Otra historia del bienestar

expósitos

Como sabemos (ver entrada anterior) Lucio vino al mundo ayudado por las mujeres de su familia, Flortxu lo hizo con la partera comunitaria de Zalla, Fernando nació en una clínica privada y Marta en la sanidad pública, en estos dos últimos casos con asistencia médica y otras sanitarias. Reconstruyamos ahora otra saga familiar de personas que nacieron, más o menos, a la vez que estas cuatro que conocimos ayer y no muy lejos de ellas.

María Bilbao nació a finales del siglo XIX en un “refugio para mujeres marginadas” regentado por la orden de Nuestra Señora de la Caridad y del Buen Pastor en Bilbao. Su madre practicaba la prostitución en el barrio de San Francisco, en esa ciudad. Fue asistida por una monja enfermera bien formada y notablemente experimentada para esa tarea. Después de nacer, esta misma institución religiosa se hizo cargo de sus cuidados, aunque no por muchos años, por diferentes razones. En los años treinta del pasado siglo, María dio a luz a Juan, Juan Bilbao. Lo hizo (previa comprobación de su condición de vizcaína, soltera y carente de recursos) en la Casa de Maternidad, establecimiento municipal, abandonándolo en la aledaña Casa de Expósitos, regentada por la Diputación, que se encargaba de los hijos considerados “ilegítimos” (según el reparto de competencias establecido por la normativa española sobre la Beneficencia). Desde 1924, por cierto, se habían diferenciado, por su especialidad, el médico ginecólogo que atendía a las parturientas, en la Maternidad, y el médico puericultor, que atendía a los “expósitos”. Juan trabajó duro desde muy joven y se casó en los años cincuenta del siglo XX con Elena Ajuria. En los años sesenta del pasado siglo nació Ana Bilbao Ajuria, su única hija, en la Residencia Sanitaria Enrique Sotomayor (denominación que tenía entonces el actual Hospital Universitario de Cruces, dado que, en aquel momento, el término “hospital” se asociaba a la Beneficencia, para personas “indigentes”). Elena y Ana recibieron esa atención médica y, en general, sanitaria gracias a las cotizaciones a la Seguridad Social, pública, de Juan y de la empresa para la que trabajaba. En los años noventa del pasado siglo Ana Bilbao Ajuria tuvo a su primer hijo, Iker, en el Hospital de Cruces, hospital público, universal y gratuito, del Servicio Vasco de Salud, dotado de los recursos humanos y tecnológicos más avanzados.

Son muchas las reflexiones que cabe hacer si comparamos estas dos historias familiares pero la que ahora nos interesa tiene que ver con la relación entre la actual sanidad pública y los actuales sistemas públicos de servicios sociales en España. Por ejemplo, en la actual Osakidetza podemos acceder, de forma universal y gratuita, al Centro de Salud de Santutxu, de atención primaria (cuyo edificio es el de la Casa de Expósitos de la que hemos hablado) o al hospital universitario público en el que se ha convertido la “residencia sanitaria” de la Seguridad Social (en aquel momento con forma de prestación contributiva, no universal) a la que nos hemos referido. Cabe entender que los avances de las ciencias y tecnologías de la salud, junto a otros factores, han contribuido a acotar el ámbito de los servicios sanitarios y a impulsar su universalización, por la percepción generalizada de su valor añadido para la calidad de vida de las personas, entre otras razones.

En nuestros servicios sociales públicos, al igual que en nuestros sistemas de salud, también encontramos trazas de aquella Beneficencia pública que asistió en el parto a María Bilbao (por cierto, con una atención sanitaria más cualificada profesionalmente y de mayor base científica que la que recibió Flortxu de su partera comunitaria en la misma época). Más aún, los servicios sociales pueden ser vistos como el resto que queda cuando, de la Beneficencia, salen (por desarrollo técnico y universalización política) los servicios sanitarios, los educativos u otros. Ciertamente, nuestros actuales sistemas públicos de servicios sociales no sólo heredan estructuras de la Beneficencia (transformada en su momento en Asistencia Social) sino también servicios sociales de la Seguridad Social. Sin embargo, en buena medida, siguen realizando una labor de comprobación administrativa de situaciones de exclusión que dan acceso a prestaciones que no podemos considerar universales y que no son consideradas como valiosas por y para el conjunto de la población (como hizo la Casa de Maternidad con María Bilbao).

Seguramente, y aquí se acaba esta reflexión, la acotación del ámbito (objeto y perímetro) de los servicios sociales (y de otros) y el avance del conocimiento en las ciencias y tecnologías de la intervención social son dos factores que se potencian mutuamente y, a la vez, son condición necesaria, aunque no suficiente, para la universalización de los servicios sociales. A la vez, esta acotación y universalización de los servicios sociales nos obliga a idear, experimentar y desarrollar nuevas formas, basadas en la evidencia científica y el enfoque de derechos, para la atención comunitaria e integrada de las situaciones de complejidad y para la sinergia entre los distintos tipos de agentes (comunidad, Estado, tercer sector y mercado).

(Segunda parte de la narración utilizada en Vic (Osona) el 20 de marzo de 2019. La imagen corresponde al jardín de la Casa de Expósitos de Bilbao de la que se habla en la entrada.)

Una historia del bienestar

bebé

Mi abuelo, Lucio Azcoaga, nació en Sestao a finales del siglo XIX. Nació en su casa. Mi bisabuela, a la que nunca conocí, fue ayudada por su familia en el momento de dar a luz. La atención al parto, en ese caso, fue un bien relacional. Los conocimientos, capacidades o actitudes que se manifestaron en el momento del feliz alumbramiento de Lucio y que contribuyeron a que naciera bien se habían coproducido, en buena medida, mediante relaciones familiares extensas. Las personas que andaban por allí habían visto muchos partos de seres humanos y otros animales. Una sororidad de cuidados formada por mujeres emparentadas con mi bisabuela (su madre, sus hermanas, su tías, sus primas) se confabularon en torno a ella y hermanaron sus saberes, afectos y habilidades antes, durante y después de ese momento especial.

Flortxu Azcoaga, mi madre, nació en Zalla en los años treinta del siglo pasado. Mi abuela fue atendida en el parto por Carolina Renobales, partera del pueblo. Cuando Carolina cumplió cien años, casi ya en este siglo, recibió el homenaje, reconocimiento y cariño de cientos de personas que, en Zalla, habían sido recibidas por ella en su llegada a este mundo. Carolina, sin duda, era toda una institución en Zalla: un bien común. De forma voluntaria y gratuita acudía a las casas cuando una mujer de la localidad se ponía de parto. Obviamente era frecuente que recibiera expresiones de agradecimiento en forma de productos de la huerta o huevos de las gallinas de la casa. La propia comunidad, al conferirle y reconocerle su papel la fue convirtiendo en la gran comadrona experta que fue.

Yo me llamo Fernando Fantova Azcoaga. Nací en Bilbao en los años sesenta del pasado siglo. Vine a esta tierra en una clínica privada: en la clínica del doctor Aranguren, médico titulado que, personalmente, me estaba esperando y ayudando a nacer. Mi familia no tuvo que costear directamente el precio por esa atención sanitaria porque el Banco Hispano Americano, en el que mi padre trabajaba, tenía previsto hacerse cargo, como hizo, de tal pago. Si mi padre hubiera trabajado como autónomo en una tienda de ultramarinos habría adquirido con su propio dinero ese bien privado que, en este caso, fue la atención a mi nacimiento. De cualquier modo, fue el empleo remunerado (en dinero o en especie) el que posibilitó a mis progenitoras acceder al mercado de servicios sanitarios para obtener la asistencia necesaria para el nacimiento de su primogénito.

Marta, mi segunda hija, nació, como Sara, la primera, en el Hospital de Cruces, hospital público perteneciente a Osakidetza, Servicio Vasco de Salud. Una médica, especialista en ginecología vía MIR (médica interna residente) y una enfermera matrona, entre otro personal sanitario, ayudaron a Ana, mi pareja, a dar a luz. La niña “hizo” (según esa expresión tan del gusto del estamento médico) un neumotórax y fue ingresada nada más nacer en la zona de cuidados intensivos de neonatología, con tecnología avanzada y protocolos de atención profesional basados en la evidencia, de donde salió en pocos días en perfecto estado. Este valioso conjunto de procesos de atención fue disfrutado por nuestra familia como un bien público, gratuito, al que teníamos derecho ciudadano universal.

Antes o después, me gustaría tener nietos y nietas, pero la verdad es que no soy capaz de anticipar en qué régimen institucional y con la ayuda de qué tipo de saberes podrán venir al mundo. No sé el papel que, en sus cuidados, tendrán el Estado, la comunidad, el tercer sector o el mercado; ni cuánto se beneficiarán del saber experto, de la sabiduría moral, de la tecnología o del conocimiento científico. Continuará.

(Narración, basada en hechos reales, utilizada ayer en Vic (Osona) en una sesión de trabajo con personal sanitario y de los servicios sociales.)

Transformación estratégica de los sistemas de servicios sociales

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Los sistemas de servicios sociales, como cualquier sistema, tienen un funcionamiento ordinario e inercial, que, utilizando los recursos disponibles, desencadena una serie de efectos en sus personas destinatarias y entornos. Mediante dicho funcionamiento regular, los sistemas pueden mejorar su funcionamiento o pueden deteriorarse, llegando a colapsarse, fragmentarse o destruirse. Los subsistemas políticos o de gobierno de los sistemas de servicios sociales (no solos) tienen como principal función la reflexión, evaluación, planificación y actuación estratégica para la transformación cualitativa y estructural de los sistemas, de modo que se conjuren esos riesgos y los sistemas puedan configurarse de modo cada vez más idóneo, eficaz, eficiente y pertinente.

Sea como fuere, en los procesos de gobernanza, gestión y actuación estratégica no siempre resulta fácil identificar las relaciones causa-efecto. No siempre resulta fácil escoger unas u otras entre herramientas como las de la regulación normativa, la de la inversión en cobertura o abaratamiento de los servicios existentes, la de la apuesta por la innovación, la de la gestión de recursos humanos, la de la gobernanza multinivel y participativa u otras. Y no siempre resulta evidente en qué subsistema o entorno tendrá consecuencias, en cada momento, la elección y utilización de una u otra de esas herramientas: qué impacto tendrán, por ejemplo, en el posicionamiento ante la ciudadanía, en la satisfacción de las personas usuarias, en la implicación del personal, en el gancho electoral, en el ahorro de costes, en la consecución de recursos, en la mejora de la calidad de la atención y así sucesivamente.

En estos momentos los subsistemas políticos de los sistemas de servicios sociales, posiblemente, deben identificar que la respuesta a los retos que tienen delante los sistemas de servicios sociales depende más bien de los subsistemas de conocimiento y concretamente de las disciplinas científicas (o de base o vocación científica) directamente relacionadas con las profesiones más presentes en los servicios sociales. Disciplinas que, lamentablemente, están muy de espaldas unas a otras, en las que hay un notable divorcio entre la academia y las organizaciones en las que sucede la intervención social y que presentan una dinámica pobre de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en las prácticas de intervención social. El subsistema de gobierno debe, seguramente, utilizar regulaciones, recursos e interlocución para dinamizar el subsistema de conocimiento y, específicamente, la colaboración entre agentes portadores de los diferentes tipos de conocimiento: ético, científico, tecnológico y práctico. Es como el subsistema político que decidió mandar una persona a la Luna, que no tenía el conocimiento y la tecnología disponible para hacerlo y tuvo que impulsar su creación.

En realidad sabemos que, posiblemente, serán los subsistemas profesionales los que empujarán y orientarán a los subsistemas políticos. Para ello han de apoyarse en una buena organización y gestión, en procesos de integración vertical y horizontal digitalizada de los sistemas de servicios sociales y en procesos de diferenciación, visibilización y potenciación de las actividades de mayor valor añadido propio y específico de los servicios sociales, que contribuyan (junto con una buena gestión de la información, las relaciones y el posicionamiento) a que más segmentos (también generacionales) de la ciudadanía aprecien los servicios sociales por su contribución a la promoción y protección de la interacción de todas las personas, es decir, de su autonomía funcional y autodeterminación para la vida diaria en relaciones familiares y comunitarias. Dicho de otra forma: en su intervención y gestión cotidianas, las personas con responsabilidades técnicas y de gestión en las administraciones públicas y el tercer sector de los servicios sociales deben hacer creíble ante el subsistema político que construir los nuevos servicios sociales para la sostenibilidad autónoma y relacional de la vida en el territorio es una misión tan factible, importante y exigente, precisamente, como fue la de mandar una persona a la Luna.

(A partir de trabajos de la semana pasada con el Gobierno de Navarra, Podemos, el Gobierno de Cantabria, el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, Servicios Sociales Integrados, Dincat, el Seminario de Intervención y Políticas Sociales, la Universidad del País Vasco, el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao y el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de España y de cara a encuentros con el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de Asturias, el Consell Comarcal de Osona, Colaborabora, Korapilatzen y la Red Española de Política Social en esta semana.)

Malentendidos sobre la dependencia

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No cabe duda de que la dependencia funcional, entendida como situación personal de importante necesidad de ayuda externa para la realización de determinadas actividades, es un fenómeno muy relevante tanto en la existencia individual como para la vida social. Esta situación es compartida por todos los seres humanos en los primeros años de vida, a algunos los acompaña para siempre y el resto puede verse inmerso en ella en unos u otros momentos o períodos de su trayectoria vital. Sin embargo, el abordaje de las situaciones de dependencia desde las políticas públicas y las dinámicas sociales en nuestro país se ve distorsionado, posiblemente, por una serie de malentendidos que podemos observar analizando la legislación, las estrategias y el discurso al respecto.

Así, en primer lugar, cabe señalar que, frecuentemente, se presenta la dependencia como una situación estática en la que se está o no se está (que, se diría, existe cuando se reconoce administrativamente). Sin embargo, sabemos que la dependencia funcional es un fenómeno dinámico y cambiante, complejo y diverso. La dependencia admite muchas intensidades o gravedades y puede aparecer súbitamente o progresar lentamente. Por otra parte, son muy diferentes las situaciones de dependencia en función de los órganos o funciones involucradas y de las interrelaciones entre las funciones y actividades afectadas. Por ello, la respuesta que demos a una situación de dependencia debe ser necesariamente flexible y fácilmente adaptable y modificable (obviamente, sin requerir necesariamente trámites administrativos).

En segundo lugar, pareciera que la dependencia es algo que tiene el individuo, que le sucede al individuo; un fenómeno que podemos valorar evaluando a la persona aislada de su entorno. Sin embargo, los marcos de referencia y la evidencia acumulada acerca de estas situaciones humanas las identifican como eminentemente interactivas: la dependencia (la misma palabra lo dice) es una relación entre una persona y unos entornos (físicos, relacionales o de otra índole) y tan necesario es actuar con las personas como con sus entornos, que son enormemente relevantes para el desencadenamiento y evolución de las situaciones de dependencia funcional de las personas.

En tercer lugar, se diría que el pensamiento predominante sobre la dependencia en nuestro país se orienta mucho más a la actuación cuando la dependencia se ha presentado que a su evitación o prevención. Dicho de manera más descarnada, tenemos más bien dispositivos para cuando la situación se  ha agravado y complicado mucho. Ante esto debemos insistir en que la dependencia funcional es prevenible y que es mucho y muy valioso y rentable lo que se puede o se podría hacer en términos de prevención primaria (para que no llegue a presentarse el riesgo de dependencia), secundaria (para que el riesgo o vulnerabilidad no lleve a la situación de dependencia) o terciaria (cuando aparecen los primeros signos de fragilidad o limitación).

En cuarto lugar diremos que la dependencia se visualiza mayoritariamente como un fenómeno irreversible. Sin embargo, el pensamiento correcto es el contrario. Las situaciones de dependencia funcional son, en mayor o menor medida, abordables, transformables, compensables o reversibles mediante la provisión de diferentes tipos de cuidados, productos, apoyos o intervenciones. Y es la no actuación o la actuación insuficiente o equivocada la que, frecuentemente, contribuye de manera determinante a la consolidación y agravamiento de la dependencia de muchas personas y al desempoderamiento y desorientación de éstas.

Y el último error o sesgo que cabe identificar es el de considerar a la dependencia como un asunto que concierne a una rama, sector o sistema de actividad, como puede ser el de la garantía de ingresos para la subsistencia o el de los servicios sociales o, peor aún, entender que la dependencia es o debe ser cosa de un sistema o ámbito (vertical o sectorial) específico de “atención a la dependencia”. Por el contrario, es bastante evidente que la dependencia es y debe ser vista y tratada como un asunto transversal que interesa a los servicios sociales, a los sanitarios, a las políticas de vivienda, al ámbito del empleo, a la garantía de ingresos para la subsistencia y así sucesivamente. La prevención y atención de las situaciones de dependencia necesita apoyarse en todos los pilares sectoriales y llama a la integración intersectorial entre todos ellos, en aras de un abordaje centrado en las personas.

Evidentemente el reto de la dependencia en nuestro país requiere compromiso político y presupuestario para el desarrollo y la mejora de una batería de estrategias e intervenciones y reclama también compromiso comunitario y solidario para la construcción de una comunidad sostenible, entre otras cosas. Pero todo ese esfuerzo tiene los pies de barro si no lo apoyamos en una comprensión adecuada del fenómeno, basada en el conocimiento, que supere estos lugares comunes, mantras, sesgos y malentendidos tan frecuentes.

Tres pistas para los servicios sociales en el territorio

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Cabe identificar tres pistas estratégicas para las personas con responsabilidades técnicas y políticas en el día a día de los servicios sociales en este momento de su historia en nuestro entorno. Pistas en el sentido de señales que nos pueden indicar el camino a seguir. Tres pistas entendidas, también, como las tres pistas de un circo, como tres dinámicas simultáneas que hemos de mantener en un “más difícil todavía“. Serían, también, tres pistas de audio con diferentes sonidos que, convenientemente mezcladas, podrían conjugarse en una melodía conjunta y atractiva.

La primera pista es la del abordaje integrado de casos complejos. Por su origen histórico, por la diversidad de prestaciones que se les encomienda y por otras razones, llegan a los servicios sociales personas con demandas complejas, con situaciones graves de limitación o exclusión en diferentes ámbitos, como el económico, el laboral o el habitacional, que, en principio, debieran tener respuesta por parte de otros sistemas. En muchas ocasiones, por razones éticas, jurídicas, políticas, técnicas o de otra índole, debemos hacernos cargo de estas situaciones, adquiriendo un notable protagonismo. A la hora de hacerlo, sin embargo, podemos intentar:

  • Visualizar, valorizar, potenciar y visibilizar la parte de la actuación en la que aportamos nuestro valor añadido específico. Aunque estemos entregando recursos para la subsistencia material o de carácter habitacional, por ejemplo, podemos pensar y estructurar nuestra intervención de modo que el eje, centro o núcleo sea, en la medida de lo posible, el apoyo a la autonomía funcional y autodeterminación de las personas en sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario y que se mezclen o confundan lo menos posible esta parte que nos corresponde y las otras partes.
  • Establecer, en el territorio, relaciones con otros sectores o sistemas (salud, vivienda, empleo, educación u otros), de modo que vayamos logrando redefinir los respectivos papeles en el abordaje de los casos complejos y pasando de una subsidiariedad de los servicios sociales como última red a una complementariedad entre sectores coherente con el objeto de cada uno de ellos.
  • Articular un discurso coherente que explique lo que hacemos. Si una profesional de los servicios sociales ha de acompañar físicamente a una persona a su centro de salud, en lugar de relatar que estamos haciendo el trabajo que tendría que hacer el servicio sanitario, cabe entender que estamos ofreciendo complementación y activación en la autonomía de la persona para actividades de la vida diaria. Y que también le acompañaríamos, quizá, si fuera a la ferretería a comprar un martillo.

La segunda pista es la de los servicios sociales universales, es la de aquellas intervenciones, cuidados, programas y apoyos en las que, efectivamente, entregamos el valor añadido que nos corresponde como agentes de intervención social. Se trataría de diseñarlos y ofrecerlos para que sean percibidos, cada vez más, como útiles para cualquier tipo de persona, para que nos posicionen, cada vez más, ante segmentos sociales que tradicionalmente han pensado que los servicios sociales no son para ellos. En esta segunda pista parece fundamental potenciar la parte más preventiva, poblacional, transformadora y proactiva de nuestras actuaciones e integrar verticalmente el sistema público de servicios sociales para contar, cada vez más, con masa crítica de esa atención primaria resolutiva que, más que derivar al nivel llamado especializado, ofrece planes, cuidados, productos y apoyos asequibles y competitivos para la vida sostenible en el territorio y en la proximidad y diversidad comunitaria. Para esto resultaría fundamental fortalecer el conocimiento mutuo y la alianza estratégica entre las estructuras y profesionales de la administración pública territorializada y las organizaciones del tercer sector de acción social presentes en las comunidades. A la vez, parece crítico incrementar la capacidad de diagnóstico, estratificación y prescripción basadas en el conocimiento y la evidencia, así como la gestión proactiva de la demanda, aplicando incentivos propuestos, por ejemplo, por la economía del comportamiento.

La tercera pista es la de la innovación tecnológica y social. Se trataría de tomar conciencia de que nuestra oferta, además de ser dramáticamente insuficiente, se está quedando, en muchos casos, obsoleta y alejada de las expectativas, preferencias y deseos de la mayoría de la población. Las personas con responsabilidades profesionales y políticas en el ámbito de los servicios sociales somos, sí o sí, protagonistas en la redes de conocimiento ético, práctico, técnico y científico y nuestros servicios sociales han de ser fuente de información y conocimiento y banco de pruebas para la innovación, tanto en el aspecto metodológico o tecnológico, que permita desarrollar nuevos programas y aumentar la escala de buenas prácticas, como en el terreno social, posibilitando nuevas sinergias entre diferentes dinámicas y agentes que, en el territorio, contribuyen a la sostenibilidad autónoma y empoderamiento de nuestras vidas en el seno de relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. Los servicios sociales no pueden dejar pasar la oportunidad que, para nuestras intervenciones preventivas, cuidados relacionales, apoyos empoderadores y dinámicas participativas, representan la conectividad de las redes sociales, la robotización, los macrodatos, el internet de las cosas, las plataformas colaborativas y la inteligencia artificial distribuida.

( Contenidos coproducidos en los servicios sociales de Vilafranca del Penedés y de la comarca del Alt Penedés.)

Reencuentro en Vilafranca (relato breve sobre destrucción creativa)

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Pablo, María, Eduardo y Gloria están cenando, un día de 2019, en la casa en la que se criaron a mediados del pasado siglo y están recordando una cena similar, compartida en 1979, después del fallecimiento, con pocos días de diferencia, de Elvira y Joan, madre y padre de Gloria, Eduardo, María y Pablo. También de José, que estuvo en 1979 y no está en 2019. Conversan sobre los cambios en su vida y en sus entornos en estos últimos cuarenta años.

En 1979 Pablo llegó a la cena vistiendo su sotana recién planchada por una empleada doméstica del convento en el que vivía. Pertenecía a una congregación religiosa masculina con miles de miembros en activo en todo el mundo, dedicada a la educación y atención de la infancia. Pablo abandonó la congregación y dejó de ser sacerdote en la década de los ochenta y, en la actualidad, los miembros en activo de esa congregación son poco más de doscientos, ninguno se dedica a la educación y atención de la infancia y varios responsables de la institución están denunciados ante los tribunales por casos de pederastia.

María aprovechó el encuentro de 1979 para comunicar al resto el día de su boda con Alberto, su novio de toda la vida, y su decisión de dejar su empleo para ser ama de casa, así como de ser madre, cuanto antes, de familia numerosa. María, tras dar a luz a dos hijos, se divorció de Alberto y, posteriormente, lo hizo también de José Manuel, su segundo marido, con quien tuvo una hija. En la actualidad, María tiene una relación de pareja con Mercedes, compañera de trabajo.

Eduardo era en 1979 un prometedor ejecutivo de la multinacional Kodak, líder mundial del sector de la fotografía, y acababa de recibir la propuesta de un importante ascenso para liderar una estrategia de expansión de la empresa en América Latina. Cuarenta años después sabemos que Kodak fue una empresa que se destruyó al ser incapaz de transformarse en el contexto del proceso de desarrollo de las tecnologías digitales y la contracción del mercado de la película fotográfica y la fotografía analógica.

Gloria se había metido en política en aquellos años de la transición y gracias a Carlos Bustelo, ministro de Industria en 1979, había obtenido un puesto directivo en Telefónica, empresa pública que acababa de instalar el teléfono 10 millones en España. Hoy esa empresa es una multinacional privada y María es una ejecutiva dentro del área de transmisión digital de contenidos audiovisuales. Carlos, Bustelo, con quien María sigue teniendo contacto, ha participado recientemente en actos del partido Vox.

En 1979, José, el hermano pequeño, no quería estudiar y se iba a hacer la mili. Moriría por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) pocos años después, tras una historia de adicción a la heroína, ingresos en servicios sanitarios y sociales y vida en la calle. En 2019 la mili no existe; el sistema sanitario español consiguió invertir radicalmente la tendencia, reduciendo, por ejemplo, un 68% las muertes por SIDA entre 1995 y 1998; y profesionales de los servicios sociales que, en su momento, atendieron a José continúan en el sistema, trabajando por su mejora, integración y universalización en este mundo cambiante.

(La fotografía, tomada de El País, corresponde a una bodega modernista de la comarca del Penedés y el relato tomó forma en una conversación con responsables de servicios sociales de la zona, preparando el encuentro de hoy, que comenzaremos con su lectura.)

La reconversión (industrial) de los servicios sociales

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La respuesta a las necesidades de las personas en nuestras sociedades se estructura por industrias o sectores de actividad, entendidos como entramados de organizaciones que son capaces de posicionarse (de forma directa o indirecta) ante la población y lograr sus preferencias. Dichos sectores económicos son configurados, en un determinado entorno regulatorio, por cadenas de valor (secuencias de actividades), apoyadas en tecnologías y cualificaciones profesionales, en las que interactúan diversos agentes y, además de responder a las necesidades mencionadas, desencadenan otros efectos que contribuyen a su sostenibilidad, como son la generación de empleo, la creación de riqueza privada y pública o la producción de bienes intangibles, como la identidad.

Las industrias, como la siderúrgica, la cinematográfica, la turística o la automovilística, o diferentes sectores dentro de ellas, viven procesos de emergencia, desarrollo, madurez y declive, que pueden derivarse de cambios demográficos, tecnológicos, climáticos, políticos o de otros tipos. En ocasiones, todo un sector de actividad entra en decadencia y, debido a la importancia de los efectos negativos que su destrucción desordenada puede tener en la satisfacción de algunas necesidades, en la estructura laboral y económica o incluso en la autoestima de la población de un territorio, las autoridades políticas se plantean liderar un proceso de reconversión de ese sector o industria.

El sector de los servicios sociales que se ha configurado en España a lo largo de varias décadas puede ser visto como un sector que, sin acabar de desarrollarse y madurar, tiene altas probabilidades de entrar en declive, de desmoronarse. Sus líderes, ubicados en las administraciones públicas, suelen mirarse en el espejo del sector sanitario y pensar que tendrán una evolución similar en términos de universalización de un importante conjunto de prestaciones y estructuras públicas y amplio aprecio por parte de la ciudadanía, pero quizá no son suficientemente conscientes de las importantes y crecientes distancias entre ambos sectores, especialmente en lo referente a la cualificación de sus profesionales, la investigación científica y la innovación tecnológica, factores seguramente determinantes en el posicionamiento a los ojos de la población.

La burocratización de las estructuras públicas de los servicios sociales las hace fácilmente reemplazables por estructuras administrativas de otros sectores, máxime si éstas les ganan la partida de la digitalización. Por otra parte, los dispositivos de provisión de servicios sociales personales (frecuentemente en manos de la iniciativa privada o social), dada la frágil e instrumental relación que mantienen con las administraciones públicas, pueden fácilmente reubicarse y readaptarse en otros sectores de actividad (como el sanitario, el de la seguridad, el del alojamiento o el del trabajo doméstico), que pueden ser vistos como más interesantes para abordar determinados riesgos o retos sociales por parte de las decisoras políticas o la población, máxime en la medida en que se apliquen fórmulas flexibles como, por ejemplo, los presupuestos personales o los cheques servicio.

La generación que construyó nuestro (proyecto de) sistema público de servicios sociales, esa que se jubilará en los próximos quince años, tiene, posiblemente, la responsabilidad de plantear con claridad la necesidad de una reconversión industrial o global de nuestro sector. El reto, seguramente, no está en el crecimiento o aseguramiento de  las actividades que realizamos y de los servicios que ofrecemos sino en una ambiciosa operación de transformación de nuestras atenciones, intervenciones, tecnologías y cualificaciones para ponernos a la altura de los cambios en las expectativas de las personas, en las dinámicas comunitarias, en el mundo del conocimiento y en el diseño de políticas.

(Reflexiones en y tras la reunión del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de España y de cara a los encuentros de la semana que comienza en Dincat, Esquerra Republicana de Catalunya, Provivienda y los servicios sociales del Consell Comarcal de l‘Alt Penedés y del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés. La fotografía corresponde al horno de calcinación que, en la plaza Saralegi de los “barrios altos” de Bilbao, da testimonio de su pasado minero.)

Otros servicios sociales son posibles

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En una gran parte de nuestros servicios sociales está operando una conjunción perversa de poderosas fuerzas que tienden a configurarlos como quistes puramente administrativos, dedicados al racionamiento de ayudas económicas residuales, estigmatizantes y menguantes. Éstas pueden ir dirigidas a personas (frecuentemente sometidas a humillantes procesos de control) o a entidades (acentuando su burocratización, fragmentación y autorreferencialidad). A la vez, los servicios sociales públicos, en esos lugares, dejan, sin especial conciencia de hacerlo, un enorme campo a la oferta privada, bien de servicios sociales (frecuentemente residenciales), bien de otro tipo de servicios (domésticos, por ejemplo) o a otros servicios públicos más proactivos y demandados (como los policiales, los educativos o los sanitarios).

¿Cuáles serían esas poderosas fuerzas que nos van arrinconando? ¿Qué factores desencadenan esa indeseable dinámica? Fundamentalmente, las crecientes olas de demanda cada vez más desorientada, compleja y acuciante de personas en proceso o situación de exclusión social. Demanda que, en la mayoría de los casos, los servicios sociales manejan de forma ineficiente, por su posicionamiento estratégico erróneo y confuso y por la fragilidad de sus capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión. Sazónese lo anterior con la constante bajada de peso y visibilidad en las agendas políticas de los servicios sociales, frente a otros asuntos, impulsados por diversas alianzas estratégicas de distintos agentes.

En general, nuestros servicios sociales, atomizados institucional y profesionalmente e incapaces de alinearse en un relato creíble de futuro, están fracasando a la hora de comunicar a la sociedad que jamás podrán hacerse cargo solos de esa demanda compleja, generada por procesos estructurales de exclusión económica, residencial o laboral. También lo están haciendo en la tarea de expresar para qué sí pueden ser útiles en nuestras sociedades, es decir, por qué cuidados, apoyos e intervenciones quieren ser reconocidos. En ese contexto son y van a ser fácilmente presa de mutilaciones y recortes o de encargos envenenados, en función de las estrategias de otros sectores, sistemas, coaliciones o agentes.

Sin embargo hay islas en ese océano de aguas turbulentas. Hay instituciones, organizaciones y personas que nos muestran que otros servicios sociales son posibles: que mantienen y refuerzan la apuesta presupuestaria por la dignidad y la universalidad; que practican la interdisciplinariedad profesional y la integración organizativa centradas en las personas; que se desprenden responsablemente de encomiendas inadecuadas e innovan en programas que llenan de contenido sus funciones. Y que, en definitiva, nos ayudan a seguir realizando, construyendo y soñando unos servicios sociales preventivos y comunitarios, productivos y humanistas, determinantes para la sostenibilidad de la vida en el territorio.

(Al hilo de trabajos en curso con el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Bilbao, Servicios Sociales Integrados, la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, Aubixa, Podemos, la Red Española de Política Social, Esquerra Republicana de Catalunya o la Comunitat Valenciana y como preparación de la primera reunión del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de España.)

Contra su silver economy, por nuestra reciprocidad intergeneracional

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Nuestra economía, capitalista, se despreocupa de las necesidades de las personas y de la sostenibilidad de la vida y rinde culto a la demanda solvente y al valor de mercado. En ese contexto, hablar de silver economy o economía plateada supone, normalmente, fijarse en el segmento de aquellas personas mayores, que, por la cuantía de sus pensiones o prestaciones y por el patrimonio acumulado a lo largo de su vida, tienen una capacidad de compra interesante para la economía realmente existente.

Las empresas que se orientan a ese segmento poblacional y a su demanda directa (en forma de consumo de estas personas) o indirecta (a través del gasto público, por ejemplo sanitario o de servicios sociales, que sea inducido por las personas mayores) van a intentar extraer la mayor cantidad de sus rentas, potenciando, obviamente, el consumo de bienes y servicios que dichas empresas puedan producir. Al hacerlo, muy posiblemente, exacerbarán las diferencias y distancias entre este colectivo humano y otros y contribuirán a que las personas mayores se perciban como un grupo con intereses distintos a los de otros.

Robert Kennedy dijo en 1968 que el producto interior bruto mide todo, salvo lo que hace que la vida merezca la pena. Y, seguramente, la conciencia acerca de la verdad que se esconde en esta frase no hace sino crecer conforme nos hacemos mayores. Sin embargo, la economía plateada pretende, seguramente, convencernos de que, cuando nos hacemos mayores, los que nos harán felices son, justamente, sus productos y servicios, contabilizados al calcular el PIB.

Quizá, desde nuestras instituciones políticas, en lugar de jugar a aprendices de brujo en una economía de mercado de la que muy poca experiencia tienen la mayor parte de las personas con responsabilidades políticas en nuestro entorno, harían mejor en ajustar la provisión de sus propios servicios públicos, especialmente los servicios sociales, a la prevención de la dependencia funcional, del maltrato familiar, del aislamiento relacional o de la soledad no deseada y a la promoción del empoderamiento de todas las personas en todos los momentos de su ciclo vital, en el seno de relaciones primarias intergeneracionales.

Seguramente, pocas experiencias pueden aportar más felicidad, bienestar y sentido a muchas personas mayores que las relaciones intergeneracionales significativas, familiares o, en general, comunitarias, en las cuales puedan entregar su legado de sabiduría y compromiso, que les sobra, y recibir el regalo de la frescura y la vitalidad que ellas van perdiendo (que nosotras vamos perdiendo). Necesitamos compromiso político y solidaridad ciudadana para fomentar, mantener o reconstruir esos lazos intergeneracionales que nos configuran como sociedad digna y con futuro, como humanidad en la que vamos dándonos la mano, generación tras generación.

Si logramos que la economía plateada se ponga al servicio de esas metas éticas, políticas y sociales, bienvenida sea. Pero si busca y consigue hacer más grande la zanja social, económica y política entre las personas mayores y el resto o entre las personas mayores solventes y las que no lo son, seguramente, nos sobra y nos estorba. Nos hace más mal que bien.

Intervención comunitaria y reinvención de la proximidad

redada

Los servicios sociales y otras políticas de bienestar (como la sanitaria o la educativa) llevan al menos medio siglo intentando, con avances y retrocesos, configurarse cada vez más como servicios de proximidad, como atención comunitaria, como intervenciones sinérgicas con las actividades de la vida diaria y las relaciones primarias de las personas en sus domicilios, vecindarios, barrios y territorios cotidianos. En esa pretensión, frecuentemente, se han encontrado y han ido de la mano con estrategias de activación laboral, planificación urbanística, innovación social, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental o participación ciudadana.

La revolución tecnológica y la economía informacional impulsadas por la globalización digital representan, sin duda, una alteración del concepto y de la experiencia de la proximidad. Por una parte facilitan extraordinariamente la movilidad física de personas y objetos, generando, al hacerlo, crecientes oportunidades vitales y amenazas medioambientales. Por otra parte, desmaterializan y virtualizan numerosos procesos y transacciones, ampliando, seguramente, nuestras opciones relacionales y desigualdades económicas. Todo ello en sociedades que ven incrementada su diversidad funcional y, específicamente, el número de personas que viven importantes períodos de su vida con significativas limitaciones cognitivas o físicas.

En ese momento, la intervención social se ve obligada a reinventarse y, especialmente, a reconsiderar su concepción y a reforzar su valoración de la proximidad comunitaria. Buenas razones éticas, ecológicas, organizativas y técnicas la impulsan a relocalizar sus cuidados, apoyos, actuaciones y procesos y a imbricar la acción presencial con la tecnología digital para promover la autonomía y el empoderamiento de las personas en el seno de relaciones familiares y comunitarias a una escala humana. Para lograrlo, ciertamente, será fundamental la integración de políticas sociales y, especialmente, el impulso de una política de vivienda pública que favorezca la convivencia y la solidaridad.

¿El vecino que, animado por una educadora social, toca a nuestra puerta cuando hace tres días que no nos ve regar las plantas nos apoya o nos espía? ¿La hija que te llama cuando una aplicación informática le avisa de que no has salido de casa te hace más o menos feliz? ¿El menor inmigrante que conoció en una actividad intergeneracional de los servicios sociales y se ofrece a subirle la compra le quiere ayudar o le va a robar? ¿Es preferible que la mujer con autismo acuda en transporte adaptado a un centro ocupacional especializado o que sea voluntaria en el huerto urbano de su barrio? ¿La criatura de seis meses puede estar en un espacio autogestionario de cuidados familiares promovido por un trabajador social o es mejor que sea escolarizada?

La intervención social se encuentra ante el desafío de contribuir a redefinir y reevaluar conceptos y vivencias como la intimidad, los cuidados, la parentalidad, el maltrato, la soledad, la amistad, la comunidad o la ayuda. Como actividad que frecuentemente se ha inspirado en la relación samaritano-prójimo está reinventándose en claves de universalidad, profesionalidad, personalización, tecnología, prevención y atención a la diversidad. Diversidad humana que se convierte hoy y aquí en el gran reto y la gran palanca transformadora de la intervención social. La que crea la necesidad y la oportunidad de una reinvención de la proximidad.

(Reflexión a partir de una conversación con Elena Masanas, Guiomar Vargas, Claudia Manyà y Marta Ballester; de los trabajos de elaboración del plan estratégico de servicios sociales del Gobierno de Navarra; de un seminario de innovación con Dincat y del asesoramiento al proyecto Esteka, de atención comunitaria a la fragilidad, de la cooperativa Servicios Sociales Integrados. La foto corresponde a una reciente redada en el barrio de San Francisco, en Bilbao.)