Fragilidad, vulnerabilidad, riesgo y cronicidad en los servicios sociales

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Términos como fragilidad, vulnerabilidad, riesgo o cronicidad pueden utilizarse para referirse a varios de los bienes de los que se ocupan las grandes ramas de las políticas públicas; bienes como la salud, el alojamiento, la seguridad, el empleo o la subsistencia material. También cabe usar esos cuatro conceptos en relación con el bien que proponemos que proteja y promueva esa gran rama de las políticas públicas que es la de los servicios sociales, bien que proponemos denominar interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y la integración relacional primaria de carácter familiar y comunitario.

Se trata de cuatro expresiones que surgen o encajan en el contexto en el que la afectación o el deterioro de estos bienes (salud, alojamiento, seguridad, empleo, subsistencia, interacción u otros) son vistos más bien como procesos progresivos y no necesariamente como acontecimientos agudos. Así:

  • Una situación de riesgo es una situación amenazante en la que hay cierta mayor probabilidad de que un agente del entorno o la propia persona que disfruta de él puedan causar daño considerable al bien (en lo que interesa a los servicios sociales, el bien de la interacción).
  • Una situación de vulnerabilidad es una situación de relativa debilidad en la que el bien (en lo que compete a la intervención social, la interacción) está más expuesto a verse afectado o menoscabado por algún agente del entorno o por la propia persona interesada.
  • Una situación de fragilidad es una situación relativamente estructural en la que el bien (en lo que nos interesa aquí, la interacción) es menos resiliente o resistente al deterioro o disminución o incluso en la que hay un incipiente deterioro o disminución del bien.
  • Una situación de cronicidad es una situación en la que la afectación o limitación del bien y la necesidad de apoyo (en nuestro caso, apoyo para la interacción) se prolongan en el tiempo. Cronificar una situación de intervención (social, en nuestro caso) es, en ocasiones, la mejor alternativa disponible.

La intervención social puede ser más bien asistencial (y complementar la interacción existente en la persona), más bien habilitadora o rehabilitadora (y mejorar su autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria), más bien comunitaria (y mejorar la inclusión relacional primaria de la persona) o más bien paliativa (y compensar o amortiguar aspectos o consecuencias del deterioro o menoscabo de su interacción). En todo caso, habrá de ser preventiva (y evitar, retrasar o ralentizar la limitación o disminución de la interacción), pudiendo diferenciarse: prevención universal (cuando actuamos con toda la población), prevención selectiva (cuando actuamos con la población en situación de riesgo o vulnerabilidad) y prevención indicada (cuando actuamos con la población en situación de fragilidad, cronicidad o, en todo caso, afectada por un deterioro, menoscabo, daño, limitación o disminución de la interacción).

Para una intervención social de base comunitaria, hoy y aquí

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En primer lugar, en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra y con tantos obstáculos estructurales y emergentes para el acceso de importantes segmentos poblacionales a bienes físicos de primera necesidad (como el alimento, el vestido o la energía, o, también, al alojamiento), cabe considerar prácticamente imposible que se configure y posicione una intervención social dedicada a promover y proteger la interacción de todas las personas (es decir, su autonomía para decisiones y actividades de la vida diaria en relaciones primarias familiares y comunitarias) mientras las estructuras y agentes de los servicios sociales tengan encomendada, a la vez, la tramitación de ayudas para la obtención de dichos bienes.

En segundo lugar, la intervención social y sus disciplinas y profesiones deben hacer un mayor esfuerzo por superar su actual estadio de desarrollo dominado por un saber hacer artesanal práctico para, sin desconocer nunca la importancia de la pericia profesional, entrar decididamente en una etapa de intervención social de carácter o base científica, con las consecuencias y condiciones que ello conlleva en términos de configuración de las comunidades y redes de conocimiento, de las dinámicas y procedimientos para su construcción y avance del saber y de las herramientas, instrumentos, aplicaciones y plataformas de evaluación de la intervención y sus efectos.

En tercer lugar, la acción social, como cualquier otra actividad, debe ser objeto de un desarrollo e innovación tecnológica que la incorpore a la capa digital y que le permita beneficiarse de la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, el internet de las cosas (también de las llevables) o las plataformas colaborativas, tanto para su realización, gestión y gobierno como para su integración vertical (intrasectorial) y horizontal (intersectorial) con otras ramas de actividad.

En cuarto lugar, se ha de entender que este modelo de intervención social puede llegar a afectar, a mayor o menor escala territorial y humana, al cambio y la innovación en la comprensión y configuración del contrato social, entendido como el conjunto de normas asumidas por las personas (individual y colectivamente) sobre lo que pueden esperar de otras personas o instancias y lo que deben aportar: estamos hablando de una acción social organizada y profesionalizada que busca nuevas e importantes sinergias con las relaciones y redes primarias de carácter familiar y comunitario, brindándoles aportes y esperando que brinden apoyos.

Por último, el giro desde una intervención social residual a una de base comunitaria representa un cambio en la manera en la que los servicios sociales se integran en las intervenciones y políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad (de género, generacional, funcional y cultural), en la llamada acción comunitaria y en la gobernanza del conjunto de políticas sociales. En ese marco, la intervención social, posiblemente, está llamada a una especial alianza con la intervención urbanística y habitacional, para la consecución de territorios y comunidades amigables, inteligentes y sostenibles.

(Adaptación de los párrafos finales de un artículo recientemente publicado en Documentación Social, ubicado aquí.)

¿Cómo se justifica la intervención pública?

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En sociedades como las nuestras, en las que las tecnologías basadas en los avances científicos han adquirido notable relevancia, la especialización profesionalizada gana valor ante la ciudadanía. Si pensamos en las diferentes necesidades a las que cada persona vamos dando respuesta a lo largo del día, podemos constatar cómo es cada vez mayor, para cada una de ellas, la cantidad y complejidad de conocimiento especializado que media dicha satisfacción de necesidades en cada uno de los casos.

En ese contexto, probablemente, pierde cierto peso relativo el debate acerca de si esa estructura tecnificada que dará respuesta a nuestras necesidades será comunitaria, pública, solidaria o mercantil. Claro que nos importa si determinada atención nos la dará el Estado, una compañía, la familia o una asociación, pero asumiendo antes, seguramente, que sea suficientemente idónea a la luz del mejor conocimiento científico disponible.

Esta situación parece favorecer que la ciudadanía, en diferentes lugares, acepte distintos arreglos para diversas ramas de actividad o tipos de necesidad. Así, por ejemplo, en nuestro entorno, gozan de gran aprecio los servicios sanitarios de gestión pública directa, a la vez que se suele aceptar que sean empresas mercantiles las que extiendan las redes de telecomunicación y se prefieren los permisos parentales a los cuidados profesionales para las criaturas recién nacidas. Dentro de una misma rama de actividad, diferentes eslabones de las cadenas de valor o niveles de responsabilidad pueden estar en distintas manos, en términos de sector institucional o tipo de agente.

Desde una visión económica convencional, cabría decir que la dificultad de que un bien pueda ser disfrutado libremente por parte de cada individuo (y de que pueda excluirse a otro de su disfrute) haría más probable que ese bien pueda ser tratado como bien público y sometido a la autoridad política (más o menos basada en el conocimiento científico). Se diría que en la naturaleza de ese bien hay algo estructuralmente colectivo. Por eso hay más calles públicas que camisas públicas, podemos decir.

Desde una visión política democrática, por otro lado, tendemos a pensar que la provisión pública se asocia a valores como la universalidad y la equidad en el acceso a los bienes más necesarios (o de primera necesidad). Por eso, desde ese punto de vista, preferimos vivir en un lugar en el que el acceso a la operación quirúrgica de apendicitis o al apoyo a las familias al cuidado de criaturas no dependa de que lo puedas comprar, por mucho que su funcionamiento parece avenirse, técnicamente, con facilidad, a un uso particular y excluyente.

La revolución digital, por otra parte, con sus estrategias de integración vertical y horizontal y sus modelos de negocio y escalabilidad, transforma de manera notable todo este panorama, desde el momento, por ejemplo, en que permite qué valiosos y complejos productos y servicios sean, hasta cierto punto, gratuitos y altamente accesibles, generando, sin embargo, negocios privados de gran envergadura.

Posiblemente, en este momento, el gran desafío cognitivo, organizativo y político de los poderes y organizaciones públicas es el de identificar y posicionarse en las ramas y parcelas de actividad que resulten más estratégicas para ejercer la autoridad legítima e informada y para lograr estructuralmente la universalidad y equidad deseadas, logrando la maniobrabilidad y relaciones óptimas e incurriendo lo menos posible en problemas de agencia qué consisten, básicamente, en la captura del valor y el control públicos por parte de intereses corporativos, mercantiles o particulares.

(Acompaña a esta entrada parte de la ilustración de Thomas Hobbes para su Leviatán.)

La naturalización de la intervención social realmente existente

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Posiblemente, la intervención social realmente existente en nuestros servicios sociales públicos o en nuestro tercer sector de acción social, fruto de una historia y circunstancias determinadas, es una intervención social de carácter notablemente residual con escaso grado de especialización. Residual, en la medida en que acepta hacerse cargo, por defecto, de necesidades de determinadas personas que, en puridad, correspondería asumir a otros subsistemas sociales (como la adquisición de algunas capacidades, el alojamiento, cierta solvencia financiera o la ocupación del tiempo libre, por ejemplo). Y, lógicamente, poco especializada, tanto en cuanto asume que, en esa labor subsidiaria o secundaria y, supuestamente, “integral“, no podrá realizar cada uno de sus componentes con el nivel de calidad técnica u organizativa propio del subsistema especializado encargado, en general, de cada uno de ellos.

Pues bien, en algunos debates recurrentes entre profesionales de la intervención social quizá, a veces, nos juega una mala pasada una cierta naturalización de esta situación: el considerarla normal, el pensar que siempre ha sido y será así. Así puede estar sucediendo, por ejemplo, en conversaciones sobre la mayor o menor dedicación de las y los profesionales de la intervención social a labores de tramitación administrativa o en discusiones sobre si corresponde a profesionales de la intervención social (o, en general, a los servicios sociales) tener de sus manos la posibilidad de proveer unas u otras prestaciones o servicios.

Y es que el porcentaje de carga administrativa incorporada en los procesos de trabajo del personal técnico o el contenido de la cartera de prestaciones y servicios del sistema u organización en el que trabaja dicho personal técnico son decisiones que no corresponden, en principio, a ese personal técnico. Diríamos que la persona de perfil técnico, cuando acepta incorporarse a un puesto de trabajo, recibe esos elementos como predeterminados: no se trata de aspectos de su modelo de atención o intervención sino de cuestiones definidas en el modelo organizativo o en el diseño de la política que rige el funcionamiento del sistema al que la persona profesional técnica se ha vinculado.

Cabe entender que, cuando profesionales, por ejemplo, del trabajo social, de la educación social o de la psicología de la intervención social se incorporan a sus empleos, es porque han considerado que hay condiciones organizativas (por ejemplo, en términos de apoyo administrativo suficiente) y de diseño de la oferta del sistema a la población (por ejemplo, en términos de coherencia entre partes o posicionamiento ante la ciudadanía) para un ejercicio cabal de su profesión. Si el diseño de la política o de la organización deforma la práctica profesional hasta hacerla irreconocible o imposible, no estamos ante un problema de modelo de atención, de contenido técnico propio de la intervención o de cualificación profesional.

Si, políticamente, se encarga a los servicios sociales el racionamiento de un conjunto de prestaciones fragmentadas e inconexas y, organizativamente, las actividades de entrega, recepción y registro de información son consideradas como parte nuclear de la aportación de valor del personal técnico, la intervención social está, seguramente, herida de muerte antes de poder iniciarse. Si las y los profesionales de la intervención social consideramos natural e inmutable este estado de cosas, difícilmente vamos a identificar y mover las palancas adecuadas para cambiarlo. Quizá debamos reconocer que el problema está mucho más en los diseños de las estructuras políticas y organizativas que hemos aceptado como “terreno de juego” que en la manera en la que, con mayor o menor destreza, las y los profesionales específicos de la intervención social pretendemos realizar, cotidianamente, nuestra labor técnica.

El Fondo de Recuperación europeo y la oportunidad de decir “nunca más” a lo sucedido en las residencias de mayores

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El Plan de Recuperación para Europa (con 140.000 millones de euros para España) representa una oportunidad inédita e inaudita para nuestra sociedad y, específicamente, para quienes nos consideramos agentes políticos a la hora de demostrar la capacidad de los movimientos sociales y las políticas públicas para responder satisfactoriamente a los desafíos planteados en (y a partir de) estos tiempos de pandemia y emergencia. En un entorno de intensa incertidumbre global, la acción colectiva y las instituciones de gobierno son vistas, desde muchas miradas, como más confiables que el interés individual y la lógica de mercado. De ahí, quizá, la relativa pero importante novedad y oportunidad que representan las recientes decisiones europeas.

En este contexto, seguramente, desde un punto de vista moral, nuestra principal deuda como sociedad la hemos contraído y la seguimos contrayendo con las personas mayores usuarias de servicios sociales de carácter residencial, pues éstos han constituido, sin lugar a dudas, la zona cero de la covid-19. Afortunadamente, en este caso, las líneas estratégicas para la utilización del Fondo de Recuperación europeo están totalmente alineadas con esta obligación ética. En primer lugar, porque la mejora de los servicios sociales es, expresamente, una de esas grandes orientaciones de obligado cumplimiento en la utilización del Fondo.

Por otro lado, además, la necesaria gran “operación de país” transformadora de la respuesta existente para las necesidades de cuidado de las personas que nos vamos haciendo mayores (y vamos presentando más limitaciones funcionales y relacionales) encaja a la perfección con el resto de ejes principales que deben guiar la utilización de estos recursos extraordinarios:

  1. La digitalización de nuestra economía, pues la vida con relativa autonomía y convivencia satisfactoria en domicilios, vecindarios, barrios, ciudades y territorios habitables, amigables e inteligentes es, sin duda, uno de los ámbitos más prometedores para la generación, el despliegue y la rentabilización de un potente entramado de existentes y nuevas industrias tecnológicas.
  2. La sostenibilidad ambiental, pues no cabe imaginar una ocupación satisfactoria, distribuida, cohesionada, equilibrada y sostenible del territorio urbano y rural sin hacer posible la vida domiciliaria y comunitaria de la diversidad de personas de distintas generaciones, sexos, capacidades y orígenes, en viviendas adecuadas y economías circulares de alta proximidad y conectividad, adecuadamente embebidas en el medio ambiente natural.
  3. La perspectiva de género, pues el sesgo de género persiste, tanto en los cuidados primarios como en la economía informal de los cuidados y en los cuidados profesionales y esa inequidad, esa discriminación y ese maltrato hacia muchas mujeres, muchas de ellas migrantes, en materia de cuidados y conciliación, sigue anclado en (y lastrando) nuestra estructura social y económica.
  4. La activación económica y creación de empleo, pues los servicios sociales, domiciliarios y comunitarios, tienen tanto la capacidad de incorporar grandes contingentes de personal de Formación Profesional (que puede reciclarse proviniendo de sectores en contracción, como el del turismo), como la de encuadrar cada vez más personal con cualificación universitaria, orientado a ir generando e incorporando procesos y resultados de investigación e innovación.
  5. El control del gasto público, dado que, sin procesos de desburocratización, innovación y escalamiento de soluciones eficientes en el campo de la prestación, gestión y gobierno de los servicios sociales domiciliarios y comunitarios, se seguirá disparando el gasto sanitario hospitalario y farmacéutico, el gasto en servicios sociales residenciales y los costes de gestión, entre otros.

El desafío del que estamos hablando no es menor, ni en el plano ético ni en el estratégico, sino que debe ser visto y configurado como uno de los buques insignia, uno de los proyectos tractores, uno de los ejes principales en la acción transformadora y eficaz en la que tiene que convertirse la aplicación del Fondo de Recuperación en nuestro país. No se trata de parchear un tipo de centros (las “residencias de mayores” tal como, en general, las conocemos) sino de hacer posible y reconocible, más pronto que tarde, una gama real de alternativas diversas para la vida autónoma con cuidados en comunidad de todas las personas.

La Administración ante los nuevos riesgos sociales

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En cada vez más sectores de actividad, como, por ejemplo, el de la vivienda (considerado habitualmente como social) o el transporte (no considerado social) se plantean las Administraciones parecidos dilemas entre, por ejemplo, regular o proveer (y, en cualquier caso, cuánto financiar o qué recursos y activos aportar). Siguiendo con los mismos ejemplos, ¿tiene hoy en día algún significado afirmar que alojar es más o menos social que transportar? Además, también es cada vez es más difícil distinguir las políticas llamadas sociales en las que se entrega dinero a las personas de las políticas fiscales en la que se les exonera en cierta medida del pago de impuestos. Podemos decir que las políticas llamadas sociales no son sólo sociales y que no sólo las políticas sociales tienen carácter social: no sólo las políticas llamadas sociales construyen sociedad; no sólo ellas protegen, reparan, construyen y promueven relaciones sociales, equidad social, inclusión social.

Se puede decir, también, que se supera un reparto de necesidades o bienes por tipos de agentes (público, mercantil, comunitario y solidario) y que todos los agentes entran a jugar, en mayor medida, en todos los sectores de actividad (educación, movilidad, finanzas, pesca y demás). La Administración compite y colabora en todos y cada uno y estaría llamada a garantizar derechos universales en relación con todos los grandes bienes considerados necesarios.

Por otro lado, la emergencia de los nuevos riesgos o retos sociales representa un cambio de época y reconfigura todo el conjunto de riesgos o retos sociales hasta el punto de que la inercia institucional de las políticas sociales clásicas (enfocadas a los viejos riesgos sociales) pueden desencadenar, cada vez más, efectos contrarios a los deseados. Ni hay políticas subsidiarias respecto de otras ni hay agentes subsidiarios respecto de otros. No caben unas políticas sociales redistributivas o reparadoras a posteriori (tras los efectos del mercado) y que den por supuesta y descontada una trama relacional (heteropatriarcal y homogénea) densa y estable. Hay que volver a barajar y repartir todas las cartas. En este contexto, se plantean las siguientes apuestas para la Administración:

  1. La primera característica que emerge como necesaria para las Administraciones a partir del panorama dibujado es la de la maniobrabilidad. Si los retos y riesgos son cambiantes, imprevisibles y complejos, las Administraciones necesitan flexibilidad para adaptarse y, más aún, para adelantarse.
  2. En la medida en que las políticas públicas, en las diferentes escalas territoriales o niveles de la Administración, reciben el desafío de ir incursionando en más asuntos, de más maneras, para más personas y de forma más compleja y especializada, gana importancia la cuestión de su integración vertical y horizontal.
  3. El tercer gran desafío que tienen nuestras Administraciones, en un contexto de nuevos retos sociales, es el de su contribución a la construcción o reconstrucción de relaciones de carácter comunitario o solidario, sean primarias o secundarias.
  4. La visión y apuesta desde el diseño y el desarrollo de las políticas públicas basados en el conocimiento y la innovación se realizan desde la conciencia fundamentada e informada de riesgos ciertos de saturación y colapso de diferentes subsistemas de la vida social, riesgos que desaconsejan (en lo económico y en lo político) meras estrategias de crecimiento inercial y acumulativo que deben ser reemplazadas por otras de emprendimiento, experimentación, escalamiento y desescalamiento.

(Párrafos entresacados de la ponencia preparada para el encuentro del INAP para repensar la Administración, del 27 al 29 de julio de 2020, que puede descargarse completa aquí.)

“Cuidarnos en comunidad”: ¿un relato para los servicios sociales?

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Nuestros libros y leyes dicen que los servicios sociales son (o quieren ser) universales, pero ni las personas que trabajamos en ellos ni las que tienen responsabilidades políticas ni la ciudadanía en general sabemos identificar de forma clara y compartida alguna necesidad, problema o aspiración de todas las personas que corresponda abordar a los servicios sociales (sean públicos o de otros agentes). En esas condiciones es muy difícil aunar voluntades para el desarrollo, la mejora o la extensión de esta rama de actividades que, sin embargo, sentimos como necesaria, esencial, imprescindible.

La pandemia y la emergencia que vivimos está sirviendo, posiblemente, para que nos hagamos más conscientes de nuestras necesidades, de lo que echamos de menos cuando se produce una alteración generalizada del funcionamiento social. Así, por ejemplo, tememos que se vea afectada nuestra salud y aprendemos sobre ella y sobre cómo prevenir su deterioro, individual y colectivamente. De igual modo, estamos calibrando y comprendiendo mejor otras necesidades, como las de alimentación, ocio o alojamiento, y la manera de abordarlas.

Si hubiera que elegir una necesidad que se está sintiendo de manera más fuerte y clara en estos tiempos y para la que los servicios sociales tienen respuesta, se trataría, sin duda, de la necesidad de cuidado o cuidados, entendida , básicamente, como aquella que sentimos todas las personas en las etapas, momentos o circunstancias de nuestra vida en las que no tenemos la capacidad de realizar por y para cada una de nosotras (algunas de) las denominadas “actividades de la vida diaria”. Si bien es cierto que, para muchas necesidades de cuidado, los servicios sociales “ni están ni se les espera”, para otras son el cauce más utilizado. Lamentablemente, en todos estos meses, estamos teniendo más notoriedad por nuestros fracasos en la respuesta a estas necesidades que por nuestros éxitos.

Sin embargo, es tal el crecimiento exponencial previsto para el desafío de los cuidados en los próximos años que los servicios sociales no podemos ni debemos dar por perdida la batalla por configurarnos a los ojos de la ciudadanía como el “lugar” al que acudir en los momentos en los que, en la cotidianeidad de nuestras relaciones familiares y convivenciales, percibamos o preveamos (en nosotras mismas o en personas cercanas) una necesidad de cuidado insuficiente o inadecuadamente cubierta.

Por ello, quizá “cuidarnos en comunidad” pueda ser una expresión que nos ayude a construir un relato entendible para el conjunto de la población acerca del cometido de los servicios sociales. “Cuidarnos” porque el autocuidado (en un sentido más o menos estricto) y el cuidado recíproco (en las relaciones familiares y de convivencia) son fundamentales y necesitan ser complementados por cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones profesionales. “En comunidad” para señalar que los servicios sociales (garantizados como derecho por los poderes públicos) buscarán fortalecer la vida en casa y en comunidad y las relaciones familiares y comunitarias (y no sólo las estrictas relaciones de cuidado).

Ahora bien, si los servicios sociales queremos lograr el reconocimiento de la ciudadanía como el sistema público y el sector de actividad que nos puede ayudar a todas las personas a “cuidarnos en comunidad”, parece necesario que evitemos aparecer como servicios orientados a una parte de la población (como, por ejemplo, “las personas que están peor” o “las personas más vulnerables”). También puede resultar contraproducente seguir funcionando o siendo vistos como servicios que atienden a otras necesidades diferentes, como las de alimentos o alojamiento, máxime cuando el dinero para comida o el acceso a la vivienda ya son responsabilidad principal de otros sistemas o sectores dentro del funcionamiento de nuestra sociedad.

Los servicios sociales podrían ser vistos como aquellos que nos ayudan a “cuidarnos en comunidad” y, por tanto, como un medio para evitar, revertir o paliar situaciones de dependencia para las actividades de la vida diaria, de soledad no deseada, de maltrato o violencia en las relaciones familiares y comunitarias o de exclusión de la convivencia en comunidad. Podrán tener también un cierto impacto indirecto significativo en problemas correspondientes a otros sistemas o sectores de actividad (como la pobreza, el sinhogarismo, la delincuencia o las adicciones, por ejemplo), pero sólo, seguramente, si primero son capaces de hacerse fuertes y atractivos, para ayudarnos a todas las personas, de manera positiva y accesible, a “cuidarnos en comunidad”.

¿Qué modelo de futuro para los servicios sociales? El examen de la pandemia

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La pandemia que estamos viviendo va a conllevar, seguramente muy pronto, un exigente examen general (añadido a la prueba de esfuerzo que ya están soportando) para los diferentes ámbitos de la política pública, acentuado por circunstancias como la conformación de nuevos gobiernos, reestructuraciones en equipos gubernamentales, reformas legales, planes estratégicos o la elaboración de los siguientes presupuestos anuales en un escenario de fuerte disminución de la recaudación fiscal. Seguramente, contar con un modelo de futuro, actualizado o renovado, será condición necesaria (aunque no suficiente) para pasar ese examen y estar en condiciones de sostenerse, desarrollarse y servir en los siguientes años. A continuación, se proponen, brevemente, cuatro posibles rasgos de un modelo de futuro para nuestros servicios sociales:

1. Unos servicios sociales dispuestos a ser el sistema de cuidados

Es previsible que, tras las situaciones vividas en las residencias de mayores y en la convivencia familiar intensa o la soledad de los domicilios, la preocupación por los cuidados (entendidos, en sentido estricto, como la complementación de la capacidad de las personas para la realización de actividades de la vida diaria) aumente en la sociedad y entre las personas con responsabilidades políticas. En ese contexto, parece haber movimientos sociales y políticos barajando la creación ex novo de un sistema de cuidados, pretensión parecida a quienes, hace quince años, pensaron en crear (o creyeron que estaban creando) un sistema de dependencia. Sin embargo, a pesar de nuestra limitada cualificación y vertebración, nadie está en mejores condiciones que nuestros sistemas públicos autonómicos de servicios sociales para configurarse como esos deseados sistemas (no sólo, pero también) de cuidados. Tenemos difícil ganar esa posición pero, curiosamente, nadie lo tiene más fácil.

2. Unos servicios sociales configurados como servicios públicos esenciales

La pandemia ha demostrado la necesidad y superioridad de los grandes sistemas de alcance o cobertura universal, funcionalmente especializados (en la atención a la salud, la distribución de alimentos, el aseguramiento de rentas o el acceso a Internet, por poner cuatro ejemplos), para la respuesta a las necesidades de la población. Nadie ha propuesto expropiar las huertas a “nuestras baserritarras” o los barcos a “nuestros arrantzales” para garantizar que todo el mundo tenga acceso a los alimentos. Del mismo modo, la garantía de que “nuestras niñas” o “nuestros mayores” tengan los cuidados y apoyos que necesitan no depende de que las Administraciones sean las propietarias de las organizaciones que brindan servicios sociales domiciliarios, de teleasistencia o de desarrollo comunitario, por poner tres ejemplos. Depende de que nuestros gobiernos autonómicos tengan suficientes resortes efectivos de conocimiento, planificación, regulación, financiación, provisión, gestión, evaluación y control de una oferta clara y suficiente de servicios e intervenciones que conecten con unas determinadas y bien delimitadas demandas y necesidades de toda la población.

3. Unos servicios sociales comprometidos a una rápida digitalización

No parece exagerado decir que ningún sector de actividad importante va a sobrevivir en nuestro entorno si no incorpora intensamente tecnologías digitales en todos sus procesos operativos, de gestión y de gobierno. En la pandemia y la emergencia, específicamente, se están viendo claramente las dificultades para el desarrollo de actividades sin soporte, capa o alternativa digital, así como las sinergias entre las dimensiones física, corporal, comunitaria y territorial de los servicios y su dimensión digital. En el caso de los servicios sociales, especialmente, resulta imposible imaginar una provisión universal de cuidados, apoyos e intervenciones para la autonomía en las decisiones y actividades de la vida diaria en el seno de relaciones familiares y comunitarias de todas las personas (en función de sus necesidades y capacidades) sin el concurso, por ejemplo, de la robótica domiciliaria, la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, las redes sociales, las plataformas colaborativas o el Internet de las cosas.

4. Unos servicios sociales de alto valor añadido

Los sectores de futuro, profesional y socialmente atractivos (especialmente, en el ámbito de los grandes sistemas públicos), son aquellos que han sido capaces de incorporar más valor de sus actividades operativas, generando empleo de calidad para muchos hombres y, especialmente, para muchas mujeres. Esa es la historia y la perspectiva del desarrollo de sistemas públicos como, por ejemplo, el sanitario, el educativo o el judicial (dejando atrás el tiempo del barbero-cirujano, aquel en el que se hablaba de pasar más hambre que un maestro de escuela o el de la eficacia civil de decisiones de pretendidos tribunales eclesiásticos). No es incompatible subrayar y fortalecer la capacidad de los servicios sociales para la incorporación a su fuerza de trabajo  (frecuentemente mediante la economía solidaria) de muchas personas de Formación Profesional (en ocasiones, provenientes de otros sectores de actividad, como el turístico o el doméstico) y, a la vez, destacar e impulsar una imprescindible y creciente obtención y aplicación de conocimiento científico y tecnológico en los servicios sociales.

(Reflexiones compartidas en el marco de trabajos en curso en los sistemas públicos de servicios sociales del País Vasco, Murcia, Catalunya, La Rioja, Andalucía, Castilla y Leon, Cantabria, Madrid y Galicia. La fotografía corresponde al capítulo 6 de la serie “El colapso” del colectivo Les Parasites.)

¿Es la hora de estrategias contraintuitivas en los servicios sociales?

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A veces, en ocasiones extraordinarias, pueden funcionar bien decisiones extrañas, aparentemente contraproducentes, que a primera vista parecen ir en sentido opuesto a las que mayoritariamente se plantean. A continuación, se proponen cuatro para nuestra intervención social y servicios sociales a partir de las situaciones pandemia y emergencia que estamos viviendo. Seguramente, resultarán impracticables o inadecuadas en muchos contextos, pero quizá merezca la pena dedicarles unos minutos de reflexión. Primero se enuncian y a continuación se dedica un párrafo a cada una de ellas, con la apertura de siempre al diálogo, a la matización y a la corrección:

  1. Dejar de entregar recursos para la subsistencia.
  2. Cerrar centros.
  3. Suspender relaciones con los servicios sanitarios.
  4. Experimentar y teorizar.

1. Las gentes de la intervención social y los servicios sociales, normalmente vocacionadas y formadas para las relaciones de ayuda y los procesos comunitarios, no obstante, hemos aceptado muchas veces dedicarnos a gestionar y realizar el reparto o racionamiento de dinero y bienes materiales para la supervivencia de las personas. Ahora vuelve a suceder con fuerza. Sin embargo, esto puede resultar cada vez más irracional y frustrante, en tanto en cuanto el desarrollo tecnológico y logístico de otras organizaciones públicas o mercantiles (del ámbito del aseguramiento, las finanzas, la distribución u otros) las coloca en condiciones de realizar esta labor de manera mucho más pertinente y eficiente. Por ello, seguramente, cada día está más justificado, desde el punto de vista ético y estratégico, que nos neguemos a aceptar el encargo de la garantía de subsistencia, máxime cuando el contexto parece determinar que ese trabajo sea cada vez más incompatible con la labor de intervención social.

2. Durante esta pandemia, algunos de nuestros centros se han convertido en lugares especialmente visitados por el sufrimiento y la muerte. A partir de esa experiencia, se habla de la mejora o transformación de algunos de nuestros servicios, pero, quizá, debamos hablar con claridad de servicios que no pueden o deben ser reformados o modificados sino que, simplemente, han de ser cerrados y sustituidos por otros diferentes. Quizá hay dispositivos y formatos que, por su planteamiento, por su  tamaño, por la homogeneidad de sus personas usuarias, por su funcionamiento o por otras razones, deban ser reemplazados por otros y quizás sea conveniente hacerlo visible, hacer comprensible y creíble para la ciudadanía que tenemos la voluntad y la estrategia para un cambio significativo y tangible del estado de las cosas. Parece difícil conseguirlo sin cerrar algunos centros o algunos tipos de centros y explicar y demostrar claramente por qué apoyos y servicios los reemplazamos.

3. En nuestro entorno, los sistemas públicos de salud suelen cuadruplicar en presupuesto a los sistemas públicos de servicios sociales. Fácilmente, hablando de personal con titulación similar, el sueldo en el sistema sanitario puede ser el doble que el que se recibe en los servicios sociales. Aun con todo, no hay por qué cuestionar que el sistema sanitario necesite más recursos pero si cabe pensar que no es sólo o fundamentalmente por cuestión de recursos que hayamos fallado como sistema a la hora de prever por donde venían las amenazas a nuestra salud. Por otro lado, está claro que, pese a que llevamos, al menos, cuarenta años hablando de cómo colaborar entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, en la pandemia nos estamos entendiendo muy mal, con graves consecuencias. Quizá sea el momento, como en algunas parejas, de tomarnos un tiempo de separación y reflexión.

4. Por último, parece que en las situaciones de emergencia se trata de hacer, hacer y hacer. Sin embargo, posiblemente, en el mundo de la intervención social y los servicios sociales, esta pandemia nos ha atrapado en medio de una mudanza profunda en cuanto a la comprensión, instrumentación, articulación y realización de la propia intervención social y, en unas circunstancias de estas características, el aumento de los recursos o la inversión en procesos de carácter obsoleto puede resultar contraproducente. Seguramente, no nos queda más remedio que dedicar tiempo, a pesar de la emergencia o precisamente por ella, al estudio y la investigación para el prototipado y creación de nuevos programas y estructuras de intervención social; para la construcción, en el menor tiempo sea posible, de los nuevos servicios sociales que la situación que vivimos demanda.

Diagnóstico y evaluación como parte de la atención en servicios sociales: algunas pistas

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La intervención social (la prestación de servicios sociales), como cualquier actividad humana, se rige por el ciclo evaluación-planificación-ejecución. La evaluación es, o debe ser, evaluación de las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones iniciales de la persona y de las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones una vez se ha ejecutado o realizado el cuidado, apoyo o intervención y, presumiblemente, se han logrado los resultados esperados (cambios en las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones). El diagnóstico y el pronóstico son dimensiones de la evaluación y, manejados a escala poblacional, permiten segmentar o estratificar a las personas y anticiparse proactiva y preventivamente en la intervención.

En los servicios sociales podemos utilizar diversos instrumentos para realizar esa evaluación. Son de especial interés las herramientas de diagnóstico social (del trabajo social) aunque, usualmente, desbordan con mucho el perímetro de lo que puede considerarse como objeto de los servicios sociales. Dicho de otra manera: normalmente, las herramientas de diagnóstico social (propuestas desde el trabajo social) suelen considerar aspectos (económicos, de salud, habitacionales, laborales, administrativos, formativos u otros) que corresponden a ámbitos sectoriales diferentes del de los servicios sociales.

Sea como fuere, en nuestros servicios sociales, el proceso de construcción, validación, utilización y mejora de instrumentos de diagnóstico y, en general, de evaluación (como parte fundamental y recurrente del proceso de atención a las personas) está en gran medida por hacer. A continuación se proponen algunas referencias o pistas sobre procesos próximos en los que se viene trabajando al respecto (clicando en cada un de los títulos se accede al documento):

BENÍTEZ, María del Carmen (2013): El informe socioeducativo: instrumento de la educación social.

CAMPAING TO END LONELINESS (2015): Measuring your impact on loneliness in later life.

CARDONA, Josefa y otras (2017): El diagnóstico relacional colaborativo.

CURY, Silvia y ARIAS, Andrés (2016): Hacia una definición actual del concepto de diagnóstico social.

DE MIGUEL, Francisco Javier (2018): Valoración social de dificultades y potencialidades para la intervención socioeducativa (páginas 1.049-1.068).

ELOSEGUI, Elena y otras (2014): Elección consensuada de una herramienta común de valoración sociosanitaria en la CAPV.

FUNDACIÓN AVEDIS DONABEDIAN (2015): Identificación de personas en situaciones de necesidades sociales complejas.

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(Entrada desarrollada  partir de un trabajo realizado en el marco de una colaboración con Servicios Sociales Integrados y de cara a un encuentro con Suara. Con un agradecimiento y reconocimiento especial a Izaskun Ormaetxea y su equipo de IOK Laboratorio de Trabajo Social, por su prolongada, rigurosa e incansable labor de diseño, implementación y mejora en el asunto del que trata esta entrada.)