forma directa o indirecta) ante la población y lograr sus preferencias. Dichos sectores económicos son configurados, en un determinado entorno regulatorio, por cadenas de valor (secuencias de actividades), apoyadas en tecnologías y cualificaciones profesionales, en las que interactúan diversos agentes y, además de responder a las necesidades mencionadas, desencadenan otros efectos que contribuyen a su sostenibilidad, como son la generación de empleo, la creación de riqueza privada y pública o la producción de bienes intangibles, como la identidad.

Las industrias, como la siderúrgica, la cinematográfica, la turística o la automovilística, o diferentes sectores dentro de ellas, viven procesos de emergencia, desarrollo, madurez y declive, que pueden derivarse de cambios demográficos, tecnológicos, climáticos, políticos o de otros tipos. En ocasiones, todo un sector de actividad entra en decadencia y, debido a la importancia de los efectos negativos que su destrucción desordenada puede tener en la satisfacción de algunas necesidades, en la estructura laboral y económica o incluso en la autoestima de la población de un territorio, las autoridades políticas se plantean liderar un proceso de reconversión de ese sector o industria.

El sector de los servicios sociales que se ha configurado en España a lo largo de varias décadas puede ser visto como un sector que, sin acabar de desarrollarse y madurar, tiene altas probabilidades de entrar en declive, de desmoronarse. Sus líderes, ubicados en las administraciones públicas, suelen mirarse en el espejo del sector sanitario y pensar que tendrán una evolución similar en términos de universalización de un importante conjunto de prestaciones y estructuras públicas y amplio aprecio por parte de la ciudadanía, pero quizá no son suficientemente conscientes de las importantes y crecientes distancias entre ambos sectores, especialmente en lo referente a la cualificación de sus profesionales, la investigación científica y la innovación tecnológica, factores seguramente determinantes en el posicionamiento a los ojos de la población.

La burocratización de las estructuras públicas de los servicios sociales las hace fácilmente reemplazables por estructuras administrativas de otros sectores, máxime si éstas les ganan la partida de la digitalización. Por otra parte, los dispositivos de provisión de servicios sociales personales (frecuentemente en manos de la iniciativa privada o social), dada la frágil e instrumental relación que mantienen con las administraciones públicas, pueden fácilmente reubicarse y readaptarse en otros sectores de actividad (como el sanitario, el de la seguridad, el del alojamiento o el del trabajo doméstico), que pueden ser vistos como más interesantes para abordar determinados riesgos o retos sociales por parte de las decisoras políticas o la población, máxime en la medida en que se apliquen fórmulas flexibles como, por ejemplo, los presupuestos personales o los cheques servicio.

La generación que construyó nuestro (proyecto de) sistema público de servicios sociales, esa que se jubilará en los próximos quince años, tiene, posiblemente, la responsabilidad de plantear con claridad la necesidad de una reconversión industrial o global de nuestro sector. El reto, seguramente, no está en el crecimiento o aseguramiento de  las actividades que realizamos y de los servicios que ofrecemos sino en una ambiciosa operación de transformación de nuestras atenciones, intervenciones, tecnologías y cualificaciones para ponernos a la altura de los cambios en las expectativas de las personas, en las dinámicas comunitarias, en el mundo del conocimiento y en el diseño de políticas.

(Reflexiones en y tras la reunión del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de España y de cara a los encuentros de la semana que comienza en Dincat, Esquerra Republicana de Catalunya, Provivienda y los servicios sociales del Consell Comarcal de l‘Alt Penedés y del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés. La fotografía corresponde al horno de calcinación que, en la plaza Saralegi de los “barrios altos” de Bilbao, da testimonio de su pasado minero.)

Otros servicios sociales son posibles

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En una gran parte de nuestros servicios sociales está operando una conjunción perversa de poderosas fuerzas que tienden a configurarlos como quistes puramente administrativos, dedicados al racionamiento de ayudas económicas residuales, estigmatizantes y menguantes. Éstas pueden ir dirigidas a personas (frecuentemente sometidas a humillantes procesos de control) o a entidades (acentuando su burocratización, fragmentación y autorreferencialidad). A la vez, los servicios sociales públicos, en esos lugares, dejan, sin especial conciencia de hacerlo, un enorme campo a la oferta privada, bien de servicios sociales (frecuentemente residenciales), bien de otro tipo de servicios (domésticos, por ejemplo) o a otros servicios públicos más proactivos y demandados (como los policiales, los educativos o los sanitarios).

¿Cuáles serían esas poderosas fuerzas que nos van arrinconando? ¿Qué factores desencadenan esa indeseable dinámica? Fundamentalmente, las crecientes olas de demanda cada vez más desorientada, compleja y acuciante de personas en proceso o situación de exclusión social. Demanda que, en la mayoría de los casos, los servicios sociales manejan de forma ineficiente, por su posicionamiento estratégico erróneo y confuso y por la fragilidad de sus capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión. Sazónese lo anterior con la constante bajada de peso y visibilidad en las agendas políticas de los servicios sociales, frente a otros asuntos, impulsados por diversas alianzas estratégicas de distintos agentes.

En general, nuestros servicios sociales, atomizados institucional y profesionalmente e incapaces de alinearse en un relato creíble de futuro, están fracasando a la hora de comunicar a la sociedad que jamás podrán hacerse cargo solos de esa demanda compleja, generada por procesos estructurales de exclusión económica, residencial o laboral. También lo están haciendo en la tarea de expresar para qué sí pueden ser útiles en nuestras sociedades, es decir, por qué cuidados, apoyos e intervenciones quieren ser reconocidos. En ese contexto son y van a ser fácilmente presa de mutilaciones y recortes o de encargos envenenados, en función de las estrategias de otros sectores, sistemas, coaliciones o agentes.

Sin embargo hay islas en ese océano de aguas turbulentas. Hay instituciones, organizaciones y personas que nos muestran que otros servicios sociales son posibles: que mantienen y refuerzan la apuesta presupuestaria por la dignidad y la universalidad; que practican la interdisciplinariedad profesional y la integración organizativa centradas en las personas; que se desprenden responsablemente de encomiendas inadecuadas e innovan en programas que llenan de contenido sus funciones. Y que, en definitiva, nos ayudan a seguir realizando, construyendo y soñando unos servicios sociales preventivos y comunitarios, productivos y humanistas, determinantes para la sostenibilidad de la vida en el territorio.

(Al hilo de trabajos en curso con el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Bilbao, Servicios Sociales Integrados, la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, Aubixa, Podemos, la Red Española de Política Social, Esquerra Republicana de Catalunya o la Comunitat Valenciana y como preparación de la primera reunión del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de España.)

Contra su silver economy, por nuestra reciprocidad intergeneracional

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Nuestra economía, capitalista, se despreocupa de las necesidades de las personas y de la sostenibilidad de la vida y rinde culto a la demanda solvente y al valor de mercado. En ese contexto, hablar de silver economy o economía plateada supone, normalmente, fijarse en el segmento de aquellas personas mayores, que, por la cuantía de sus pensiones o prestaciones y por el patrimonio acumulado a lo largo de su vida, tienen una capacidad de compra interesante para la economía realmente existente.

Las empresas que se orientan a ese segmento poblacional y a su demanda directa (en forma de consumo de estas personas) o indirecta (a través del gasto público, por ejemplo sanitario o de servicios sociales, que sea inducido por las personas mayores) van a intentar extraer la mayor cantidad de sus rentas, potenciando, obviamente, el consumo de bienes y servicios que dichas empresas puedan producir. Al hacerlo, muy posiblemente, exacerbarán las diferencias y distancias entre este colectivo humano y otros y contribuirán a que las personas mayores se perciban como un grupo con intereses distintos a los de otros.

Robert Kennedy dijo en 1968 que el producto interior bruto mide todo, salvo lo que hace que la vida merezca la pena. Y, seguramente, la conciencia acerca de la verdad que se esconde en esta frase no hace sino crecer conforme nos hacemos mayores. Sin embargo, la economía plateada pretende, seguramente, convencernos de que, cuando nos hacemos mayores, los que nos harán felices son, justamente, sus productos y servicios, contabilizados al calcular el PIB.

Quizá, desde nuestras instituciones políticas, en lugar de jugar a aprendices de brujo en una economía de mercado de la que muy poca experiencia tienen la mayor parte de las personas con responsabilidades políticas en nuestro entorno, harían mejor en ajustar la provisión de sus propios servicios públicos, especialmente los servicios sociales, a la prevención de la dependencia funcional, del maltrato familiar, del aislamiento relacional o de la soledad no deseada y a la promoción del empoderamiento de todas las personas en todos los momentos de su ciclo vital, en el seno de relaciones primarias intergeneracionales.

Seguramente, pocas experiencias pueden aportar más felicidad, bienestar y sentido a muchas personas mayores que las relaciones intergeneracionales significativas, familiares o, en general, comunitarias, en las cuales puedan entregar su legado de sabiduría y compromiso, que les sobra, y recibir el regalo de la frescura y la vitalidad que ellas van perdiendo (que nosotras vamos perdiendo). Necesitamos compromiso político y solidaridad ciudadana para fomentar, mantener o reconstruir esos lazos intergeneracionales que nos configuran como sociedad digna y con futuro, como humanidad en la que vamos dándonos la mano, generación tras generación.

Si logramos que la economía plateada se ponga al servicio de esas metas éticas, políticas y sociales, bienvenida sea. Pero si busca y consigue hacer más grande la zanja social, económica y política entre las personas mayores y el resto o entre las personas mayores solventes y las que no lo son, seguramente, nos sobra y nos estorba. Nos hace más mal que bien.

Intervención comunitaria y reinvención de la proximidad

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Los servicios sociales y otras políticas de bienestar (como la sanitaria o la educativa) llevan al menos medio siglo intentando, con avances y retrocesos, configurarse cada vez más como servicios de proximidad, como atención comunitaria, como intervenciones sinérgicas con las actividades de la vida diaria y las relaciones primarias de las personas en sus domicilios, vecindarios, barrios y territorios cotidianos. En esa pretensión, frecuentemente, se han encontrado y han ido de la mano con estrategias de activación laboral, planificación urbanística, innovación social, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental o participación ciudadana.

La revolución tecnológica y la economía informacional impulsadas por la globalización digital representan, sin duda, una alteración del concepto y de la experiencia de la proximidad. Por una parte facilitan extraordinariamente la movilidad física de personas y objetos, generando, al hacerlo, crecientes oportunidades vitales y amenazas medioambientales. Por otra parte, desmaterializan y virtualizan numerosos procesos y transacciones, ampliando, seguramente, nuestras opciones relacionales y desigualdades económicas. Todo ello en sociedades que ven incrementada su diversidad funcional y, específicamente, el número de personas que viven importantes períodos de su vida con significativas limitaciones cognitivas o físicas.

En ese momento, la intervención social se ve obligada a reinventarse y, especialmente, a reconsiderar su concepción y a reforzar su valoración de la proximidad comunitaria. Buenas razones éticas, ecológicas, organizativas y técnicas la impulsan a relocalizar sus cuidados, apoyos, actuaciones y procesos y a imbricar la acción presencial con la tecnología digital para promover la autonomía y el empoderamiento de las personas en el seno de relaciones familiares y comunitarias a una escala humana. Para lograrlo, ciertamente, será fundamental la integración de políticas sociales y, especialmente, el impulso de una política de vivienda pública que favorezca la convivencia y la solidaridad.

¿El vecino que, animado por una educadora social, toca a nuestra puerta cuando hace tres días que no nos ve regar las plantas nos apoya o nos espía? ¿La hija que te llama cuando una aplicación informática le avisa de que no has salido de casa te hace más o menos feliz? ¿El menor inmigrante que conoció en una actividad intergeneracional de los servicios sociales y se ofrece a subirle la compra le quiere ayudar o le va a robar? ¿Es preferible que la mujer con autismo acuda en transporte adaptado a un centro ocupacional especializado o que sea voluntaria en el huerto urbano de su barrio? ¿La criatura de seis meses puede estar en un espacio autogestionario de cuidados familiares promovido por un trabajador social o es mejor que sea escolarizada?

La intervención social se encuentra ante el desafío de contribuir a redefinir y reevaluar conceptos y vivencias como la intimidad, los cuidados, la parentalidad, el maltrato, la soledad, la amistad, la comunidad o la ayuda. Como actividad que frecuentemente se ha inspirado en la relación samaritano-prójimo está reinventándose en claves de universalidad, profesionalidad, personalización, tecnología, prevención y atención a la diversidad. Diversidad humana que se convierte hoy y aquí en el gran reto y la gran palanca transformadora de la intervención social. La que crea la necesidad y la oportunidad de una reinvención de la proximidad.

(Reflexión a partir de una conversación con Elena Masanas, Guiomar Vargas, Claudia Manyà y Marta Ballester; de los trabajos de elaboración del plan estratégico de servicios sociales del Gobierno de Navarra; de un seminario de innovación con Dincat y del asesoramiento al proyecto Esteka, de atención comunitaria a la fragilidad, de la cooperativa Servicios Sociales Integrados. La foto corresponde a una reciente redada en el barrio de San Francisco, en Bilbao.)

Los servicios sociales como nudo gordiano para la transformación del Estado de bienestar

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Los consensos de la comunidad científica y las preferencias de la ciudadanía expresadas en diversas encuestas apuntarían (como recuerda Pilar Rodríguez) a que, sin desconocer la importancia de otras herramientas del Estado de bienestar, el instrumento clave para dar respuesta a la crisis de los cuidados, a la soledad no deseada, al maltrato en el seno de las relaciones primarias o a la gestión de las diversidades en la convivencia vecinal (algunos de nuestros principales retos sociales) es el desarrollo de los servicios sociales y, específicamente, de los servicios sociales que se prestan en el domicilio, en el territorio o en el entorno digital, en la medida en que son aquellos que permiten actuar de forma más preventiva y personalizada, fortaleciendo la capacidad de las personas de desenvolverse autónomamente en su vida cotidiana y los vínculos familiares y comunitarios en todos los momentos del ciclo vital.

Hay que ser conscientes, en todo caso, de que, para responder a esos retos, no basta con una apuesta presupuestaria pública por los servicios sociales, sino que ésta debe concebirse como una gran misión (en expresión de Mariana Mazzucatto) para una transformación de lo que ahora son unos servicios sociales en buena medida residuales, subsidiarios, fragmentados y asistencialistas en un sistema universal, integrado, preventivo y comunitario, que sólo puede lograrse mediante una apuesta colectiva por el conocimiento y la innovación tecnológica y social, que, por cierto, afectará especialmente a las interfaces entre los servicios sociales y las políticas de salud y de vivienda.

A la vez, en el actual momento desarrollo de las políticas sociales en nuestro entorno, no parece aconsejable la profusión, improvisación, desorden, confusión e, incluso, saturación que existe en lo tocante a las iniciativas de carácter intersectorial. Se impone que una autoridad central dirija unas estructuras de gobernanza intersectorial con partícipes claros y dinámicas establecidas. Una estructura que pueda replicarse hacia arriba (en territorios más extensos) y hacia abajo, en territorios más pequeños. En esta gobernanza intersectorial del bienestar es fundamental trabajar la intersectorialidad entre diferentes ramas las políticas sociales, pero también, de igual modo, la que se produce entre éstas y otras ramas de política pública identificadas como laborales y económicas o urbanísticas y ecológicas. Una sociedad de cuidados y unos territorios sostenibles requieren estrategias científicas, económicas, educativas y laborales de país que contribuyan a relocalizar la economía para generar territorios vivibles y competitivos en la globalización digitalizada (como señala Cathy Baldwin).

Por otro lado, es fundamental sacar de los servicios sociales cualquier tipo de prestación económica para hacer frente a las necesidades de subsistencia. En realidad, se trataría (al modo de Miguel Laparra) de explorar las oportunidades de simplificar y unificar la gestión de un conjunto amplio de prestaciones y ayudas económicas (contributivas y no contributivas) y, a la vez, coordinar e integrar estas políticas con la política fiscal (y, especialmente, tributaria). Se trataría de superar la fragmentación, opacidad, costes de gestión y efectos no deseados presentes en el manejo público de las entregas dinerarias que la Administración proporciona a las personas, visualizándolas conjuntamente con las bonificaciones, deducciones, desgravaciones o exenciones que se dan en el marco de la política fiscal.

A la vez, una fiscalidad suficiente y justa, capaz de contribuir a la sostenibilidad y equidad intergeneracional, aparte de ser más efectivamente progresiva en general, debe afectar, posiblemente, de forma especial, a impuestos que, como los de patrimonio, sucesiones o transacciones financieras (como señala Ignacio Zubiri), resultan crecientemente disfuncionales, en la medida en que favorecen la acumulación y transmisión intrafamiliar de los recursos económicos en un contexto en el que las funciones, por ejemplo de cuidados, que realizaban las familias, se están transfiriendo (y en buena medida así ha de ser, aunque de otro modo) a otras instancias sociales y, singularmente, a los servicios sociales.

(Al hilo de trabajos con Servicios Sociales Integrados, el Gobierno de Navarra, Aubixa, Podemos o Dincat.)

Apostar por la infancia

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En un país como Euskadi, en el que, como recuerda el reciente Libro Verde de Eusko Ikaskuntza, “la tasa de pobreza es entre los menores de 15 años cinco veces más alta que entre las personas mayores de 65 años” (Eusko Ikaskuntza, 2018: 108), la reivindicación social más intensa, la que se ha convertido en la clave crítica de la reciente y fallida negociación presupuestaria, es la que tiene que ver con las pensiones contributivas. Cuando en España, sólo el 4% de las niñas y niños recibe servicios sociales de cuidado (frente al 40% de la Unión Europea) (Ctxt, 2018), se recordaba hace poco en el Parlamento de Galicia que “se están dando tratamientos oncológicos a pacientes que no tienen más perspectiva que un par de meses por delante, y estamos gastando medio millón de euros por ganar el equivalente a un año de vida ajustada por calidad”.

La inequidad intergeneracional y la contribución de las políticas sociales a ella pueden y deben, ciertamente, ser criticadas y denunciadas por meras razones éticas, es decir, porque no es justo que exista el mencionado sesgo de edad en la distribución de los recursos. Pero existe, además, una segunda y poderosa línea argumental contra la inequidad intergeneracional que se observa en nuestras sociedades, que es la que tiene que ver con la insostenibilidad social que genera y potencia dicha inequidad. La afectación de las condiciones de vida de las generaciones más jóvenes hace que estas generaciones vean menguados sus efectivos (porque la precariedad laboral, residencial o económica conduce a la decisión de tener menos descendientes de las deseadas) y sus capacidades (por peores resultados de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en términos de salud, aprendizaje o interacción). Así, James Heckman, Premio Nobel de Economía en el año 2000, ha estudiado la tasa de retorno de la inversión en capital humano por etapas de la vida y ha demostrado que es decreciente. Este investigador señala que “hay mucha evidencia en la economía, en la psicología y en las neurociencias de que las destrezas tienen una complementariedad dinámica y explica por qué es tan productivo invertir en los primeros años de vida” (Heckman, 2011: 109).

Ante esta situación, se necesita, urgentemente, junto a otras medidas, impulsar una nueva política de servicios sociales que lidere la respuesta del sistema de bienestar y de la sociedad a la crisis de los cuidados y de la sostenibilidad relacional de la vida y la incorporación del enfoque familiar y comunitario de fomento de las relaciones primarias en la diversidad (de género, generacional, funcional y cultural) en todas las políticas. Así parece entenderlo la Resolution Foundation, que, como primera medida para su “nuevo contrato generacional” (Resolution Foundation, 2018: 21), propone un incremento importante en la financiación de los servicios sociales. David Lizoain, tras concluir que “el Estado de bienestar no sólo debe ser defendido, sino ampliado en los sitios donde permanece subdesarrollado” (Lizoain, 2017: 119), afirma que “el candidato más obvio para una mejora es el sector del trabajo de cuidados” (Lizoain, 2017: 121).

El II Plan Local de Infancia y Adolescencia de Vitoria-Gasteiz, liderado por Loli García, es un buen ejemplo del compromiso del sistema público de servicios sociales con todas las niñas, niños y adolescentes y con sus redes familiares y comunitarias como principal entorno de apego, estímulo, sentido y cauce para el necesario incremento de la inversión en infancia, inversión que debe ser cada día más preventiva, estratégica, relacional, innovadora e intergeneracional, como señalan, por ejemplo, Pau Marí- Klose, Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil u organizaciones como Save the Children.

¿Qué pasa en San Francisco?

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El barrio de San Francisco (en Bilbao) lleva tiempo siendo un ecosistema especial y relativamente inestable por factores como: sus altas tasas de pobreza económica y exclusión social, su alto grado de diversidad cultural y su alta frecuencia de actos de incivismo y usos problemáticos del espacio público, incluyendo delincuencia de baja intensidad en la calle y en determinadas lonjas y pisos.

¿Qué pasa en este momento? ¿Por qué se han encendido las alarmas? ¿Por qué se incrementa nuestra aparición, en términos negativos, en medios de comunicación?

Se puede decir que los factores, principalmente, serían dos.

Por una parte está el incremento de la llegada a Euskadi de menores de origen magrebí sin referencias familiares y comunitarias que, rápidamente, se hacen adultos y carecen de servicios sociales, recreativos, formativos, de empleo u otros. Por diversas razones (ambiente, tráfico de drogas y objetos robados, permisividad) estas personas tienden a venir en mayor medida a nuestro barrio. El hecho de que sean más y estén menos conectadas y que confluyan en la calle y el barrio con otras personas con problemáticas o percibidas como amenazantes por determinadas personas (personas de la comunidad gitana marginales en su propia comunidad que trafican o tienen otras conductas conflictivas, personas drogadictas que pasan mucho tiempo en la calle, clientes de locales nocturnos, nuevos grupos de personas refugiadas, personas usuarias de servicios presentes en el barrio u otras) hace que se pueda percibir más saturación del ambiente.

Por otro lado, la mejora de la situación y expectativas económicas, tanto generales como específicas de nuestro barrio, atrae a nuevos pobladores y comerciantes, que se muestran más proactivas y desinhibidas en el rechazo algunas prácticas de las anteriores personas. Estos nuevos actores, conectan con actores antiguos durmientes (como personas vinculadas a la antigua asociación independiente) y, además, utilizan las redes sociales, WhatsApp, change.org y ese tipo de instrumentos. Estos nuevos actores se dirigen a las autoridades y a la policía y la policía pasa de cierta pasividad (e incluso connivencia) a una sobreactuación que puede descargar su acción, fundamentalmente, en las personas y grupos más vulnerables, especialmente los jóvenes inmigrantes. Seguramente, con poca profesionalidad y sin una estrategia integrada con otras salvo actuaciones conjuntas tan parciales y discutibles como la “operación” en la parte alta de Dos de mayo (consistente en quitar coches y contenedores, poner policías y cambiar la luz).

El riesgo es que, en ese entorno cada vez más inestable, con los actores posicionados como se acaba de señalar, no es difícil que se desencadenen conflictos más graves y dinámicas de acción-reacción de consecuencias imprevisibles. Algunas posibles estrategias para la coordinadora de grupos del barrio serían:

  • Recordar que somos un barrio popular, mestizo, hospitalario y reivindicativo, ofreciendo un relato alternativo al que, interesadamente, trasladan algunos medios de comunicación.
  • Proximidad dialogante a los nuevos actores y, especialmente, con la asociación emergente, dándoles a conocer lo que hacemos por el barrio.
  • Presencia pública de la coordinadora con un discurso equilibrado y propio, no como reacción al de otros. No aparecer contestando a otros sino afirmando nuestro discurso.
  • Insistir en nuestra línea de pensamiento de que la clave es un liderazgo institucional e integración entre actuaciones públicas (servicios sociales, seguridad, educación, limpieza, vivienda, cultura y otras) y con el tejido comunitario, social y solidario.
  • Activar la interlocución con personas clave de las instituciones y los partidos políticos, con especial atención a algunas de estas personas que tienen vinculación con el barrio.
  • Denunciar la desatención y errores de las instituciones.

La triple tensión estratégica de las organizaciones solidarias de intervención social

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Para aproximarnos a comprender la complejidad de las decisiones de calado que han de tomar en nuestro entorno, actualmente, las entidades del tercer sector de acción social. podemos visualizarlas atravesadas por una triple tensión entre fuerzas contrapuestas, en medio de la cual han de buscar equilibrios relativamente estables y necesariamente creativos para, siendo fueles a sus señas de identidad, obtener el deseable impacto social.

La primera tensión es la que se produce entre las energías que intentan anclar a las organizaciones en su identidad fundante, en su esencia como entidades voluntarias que nacen de la libre agregación de personas y grupos comprometidos con algún tipo de causa solidaria y las que tiran de ellas como gestoras de servicios o programas realmente existentes o previstos, por los que los poderes y administraciones públicas están dispuestas a pagar dinero en forma de subvenciones, convenios, contratos o conciertos.

La segunda tensión es la que se da entre la llamada de la comunidad y el territorio, que pide organizaciones de base, a ras de tierra, capaces de acoger y gestionar la diversidad de género, generacional, funcional y cultural presente y deseable en los domicilios, los vecindarios, los barrios y los pueblos, y la tendencia a la especialización, a la segmentación, a hacerse cargo de la vulnerabilidad, dependencia, sufrimiento o exclusión de un determinado colectivo poblacional, sabiendo cada vez más de su problemática y correspondiente abordaje.

La tercera tensión es la que se observa entre la incardinación sectorial de las entidades en un determinado ámbito de actividad (los servicios sociales, el empleo, la vivienda o la sanidad, por poner cuatro ejemplos), que puede contribuir a su mejora basada en el conocimiento y a la inclusión de las personas a las que atienden, y la integración, intersectorialidad y transversalidad demandada frecuentemente por la complejidad de las intervenciones necesarias y la rigidez burocratizada de las estructuras y políticas públicas.

En esta triple tensión, no pocas organizaciones se deforman o se desintegran, mientras que otras encuentran, deben encontrar, podría decirse, la oportunidad de construir nuevas síntesis entre misión y sostenibilidad, entre proximidad y especialización, entre sectorialidad e integración. Desde la búsqueda y construcción de esas nuevas sinergias estratégicas, las organizaciones solidarias dedicadas a la intervención social deberán adoptar decisiones diversas y complementarias en relación con su escala, posicionamiento, composición, actividades, imagen y alianzas.

(Sobre estas cuestiones conversaremos los días 10 y 11 de enero de 2019 en Barcelona y Vallbona de les Monges con personas de la Cooperativa l’Olivera y el día 14 en Barcelona con el Grup ATRA. La ilustración corresponde a la cubierta del Centro de Nuevas Industrias y Tecnologías, construido en París en 1958, de planta triangular y de gran dificultad técnica.)

Nuevos documentos (PDF), vídeos y entradas de fantova . net en el último cuatrimestre

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Se han subido los siguientes documentos (clicar para abrirlos) en el apartado “Cuestiones y políticas sociales” de “Documentos propios”:

Los cuidados como eje para la transformación de las políticas sociales (19 páginas).

Arquitectura local de políticas de bienestar y desarrollo territorial (22 páginas).

Perspectivas y prioridades en atención integrada (22 páginas).

Y en el apartado  “Intervención y servicios sociales” de “Documentos propios”:

La ley vasca de servicios sociales: fracaso colectivo (1 página)

Gestión de cambios estratégicos en los servicios sociales de proximidad (6 diapositivas).

La definición y colaboración de las profesiones de la intervención social (13 páginas).

Se han publicado, además, 19 nuevas entradas de blog y se han subido dos nuevos vídeos. En este momento el número acumulado de descargas de documentos es de 470.472.

¿Deformación de las profesiones y disciplinas de la intervención social?

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La intervención social y sus tres grandes profesiones y disciplinas de referencia se hayan en un momento crítico en el cual están sometidas a fuerzas contradictorias que, a la vez, las sostienen y las desgastan. Así, Luisa Aránzazu Hernández Echegaray habla de “desprofesionalización” para referirse a la situación actual del trabajo social en España, haciendo referencia al proceso de erosión del conocimiento, que tiene como consecuencia la pérdida de autonomía y autoridad profesional. Según Pedro Celiméndiz, “esta burocratización de la que hablamos y el abandono de los aspectos terapéuticos han conseguido que algunas de nuestras funciones técnicas se conviertan en meras caricaturas. La prescripción se reduce a cumplimentar los trámites necesarios para que el ciudadano acceda al recurso que ha elegido, entre aquellos a los que tiene derecho, en una confusa aplicación del principio de autodeterminación y sin poder valorar ni considerar los efectos iatrogénicos de dicha elección”.

Mercé Ginesta y otras encuentran que “la práctica profesional se va volviendo a) reactiva, asistencialista y paliativa, ya que no se dirige a las causas de los problemas ni se hace un abordaje preventivo, sino sólo a una parte de las consecuencias; b) miope y parcial, ya que se pierde de vista la globalidad de las situaciones que afectan a las personas atendidas; c) rígida y estereotipada, ya que se sustituye la metodología de intervención social y educativa por baremos, protocolos y circuitos de atención”. Según Laura Varela “el interés por la búsqueda de soluciones rápidas a los problemas está generando un estilo de educador social ‘apagafuegos’ cuyas actuaciones de carácter reactivo, relegan las tareas pedagógicas propias de la profesión a un segundo plano. La función educativa –desdibujada por las múltiples áreas que ocupan el quehacer profesional– ha de contar con una delimitación más precisa y con un reconocimiento más explícito”. Según López Cabanas y otras, “los modelos de atención son cada vez más paliativos y asistencialistas en vez de preventivos y de promoción, primando la atención individual (en sintonía con nuestro modelo de sociedad individualista) frente a la grupal o comunitaria, lo que ha venido a agravarse por la recesión económica. En ocasiones estos modelos también se utilizan para prevenir y desincentivar posibles movilizaciones sociales”.

Por último, cabe aportar los resultados de una reciente investigación sobre la comprensión de la situación problema en la práctica del trabajo social en los servicios sociales de atención primaria de Mallorca, que “señala que la comprensión de la situación problema se muestra superficial, con una baja práctica de criterios de intervención que evalúen significados, fortalezas, soluciones intentadas y sistemas implicados, no confía suficientemente en la aplicación de técnicas de análisis fundamentales y no considera en profundidad la puesta en juego de los conocimientos del propio profesional”. Según el Consejo General de la Psicología de España, “en la coyuntura actual, persistir en la forma de hacer las cosas y en las características de funcionamiento aboca a recorridos de corto alcance que deslegitiman totalmente el sistema de intervención social”.

(Tomado de un artículo recién publicado que puede descargarse completo aquí.)