Una forma (entre muchas) de contar la historia del mundo, con (spoiler) final feliz

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Érase una vez una comunidad. Interactuaba con su entorno natural, del que tomaba recursos, que transformaba y compartía para posibilitar la vida de sus miembros, que cuidaban unos de otros.

Llegó un día una persona de otra comunidad cercana, con una propuesta: “Ustedes tienen manzanos y ovejas. Les proponemos especializarse en los manzanos y nosotras lo haremos en las ovejas. Al final de cada año les daremos diez ovejas y nos entregarán diez sacos de manzanas. La especialización nos permitirá ser más eficientes, es decir, mejoraremos la producción trabajando menos”. La propuesta fue aceptada y se llevó a la práctica, año tras año.

Un año, la comunidad especializada en manzanas llegó sólo con cinco sacos, diciendo: “Hasta dentro de seis meses no podremos traer los otros cinco”. “No hay problema”, dijeron las representantes de la otra comunidad. “Les daremos un papelito que diga “Vale por cinco sacos de manzanas”” dijo la comunidad que quedaba en deuda, recibiendo como respuesta: “Un papelito, ¿para qué?”. “Funcionará”, afirmaron desde la comunidad que acababa de inventar el dinero.

En más y más transacciones entre esas y otras comunidades y al interior de las propias comunidades empezaron a utilizarse esos papelitos. De suerte que llegó un momento en que todos los intercambios del mundo llegaron a ser de bienes por papelitos y ninguno de bienes por bienes: toda la economía mercantil del mundo se había monetizado.

Entonces alguien dijo: “Necesitamos una autoridad central que diga cuántos papelitos puede haber, en función del valor de todos los bienes objeto de intercambio”. Y se inventó el Estado.

Un día, una persona se quedó sin papelitos y le dijo a otra: ¿Me prestas cinco papelitos? Te los devolveré en cuatro meses”. Y la respuesta fue: “Te presto cinco papelitos, pero dentro de cuatro meses me darás seis”. A partir de ese momento el dinero dejó de ser, únicamente, una representación del valor de los bienes producidos e intercambiables, para empezar a ser valorado en sí mismo.

En ese momento el Estado se dio cuenta de que podían existir más papelitos en circulación que aquellos que representaban el valor de bienes tales como manzanas y ovejas y que, del mismo modo que el propio dinero era valorado por sí mismo, podía conseguir que las personas consideraran valiosos otros productos, alguno de los cuales el propio Estado podía proporcionar. El Estado se dio cuenta entonces de su inmenso poder: establecía el número de papelitos en circulación, resultaba determinante en la creación de una parte del valor representado por dichos papelitos y, por si fuera poco, podía recaudar de la gente aquellos papelitos que estimara oportuno por los bienes que él mismo producía.

Algunas personas se dieron cuenta de este inmenso poder del Estado y pensaron que les interesaba controlarlo para conseguir que los bienes que ellas producían fueran considerados más valiosos. E idearon una estrategia envolvente para conseguirlo, dividiéndose en dos grupos: un grupo accedería al Estado presentándose como éticos representantes del Bien Común y las personas del otro grupo lo harían como poseedoras del conocimiento científico de las Leyes Naturales del Mercado.

La alianza de estos dos grupos consiguió para sus miembros riquezas nunca soñadas, que los embriagaron, de suerte que se alejaron de sus comunidades de origen y llegaron a convencerse y a convencer a muchas personas de que se podía poner un precio a todos los bienes, a todas las relaciones entre las personas y a todos los recursos naturales. El capital contra la vida.

Afortunadamente esto ha alarmado a muchas personas que, rechazando la pasividad o la complicidad, se están uniendo para cuidar de naturaleza y de las relaciones comunitarias y para, desde su vida cotidiana y desde el Estado, domesticar al mercado y garantizar a todas las personas el acceso a los bienes necesarios y a formas de vida cada vez más valiosas, vidas a las que nadie podrá poner precio.

(Relato escrito para dar comienzo a la conferencia “Servicios sociales: ¿cuestión de dinero?”, organizada recientemente por Dixit en Barcelona.)

¿Tienen futuro los servicios sociales?

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Cambios tecnológicos y sociales acelerados hacen cada vez más verosímil la afirmación de que ninguna profesión u organización tiene asegurado su futuro. Tampoco ningún sector de actividad económica o, en su seno, la correspondiente política o sistema público de prestaciones y servicios. Lógicamente esta afirmación será especialmente aplicable a sectores de actividad (y sistemas públicos) relativamente menos estructurados y reconocidos como el de los servicios sociales, si lo comparamos con el energético, el sanitario, el pesquero, el financiero, el de los transportes o el de la vivienda, por poner algunos ejemplos.

El valor añadido reconocible y sostenible en la respuesta a determinadas necesidades de conjuntos suficientes de destinatarias será, posiblemente, el factor principal para la constitución y desarrollo de un sector económico (y de su sistema público, organizaciones y profesiones), en procesos de generación de ecosistemas relativamente integrados en los que coexistan, en cierto equilibrio, dinámicas de competición y colaboración entre agentes y entre sectores.

En el caso de los servicios sociales nos encontramos con: un incremento de las necesidades (sobre todo en el área de los cuidados, aunque no únicamente) que no se traduce todavía en una demanda estructurada, potente y orientada; un sistema público que ya ha pasado la adolescencia, pero no ha alcanzado la madurez, y que es bastante mixto y diverso en cuanto a las formas de relación con los otros agentes; y unas profesiones y disciplinas que, cabe decir, no militan todavía ni en la primera ni en la segunda división del conocimiento científico o la innovación tecnológica.

Sin entrar en otras consideraciones, parece claro que la comprobación y, en su caso, asignación de medios económicos para la subsistencia material es una labor de tramitación administrativa llamada, cada vez más, a ser realizada de forma automatizada e informatizada, en un horizonte de digitalización de las transacciones económicas y probable desaparición del dinero en efectivo que generará nuevas y mejores condiciones para la trazabilidad y el control de los flujos financieros. Sea como fuere, no parece estar ahí el futuro de los servicios sociales.

La pregunta del millón quizá sea si ese aparato público en buena medida orientado a la tramitación de expedientes relacionados, en bastantes casos, con casos de ausencia o limitación de recursos económicos puede reinventarse fortaleciendo la musculatura científica y técnica sectorial para potenciar su capacidad de brindar y potenciar cuidados y apoyos personalizados, relacionales y comunitarios a una diversidad, crecientemente compleja y fragmentada, de destinatarias cada vez más empoderadas.

(Sobre estas cuestiones hemos debatido recientemente en los servicios sociales del Ayuntamiento de Irun y de la Generalitat de Catalunya y trataremos en la conferencia organizada por Dixit en Barcelona el próximo 31 de mayo: más información, aquí.)

Asegurar el perímetro de los servicios sociales

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Una de las principales amenazas para el desarrollo de nuestros servicios sociales es, posiblemente, el grado y tipo de reconocimiento y posicionamiento que tienen a los ojos de la ciudadanía, de las profesionales de otros sectores de actividad y de las personas con responsabilidad política. Reconocimiento y posicionamiento muchas veces limitado, sesgado o distorsionado que determina las expectativas, demandas, apoyos y legitimación que recibimos (o no recibimos) quienes trabajamos en los servicios sociales.

Por ello, seguramente, una de las estrategias clave en la construcción de los nuevos servicios sociales que queremos sea, si se permite la metáfora, la de asegurar su perímetro, es decir, la de seleccionar, desarrollar y visibilizar aquellas actividades y formatos más capaces de aportar a toda la población los cuidados y apoyos profesionales que le permitan mantener, mejorar o recuperar su interacción, entendida ésta como autonomía funcional y autoorganización de la vida cotidiana en el seno de relaciones y redes de carácter familiar y comunitario.

Nos referimos, por ejemplo, a servicios sociales domiciliarios y personalizados de gran valor añadido por su capacidad de empoderamiento y conexión de las personas destinatarias. O a informes fruto de labores de diagnóstico y peritaje social orientados a la mejora de determinadas relaciones de convivencia. O a productos de apoyo de alta tecnología que potencian y facilitan la vida comunitaria de personas con limitaciones funcionales temporales o permanentes. O a procesos de acompañamiento social que fortalecen la autoorganización en red de personas diversas en un marco de relaciones intergeneracionales e interculturales en el territorio. O a iniciativas de cuidado de criaturas de 0 a 3 años en el entorno barrial, flexibles y amigables con las dinámicas familiares. Y así sucesivamente.

Seguramente, durante un tiempo al menos, los servicios sociales seguiremos ofreciendo apoyos que no encajan en nuestro estricto perímetro sectorial, como determinadas prestaciones económicas para la subsistencia material de las personas. Sin embargo, es fundamental que se entienda que éstas no están en (ni mucho menos constituyen) nuestro núcleo de actividad (core business) y que no consuman tiempo de profesionales de la intervención social.

Los servicios sociales pueden ser y ser vistos por muchas personas y agentes como factores clave para el desarrollo de vidas, comunidades y territorios sostenibles, pero todavía no es así. Por ello necesitamos aplicarnos con más fuerza e inteligencia a la construcción y aseguramiento de un perímetro coherente y suficiente, tan claro en su definición como abierto a los otros sectores, que resulte atractivo y útil para toda la población, en el que sean factibles dinámicas valiosas de gobernanza concertada, racionalización organizativa, construcción de conocimiento y orientación a las personas destinatarias.

(Sobre estas y otras cuestiones estamos trabajando en estas semanas en el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Catalunya y en los servicios sociales del Ayuntamiento de Irun.)

La cadena de valor en servicios sociales

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Cuando hablamos de cadena de valor (en cualquier ámbito económico sectorial) nos referimos a la secuencia de actividades que permiten a una organización obtener recursos del entorno para, finalmente, desencadenar resultados en dicho entorno. Normalmente, en cualquier cadena de valor podemos distinguir la cadena básica de valor o proceso operativo (que es típico y característico del sector de actividad) de otros procesos, que son parecidos en todas las organizaciones, con independencia del sector de actividad del que estemos hablando. Obviamente, cuando aquí hablamos de valor, nos referimos a resultados apreciados, fundamentalmente, por las personas destinatarias directas y, en general, por el conjunto de agentes interesados y no sólo ni fundamentalmente a resultados apreciados por personas o agentes con solvencia económica para pagar a la organización por dichos resultados.

En los servicios sociales proponemos entender los resultados valiosos en términos de mejora en la interacción de las personas, es decir, en su autodeterminación y, en general, autonomía funcional para una vida cotidiana en integración familiar y, en general, comunitaria. Las prestaciones, apoyos o actividades que permiten alcanzar dichos resultados valiosos y que, por lo tanto, estarán presentes en la cadena básica de valor, son, por lo tanto, fundamentalmente, relaciones profesionalizadas y tecnologías de apoyo que permiten diagnosticar, complementar o mejorar dicha interacción. Nos referimos a prestaciones como el cuidado personal, el acompañamiento social o la mediación familiar, realizadas presencial o virtualmente con unos u otros productos de soporte y basadas en el conocimiento. Las prestaciones o incentivos de tipo económico tienen un papel secundario en esta concepción de los servicios sociales (como pasa en una concepción semejante de los servicios sanitarios, educativos, de vivienda o de empleo).

Las labores de recepción, procesamiento, almacenamiento, recuperación o entrega de información o, en general, las labores de tramitación administrativa de expedientes no forman parte, en principio, de la cadena básica de valor, sino que se configuran normalmente como procesos de gestión o apoyo, fundamentales para que fluya adecuadamente el proceso operativo. Del mismo modo, prestaciones o apoyos característicos de otros ámbitos sectoriales (como, por poner algunos ejemplos, el alojamiento, la alimentación, la atención médica o el servicio doméstico), por más que eventualmente puedan realizarse en los servicios sociales, tampoco constituyen su núcleo de actividad.

La idea de cadena de valor en los servicios sociales nos recuerda el encargo de ofrecer a las personas destinatarias itinerarios en los cuales cada uno de los pasos (diagnóstico, planificación, intervención, evaluación, nueva planificación, nueva intervención y así sucesivamente) sea deseado y vivido por la persona como valioso. Itinerarios que no arrebaten a la persona el control sobre su vida ni la alejan de su entorno relacional deseado, sino que le ayuden a mejorar su interacción. Itinerarios tan breves, gratificantes y eficientes como sea posible. itinerarios compatibles y, en ocasiones, integrados con los itinerarios ofrecidos por otros sectores de actividad (como el sanitario o el de la vivienda).

Las personas profesionales responsables de las actividades de la cadena básica de valor, que, por tanto, mantienen un contacto más intenso con las personas destinatarias han de poder ejercer el efecto tractor que ponga a su servicio al resto de procesos y profesionales administrativos, de gestión, de apoyo y de gobierno, de suerte que el conjunto de la organización (y el sistema) se centre en cada persona destinataria y se oriente conjunta e integradamente, en definitiva, a aportarle el mayor valor.

(Sobre estas y otras cuestiones trabajaremos próximamente en el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Catalunya y en los servicios sociales del Ayuntamiento de Irun. Aquí se pueden encontrar otras entradas del blog sobre servicios sociales. La fotografía corresponde a Pernan Goñi mostrando su reflejo gráfico de una explicación en parte coincidente con la de esta entrada de blog en unas recientes jornadas en Mejorada y Velilla.)

Servicios sociales y apoyo al cuidado familiar: el mundo al revés

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Tras una inmersión en la normativa española de servicios sociales, no parece aventurada la afirmación de que el tratamiento del apoyo al cuidado familiar (y, en general, primario) de las personas con limitaciones funcionales es manifiestamente mejorable, ya que, desde nuestro punto de vista, en términos generales, en ella:

  • No se identifica adecuadamente el carácter primario y funcionalmente insustituible del cuidado familiar (y, en general, comunitario) en la vida de las personas con limitaciones funcionales.
  • Apenas se captura la diversidad y complejidad de dimensiones y vertientes del cuidado, que puede afectar a funciones que van desde la realización mecánica de movimientos hasta la toma de decisiones clave; que puede suponer desde hacer algo por la persona a ayudarle a que lo haga; que puede comportar desde custodiar a la persona que presenta limitaciones en la gestión de riesgos hasta asistirle en la asunción de algunos de ellos; que puede realizarse en el domicilio o fuera de él; y así sucesivamente.
  • No sé perfila correctamente el papel de los servicios sociales profesionales en el diagnóstico, protección y potenciación de los cuidados primarios de los que dispone o puede disponer una persona que tiene o puede llegar a tener limitaciones funcionales.

Cabría decir que, en muchos momentos, nuestra normativa bascula entre dos ideas igualmente extravagantes: la de la excepcionalidad del cuidado primario (chocante de forma especial en nuestro entorno social y cultural) y la de su equivalencia funcional con el cuidado profesional (que podría, por tanto, sustituir o reemplazar el cuidado primario). En lugar de producir escenarios y formatos de sinergia entre el cuidado primario y el cuidado profesional (y, obviamente, el autocuidado), nuestra normativa tiende a verlos y construirlos en una suerte de juego de suma cero en el que o bien parece ignorar el cuidado familiar y comunitario o bien, paradójicamente y en un mundo al revés, lo configura como un sucedáneo del cuidado profesional en el que se pseudoprofesionaliza a la persona que cuida mediante un peculiar esquema de derechos (fundamentalmente a cobrar una cierta cantidad de dinero) y obligaciones (en términos, básicamente, de dedicación, tendente a exclusiva) que fabrica el imaginario de que el llamado “cuidador no profesional” es alguien que, con gran disponibilidad pero baja cualificación, hace algo que haría mejor una persona profesional con su correspondiente cualificación (pero que resulta muy costosa).

En nuestra propuesta para los servicios sociales las capacidades de autocuidado (y, en general, la autonomía funcional de las personas) y las relaciones primarias de cuidado y apoyo se configuran como el bien que deben proteger y promover los servicios sociales y, por tanto, el cuidado familiar y comunitario de las personas con limitaciones funcionales debiera beneficiarse, en primer lugar, de toda una serie de productos de apoyo e intervenciones profesionales generales, para después, en muchos casos, hacerlo de prestaciones o ayudas específicas, sin excluir, desde luego, las económicas orientadas a incentivar el cuidado familiar y, en general, favorecer la conciliación entre vida familiar, laboral y personal.

Frente a un modelo social, de sistema de bienestar y de servicios sociales que construye, potencia y que (muchas veces hipócritamente) entroniza la figura de una cuidadora familiar todoterreno de altísima disponibilidad (que es un modelo de cada vez más alto riesgo para la persona cuidada, para la persona cuidadora y para la sociedad, por su insostenibilidad), es cada vez más urgente asumir que nos hallamos ante una crisis de cuidados que obliga a reformular el contrato social en busca de un ejercicio cada vez más libre, distribuido, responsable y humanizador del cuidado primario, lo que exige un reforzado y renovado papel de los servicios sociales.

(Tomado y adaptado del final del artículo “El apoyo al cuidado familiar en la normativa de servicios sociales” que puede descargarse completo aquí.)

Novedades de fantova net en el primer cuatrimestre de 2017

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Se han subido los siguientes documentos (clicar para abrirlos) en el apartado “Cuestiones y políticas sociales” de “Documentos propios”:

Innovación social en políticas sociales (34 páginas).

Qué pasó la semana anterior al anuncio del cheque bebé (9 páginas).

Las políticas sociales construyendo un nuevo pacto con las comunidades, los mercados y las organizaciones del tercer sector (24 páginas).

En el apartado “Intervención y políticas sociales” de “Documentos propios”:

Los retos de la acción social en las políticas públicas (7 páginas).

Los servicios sociales como pieza clave de una estrategia de inversión social (32 páginas).

Servicios sociales, objeto propio y atención integrada (5 páginas).

En el apartado “Cuestiones y políticas sociales” de “Otros documentos”:

Atención integrada, intervención integral e inclusión social (6 páginas).

Además, se han subido cinco nuevos vídeos y se han publicado 22 nuevas entradas de blog. En este momento el número de descargas de documentos acumuladas asciende a 264.000.

Construyendo la atención integrada en, desde y con los servicios sociales

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Para que la historia de los servicios sociales universales sea una historia de éxito será necesario que se vayan configurando en su interior cadenas de valor que posibiliten itinerarios de consecución de resultados valiosos para las personas. En esos itinerarios las personas usuarias de los servicios sociales nos iremos encontrando con diferentes especialistas de distintas cualificaciones relacionadas con diversas áreas de conocimiento. Entendemos la especialización como la ampliación o profundización del conocimiento acerca de los diversos aspectos, dimensiones, dinámicas, perfiles o instrumentos a considerar en la realización de una actividad o proceso; en este caso, la intervención social.

En esa dinámica de especialización y construcción de cadenas de valor, los servicios o programas presenciales con sede física podrán ubicarse más o menos próximos a los domicilios de las personas en función, fundamentalmente, de su mayor o menor masa crítica de destinatarias potenciales. De ahí surge en los sistemas públicos de servicios sociales la diferenciación entre atención primaria y secundaria, por ejemplo. De este modo, se entiende que nuestros itinerarios en los servicios sociales empezarán normalmente utilizando servicios de atención primaria y que posteriormente podamos (o no) participar en actividades que se nos ofrezcan en la atención secundaria. No hay que olvidar, en todo caso, la existencia e importancia de servicios o programas virtuales, domiciliarios, comunitarios u otros, en los que la ubicación de la sede física (o base de operaciones) no es relevante por no ser lugar de atención presencial a personas.

En sistemas o redes de servicios de este estilo, especialmente si la atención primaria depende de una institución y la secundaria depende de otra, es frecuente que la atención se fragmente y se dificulten los itinerarios de las personas. Procede, entonces, alentar dinámicas de integración vertical, es decir, dinámicas de integración entre la atención primaria y secundaria.

Lo que ocurre es que, según las lecciones aprendidas por nuestras compañeras y compañeros del sistema sanitario, la integración vertical tiende a funcionar en la medida en que se empodera la atención primaria y esto sólo parece posible en la medida en que en la atención primaria exista conocimiento y tecnología capaz de ofrecer a las personas resultados más valiosos que los que les ofrecía o les puede ofrecer la atención secundaria. Por ejemplo, cuando demostramos las diferentes ventajas comparativas para una persona con discapacidad de un programa de acompañamiento social en la comunidad (no específico para personas con discapacidad) frente a su ingreso en un servicio residencial específico para personas con discapacidad alejado de su entorno de procedencia.

Hemos de retener la idea de que la especialización no es menor en primaria que en secundaria, sino que es una especialización diferente. Por otra parte, entendemos que es cada vez más disfuncional y perniciosa la pretendida especialización del conocimiento de la intervención social en función de la segmentación que configura (y, frecuentemente, segrega) a las personas destinatarias de la intervención social en los colectivos especiales a los que antes nos hemos referido.

El avance del conocimiento y la tecnología de la intervención social podría permitir una mayor personalización de los itinerarios (atención centrada en la persona) a la vez que se conseguirían masas críticas de personas destinatarias tales que serían posibles más intervenciones de proximidad de enfoque poblacional, preventivo y comunitario (capaces de gestionar diversidades) y se recurriría menos a servicios presenciales que aparten a las personas de sus entornos y redes familiares y comunitarias deseadas y pertinentes. A la vez los avances tecnológicos (fundamentalmente en el área de la información y la comunicación) deberían también ayudar a desburocratizar los procesos de gestión. Todo ello iría haciendo girar el sistema de modo que la atención secundaria se pusiera, en buena medida, al servicio de la primaria y ésta al servicio de las personas.

Existe, lógicamente, también, una necesidad de integración intersectorial, bien mediante servicios integrados (que incorporan en un sector actividades propias de otro) o bien mediante otros mecanismos de trabajo en red o integración horizontal que faciliten los itinerarios intersectoriales de las personas (como, por ejemplo, el establecimiento de protocolos de actuación o la gestión de casos). Las experiencias más potentes de integración intersectorial de la atención a la complejidad suelen apoyarse en presupuestos compartidos y autonomía para la recalibración de las inversiones y, en general, la asignación de recursos; permitiendo desinvertir en unos sectores para invertir más en otros y alinear recursos con procesos de atención, cadenas de valor e itinerarios personales intersectoriales, a partir de una adecuada y renovada estratificación o segmentación de la población. Se trata de iniciativas que deben ser cuidadosamente evaluadas, cimentando una base de evidencia antes de replicarlas o aumentar su escala.

Ahora bien, según el enfoque que aquí se presenta, no existiría un juego de suma cero entre especialización sectorial e integración intersectorial. Más bien se entiende que unos servicios sociales más estructurados, fortalecidos, especializados y posicionados en relación con su objeto propio estarán en mejores condiciones de construir atención integrada intersectorial con otros sectores.

(Tercera y última parte de un artículo recientemente publicado en el blog Llei d’Engel, que puede descargarse completo aquí y que servirá de base para una conferencia prevista para hoy, 25 de abril, en Mejorada del Campo: más información aquí.)

Nuestra RGI, llena de futuro

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Nuestra Renta de Garantía de Ingresos y, en general, la política vasca de garantía de ingresos ha constituido una iniciativa pionera y, en algunos aspectos, excepcional en un contexto español en el que ha llamado y sigue llamando poderosamente la atención el limitado compromiso de la Administración central en lo que tiene que ver con la puesta a disposición de la ciudadanía de unas rentas mínimas que hagan posible, en cualquier caso, nuestra subsistencia material. Aproximadamente la mitad de la inversión social en rentas mínimas que hacen las comunidades autónomas españolas es la del País Vasco.

Como han puesto de manifiesto trabajos de colegas como, por ejemplo, Luis Sanzo, Itziar Barrenkua, Joseba Zalakain, Arantza Orbegozo o Xabier Aierdi, nuestra Renta de Garantía de Ingresos tiene importantes aciertos de diseño (como, por ejemplo, los estímulos al empleo, el complemento de pensiones o su carácter de derecho subjetivo y partida ampliable) y un impacto notable en la superación de la pobreza (80.000 personas salen de la pobreza gracias a ella) y, en todo caso, en su mitigación. Hay pocas dudas acerca del papel determinante de la RGI en el mejor comportamiento del empleo y la economía vasca (comparándola con el resto de la española) en la última crisis económica.

El éxito de nuestra RGI, como sucede con todas las políticas públicas que funcionan, acarrea nuevos retos y exigencias de innovación que, en este caso, son fundamentalmente tres: En primer lugar, el perfeccionamiento en términos de alcance, universalidad y equidad, de modo que, por ejemplo, la RGI sea todavía más potente frente a la pobreza infantil, prioridad política de primer orden. En segundo lugar, que se gestione cada vez con más agilidad, de modo que sea mucho más fluida la entrada y la salida del programa (como demanda la dinámica laboral actual). Y, en tercer lugar, que se pueda mejorar la labor de activación que realizan los servicios de empleo y los servicios sociales para ayudarnos a las personas en nuestros itinerarios hacia la interacción comunitaria y el empleo remunerado (con la consiguiente reducción, en su caso, de los períodos en los que se necesita cobrar la RGI).

Posiblemente estos tres retos nos conducen, como en otros países, a una progresiva integración de la RGI en el sistema fiscal (como un impuesto negativo) de modo que nuestras Haciendas Forales vayan convirtiéndose en el sistema inteligente ante el que nos retratamos todas las personas, bien para pagar impuestos cuando nuestros ingresos así lo justifican o bien para recibir prestaciones en caso contrario. Esta conseguible reorganización y eficiencia administrativa, a la vez, permitirá a los servicios de empleo y a los servicios sociales concentrarse y especializarse en el acompañamiento profesional y la labor promotora que les permitirá ayudarnos a más personas a mejorar nuestra autonomía y competencias y contribuir a construir entornos comunitarios y laborales más inclusivos.

En cualquier caso, sean estos u otros los pasos que vayamos dando en el futuro de nuestra RGI y sean unos u otros los ritmos de mejora e innovación, como siempre nos dice Luis Sanzo, es fundamental no perder la conciencia acerca del valioso patrimonio político, económico, social y moral que la RGI representa en nuestra sociedad en lo tocante a su compromiso colectivo y compartido contra la pobreza injusta. Como herederas y constructoras de ese patrimonio, actuemos con responsabilidad, inteligencia y unidad para que siga siendo y sea cada vez más un instrumento útil y querido para nuestra sociedad.

(Sobre estos y otros asuntos trataremos en una “pildora formativa” el próximo 4 de mayo en la cooperativa Servicios Sociales Integrados y en diversos encuentros de trabajo en los próximos días.)

L’objecte propi dels serveis socials

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Quan vam decidir transformar la (vella) assistència social residual en uns (nous) serveis socials universals, hem d’entendre el que aquesta ciavoga representa en termes d’especialització i en termes de posicionament davant la ciutadania i reconeixement per part de la població. L’assistència social residual no s’especialitzava en determinades necessitats de totes les persones sinó en determinats tipus de persones per a les quals, suposadament, era capaç de respondre (tendencialment) a totes les seves necessitats. Per contra, els serveis socials, en declarar-se universals, deuen, indefugiblement, identificar en quines necessitats de totes les persones s’especialitzaran. Es tracta de dues configuracions i posicionaments incompatibles i oposats (com menjar sopes i xuclar): per això parlem de ciavoga.

L’assistència social residual es basa (explícitament o implícitament) en què hi haurà unes minories que no aconseguiran la gran finalitat del benestar o la inclusió social mitjançant els mecanismes que serveixen a la majoria de la població, que bàsicament són: la participació en els mercats ( de treball, de béns i serveis i financer), la integració familiar i comunitària i la protecció social de caràcter contributiu. Es podria dir que els i les professionals d’aquest àmbit es presenten o són reconegudes com a especialistes en la identificació, control i tractament dels membres d’aquests segments minoritaris de la població. I que l’atenció a aquestes persones s’organitza, majorment, agrupant entre si els membres de cada un d’aquests col·lectius especials.

No obstant això, els nous serveis socials, en declarar-se universals, competeixen, inevitablement, amb altres sectors universals d’activitat i, fonamentalment, amb els de sanitat, educació, ocupació, habitatge i garantia d’ingressos, que són els principals sectors econòmics en què opera l’Estat de benestar. A major perímetre sectorial dels serveis socials menor perímetre d’altres sectors d’activitat, i viceversa. No és el mateix que s’entengui socialment que el que cal fer des de les polítiques socials amb les criatures de zero a tres anys és, principalment, aprenentatge i escolarització (educació) o que es tracta més aviat de cures comunitaris (serveis socials).

En aquest context, la identificació i diferenciació de l’objecte dels serveis socials es converteix en una prioritat estratègica de primer ordre, possiblement en una condició imprescindible de possibilitat per a l’existència del sector d’activitat (del sector econòmic) dels serveis socials i, en el seu si, dels sistemes públics de serveis socials. Altrament l’univers poblacional al qual s’ofereixen els serveis socials (tota la ciutadania, per definició) difícilment sabrà quan anar als serveis socials i quan dirigir-se a un altre dels sectors d’activitat esmentats.

La nostra proposta és considerar que l’objecte dels serveis socials és la interacció, entesa com el desenvolupament autònom de les persones en la seva vida diària en el si de relacions familiars i comunitàries. Per tant, els serveis socials s’entendrien com cures i suports per a la presa de decisions i la seva execució per part de les diverses persones en el seu quotidià i viure integrades en les seves xarxes primàries.

Entenem que el concepte d’interacció (autodeterminació i autonomia funcional / integració familiar i comunitària) ens pot permetre dibuixar i omplir de contingut un perímetre de necessitats, demandes, drets, coneixements, tecnologies, prestacions, serveis i programes valuosos per a tothom i recognoscibles com a propis d’aquest àmbit sectorial i no d’altres.

El concepte d’interacció ens pot servir per identificar el (gran) bé que protegeixen i promouen els serveis socials, de la mateixa manera que la sanitat s’ocupa de la salut, l’educació de l’aprenentatge, els serveis laborals de l’ocupació, les polítiques d’habitatge del allotjament i els sistemes de garantia d’ingressos de la subsistència. És cert que tots aquests grans béns (i altres) tenen sinergies entre si i que tots els sectors d’activitat poden contribuir a la consecució de tots ells (salut en totes les polítiques, per exemple), però vivim en una societat en la qual han emergit sectors especialitzats d’activitat i sistemes públics especialitzats per a aquests diferents béns i aquest és el tauler de joc en el qual hem de ubicar-nos.

(Part de l’article publicat al bloc Llei d’Engel, sencer aquí, traduït al català pels editors del bloc, base per a la conferència prevista per al proper 25 d’abril a Mejorada del Campo: més informació aquí.)

Mito, realidad y futuro de las intervenciones comunitarias

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La comunidad, las comunidades, aparecen como referencia recurrente en un buen número de discursos y en algunas prácticas de las políticas públicas y los servicios de bienestar desde tiempo atrás. Se diría, sin embargo, que, en ocasiones, algunas de nuestras concepciones al respecto, implícitas o explícitas, no se han revisado suficientemente a la luz de los cambios sociales acontecidos durante las últimas décadas.

Sin embargo, son dichos cambios los que nos pueden ayudar a depurar el concepto de la comunidad, de modo que se base decididamente en la dimensión relacional y quede subordinada a ésta, en su caso, la dimensión territorial. Según esta propuesta conceptual, por tanto, podemos hablar de comunidad en tanto en cuanto nos encontremos ante relaciones primarias, es decir, relaciones familiares y otros vínculos de afecto, don, reconocimiento y reciprocidad que, si bien pudieron originarse en contextos de empleo, consumo o, en general, participación en organizaciones, tienen una consistencia y dinámica propia antes o más allá de dichos contextos.

Es evidente que nuestras relaciones familiares y, en general, comunitarias suelen adquirir densidad en la proximidad física. Es muy posible (y para muchas deseable) que, en nuestro domicilio, en nuestro vecindario, en nuestro barrio y en nuestro municipio mantengamos ese tipo de relaciones. Pero no cabe duda de que, cada vez más, nos sentimos parte de comunidades no circunscritas a un territorio y que las relaciones que mantenemos en el seno de dichas comunidades tienen, en esencia, el mismo sentido, significado y valor que aquellas relaciones comunitarias que vienen facilitadas por la proximidad geográfica.

En los servicios sociales, en los servicios sanitarios o en otros, hablaremos de intervenciones comunitarias para referirnos a aquellas capaces de contribuir a la creación y fortalecimiento de relaciones primarias que, a su vez, favorezcan la consecución de los fines de esos servicios profesionales. Seguramente cuanta más experiencia y conocimiento tenemos, más valoramos la aportación a la calidad y sostenibilidad de nuestra vida que proviene de los apoyos y vínculos primarios (desde los más intensos y concentrados hasta los más extensos y ligeros).

Son precisamente los cambios sociales de las últimas décadas los que nos conducen a la necesidad de redoblar el compromiso con el enfoque comunitario de nuestras intervenciones desde la Administración, el tercer sector u otras. Perfeccionar la conceptualización de las dinámicas comunitarias nos llevará, posiblemente, a superar determinadas visiones que privilegiaban y mitificaban un determinado tipo y dinámica de comunidad, a comprender mejor la diversidad presente en la vida comunitaria y a multiplicar la influencia positiva en las relaciones comunitarias de nuestras organizaciones solidarias, intervenciones profesionales y políticas públicas.

(Sobre estas y otras cuestiones conversaremos en el seminario organizado por Progess en Barcelona el próximo 26 de abril.)