Construyendo un ecosistema de conocimiento para la intervención social y los servicios sociales

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Justin Parkhurst pone de manifiesto la importancia decisiva del ecosistema institucional mediante el cual se producen los diferentes tipos de conocimiento (éticas, ciencias, tecnologías, saberes expertos) que son necesarios para la realización de las operaciones, el procesamiento de los datos y las tomas de decisiones que aparecerían en los niveles, por ejemplo, de la intervención, la gestión y las políticas sociales. El reparto de papeles podría ser el siguiente:

  • La esfera política, en parte penetrada por la academia, sería el principal espacio y repositorio de deliberación y conocimiento ideológico (incluyendo el ético), en el que se apoyan las decisiones políticas, si bien es creciente la demanda de que éstas se basen cada vez más en evidencias (mejor cuanto más científicas), lo cual abre espacio para agentes poseedores de conocimiento científico (por su estatus) y tecnológico (metodológico, aplicado), que pueden ser las propias académicas u otras personas (desde empresas de consultoría y otras agencias).
  • Las organizaciones que emplean a las operadoras profesionales (como las prestadoras de servicios), las organizaciones profesionales de estos operadores (como los colegios) y las organizaciones del tercer sector (como representantes de usuarias) serían las que tendrían, más bien, el saber experto, dependiendo de la esfera política y de la academia, de entrada, para la incorporación de sus recursos humanos cualificados.
  • La universidad (y otros centros formativos) y las asociaciones científicas constituirían el ámbito que, en principio, produce, valida y distribuye el conocimiento científico, si bien son conscientes de que necesitan relaciones interdisciplinares en su seno y de la alianza con las organizaciones operadoras y otras, como mínimo para poder obtener los datos que procesan en sus investigaciones.
  • La tecnología (entendiendo por tal dispositivos o métodos estandarizados para la realización de operaciones que surgen de la aplicación del conocimiento científico o, en su defecto, de la sistematización del saber experto) sería el terreno abonado para un cuarto tipo de agentes (centros de investigación, centros tecnológicos, centros de documentación, consultoras, observatorios, institutos de evaluación, agencias de transferencia de conocimiento, defensorías de derechos, hubs, labs o startups de innovación, instituciones reguladoras, clústeres de empresas, agencias de acreditación o certificación, organizaciones o personas divulgadoras u otras) que surgen, sobre todo, a partir de asimetrías, distancias y complejidades que los otros tres tipos de agentes no son capaces de salvar o gestionar entre ellos.

La explosión, entre otras, de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, al incrementar y distribuir la capacidad de procesamiento inteligente de grandes cantidades de datos, reconfigura las cadenas de valor mediante las que se producen, comparten y aplican los conocimientos que permiten la realización de aquellas operaciones que siguen teniendo que ser realizadas por seres humanos, organizaciones u otros sistemas sociales, al incrementar la capacidad que cada tipo de conocimiento (ideología, ciencia, tecnología y saber experto) y sus diversos agentes productores y portadores tienen de confrontar a los otros y comerles terreno. A la vez, se redefinen las relaciones entre los tres niveles mencionados (operativo-micro, organizativo-meso y político-macro) y sus correspondientes entornos de agentes (stakeholders), desde el momento, por ejemplo, en que decisiones estratégicas que antes se tomaban mediante lentos mecanismos de agregación de datos y procesamiento de información que iban ascendiendo por la estructura de interlocución, pueden ahora automatizarse, algoritmizarse, adoptarse y realizarse en tiempo real. Todo ello puede conducir a dinámicas caóticas y complejas que van desde estrategias de integración salvajes, donde una organización operadora deja devastado un departamento universitario al llevarse a su personal científico, apropiándose de toda una determinada cadena de valor, hasta, en el otro extremo, oportunidades extraordinarias para agentes que operan en micronichos, especializándose en un determinado eslabón de una determinada cadena de valor.

Cabe decir que este tipo de procesos son apenas incipientes en el sector español de los servicios sociales, en el que la impresión que ofrecen las experiencias innovadoras valiosas (como las del modelo de atención centrada en la persona, impulsadas, por ejemplo, por la Fundación Pilares; las comunitarias del estilo del proyecto Radars o las Superilles Socials (del Ayuntamiento de Barcelona, con inspiración en el modelo Buurtzorg) o los nidos familiares de Agintzari; los avances en teleasistencia (como los de Servicios Sociales Integrados); nuevos instrumentos para el diagnóstico social y la estratificación poblacional, como los de Luis Barriga en la Comunidad de Castilla y León o los de la Diputación de Barcelona; o experiencias intersectoriales, como Housing First, las comunidades compasivas o las del Consell Comarcal d’Osona) es más las de setas de montaña que la de frutos de un sistema agrícola organizado.

(Fragmento adaptado de un artículo de próxima publicación en Cuadernos de Trabajo Social.)

Iniciativa social e inclusión residencial

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Cabe afirmar que en la sociedad del conocimiento (y, especialmente, desde un enfoque de derechos) las organizaciones del tercer sector están llamadas a la especialización, es decir, a una decidida, proactiva y esforzada incorporación a los ecosistemas sectoriales de conocimiento de aquel ámbito en el que quieran operar: servicios sociales, turismo, vivienda, justicia, finanzas, alimentación, empleo, ocio, educación, cultura, telefonía, salud o el que sea. Se observa que incluso aquellas organizaciones que, por tamaño y opción estratégica, quieran y puedan operar en más de un ámbito sectorial se ven confrontadas a la exigencia de especialización sectorial, salvo que, en contradicción con el universalismo del enfoque de derechos, acepten ser el “poli bueno” de los procesos de precarización, discriminación y exclusión social.

En este contexto, el ámbito sectorial de la vivienda es, posiblemente, un banco de pruebas especialmente exigente para la iniciativa social y la economía solidaria, porque, en general, requiere saberes, cualificaciones y tecnologías no tan presentes, tradicionalmente, en el tercer sector. También, todo hay que decirlo, porque es un sector en el que unas políticas públicas débiles, estúpidas e incoherentes han cebado monstruosas dinámicas de mercantilización, privatización y acumulación de poder que no hacen sino multiplicar e intensificar los procesos de precarización, discriminación y exclusión residencial.

Sin embargo, tantas vidas destrozadas, de forma especialmente visible en la crisis desencadenada, en buena medida, por el estallido de la última burbuja inmobiliaria, constituyen una exigencia moral para una alianza estratégica entre administraciones comprometidas con una política inclusiva de vivienda y organizaciones de iniciativa social especializadas en acompañar procesos de inclusión residencial y con capacidad de gestión para resultar desequilibrantes, en una determinada escala territorial, en el terreno de juego de las dinámicas habitacionales.

Para ese viaje, duro sin duda, son precisas organizaciones con un sujeto estratégico claro, en las que resulten evidentes y legítimos los intereses y propietarias de la entidad; entidades que elijan bien los eslabones de las cadenas de valor en los que ubicarse y las alianzas estratégicas con agentes con otros posicionamientos (sin prejuicios y sin ingenuidades); organizaciones inteligentes, seguramente más llamadas, hoy por hoy, a lograr, mediante diseños innovadores, zonas liberadas con efecto demostración que a encargarse de eslabones operativos de menor valor añadido (mano de obra barata) en procesos sobre los que no tienen un mínimo control.

Entidades que recuerdan un poco a ese primer Jason Bourne, solo y desorientado, en su desigual lucha contra Treadstone. Un Jason Bourne que, sin embargo, posee capacidades insospechadas y construye alianzas valiosas con las que enfrentarse a esa poderosa organización. Hay partido.

(Notas tras una sesión de trabajo con personas de Provivienda.)

¿Pagar más pensiones, asegurar los cuidados o universalizar los servicios sociales?

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Posiblemente nuestros Estados (o cuasi Estados, en el caso de entidades subestatales de amplias competencias), caracterizados como sociales o de bienestar (entendiendo aquí por tales aquellos que dedican cerca de, o más, de la mitad del presupuesto de sus gobiernos al gasto social) han llegado a un momento en el que, como el asno de Buridán, se ven sometidos a expectativas, reclamos o demandas que, al menos en cierta medida, pueden resultar contradictorias entre sí:

  • Ser un Estado empresario de servicios universales, es decir, ofrecer servicios masivos (como el sanitario o el educativo), tendencialmente gratuitos (fundamentalmente financiados por impuestos) y con personal propio (creando cantidades significativas de empleo público con buenas remuneraciones y condiciones laborales).
  • Ser un Estado asegurador y optimizador de recursos financieros entregables a las personas aportantes en determinadas contingencias (como jubilación, desempleo o discapacidad) en función de la cotización (mérito) de la persona; recursos suficientes, en todo caso, para la subsistencia, con independencia de la evolución de los mercados financieros (globalizados).
  • Ser un Estado inteligente y estratégico, capaz de anticipar y abordar los cambiantes riesgos y oportunidades que se presentan en nuestras sociedades, debiendo competir, para ello, con otros agentes (singularmente las grandes empresas globales) por los recursos humanos y tecnológicos necesarios para construir esa inteligencia estratégica.

Recordando aquella vieja ley de la dialéctica hegeliana, cabe preguntarse si nos encontramos en un debate sobre cantidades de recursos (cantidad total de recursos que se pone en manos del Estado o cantidades relativas de recursos dedicadas a esas diferentes funciones) o si se trata ya un debate sobre la cualidad y la naturaleza del Estado, si se está alumbrando algún tipo de cambio cualitativo por crisis sistémica del tipo de Estado social o de bienestar que conocemos.

En este marco, por ejemplo, cabe preguntarse de cuál de los siguientes modos se abordan de forma más pertinente y eficiente las necesidades actuales y futuras de las personas pensionistas actuales y futuras, y singularmente la que está llamada a crecer más y de manera más amenazante, que es la de cuidados:

  • Incrementando (más o menos) homogéneamente las actuales pensiones, de modo que las personas estén en mejores condiciones para, con sus ingresos y ahorros, pagar por cuidados.
  • Asegurando colectivamente la contingencia de necesitar cuidados, de modo que las personas reciban dinero para pagar cuidados en la medida en que los necesiten efectivamente.
  • Desarrollando los servicios sociales públicos como universales, de modo que dejen de ser un último recurso para cuando nuestras capacidades, redes y recursos están prácticamente agotados y se transformen en proveedores universales de cuidados profesionales.

Estos (y otros) cursos de acción están siendo propuestos y aplicados en cierta medida e incluso pueden ser vistos, de cara al futuro, como relativamente compatibles entre sí. Sin embargo, han de ser pensados, debatidos y comparados pues, al menos en determinados momentos, los diferentes agentes nos vemos abocados a decisiones que apuntan en una u otra dirección, que revelan unas u otras preferencias, que tienen unas u otras ganadoras o perdedoras. Y, en todo caso, recordemos lo que le pasó al asno de Buridán.

Cinco hipótesis para el futuro de la colaboración multiagente en las políticas sociales

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1. En la sociedad del conocimiento, la tecnología y la innovación se reforzaria la importancia estratégica de la incardinación en los ámbitos sectoriales (nacionales e internacionales) de la economía, la política pública y la gestión del conocimiento (en este caso en los ámbitos sectoriales correspondientes a las diferentes políticas sociales: sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y subsistencia), no sólo de las empresas privadas, sino también de las organizaciones públicas y las entidades de iniciativa social, llamadas, por tanto, a superar su generalismo en procesos de especialización sectorial, intersectorial y transversal.

2. El aumento de la complejidad social impulsaría arreglos (mix) diversos entre comunidad, sector público, tercer sector y sector privado en los diferentes ámbitos sectoriales (sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y subsistencia) y un acercamiento menos ideológico y más pragmático a dichas articulaciones, atendiendo tanto a la inercia institucional (path dependency) como a las oportunidades de girar estratégicamente, especialmente, sobre la base de evidencias.

3. La crisis de los cuidados haría más urgente y relevante la preocupación y contribución de los diferentes agentes a la sostenibilidad relacional de la vida en las comunidades y los territorios, en el marco procesos de integración vertical y horizontal de las políticas públicas y de arquitecturas públicas para la gobernanza participativa, multinivel e intersectorial del bienestar y el desarrollo, descendiendo de la escala macro a la meso y de la meso a la micro (de arriba hacia abajo).

4. La potencia de la innovación tecnológica, especialmente digital, favorecería a la innovación social como marco de referencia o terreno de juego para la articulación o colaboración entre agentes en el marco de la vida económica y las políticas públicas, siendo un reto fundamental el de la escalabilidad de las experiencias comunitarias exitosas y el de lograr que, a modo de fractales, funcionen sinérgicamente parecidas redes, constelaciones y ecosistemas de agentes (comunitarios, públicos, solidarios y privados) a escala micro, meso y macro (de abajo hacia arriba).

5. La pujanza de la esfera del mercado en todos los órdenes de la vida tendería a fragmentar y debilitar las comunidades, las instituciones públicas y la iniciativa social. Sin embargo, cabe afirmar que, tan cierto como que hay momentos y períodos de deterioro y amenaza o de bloqueo y atasco en los que resulta prácticamente imposible desencadenar cambios estratégicos positivos y justos, es que, en determinadas circunstancias, frecuentemente imprevistas, se abren ventanas de oportunidad para girar o, sencillamente, las amenazas obligan a tomar decisiones de calado, cueste lo que cueste. Para ese tipo de momentos es fundamental tener a punto relatos (discursos), maquetas (modelos), alianzas (estructuras) y redes (relaciones) abiertas, diversas, inclusivas, eficientes, polivalentes y rigurosas.

(Preparadas para ―y reelaboradas en― un encuentro del Ceo Club de Entidades Sociales de la Universidad Pública de Navarra y en la preparación de un artículo de próxima publicación en Cuadernos de Trabajo Social.)

Autonomía, vulnerabilidad, amor y decisión

Fractales

Protágoras considera al individuo humano “la medida de todas las cosas” y esa persona individual, dotada de autonomía funcional y moral, es la portadora de los derechos humanos, declarados por las Naciones Unidas en 1948. Sin embargo, paradójicamente, según Pablo del Río, “lo que caracteriza a todos los seres humanos es su general capacidad para hacer cosas e interiorizarlas con el apoyo externo y social y su incapacidad para desarrollarse aislados como seres humanos. Y esta discapacidad individual general, esta necesidad de ser ayudados y suplementados como medio para llegar a ser autónomos y capaces, es lo que justamente caracteriza el hecho humano” (Del Rio, 1992: 138).

Vale la pena una larga y densa cita de Humberto Maturana y Francisco Varela para recordar que “lo que la biología nos está mostrando (…) es que la unicidad de lo humano, su patrimonio exclusivo, está en esto, en su darse un acoplamiento estructural social donde el lenguaje tiene un doble rol: por un lado, el de generar las regularidades propias del acoplamiento estructural social humano, que incluye entre otros el fenómeno de las identidades personales de cada uno; y, por otro lado, el de construir la dinámica recursiva del acoplamiento estructural social que produce la reflexividad que da lugar al acto de mirar con una perspectiva más abarcadora, al acto de salirse de lo que hasta ese momento era invisible o inamovible, permitiendo ver que como humanos sólo tenemos el mundo que creamos con otros. A ese acto de ampliar nuestro dominio congnoscitivo reflexivo, que siempre implica experiencia novedosa, podemos llegar, ya porque razonamos hacia ello, o bien, y más directamente, porque alguna circunstancia nos lleva a mirar al otro como un igual, en un acto que habitualmente llamamos de amor. Pero, más aún, esto mismo nos permite darnos cuenta de que el amor, o si no queremos usar una palabra tan fuerte, la aceptación del otro junto a uno en la convivencia, es el fundamento biológico del fenómeno social: sin amor, sin aceptación del otro junto a uno, no hay socialización, y sin socialización no hay humanidad” (Maturana y Varela, 1996: 209).

Entonces, nos podemos preguntar, intelectual y vitalmente: ¿qué es antes? ¿qué es más? ¿el individuo autónomo o la comunidad relacional? Fritjof Capra señala que “la constatación de que los sistemas son totalidades integradas que no pueden ser comprendidas desde el análisis fue aún más chocante en física que en biología. Desde Newton, los físicos habían pensado que todos los fenómenos físicos podían ser reducidos a las propiedades de sólidas y concretas partículas materiales. En los años veinte, no obstante, la teoría cuántica les forzó a aceptar el hecho de que los objetos materiales sólidos de la física se disuelven al nivel subatómico en pautas de probabilidades en forma de ondas. Estas pautas o patrones, además, no representan probabilidades de cosas, sino más bien de interconexiones” (Capra, 2002:  49-50). Niklas Luhmann dirá que “la sociedad no está compuesta de seres humanos sino de comunicaciones” (Luhmann, 1997: 27).

¿Construir autonomía? ¿Confiarse en el amor? ¿Afirmarnos individuos? ¿Sabernos red? Quizá esa sea la decisión en cada momento, en todos los momentos, en la medida en que podamos decidir o codecidir. Quedémonos una vez más con el fragmento de Erasmo de Rotterdam conocido gracias a Demetrio Casado: “Sólo creó desnudo al hombre, débil, tierno, desarmado, de carne blandísima y cutis delicado (…); sólo el hombre nace en un estado que por mucho tiempo le obliga a depender totalmente de ayuda ajena. No sabe ni hablar, ni andar, ni buscarse la comida, sólo implorar asistencia berreando, para que de ahí podamos deducir que se trata del único animal nacido exclusivamente para la amistad, que principalmente madura y se refuerza con la ayuda mutua. Por eso la naturaleza ha querido que el hombre reciba el don de la vida no tanto por sí mismo como para orientarlo hacia el amor, para que entienda bien que está destinado a la gratitud y la amistad. Es así que no le dio un aspecto feo u horrible como a otros sino dulce, pacífico, marcado por el sello del amor y la ternura. Le dio una mirada afectuosa que refleja los movimientos del alma. Le dio brazos capaces de abrazar. Le dio el sentido del beso para que las almas puedan unirse al mismo tiempo que se unen los cuerpos. Sólo a él le acordó la risa, signo de la alegría. Sólo a él le acordó las lágrimas, símbolo de clemencia y de misericordia” (Erasmo de Rótterdam, 2000: 171).

CAPRA, Fritjof. (2002): La trama de la vida. Barcelona, Anagrama.

DEL RÍO, Pablo (1992). “La discapacidad, único camino hacia el hecho humano” en CASADO, Demetrio (edición): Discapacidad e información, Madrid, Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, páginas 125-147.

ERASMO DE RÓTTERDAM (2000): Adagios del poder y de la guerra y Teoría del adagio. Valencia, Pretextos.

LUHMANN, Niklas (1997): Sociedad y sistema: la ambición de la teoría. Barcelona, Paidós.

MATURANA, Humberto y VARELA, Francisco (1996): El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del conocimiento humano. Madrid, Debate.

(Sobre estas cuestiones hablaremos el martes en una conferencia organizada por la Diputación de Lleida.)

Fiscalidad redistributiva y eficiencia social

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Luis Sanzo, analizando el sistema del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en España, pone de manifiesto sus fuertes límites a la progresividad: en primer lugar, y de esto se habla muy poco, por la muy inferior carga fiscal en los ingresos secundarios de familias con dos ingresos, que beneficia a los hogares más pudientes y que reduce sustancialmente la recaudación; en segundo lugar, por la ausencia de progresividad en el tratamiento de algunos ingresos (como los ingresos por trabajo autónomo o los de capital); y, en tercer lugar, por una menor presión fiscal efectiva en determinadas comunidades autónomas, debida en buena medida a las diferencias de precios entre éstas. También, podría decirse, por ejemplo, por no poder aplicar a las personas físicas sistemas de cálculo que sí son posibles para las empresas.

Sin embargo, Luis advierte de que no es fácil una reforma social del IRPF para que, en lugar de beneficiar a las personas más favorecidas, aporte a las más desfavorecidas. Ello es debido a las poderosas inercias e intereses que sostienen el actual sistema. Además, señala, la lógica recaudatoria (actualmente dominante) y la lógica redistributiva (que quisiéramos fortalecer) son diferentes y requieren de procedimientos, plazos, ritmos, ciclos de funcionamiento, formas de relación con la ciudadanía, sistemas de control (también del fraude), cualificaciones del personal y culturas organizacionales bastante diferentes. Por ello aconseja ser prudentes y avanzar mediante diseños cuidadosos y experimentación previa en lo que tiene que ver con la integración entre impuestos y prestaciones.

Paula Hermida, por su parte, señala que, en una sociedad en la que aumenta la desigualdad y en la que el empleo garantiza cada vez menos salir de la pobreza, resulta crecientemente disfuncional la ausencia de integración entre la lógica de los dos sistemas que regulan las transferencias monetarias entre la ciudadanía y el Estado (impuestos y prestaciones), con tres tipos de problemas: de consistencia (o coherencia en el trato que recibe la persona por parte de ambos sistemas), de equidad (por la regresividad fiscal muchas veces no compensada por la progresividad de las prestaciones) y de eficiencia (por las denominadas “trampas” o incentivos para perpetuar situaciones que permiten cobrar prestaciones).

Por ello, dice Paula, gobiernos de muy diferente signo en distintos países han ido introduciendo medidas de IIP (integración de impuestos y prestaciones), que pueden incorporar la existencia de un mínimo de subsistencia que es siempre respetado o completado por el Estado o, sin llegar a tal universalidad, establecer créditos fiscales o impuestos negativos para determinados colectivos (como, por ejemplo, la infancia o personas trabajadoras pobres). Se entiende que, además de responder a los tres tipos de problemas antes mencionados, estas medidas pueden simplificar la gestión y evitar la estigmatización que se produce, en algunas ocasiones, en los sistemas menos integrados.

(Notas a partir del encuentro organizado el 27 de enero de 2018 por la Fundación Ramón Rubial. Las presentaciones utilizadas se pueden obtener solicitándolas a la Fundación.)

Proyectos comunitarios del siglo XXI

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Es larga y fecunda, en todo el mundo, la historia de las iniciativas de desarrollo comunitario y parece fuera de duda que su reconocimiento y potenciación del valor y del poder de la proximidad relacional y territorial reverdecen permanentemente en los diferentes momentos históricos, entornos geográficos, situaciones sociales y contextos políticos. Por eso podemos decir que, hoy y aquí, la intervención comunitaria, reforzando sus señas de identidad de siempre, va presentando unos perfiles específicos, en buena medida gracias a los propios cambios sociales que muchos proyectos comunitarios han sido capaces de desencadenar y acompañar.

La primera tendencia que destaca es la del reconocimiento cada vez más compartido de la legitimidad de las políticas públicas en el territorio. Hoy en día cualquier actuación en lo relacionado con la salud en una comunidad tiende a realizarse desde el liderazgo del centro de salud y de las correspondientes instancias con responsabilidades en la política sanitaria. De igual modo las intervenciones educativas se encuadrarán desde el correspondiente sistema público, la intervención social va viéndose como responsabilidad del sistema público de servicios sociales, la construcción de vivienda o modificación de la trama urbana tienen sus propios marcos políticos, las actuaciones generadoras de empleo y actividad económica los suyos y las actuaciones de respuesta a las necesidades de subsistencia se mueven en un terreno de juego dibujado por la política de garantía de ingresos. Las entidades solidarias o las empresas privadas, que, en otros contextos y momentos, lideraron no pocos proyectos comunitarios, tienden a asumir la primacía pública, entre otras cosas porque esa ha sido, históricamente, la reivindicación de la mayoría de los proyectos de desarrollo comunitario.

La segunda tendencia característica de los proyectos comunitarios del siglo XXI es que se apoyen en las estructuras sectoriales e intersectoriales de los servicios públicos y en los ecosistemas de agentes sectoriales e intersectoriales que generan las políticas públicas. La construcción de la comunidad y el empoderamiento participativo de todos sus miembros en sus diversidades se construye con el efecto redistributivo de las pensiones que llegan cada mes a las oficinas bancarias del barrio, con la labor asistencial de la pediatra que enseña a usar un inhalador, con el progreso en autonomía y vínculos de un grupo intergeneracional que tiende a encontrarse en una plaza gracias a la labor de los servicios sociales o con el aumento de la capacidad reivindicativa de una cooperativa de covivienda acompañada desde la sociedad de rehabilitación de la zona. Las dinámicas de trabajo en red de los diferentes agentes son, tendencialmente, soportadas y reguladas por la arquitectura institucional sectorial e intersectorial, lo que aumentará su eficacia y eficiencia. Arquitectura estable que se va haciendo más similar y compatible a diferentes escalas, desde la aldea a la Unión Europea. Arquitectura que los proyectos comunitarios ayudan a perfeccionar.

El tercer y último rasgo que cabe identificar en los proyectos comunitarios en la actualidad en nuestro entorno es el de su inserción y contribución en los movimientos de innovación tecnológica y social, que, con su incremento de la conectividad, ´facilita la activación de recursos próximos, a la vez que ofrece mayores posibilidades relacionales con personas lejanas. Una innovación tecnológica y social que hace avanzar la estructuración e interoperabilidad de los diferentes sistemas de información. Una innovación tecnológica y social que brinda oportunidades a nuevos agentes comunitarios, también para cuestionar el estado de cosas y para contribuir a construir una comunidad-sujeto que pueda organizarse para transformar aquellas políticas públicas, dinámicas económicas y procesos sociales que amenacen con ahogar la vida comunitaria.

(Imágenes de una actividad comunitaria en el barrio de San Francisco, Bilbao.)

Servicios sociales: siempre personalizados, siempre comunitarios

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En nuestra sociedad, los servicios sociales, definidos como cuidados y apoyos para mejorar y complementar la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias, constituyen uno de los sectores de actividad cuya necesidad se está incrementando de manera más intensa en la población, debido fundamentalmente al gran aumento de la esperanza de vida (también entre las personas con limitaciones funcionales) y a importantes cambios en las relaciones conyugales, familiares, convivenciales y comunitarias.

Este aumento de las necesidades, unido a transformaciones en los estilos de vida y expectativas de la ciudadanía, así como al reconocimiento legal del derecho universal, subjetivo y exigible a los servicios sociales, va configurando un nuevo perfil de demanda por parte de las personas ante los servicios profesionales, las organizaciones proveedoras y las Administraciones responsables. Un nuevo perfil, en buena medida, coincidente con las propuestas que surgen de los avances y consensos de las redes de conocimiento ético, científico, tecnológico y práctico sobre la materia, que apuntan hacia unos servicios sociales cada vez más, simultáneamente, personalizados y comunitarios.

La preferencia por formatos domiciliarios, de medio abierto y digitales supone que la intervención social deberá suceder, cada vez más, en la comunidad y el territorio y, cada vez menos, en los centros ambulatorios, diurnos o residenciales de servicios sociales. La identificación más precisa del objeto de la intervención social y el aumento de la capacidad de diagnóstico y evaluación profesional deberá darse la mano con la oferta de cuidados y apoyos tecnológicos y profesionales cada vez más capaces de potenciar la autonomía funcional y autodeterminación y las relaciones primarias de todas las personas en su diversidad sexual, generacional, funcional y cultural. Esta atención centrada en la persona vendrá facilitada, especialmente, por los avances tecnológicos de los macrodatos, el Internet de las cosas, las plataformas colaborativas o la inteligencia artificial distribuida.

Por otra parte, estos servicios sociales universales, personalizados, digitalizados y comunitarios, por su flexibilidad, no sólo serán más sinérgicos con las capacidades y activos individuales, familiares y comunitarios, sino más fácilmente interoperables e integrables horizontal e intersectorialmente con los procesos de satisfacción de necesidades de las personas en otros sectores de actividad profesional y garantía de derechos, como los relacionados con la seguridad, la salud, el transporte, la educación, la financiación, la recreación, el alojamiento o la alimentación. La digitalización, en este caso, favorecerá la integración de la intervención operativa en los itinerarios de las personas, la gestión multiagente de los servicios y programas y la gobernanza participativa de las políticas de bienestar y desarrollo territorial a diferentes escalas.

Es, sin duda, un reto ilusionante el representado por la oportunidad y la necesidad de reinventar y remezclar nuestros servicios sociales para poder ofrecer a todas las personas, en las diferentes etapas y situaciones de su ciclo de vida, una acción preventiva y unos servicios de atención altamente personalizados y altamente comunitarios. Siempre personalizados y siempre comunitarios.

(Reflexiones a partir de procesos de consultoría en curso con la cooperativa Agintzari y los servicios sociales del Ayuntamiento de Ermua y de la elaboración de artículos para la Papeles del Psicólogo y la Revista Española del Tercer Sector.)

Crisis de cuidados y sostenibilidad relacional

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Del mismo modo que la sostenibilidad ambiental depende de que las actividades humanas promuevan (en lugar de destruir) la biodiversidad (entendida como la variedad de seres vivos en sus interacciones naturales), la sostenibilidad relacional se basa en que los seres humanos cuidemos (y no socavemos) la necesaria diversidad humana (sexual, generacional, funcional y cultural) y las relaciones primarias existentes entre las diversas personas.

Cabe denominar sostenibilidad relacional a la capacidad que alcanzamos las personas y las comunidades de vivir y sobrevivir gracias a nuestras relaciones primarias, es decir, las gratuitas y recíprocas que mantenemos en nuestras redes y entornos familiares, amistosos, convivenciales, vecinales o digitales. Relaciones primarias entre personas necesariamente diversas que se complementan y construyen mutuamente. Sabiendo, obviamente, que ninguna vida individual o social es sostenible si no existen, también, otros tipos de transacciones interpersonales, como las que se realizan en las esferas del Estado, el mercado o el tercer sector.

Sin embargo, uno de los fenómenos que más caracteriza la época histórica que estamos viviendo es la crisis de cuidados, provocada, entre otros factores, por un notable incremento de la diversidad generacional y funcional que se deriva del aumento de la esperanza de vida con discapacidades, que coincide con procesos de relativo y disfuncional cuestionamiento y superación de ciertas estructuras y valores patriarcales, basados en el supuesto de que las mujeres renunciaran en buena medida a su participación en la esfera del mercado, la sociedad civil organizada o el Estado para dedicarse, fundamentalmente, a relaciones primarias, especialmente de cuidado. Relativo porque siguen siendo mujeres, con diferencia, quienes más cuidado primario asumen y disfuncional porque seguimos lejos de encontrar un ajuste satisfactorio entre cuidado primario y profesional.

La crisis de cuidados, desde luego, obliga al reconocimiento, garantía y fortalecimiento de un nuevo derecho social, el derecho a los servicios sociales, al mismo nivel que los otros derechos sociales (como sanidad, educación, empleo, vivienda e ingresos para la subsistencia). Sin embargo, el cuestionamiento que nos provoca y las obligaciones que la crisis de cuidados nos genera van más allá, porque la vida humana necesita cierta sostenibilidad relacional, es decir, cierta capacidad de cuidarnos y apoyarnos gratuita y recíprocamente en relaciones primarias. Dicho de otro modo, los cuidados y apoyos profesionales que aportan los servicios sociales, por desarrollados que estén, pueden complementar los cuidados primarios, pero no parece que puedan, cabalmente, sustituirlos.

Sin embargo, posiblemente, nuestros servicios sociales y nuestro sistema de protección social están contribuyendo inadvertidamente a destruir importantes reservas de capital relacional. Lo hacen, por ejemplo, al contribuir a fragmentar una sociedad, la vasca, en la que la pobreza de las personas menores de 15 años es cinco veces mayor que la de las mayores de 65. O cuando una cobertura de servicios sociales domiciliarios (1,4% para mayores) que es menos de la mitad que la (ya baja) media española hace más probable que seamos extraídas de la diversidad comunitaria para ser alojadas en colectivos generacional y funcionalmente homogéneos.

(Sobre estas cuestiones estamos trabajando en un documento para Eusko Ikaskuntza y sobre ellas se hablará el lunes, 8 de enero, a partir de las 17:00 horas en una conferencia en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz titulada “Servicios sociales: inversión de futuro”. En la imagen un tuit reciente de Joaquim Bosch.)

Nuevos documentos (PDF), vídeos y entradas de fantova . net en el último cuatrimestre

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Se han subido los siguientes documentos (clicar para abrirlos) en el apartado “Cuestiones y políticas sociales” de “Documentos propios”:

La intervención social en los servicios sociales y en la garantía de ingresos. Análisis y propuestas desde la experiencia del País Vasco (13 páginas).

En el apartado “Organización y gestión”:

Guía breve para la elaboración de planes estratégicos locales de servicios sociales (8 páginas).

En el apartado “Intervención y servicios sociales” de “Documentos propios”:

Los sistemas públicos de servicios sociales: coproducción para la sostenibilidad e integración para la inclusión (12 diapositivas).

Servicios sociales e inclusión social: análisis y perspectivas en el País Vasco (23 páginas).

En el apartado “Intervención y servicios sociales” en “Otros documentos”:

Situación actual y futuro del Sistema Vasco de Servicios Sociales (Sara Buesa) (9 páginas).

La perspectiva ética. Una intervención social correcta y buena, conforme a la dignidad de las personas (Marije Goikoetxea) (7 páginas).

Se ha subido, además, un nuevo vídeo y se han publicado 30 nuevas entradas de blog. En este momento el número acumulado de descargas de documentos es de 337.708.