La ley vasca de servicios sociales: un fracaso colectivo

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La aprobación de nuestra Ley de servicios sociales, el 5 de diciembre de 2008, está inseparablemente unida a un nombre propio, el de Fernando Consuegra, viceconsejero de asuntos sociales con el consejero Javier Madrazo y el lehendakari Juan José Ibarretxe, sin cuyo tesón, inteligencia política y capacidad para construir consensos, esta ley nunca hubiera llegado a puerto. Precisamente por eso, sin embargo, es una gran obra colectiva cuyo contenido ilusionó a un buen número de personas en nuestra comunidad.

El objetivo principal de esta ley, sin lugar a dudas, era la universalización del sistema público de servicios sociales en el País Vasco. La norma se aprobó con la finalidad de que, pasados ocho años, el conjunto de la ciudadanía vasca percibiera en sus servicios sociales similar grado de seguridad en la protección pública al que ya aprecia en los servicios sanitarios, en los educativos y en las pensiones y otras prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia. Es evidente que dicho objetivo está muy lejos de haberse alcanzado y, por ello, tenemos que reconocer nuestro fracaso colectivo.

Diez años después de la aprobación de la ley, seguimos sin contar con el sistema de información sobre servicios sociales que la misma ley preveía tener en funcionamiento en 2010 y una rápida visita a la web del Gobierno Vasco da cuenta del deficiente estado de la información disponible sobre la materia. Precisamente por eso no tenemos los datos completos y actualizados en los que apoyarnos si se quisiera discutir la afirmación realizada en el párrafo anterior. Sin embargo, hay pocas dudas acerca de que las expectativas de la población vasca sobre la respuesta de sus administraciones públicas en lo tocante a las necesidades de cuidados y otros apoyos para su vida autónoma en familia y comunidad no han variado significativamente en estos diez años y no alcanzan, ni de lejos, a las que esa misma población tiene cuando piensa en sus problemas de salud, en la escolarización de sus criaturas o en su pensión de jubilación, por mucho que estas tres áreas puedan ser objeto de preocupaciones y reivindicaciones diversas.

Apenas se ha desarrollado la arquitectura normativa que la ley preveía, en general, tener lista para 2009 o para 2010. Si bien, con seis años de retraso, se ha aprobado un decreto que establece una cartera de prestaciones y servicios, seguimos sin contar con una regulación de la participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios, sin un decreto sobre la concertación con la iniciativa social o privada, sin un símbolo distintivo que identifique a todos los centros del sistema, sin una regulación jurídica de la dotación mínima de recursos y sin una definición normativa de la mayoría de los servicios previstos en la cartera. La Alta Inspección de Servicios Sociales, que sí fue regulada, está inactiva y la dinámica de gobernanza del sistema y de integración intersectorial con otros sistemas prevista en la ley está prácticamente inédita.

Curiosamente, el texto jurídico que más ha afectado a sistema público de servicios sociales en estos años no se inscribe en el desarrollo de la Ley de servicios sociales sino que es la modificación de la Ley de garantía de ingresos de 2011, que saca de los servicios sociales la gestión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. Lamentablemente, carecemos de evidencia relevante acerca del impacto que la liberación del equivalente a varios cientos de puestos de trabajo a jornada completa en los servicios sociales, por labores que han pasado a Lanbide, haya tenido en el impulso del modelo de servicios sociales de atención continuada, de proximidad, planificados y evaluados, de base tecnológica y centrados en la persona que pretende impulsar nuestra legislación, tanto en 2008 como en 2011.

Seguramente las razones de este fracaso colectivo son una mezcla de la debilidad de la demanda social, las limitaciones del liderazgo político, la insuficiente apuesta presupuestaria, la fragilidad de la comunidad profesional y de conocimiento, la desorientación estratégica de muchos agentes, las ineficiencias de la estructura institucional y otras razones. Seguro que, también, la propia ley de 2008 tiene defectos en su diseño que, en su momento, no supimos ver. Sea como fuere, este décimo aniversario debe servir como un revulsivo para que los agentes implicados en los servicios sociales vascos reorientemos y redoblemos nuestros esfuerzos para lograr un giro y un impulso estratégico que conduzca más pronto que tarde a esos servicios sociales universales, personalizados, basados en el conocimiento, integrados y comunitarios que tan acertadamente dibuja nuestra ley.

(Artículo publicado en El Correo y El Diario Vasco el 5 de diciembre de 2018. En PDF aquí. Sobre la Ley vasca de servicios sociales debatiremos hoy, 10 de diciembre, en la jornada organizada por la Diputación Foral de Bizkaia.)

Gure gizarte zerbitzuen etorkizuna

Valores sociales y cultura emprendedora vasca: fortalezas ante u

Komunitate zientifikoaren adostasunek eta herritarren lehentasunek (inkestak adieraziak) argi eta garbi erakusten dute zainketen krisiari erantzuteko funtsezko tresna bat gizarte-zerbitzuak direla, eta, bereziki, etxean, komunitatean edo ingurune digitalean ematen diren gizarte-zerbitzuak, betiere familia-sorkuntza bultzatzeko prestazio ekonomikoen edo beste ongizate-tresna batzuen (hala nola erretiro- eta ezintasun-pentsioen) garrantzia ahaztu gabe. Izan ere, gizarte-zerbitzu horiek ematen dute prebentzio- eta pertsonalizazio-mailarik handienarekin jarduteko aukera, eta indartzen dute pertsonek euren eguneroko bizitzan eta familiako zein komunitateko harremanetan modu autonomoan moldatzeko duten ahalmena; hain zuzen, harreman horiek pertsonen laguntza iturririk gustukoenak dira, eta ezagutzaren komunitatearen ustez egokienak.

Gizarte Zerbitzuetako Zuzendari eta Gerenteen Elkartearen datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoa da gizarte zerbitzuetan pertsona bakoitzeko gehien gastatzen duena. Hala ere, etxez etxeko gizarte-zerbitzuen estaldura (% 1,4 adinekoen kasuan) Espainiako batezbestekoaren (berez, nahikoa txikia) erdia baino txikiagoa da; haurren eta nerabeen harrera %44,5ekoa (harrera guztien gainean) da, eta Espainiako batezbestekoa % 60,9koa. Horrek agerian uzten du Euskadiko gizarte-zerbitzuen eredua oraindik ere bizitegi-zentro, eguneko zentro edo zentro anbulatorioetan oinarrituta dagoela, ez duela berrikuntzarik egiten, eta ez duela behar bezala indartzen pertsonak komunitatean zaintzeko eta haiei eguneroko bizitzan laguntzeko bidea.

Alabaina, eraldaketa estrategiko hori egin ahal izango da datozen urteetan gizarte-zerbitzuetan inbertsio publikoek izango duten gorakadari esker. Hau da, orain arteko desoreka konpentsatu egingo da; izan ere, EAEko gizarte zerbitzuetan, 1.000 milioi euroko gastu publikoa egiten da urtero, gutxi gorabehera. Kontuan izan behar da osasun arloan 3.700 milioi eurokoa dela, hezkuntzan 2.700 milioi eurokoa eta pentsioetan 8.800 milioi eurokoa, ongizatearen estatuaren lau ardatz nagusiak aipatzearren. Pertsona guztiek ez dute zainketa profesionalen beharrik izango euren bizitza osoan, baina beste batzuek bai. Zainketa horiek izugarrizko kostuak izan ditzakete, eta ezin dira pertsonen familien edo ekonomiaren mende utzi. Hain zuzen, gizarte-babeseko sistema publikoaren adar nagusietako baten xede izan behar dute; hots, gizarte zerbitzuen xede.

(Eusko Ikaskuntzak bultzatutako liburu berderako ekarpenaren zatia. Aquí la versión en castellano. Eusko Ikaskuntzaren kongresuaren irudia.)

Atención integrada: conocimiento e innovación

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Para el desarrollo de un modelo de atención integrada parece necesario potenciar una amplia y abierta construcción y dinámica de redes en los ecosistemas sectoriales e intersectoriales de práctica y conocimiento para favorecer la innovación tecnológica y social. Cabe suponer que, posiblemente, el aumento de la complejidad social impulsaría arreglos (mix) diversos entre sector público, tercer sector y otros agentes en los diferentes ámbitos sectoriales y un acercamiento menos ideológico y más pragmático a dichas articulaciones, atendiendo tanto a la inercia institucional (path dependency) como a las oportunidades de girar estratégicamente.

La evidencia comparada parece clara en cuanto a la presencia habitual de estos grandes tipos de agentes (con distintos pesos y roles según sectores, países y, en definitiva, regímenes de bienestar) y en cuanto a la resiliencia de los arreglos entre ellos en los diferentes sectores de actividad en cada país (a pesar de la amenaza de las crisis económicas o las ideologías de los partidos que llegan a los gobiernos) (Del Pino y Rubio, 2016). La ciudadanía podría estar abierta a un mayor o más estratégico papel del Estado (como Estado orientado a la inversión social), con lo que ello conlleva en términos de cotizaciones o impuestos, pero los poderes públicos y los otros agentes implicados habrían de presentarle una oferta creíble de valor para cada política sectorial en particular.

Sea como fuere, antes de entrar en el (legítimo) debate ideológico, político y técnico sobre el volumen (esfuerzo) de la inversión pública en el sector de los servicios sociales o en otros; sobre el peso y papel de las diferentes esferas (pública, comunitaria, solidaria y privada); o sobre la medida en qué queremos pagar los servicios mediante impuestos, cotizaciones, copagos o precios o de otro modo; cabe, desde el diseño estratégico de políticas sociales, configurar, pilotar y aumentar de escala (Evers y otras, 2014) “arreglos” innovadores que potencien mayores y mejores sinergias entre todos los agentes o esferas implicadas. Ello requiere, como señala Mariana Mazzucato, reconocer la importancia que, para los mercados, han tenido históricamente y siguen teniendo muchos conocimientos e innovaciones procedentes de fuera de ellos, el carácter “exploratorio, plural y de ensayo y error” de los procesos y la necesaria “capacidad creativa, adaptativa y exploratoria” (Mazzucato, 2016) de los agentes y, específicamente de las agencias y estrategias públicas.

Esta profesora llama la atención sobre la manera en la que determinadas misiones (como mandar una persona a la luna en su momento) han dinamizado los diversos ecosistemas y redes sectoriales e intersectoriales de práctica y conocimiento con gran variedad de agentes. Misiones que sólo se entienden desde un liderazgo público en la innovación tecnológica y, posiblemente, desde un nuevo papel de los poderes públicos, apostando por versiones de la innovación social más “caracterizadas por la complejidad de su contexto social y geográfico y por el fomento de un cambio disruptivo en las relaciones de poder” (Parés y otras, 2017) y por intentar aplicar el enfoque de innovación social que Frank Moulaert y otras denominan “de desarrollo territorial” (Moulaert y otras, 2017) que apuesta por un enfoque comunitario, participativo y político.

(Fragmento final adaptado de un artículo recién publicado que puede descargarse aquí.)

Servicios sociales y economía solidaria: cuidar(nos en) el territorio

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El capitalismo informacional tiene gran capacidad para deslocalizar, desterritorializar y desmaterializar procesos y activos pero los seres humanos de carne y hueso seguimos necesitando respirar, alimentarnos, desplazarnos, cuidarnos, abrazarnos y reconocernos físicamente, ubicados en determinados entornos geográficos. Mientras segmentos sociales acomodados (más allá del famoso 1%) están cada día más desapegados del suelo, los procesos de precarización y exclusión laboral, residencial y económica generan desplazamientos forzados, hacinamiento urbano, contaminación ambiental o despoblación rural.

En este contexto, la dimensión territorial y ambiental adquiere centralidad en la lucha de clases y el conflicto social. Y cada persona, cada grupo, cada organización y cada institución se ve confrontada ante la pregunta sobre su contribución para hacer materialmente posible o imposible la vida diaria y cotidiana de las personas que están en cada barrio y en cada pueblo o que llegan a establecerse en ellos. Especialmente la de las mayorías sociales con menor capacidad de despegarse de la tierra, con mayor dificultad de cambiar de territorio, por limitaciones funcionales, económicas o de otros tipos.

Sin embargo, quizá en la conciencia acerca de esa fragilidad compartida por más y más personas podamos encontrar, justamente, una oportunidad para el encuentro transformador. Es lo que nos enseña la economía solidaria que nos habla del kilómetro cero, que promueve el fortalecimiento de transacciones de proximidad para que nuestras vidas y territorios sean más sostenibles, menos dependientes, más eficientes y menos vulnerables. También, ciertamente, ante la eventualidad de un colapso financiero, económico, ambiental, militar, sanitario, político o de otra índole, a menor o mayor escala.

Por todo ello, nuestros servicios sociales se ven invitados a superar sus tendencias excluyentes y punitivas y sus prácticas de clasificación de personas para segregarlas de sus comunidades y, más bien, se les pide desarrollar y extender modelos de política, organización e intervención social que favorezcan la autonomía funcional y las relaciones comunitarias de todas las personas (diversas sexualmente, generacionalmente, funcionalmente y culturalmente) en unos territorios rurales y urbanos a cuya sostenibilidad relacional, laboral y material deben contribuir mucho más significativamente.

(Sobre estas cuestiones debatiremos el lunes, 19 de noviembre, con Servicios Sociales Integrados, en Bilbao; el miércoles 21 en Hospitalet de Llobregat, en el congreso de la Taula del Tercer Sector; el jueves 22 en el Congreso de las Diputadas, en una jornada de Podemos; y el viernes 23, en Hernani, en una jornada de HZ. La fotografía corresponde al mercado de la calle Dos de Mayo, en el barrio de San Francisco, en Bilbao.)

¿La intervención social como ingeniería relacional?

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Si nuestro modelo de funcionamiento social, en general, y, dentro de él, el conjunto de mecanismos públicos de bienestar están en una crisis sistémica, ninguno de los artefactos técnicos u organizativos existentes en la actualidad para regular e impulsar los procesos productivos y la inclusión social puede percibirse y proyectarse a sí mismo como una realidad estable de futuro asegurado.

La intervención social que, en nuestro entorno, se practica, fundamentalmente, en los servicios sociales y, también, en otros ámbitos sectoriales de actividad y que se apoya en el conocimiento disciplinar y las tecnologías del trabajo social, la educación social o la psicología de la intervención social, entre otras, se encuentra, posiblemente, ante una disyuntiva determinante de su futuro: replegarse a funciones de control administrativo de colectivos de riesgo y de recursos racionados y condicionados para su supervivencia o reinventarse como saber y tecnología de promoción de la autonomía funcional, el empoderamiento personal, la autodeterminación vital, las relaciones primarias, la convivencia familiar y la vida comunitaria de todas las personas en el territorio.

La primera de las opciones dispone de fuertes elementos tractores, tales como: la alarma ciudadana y política ante situaciones que se presentan como de emergencia social, crecientes y de creciente gravedad; los intereses e inercias laborales o cognitivas de determinadas capas de profesionales y directivas de los servicios sociales; o interesadas percepciones, análisis y visiones estigmatizantes y simplificadoras acerca de ciertos perfiles de personas, en un contexto de incremento de la diversidad sexual, generacional, funcional y cultural.

Sin embargo, la apuesta por una intervención social y unos servicios sociales de carácter universal, preventivo, digitalizado, personalizado, relacional y comunitario tiene todos los atractivos y todas las pegas de cualquier operación de creación de un nuevo dispositivo de ingeniería social, dado que, si bien este modelo de intervención social y de servicios sociales hunde sus raíces en numerosas y valiosas experiencias y conocimientos de nuestras comunidades de práctica y aprendizaje, cuando lo proponemos, debemos, honestamente, reconocer ante la sociedad que le estamos hablando de un dispositivo, en parte, nuevo, de un cierto viaje a lo desconocido.

Una sociedad no puede afrontar simultáneamente muchos experimentos de este estilo. No podemos, a la vez, experimentar una nueva fiscalidad, instalar una renta básica, universalizar la educación infantil, cambiar el modelo de ciencia e innovación, hacer una revolución en la Administración, garantizar la sostenibilidad de las pensiones, modernizar la Justicia, darle la vuelta la política de vivienda, reindustrializar el país, repoblar los territorios vacíos, construir una nueva intervención social y unos nuevos servicios sociales y así sucesivamente. Si las gentes de la intervención social y los servicios sociales queremos oportunidades, alianzas, recursos y apoyos para esta aventurada apuesta, vamos a tener que ser muy convincentes ante muchas personas. Ese es nuestro reto.

(Sobre estas cuestiones hablaremos los días 12 y 13 de noviembre en un curso en Castellón, el día 14 en Dincat en Barcelona y el día 15 con personas de los servicios sociales y de Osakidetza en el Hospital de Basurto y en una conferencia, a las 19 horas en Arrupe Etxea, en Bilbao, organizada por la asociación Fe y Justicia. La imagen pertenece a la iniciativa Gau Irekia/Noche Abierta del barrio San Francisco, en Bilbao, de 2017. Pronto será la siguiente.)

Cinco matrioshkas para el cambio social

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Cuando queremos idear e impulsar cambios sociales a mayor o menor escala, descubrimos tanto la autonomía relativa de los planos de realidad que encontramos y construimos en diferentes niveles de análisis como la compleja relación entre ellos. A continuación vamos a proponer cinco contextos encajados a modo de muñecas rusas (Urie Bronfenbrenner) y algunas de las correspondientes preguntas críticas que nos estamos haciendo hoy y aquí como agentes de la intervención social.

En el nivel del modelo social o modelo de sociedad, fundamentalmente, nos estamos preguntando por los arreglos entre el mundo de la vida y el mundo del sistema (Jürgen Habermas), es decir, entre la esfera comunitaria de los bienes relacionales y esferas como la mercantil o la burocrática. El feminismo ha logrado romper irreversiblemente el arreglo patriarcal entre ambos mundos (Yayo Herrero), pero: ¿seguimos apostando por la centralidad del mercado laboral como mecanismo para la inclusión social o trabajamos para legitimar procesos comunitarios en los que un número significativo de personas podamos funcionar e identificarnos sin empleo?

En el nivel del modelo de bienestar social y desarrollo territorial, nos preguntamos por el tamaño, la función y el diseño del Estado (Eloisa del Pino). ¿En qué ámbitos de actividad queremos que tenga el monopolio? ¿En cuáles queremos que sea un proveedor determinante? ¿En cuáles queremos que sea fundamentalmente un regulador? ¿Cómo gestionar la inercia que hace que las políticas sectoriales ganadoras (por ejemplo las pensiones de jubilación) se lo quieran llevar todo y alentar la innovación y el aumento de escala en políticas públicas emergentes (como la de servicios sociales)?

En el nivel 3 nos preguntamos por el modelo de servicios sociales. Suponiendo que se apueste por los servicios sociales como uno de los pilares del sistema de bienestar (Manuel Aguilar): ¿Alcanzarán un posicionamiento universal como encargados de velar por la autonomía y autodeterminación de las personas en la vida diaria con relaciones primarias cotidianas de carácter familiar y comunitario (interacción)? ¿Conseguirán la iniciativa social y la economía solidaria un papel diferenciado y sinérgico en el sector de los servicios sociales superando su dinámica de fragmentación y segregación de colectivos vulnerables?

En el cuarto nivel de análisis de la realidad para el cambio social nos preguntamos por el modelo organizativo en los servicios sociales y en otros sectores de actividad y, específicamente, por fórmulas innovadoras y eficientes de integración (Ester Sarquella) vertical y horizontal de los procesos de trabajo. ¿Cómo se integran intrasectorialmente las estructuras diferenciadas para conseguir abordar los problemas y desafíos tan macrosocialmente o tan microsocialmente como sea pertinente? ¿Cómo se integran intersectorialmente las actividades e intervenciones, de modo que las personas encuentren tanto la respuesta especializada que esperan como la continuidad de la atención que necesitan?

En el nivel más micro nos encontramos con el modelo de intervención social (Joaquín García Roca): ¿Es posible un modelo que incorporare tanto la dimensión preventiva como la asistencial? ¿Puede la intervención social, a la vez, digitalizarse y recuperar el territorio? ¿Será capaz de atender personalizadamente a la complejidad de las necesidades individuales y a la construcción de relaciones significativas y equitativas en la diversidad comunitaria en dimensiones como la de género, la generacional, la funcional y la cultural? (María José Aguilar) ¿Seremos capaces de construir una comunidad de práctica y de conocimiento para la intervención social a la altura del reto histórico que tenemos delante?

(Entrada inspirada por una conversación mantenida con compañeras y compañeros de las Comisiones Obreras de Euskadi. Sobre estas cuestiones hablaremos el 5 y 6 de noviembre en un curso en Castellón, el 7 con la cooperativa Servicios Sociales Integrados, el 8 en Provivienda y en una jornada comunitaria en la Universidad Complutense de Madrid y el 9 en el congreso de Eusko Ikaskuntza.)

Cinco claves para una oferta de valor desde los servicios sociales

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Las personas con responsabilidades técnicas y directivas en nuestros servicios sociales son cada vez más conscientes, seguramente, de la creciente competencia (por el aprecio de la ciudadanía en la respuesta a determinadas necesidades) que han de mantener con otros sectores de actividad cómo, por ejemplo, el sanitario, el del trabajo doméstico, el de la seguridad o el educativo. A la vez, parece ir creciendo la conciencia de qué la base para el éxito en dicha dinámica competitiva residirá, fundamentalmente, en qué los apoyos (cuidados, productos, aplicaciones, intervenciones, prestaciones, experiencias) qué ofrezcan los servicios sociales aporten un mayor valor a las personas y sean percibidos cómo más valiosos por parte de la población. Para ello, posiblemente, dichos apoyos habrán de ser cada vez más:

  1. Elegibles. Es decir, identificables, diferenciables y reconocibles para las personas. Seguramente, la oferta de los servicios sociales ha de huir cada vez más del lenguaje técnico o administrativo para ser presentada de forma más comprensible para las personas a las que se dirige. Porque, cada vez más, deberemos ser las personas las que decidamos, con mayor libertad, los cuidados personales que deseamos recibir, las actividades comunitarias en las que deseamos participar o las aplicaciones para la interacción que deseamos instalar.
  2. Personalizables. El acompañamiento social para reconfiguración de unas relaciones familiares, la ayuda personal para la realización de las actividades de la vida diaria o la prescripción de un producto de apoyo qué facilite el desenvolvimiento cotidiano se habrán de realizar, cada vez más, sobre la base de una valoración o diagnóstico individual y compartido qué permita el ajuste flexible a las características y deseos de cada una de las personas. Resulta cada vez más intolerable la homogeneidad, la imposición tecnocrática, la ausencia de asunción y cuidado de la diversidad y la falta de respeto por las preferencias individuales existentes en no pocos de nuestros servicios sociales.
  3. Integrables. La creciente complejidad de las demandas y procesos sociales obliga a diseñar apoyos capaces de integrarse intra e intersectorialmente con otros muchos y diversos, de modo que se facilité la proximidad y continuidad en la intervención. Así, por ejemplo, hemos de ser capaces de diseñar los cuidados personales (presenciales o virtuales) de tal modo que, excepcionalmente, puedan ofrecerse dentro de un paquete integrado intrasectorialmente con alojamiento (en un servicio social de carácter residencial) o intersectorialmente con la oferta de alojamiento que se haga desde el sector de la vivienda (como modelo más habitual).
  4. Evaluables. La evaluación, incorporada de forma cada vez más esbelta y automática en los procesos de intervención, aumentará nuestra capacidad de determinar y mostrar la evidencia de los efectos que tienen los apoyos en la interacción de las personas, es decir, en su autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias, sin olvidar el impacto o efecto indirecto en otras áreas de la vida de la persona, como puede ser su situación de salud, laboral, económica o habitacional.
  5. Prescindibles. Sí bien la cronicidad de determinadas situaciones aconsejará el mantenimiento a largo plazo de determinados productos, cuidados, actuaciones o, en general, apoyos, dentro de los servicios sociales, la norma general deberá ser que dichos apoyos se retiren en la medida en qué el desarrollo de la autonomía y autodeterminación o de los soportes relacionales primarios de las personas en su vida cotidiana lo permita.

Desde cada lugar concreto de nuestros servicios sociales podemos preguntarnos en qué medida los estamos pensando y produciendo como apoyos elegibles, personalizables, integrables, evaluables y prescindibles (o elegidos, personalizados, integrados, evaluados y, finalmente, retirados) y, si o es así, en qué medida constituyen una oferta atractiva para las personas de nuestras comunidades y una herramienta eficiente para contribuir significativamente a la sostenibilidad de la vida en nuestros territorios.

(Este esquema de cinco claves está entre los preparatorios del curso “Gestión de cambios estratégicos en los servicios sociales de proximidad” que realizaremos en Castellón los días 5, 6, 12 y 13 de noviembre de 2018.)

Los cuidados como eje para la transformación de las políticas sociales

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Para que la intervención social –denominando así la actividad operativa que se realiza en los servicios sociales– pueda cumplir su función de protección y promoción de la interacción, será necesario que, además –en su caso– de los cuidados profesionales, la persona usuaria o destinataria se beneficie de otras prestaciones, apoyos o actividades más complejas y basadas en conocimiento más sofisticado como la evaluación de los efectos de la intervención o actividades dirigidas a desencadenar cambios en los comportamientos de las personas o en las dinámicas familiares. Así, la prestación de servicios sociales puede conllevar cuidados profesionales, pero, necesariamente, los contendrá como parte de un proceso más complejo basado en un conocimiento o cualificación más sofisticada (y científica) de suerte que los cuidados profesionales se brinden de modo que tengan los mayores y mejores efectos que sea posible en la interacción de la persona.

Obviamente una persona puede comprar cuidados profesionales –sin más– en el mercado, del mismo modo que puede automedicarse con determinados fármacos o adquirir un libro de contabilidad para aprender dicha materia, si no se ve la necesidad y el valor del diagnóstico, prescripción e intervención profesionales sobre la base del conocimiento (compatibles –por cierto– con el ejercicio de la autonomía moral y consiguiente capacidad de decisión, elección o consentimiento informado por parte de las personas usuarias). Lo que se quiere decir aquí, en todo caso, es que la decisión sobre los cuidados profesionales que debe recibir una persona pertenece –como la decisión sobre si debe operarse de apendicitis o aprender la tabla del siete– al ámbito de su autonomía moral y capacidad de decisión (o la de quien le represente legítimamente), pero que dicha decisión –como las otras evocadas– puede y –bajo ciertas premisas y en determinados contextos– debe ser objeto de prescripción facultativa sobre la base de un diagnóstico profesional basado en el conocimiento que permita establecer los mejores ajustes entre cuidado profesional, autocuidado y cuidado primario y, en definitiva, alcanzar la mejor interacción y bienestar.

Por otra parte, si miramos la evolución de otros sectores de actividad cabe suponer que es grande el recorrido que podrían tener los servicios sociales en la incorporación de productos de apoyo (ayudas técnicas) y nuevas aplicaciones, plataformas y, en general, tecnologías, lo cual, en principio, podría aportar novedades en términos de empoderamiento individual y diversificación de formas y formatos de relación entre las personas (Carretero, 2015). Sólo, sin embargo, en el marco de un sector de actividad y de un sistema público robusto, tanto desde el punto de vista ético como técnico, cabe esperar que ese imprescindible desarrollo tecnológico se oriente a la sostenibilidad relacional y la humanización de la vida y no a “asegurar y monitorizar el aislamiento, a través de la producción de una socialidad mínima y latente” (Sánchez Criado, 2012: 408). Lo cual, seguramente, sólo será posible desde un fuerte liderazgo político e innovación pública, como ha sucedido o está sucediendo en muy diversos sectores de actividad (Mazzucatto, 2016).

Como ha señalado Adelina Comas, una necesidad o contingencia que, como es el caso de necesitar cuidados, puede acarrear costes “catastróficos” (Comas y otras, 2012: 258) no puede ser considerada y tratada como un riesgo individualmente asumible. Posiblemente, hoy y aquí, las limitaciones y disfunciones de la respuesta de los servicios sociales a este reto, aparte de generar y agravar sufrimientos humanos, están repercutiendo en crecientes costes y perversiones en el sistema sanitario y a un uso crecientemente irracional de los patrimonios económicos e inmobiliarios de millones de personas, en ese modelo de bienestar en crisis sistémica. De ahí la necesidad de “un nuevo relato para los servicios sociales” (Santos, 2012) y de ahí la centralidad de los cuidados y de su abordaje desde unos renovados servicios sociales (preventivos, personalizados y comunitarios), integrados intersectorialmente con la sanidad, las políticas de vivienda y otras, en la transformación de las políticas sociales hacia un nuevo modelo social para la sostenibilidad de la vida.

(Fragmentos finales de un artículo de reciente publicación, que puede descargarse completo aquí.)

Intervención comunitaria, consultoría de acompañamiento y compromiso político

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En el ámbito de los servicios sociales, como en cualquier otro sector de actividad profesionalizado y complejo, emergen personas y organizaciones dedicadas a la consultoría, entendida, en general, como apoyo temporal para el funcionamiento y estructuración de intervenciones, organizaciones o políticas; labor con un posicionamiento peculiar en las dinámicas y redes de práctica y conocimiento, diferenciado de (y complementario con) el de los agentes responsables de dichas intervenciones, organizaciones o políticas y el de los centros académicos, de estudios o de investigación.

Consultoras y consultores sociales con imbricación comunitaria parecerían compartir algunos rasgos o aspiraciones, posiblemente, en su manera de vivir el acompañamiento a equipos y de comprometerse con misiones sociales. Nos gustaría, ciertamente, creer que las horas de roce y rozamiento militante y paciente en y con las vulnerabilidades comunitarias han forjado un estilo de apoyo a (o en) las organizaciones respetuoso con sus ritmos y proyectos, a la vez que capaz de captar la vibración que sugeriría el surgimiento de una oportunidad para el cambio, el giro o el impulso significativo. Nos agradaría, también, sentir que acertamos (alguna vez al menos) con la medida del necesario distanciamiento frente a nuestras interlocutoras y el éticamente insoslayable compromiso con sus causas: deseamos vernos y ser vistas (también cuando hacemos de consultoras) como agentes políticas, que añaden valor en procesos colectivos de transformación social inclusiva.

¿Qué mochila de saberes y herramientas útiles conservará consigo la ingeniera de telecomunicaciones, el agricultor ecológico o la cirujana cardiovascular que den el salto a la consultoría? Seguro que no es pequeña. Las personas dedicadas a la intervención social que nos reinventamos, con la marca que sea, como consultoras, cuando miramos nuestra mochila, podemos, seguramente, identificar una mezcla de viejos y queridos saberes propios de nuestro ámbito sectorial con herramientas comunes y compartidas con otras profesionales de la consultoría de ramas de actividad distintas o transversales entre éstas. Hoy y aquí, algunas personas y organizaciones, desde nuestro compromiso con los servicios sociales, nos sentimos parte de un fraternal archipiélago que late en claves de procomún colaborativo, economía solidaria o innovación comunitaria.

Sea como fuere, nuestra actividad de consultoría social, como todas seguramente, requiere momentos de replegarnos, cuidarnos, contrastarnos, nutrirnos, formarnos, identificarnos. A la vez, sólo cobra sentido como subsistema de un sistema mucho más amplio, que nos reta, nos renueva y nos orienta. Y, en última instancia, lejos de ser un cobijo seguro, es más bien una forma de modesta búsqueda, desde la común fragilidad, en estos tiempos apasionantes y vertiginosos que nos ha tocado en suerte vivir.

(En agradecimiento a Marta Ballester, Clàudia Manyá, Elena Masanas y Guiomar Vargas, por su invitación a una primera conversación compartida, en la que se inspira esta entrada. La fotografía corresponde a una actividad comunitaria en el barrio de San Francisco, en Bilbao.)

Zahartzea, ugalkortasuna, menpekotasuna eta familia Euskal Herrian

Eusko Ikaskuntza

2017an, Euskal Herriko biztanleriaren zahartze-mailak beste maximo historiko bat izan zuen: 64 urtetik gorako 130 pertsona, 16 urtetik beherako 100 pertsonako. Europako batezbestekoa (108) handiagoa da. Prozesu hori hurrengo hamarkadan areagotu egingo da, baby boom fenomenoko belaunaldia 65 urteko adinera iristean. Mendekotasun funtzionala (beste pertsona batzuk zaintzea edo haiei antzeko laguntzak ematea) duten pertsona gehienak adinekoak dira: EAEn, mendekotasun funtzionaleko egoeran dauden 10 pertsonatik zazpik 65 urte edo gehiago dituzte.

Bestalde, ugalkortasun-tasa (15 eta 49 urte bitarteko 1.000 emakumeko jaiotako pertsonak) lau puntu txikitu zen Espainian 2009tik 2016ra bitartean (42,6tik 38,5era), eta Euskal Herrian eta Europar Batasunean, berriz, ia ez zen aldatu (azken datuen arabera, 40,2 izan zen Euskadin eta 44,5 Europan). Euskadin, 2016an, espainiar nazionalitateko emakumeen ugalkortasuna 36,54 izan zen, eta atzerriko nazionalitateko emakumeena, berriz, 79,39. EAEko ugalkortasunari buruzko datuak positibo samarrak dira, urte hauetako krisi ekonomikoaren testuinguruan. Eta hori, adituen ustez, beste lurralde batzuetakoa baino gizarte-babeseko sistema hobea izatearen ondorioa da.

Dena den, esan bezala, biztanleriak zahartzen jarraitzen du, eta haur guztiek arreta behar badute ere (eta haien kopurua txikitzen ari da), biztanleriaren zahartzeak ondorio hau izango du: zainketak behar dituzten pertsonen kopurua handiagoa izango da zainketa horiek emateko ahalmen funtzionala duten pertsonen kopurua baino. Bestalde, proportzio hori ez da Euskal Herriko lehen mailako zainketen eskasia eragiten duen elementu bakarra; izan ere, demografiaren egituran eta dinamikan ez ezik, senar-emazteen arteko, familiako eta komunitateko harremanen egituran eta dinamikan ere aldaketak ari dira gertatzen.

Horrenbestez, esate baterako, lan-adinean dauden (16-64 urte) emakumeek % 69,9ko parte-hartzea izan zuten lan-merkatuan, 2017an. Datu horiek argi eta garbi adierazten dute emakumeek ordaindutako enpleguari uko egiteko eta zainketetan jarduteko gizarte-araua pixkanaka atzean geratzen ari dela. Hala ere, Euskadin, EUSTATen 2015eko datuen arabera, etxetik kanpo lan egiten zuten emakumeek 4,9 ordu eman zituzten 15 urtetik beherako seme-alabak zaintzen, eta gizonek, berriz, 3,1 ordu. Funtzionalki mendekoak diren pertsonen zainketa aztertuz gero, desberdintasunak bere horretan jarraitu zuen: gizonek 1,5 eman zuten egunero, eta emakumeek, 2,3 ordu. Argi dago gizonek ez dutela euren gain hartu emakumeek utzitako zainketa-lanaren zatia.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko familien eta familia-etxeen inkestaren arabera, familien % 25ek soilik dituzte haurrak edo nerabeak, eta, horrez gain, beste % 25 pertsona bakarreko familiak dira. Hala, Euskal Herrian, biztanleriaren % 12,7 bakardadean bizi da; ehuneko hori % 22,2koa da 64 urtetik gorakoen artean. SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroaren azterketek jakitera ematen dute familia-politiketan familia-ikuspegia zeharka erabiltzea ez dela eraginkorra, eta, horrez gain, familia-arrazoiengatiko zerga-kenkariak lau aldiz handiagoak direla zuzeneko familia-prestazioak baino; gainera, diru-sarrera gehiago izateagatik errenta-aitorpena egin behar dutenek soilik lortzen dute kenkarien onura. Familiak babesteko politiken ahuleziaren adibide bat baino ez da.

(Eusko Ikaskuntzak bultzatutako liburu berderako ekarpenaren zatia.)