Integración e interseccionalidad de las políticas públicas

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En la medida en que las políticas públicas, en las diferentes escalas territoriales o niveles de la Administración, reciben el desafío de ir incursionando en más asuntos, de más maneras, para más personas y de forma más compleja y especializada, gana importancia la cuestión de su integración vertical y horizontal:

  • Entendiendo por integración vertical la que se produce al interior de cada uno de los ámbitos sectoriales (como cultura, industria, seguridad o servicios sociales) facilitando los itinerarios intrasectoriales de las personas destinatarias de las políticas o usuarias de los servicios públicos, usualmente entre niveles o escalas de mayor proximidad y otros de mayor especialización (multinivel), en ocasiones en manos de diferentes Administraciones.
  • Entendiendo por integración horizontal la integración intersectorial, que facilita los itinerarios de las personas que requieren, con cierta intensidad (simultánea, sucesiva o entreverada) del concurso de servicios o intervenciones de diferentes ramas de actividad (como servicios sociales y sanitarios o educativos y de empleo, por ejemplo).

En el sistema de bienestar tradicional (pensado para los viejos riesgos sociales), el carácter más bien reactivo, subsidiario y reparador de las políticas públicas (y, específicamente de las consideradas sociales) determinaba que bastase (o pareciera bastar) con una última red (constituida actualmente por los servicios sociales) para los casos complejos. Sin embargo, en la sociedad de los nuevos retos sociales, los problemas y conflictos de integración vertical y de integración horizontal arrecian y se multiplican de manera desordenada e ineficiente las iniciativas unilaterales y parciales de coordinación y trabajo en red que no alcanzan a poder ser llamadas de verdadera integración, concepto que serviría para identificar aquella situación en la que las personas destinatarias, o, en general, los agentes involucrados, no advierten cortes, demoras o disfunciones debidas a que diferentes eslabones de las cadenas de valor (de los itinerarios) intrasectoriales e intersectoriales están en diferentes manos.

Se trataría, entonces, de ir simplificando y homogeneizando la arquitectura de la integración intra e intersectorial, aprovechando, sin duda, las oportunidades de las tecnologías digitales con herramientas como la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, las redes sociales, las plataformas colaborativas o el Internet de las cosas. Seguramente, se trata también de reforzar la gobernanza de la complejidad multinivel e intersectorial, de dedicarle la atención y la base de conocimiento que requiere.

Por otra parte, en esta arquitectura integrada sectorial e intersectorialmente, apoyada, fundamentalmente, en pilares sectoriales universales funcionalmente especializados, cada uno de ellos, en la promoción y protección de un bien (salud, seguridad, movilidad, justicia, aprendizaje, empleo, alojamiento y otros), en un contexto de aumento y mayor reconocimiento de la diversidad (de género, generacional, funcional y cultural), es capital la adecuada comprensión e implementación de las políticas transversales de igualad y atención a las diversidades. Como políticas públicas necesitan una incardinación organizativa y una cierta estructura, pero siempre orientadas a la influencia sobre las políticas sectoriales (no a reemplazarlas o a competir o confundirse con ellas) para que dichas políticas sectoriales sean amigables con las diferentes diversidades y con los distintos colectivos que generan esos ejes de diversidad, en clave de interseccionalidad. Precisamente María Bustelo nos hace notar que el término mainstreaming es más expresivo que el de transversalidad a la hora de expresar el objetivo de incorporación de preocupaciones, capacidades y trayectorias a la corriente general o universal frente a la generación o aceptación de cauces separados o especiales para la satisfacción de necesidades.

(Ilustración: “Separación vespertina”, de Paul Klee,)

Mapeando la interacción

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A continuación se hace una propuesta de graduación de situaciones en cuanto a las dos dimensiones (I y II) de la interacción, identificada como bien protegible para los servicios sociales:

I. Situaciones en cuanto a la red primaria o próxima de apoyo con la que cuenta la persona.

1. Cuenta con vínculos familiares (o similares) fuertes (por capacidad funcional, disponibilidad efectiva y compromiso moral de ayuda mutua) con convivencia en el mismo domicilio.

2. Cuenta con vínculos familiares, de amistad o similares fuertes (por capacidad, compromiso y disponibilidad efectiva para el apoyo) o con asistencia personal remunerada con notable proximidad, intensidad o frecuencia (sin convivencia en el mismo domicilio).

3. Cuenta con relaciones de buena vecindad, amistad, familiares, de apoyo o similares de compromiso, proximidad, intensidad, frecuencia o disponibilidad medias. Puede contar con estas personas circunstancial y condicionalmente (no de forma permanente e incondicional).

4.  Apenas cuenta con vínculos y apoyos en su entorno cotidiano.

II. Situaciones en cuanto su capacidad funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria.

a. Tiene plena capacidad de decisión y ejecución en las actividades de la vida diaria (Actividades que ha de realizar una persona para poder dar satisfacción a sus necesidades. Se clasifican en básicas (las más imprescindibles, que normalmente la persona puede hacer sola: comer, asearse, caminar y demás), instrumentales (que requieren interactuar con otras personas o pueden ser más fácilmente delegadas en otras personas, como: cocinar, compras, usar medios de transporte) y avanzadas (que comportan participación en instituciones complejas: estudiar, trabajar, participar en la vida política, por ejemplo).

b. Presenta ligeras limitaciones para las actividades de la vida diaria, limitaciones compensadas por productos de apoyo o tiene ciertos obstáculos en su entorno domiciliario y comunitario (por ejemplo piso alto sin ascensor).

c. Tiene limitaciones importantes en la realización de actividades de la vida diaria.

d. Presenta limitaciones generalizadas en la capacidad de decisión para el proyecto de vida y la vida cotidiana (aquí encajan, por ejemplo, todas las personas en sus primeros años de vida).

El cuadro representaría 16 combinaciones de esas situaciones. Así vamos mapeando y debatiendo estados de la interacción de las personas.

(Material compartido en un proceso de trabajo con SSI.)

Mutualizar los cuidados en la comunidad

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Formular el derecho a los servicios sociales como derecho a una plaza en una residencia sería lo mismo qué formular el derecho a la atención sanitaria como derecho a vivir ingresado en un hospital o formular el derecho a la educación como derecho a estudiar en un internado. Del mismo modo que en el ámbito sanitario o educativo el ingreso en un establecimiento propio del sistema es excepcional, así tendríamos que verlo también en el ámbito de los servicios sociales. Sólo en los casos, circunstancias y momentos específicos en los que la intervención educativa, sanitaria o social lo requiera, estaría justificado que la persona destinataria de dicha intervención se aloje temporalmente en un equipamiento educativo, sanitario o social.

Esperamos del sistema sanitario, justamente, lo contrario, es decir, que sea tan eficiente en la protección y promoción de nuestra salud que haga más improbable el ingreso hospitalario. De igual modo, en el ámbito educativo, cada vez nos importan más los aprendizajes útiles que obtenemos y tornamos más flexibles y menos presenciales los medios y recursos qué hay que utilizar para obtener dichos aprendizajes. A los servicios sociales, entonces, habremos de pedirles que hagan lo posible por proteger y promover nuestra autonomía y autodeterminación en la vida diaria de nuestras familias, domicilios, vecindarios y comunidades en todo el ciclo vital.

Diversos cambios sociales a largo plazo, como el aumento de la longevidad y los años de vida con limitaciones funcionales o las transformaciones en el tamaño, estructura y dinámica de las familias, unidos a acontecimientos disruptivos como la pandemia y las emergencias que estamos viviendo, pueden ser un buen caldo de cultivo para que cobremos mayor conciencia de los apoyos e iniciativas que necesitamos para hacer más posible y probable, con la ayuda de los servicios sociales, de las políticas de vivienda y de otras, el objetivo de cuidarnos en comunidad.

Las redes vecinales configuradas al calor de la pandemia y su colaboración con diversas organizaciones solidarias, servicios públicos y empresas de proximidad, con claves de innovación tecnológica y social, nos dan la pauta de las posibilidades que ofrecen el territorio y la comunidad para mutualizar los cuidados, es decir, para explorar las potencialidades de que las personas que necesitamos y proporcionamos cuidados compartamos recursos, espacios, apoyos, plataformas, procesos y estrategias.

Lamentablemente, muchas veces, hoy en día, el pretendido derecho a los servicios sociales se traduce en el “derecho” a trámites ineficientes y humillantes, el “derecho” a plazas que preferiríamos no ocupar ni en caso de necesidad o el “derecho” a copagos disuasorios y discriminatorios. Sin embargo, nuestras carteras de servicios sociales y los avances de la comunidad de conocimiento en intervención social posibilitan programas personalizados y comunitarios de apoyo a los proyectos de vida autónoma en la comunidad. De igual modo, las políticas de vivienda deben dejar de potenciar el uso patrimonial de este bien y diversificar toda una serie de posibilidades intermedias entre la vivienda particular autosuficiente y el establecimiento colectivo al uso.

Los derechos sociales no pueden ser vistos como derechos a respuestas del pasado o a meras compensaciones en dinero (bajo el supuesto de que en los mercados están los bienes necesarios). Ejercer los derechos sociales supone exigir de las políticas y poderes públicos la inteligencia estratégica y la organización ágil para lograr producir y aplicar el mejor conocimiento disponible de cara a una garantía de la coproducción de los bienes públicos y comunes qué hacen posible una vida digna, libre y con sentido.

(Entrada elaborada para Sareak Josten.)

Debates sobre la interacción como bien protegible para los servicios sociales en España

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Se ha propuesto, con mayor o menor acierto, denominar interacción al ajuste dinámico entre, por un lado, la autonomía de la persona para las decisiones y actividades de la vida diaria y, por otro, las relaciones primarias de carácter familiar y comunitario en las que está inmersa dicha persona en su vida cotidiana y que representan apoyo para ella. Al proponer esta acepción específica del término interacción como objeto de la intervención social, o área de necesidad de la que se ocuparían los servicios sociales, no se desconoce el valor de la autonomía funcional diaria por su parte o de la integración relacional cotidiana por la suya, pero se prefigura un enfoque o estrategia qué busca favorecer la complementariedad y sinergia entre ambas.

El perímetro que dibuja esta definición para la oferta de actividades que correspondería a los servicios sociales resulta chocante para muchas personas, especialmente porque excluye las prestaciones económicas o en especie que se proporcionan en muchos servicios sociales realmente existentes para satisfacer necesidades como la alimentación, el vestido o diversos suministros para los hogares También extraña a muchas personas la focalización y especialización qué ese concepto supone en contra de la tan defendida mirada holística y atención integral que debiera considerar esos y otros muchos aspectos de la vida de las personas, relacionados también con el empleo o el alojamiento, por ejemplo.

Además, apostar por esa definición del objeto de los servicios sociales acarrea la obligación de generar y perfeccionar conceptos, indicadores, instrumentos y técnicas que permitan valorar en cada momento el estado de la interacción de cada persona y ofrezcan base para una prescripción facultativa por parte de profesionales que puede llegar a ser reconocida y valorada por la ciudadanía. Lo cual dificulta la tan deseada, por muchas personas, objetivación administrativa las prestaciones de los sistemas públicos de servicios sociales.

Al igual que otros bienes de los que se ocupan diferentes políticas públicas y ramas de actividad, como la salud, la seguridad, el alojamiento o el empleo, la interacción, ciertamente, puede ser disfrutada individualmente y debe ser garantizada como derecho subjetivo. Sin embargo, del mismo modo que esos otros bienes, no cabe desconocer la ineludible dimensión ecológica o estructural y el necesario abordaje poblacional o colectivo de la interacción. Pretender prevenir o abordar afectaciones de la interacción como, por ejemplo, la necesidad de cuidados de larga duración, diversos maltratos y violencias, la soledad no deseada o las limitaciones en el ejercicio de la parentalidad, sin tener en cuenta dicho carácter poblacional o colectivo del bien (que requiere una aproximación ecológica y estructural), supone, sin duda, desconocer el estado del conocimiento sobre la materia.

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Legislar sobre servicios sociales hoy y aquí: algunas claves

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1. Posiblemente sea el momento, de entrada, de hacer leyes de servicios sociales más breves. Nuestras leyes de servicios sociales contienen frecuentemente: listas de derechos y deberes que ya están establecidos por otras normas, regulaciones que pretenden afectar a diferentes ramas de actividad (como, por ejemplo, la sanitaria o la de empleo) que no se suelen dar por aludidas y contenidos que corresponden a tratados científicos o instrumentos técnicos de la intervención social y no a normas jurídicas. Incluso intentan fijar legislativamente cuestiones que procede determinar en los ciclos políticos de la gobernanza y la planificación. Es, por tanto, posible y conveniente aligerar de contenido nuestras leyes de servicios sociales.

2. Seguramente, hoy y aquí, la principal decisión a tomar al legislar sobre servicios sociales será si, coherentemente con la universalidad que se busca para este pretendido pilar del sistema de bienestar, se identifica un objeto o bien protegible que interese a toda la población (y se acota un perímetro correspondiente de necesidades de las que se han de ocupar los servicios sociales) o si, más bien, se regresa a (o se mantiene) una configuración de última red residual para cualquier necesidad no cubierta por otros dispositivos o agentes pro bienestar. No parece sostenible por mucho más tiempo la situación normativa actual en la que, por una parte, se declaran supuestos derechos subjetivos para toda la población y, por otra, se incorporan prestaciones o servicios que corresponden a ramas de actividad en las que, al menos en el plano normativo, existen o pueden existir otros sistemas públicos y titularidades universales (como, singularmente, las de la vivienda y la subsistencia material).

3. Si, como parece deseable, se opta por considerar los servicios sociales como una rama de actividad y por garantizar el derecho de las personas a la respuesta a las necesidades correspondientes, parece claro que dentro de su perímetro habrán de estar los cuidados y apoyos a lo largo de todo el ciclo vital en lo que tiene que ver con la autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria y las relaciones primarias (familiares y comunitarias) que tan importantes son en ese ámbito y proyecto vital y convivencial cotidiano. Lógicamente, la legislación acerca de esta rama de actividad se apoya en la existencia de áreas de conocimiento, actividades profesionales y organizaciones de servicios realmente existentes que llenan de contenido los derechos que se garantizan y las estructuras públicas que se configuran, estructuras que seguramente, hoy y aquí, han de impulsar, precisa y especialmente, la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional en los servicios sociales.

4. Por otra parte, la garantía de derechos universales mediante sistemas públicos de prestaciones o servicios es incompatible con la existencia de precios públicos disuasorios y discriminatorios, para esas prestaciones o servicios, como los ahora existentes, que, más bien, en continuidad con la Beneficencia, requieren demostrar carencia de recursos para poder recibir efectivamente el grueso de las prestaciones o los servicios. Lógicamente, esto hace referencia a las prestaciones y servicios propios de la rama, bajo la correspondiente prescripción facultativa, y no necesariamente a aquellos, como, por ejemplo, el alojamiento o la alimentación, que no corresponderían al ámbito de los servicios sociales y cuya financiación pública, en principio, corresponde, en su caso, a otras ramas del sistema de bienestar.

5. La reciente jurisprudencia constitucional invita a una legislación qué empodere con claridad a las comunidades autónomas, a partir de la constatación de que los actuales modelos de intervención social y carteras de servicios sociales son prácticamente inasumibles para la mayor parte de los ayuntamientos, Lo cual, por cierto, no quiere decir que no existan cauces y fórmulas para mantener e incrementar el compromiso de los entes locales con el sistema público de servicios sociales, competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Lógicamente, en el momento en el que se constitucionalice el derecho a los servicios sociales, parecería lógico que, al igual que sucede en la educación y la sanidad, exista una legislación básica de servicios sociales para el conjunto de España.

6. Por último, la reciente transposición de directivas europeas en materia de compra o contratación pública a la legislación española da una buena oportunidad para que los poderes públicos reconozcan y promuevan la intrínseca imbricación de las organizaciones solidarias de base comunitaria en los sistemas públicos de servicios sociales, como fenómeno de naturaleza radicalmente diferente al de la gestión indirecta y la contratación pública. La contratación pública es una decisión de gestión, mientras que el concierto social puede ser visto como el modo asentado y preferible de coproducción pública-comunitaria de los servicios sociales, especialmente coherente con su trayectoria histórica y su bien protegible.

(Consideraciones al hilo de procesos de rediseño o regulación de sistemas públicos de servicios sociales, en curso o recientes, en el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Navarra, Asturias, Andalucía, Catalunya, Murcia, Madrid, Cantabria, La Rioja y el conjunto de España.)

Fragilidad, vulnerabilidad, riesgo y cronicidad en los servicios sociales

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Términos como fragilidad, vulnerabilidad, riesgo o cronicidad pueden utilizarse para referirse a varios de los bienes de los que se ocupan las grandes ramas de las políticas públicas; bienes como la salud, el alojamiento, la seguridad, el empleo o la subsistencia material. También cabe usar esos cuatro conceptos en relación con el bien que proponemos que proteja y promueva esa gran rama de las políticas públicas que es la de los servicios sociales, bien que proponemos denominar interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y la integración relacional primaria de carácter familiar y comunitario.

Se trata de cuatro expresiones que surgen o encajan en el contexto en el que la afectación o el deterioro de estos bienes (salud, alojamiento, seguridad, empleo, subsistencia, interacción u otros) son vistos más bien como procesos progresivos y no necesariamente como acontecimientos agudos. Así:

  • Una situación de riesgo es una situación amenazante en la que hay cierta mayor probabilidad de que un agente del entorno o la propia persona que disfruta de él puedan causar daño considerable al bien (en lo que interesa a los servicios sociales, el bien de la interacción).
  • Una situación de vulnerabilidad es una situación de relativa debilidad en la que el bien (en lo que compete a la intervención social, la interacción) está más expuesto a verse afectado o menoscabado por algún agente del entorno o por la propia persona interesada.
  • Una situación de fragilidad es una situación relativamente estructural en la que el bien (en lo que nos interesa aquí, la interacción) es menos resiliente o resistente al deterioro o disminución o incluso en la que hay un incipiente deterioro o disminución del bien.
  • Una situación de cronicidad es una situación en la que la afectación o limitación del bien y la necesidad de apoyo (en nuestro caso, apoyo para la interacción) se prolongan en el tiempo. Cronificar una situación de intervención (social, en nuestro caso) es, en ocasiones, la mejor alternativa disponible.

La intervención social puede ser más bien asistencial (y complementar la interacción existente en la persona), más bien habilitadora o rehabilitadora (y mejorar su autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria), más bien comunitaria (y mejorar la inclusión relacional primaria de la persona) o más bien paliativa (y compensar o amortiguar aspectos o consecuencias del deterioro o menoscabo de su interacción). En todo caso, habrá de ser preventiva (y evitar, retrasar o ralentizar la limitación o disminución de la interacción), pudiendo diferenciarse: prevención universal (cuando actuamos con toda la población), prevención selectiva (cuando actuamos con la población en situación de riesgo o vulnerabilidad) y prevención indicada (cuando actuamos con la población en situación de fragilidad, cronicidad o, en todo caso, afectada por un deterioro, menoscabo, daño, limitación o disminución de la interacción).

Para una intervención social de base comunitaria, hoy y aquí

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En primer lugar, en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra y con tantos obstáculos estructurales y emergentes para el acceso de importantes segmentos poblacionales a bienes físicos de primera necesidad (como el alimento, el vestido o la energía, o, también, al alojamiento), cabe considerar prácticamente imposible que se configure y posicione una intervención social dedicada a promover y proteger la interacción de todas las personas (es decir, su autonomía para decisiones y actividades de la vida diaria en relaciones primarias familiares y comunitarias) mientras las estructuras y agentes de los servicios sociales tengan encomendada, a la vez, la tramitación de ayudas para la obtención de dichos bienes.

En segundo lugar, la intervención social y sus disciplinas y profesiones deben hacer un mayor esfuerzo por superar su actual estadio de desarrollo dominado por un saber hacer artesanal práctico para, sin desconocer nunca la importancia de la pericia profesional, entrar decididamente en una etapa de intervención social de carácter o base científica, con las consecuencias y condiciones que ello conlleva en términos de configuración de las comunidades y redes de conocimiento, de las dinámicas y procedimientos para su construcción y avance del saber y de las herramientas, instrumentos, aplicaciones y plataformas de evaluación de la intervención y sus efectos.

En tercer lugar, la acción social, como cualquier otra actividad, debe ser objeto de un desarrollo e innovación tecnológica que la incorpore a la capa digital y que le permita beneficiarse de la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, el internet de las cosas (también de las llevables) o las plataformas colaborativas, tanto para su realización, gestión y gobierno como para su integración vertical (intrasectorial) y horizontal (intersectorial) con otras ramas de actividad.

En cuarto lugar, se ha de entender que este modelo de intervención social puede llegar a afectar, a mayor o menor escala territorial y humana, al cambio y la innovación en la comprensión y configuración del contrato social, entendido como el conjunto de normas asumidas por las personas (individual y colectivamente) sobre lo que pueden esperar de otras personas o instancias y lo que deben aportar: estamos hablando de una acción social organizada y profesionalizada que busca nuevas e importantes sinergias con las relaciones y redes primarias de carácter familiar y comunitario, brindándoles aportes y esperando que brinden apoyos.

Por último, el giro desde una intervención social residual a una de base comunitaria representa un cambio en la manera en la que los servicios sociales se integran en las intervenciones y políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad (de género, generacional, funcional y cultural), en la llamada acción comunitaria y en la gobernanza del conjunto de políticas sociales. En ese marco, la intervención social, posiblemente, está llamada a una especial alianza con la intervención urbanística y habitacional, para la consecución de territorios y comunidades amigables, inteligentes y sostenibles.

(Adaptación de los párrafos finales de un artículo recientemente publicado en Documentación Social, ubicado aquí.)

¿Cómo se justifica la intervención pública?

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En sociedades como las nuestras, en las que las tecnologías basadas en los avances científicos han adquirido notable relevancia, la especialización profesionalizada gana valor ante la ciudadanía. Si pensamos en las diferentes necesidades a las que cada persona vamos dando respuesta a lo largo del día, podemos constatar cómo es cada vez mayor, para cada una de ellas, la cantidad y complejidad de conocimiento especializado que media dicha satisfacción de necesidades en cada uno de los casos.

En ese contexto, probablemente, pierde cierto peso relativo el debate acerca de si esa estructura tecnificada que dará respuesta a nuestras necesidades será comunitaria, pública, solidaria o mercantil. Claro que nos importa si determinada atención nos la dará el Estado, una compañía, la familia o una asociación, pero asumiendo antes, seguramente, que sea suficientemente idónea a la luz del mejor conocimiento científico disponible.

Esta situación parece favorecer que la ciudadanía, en diferentes lugares, acepte distintos arreglos para diversas ramas de actividad o tipos de necesidad. Así, por ejemplo, en nuestro entorno, gozan de gran aprecio los servicios sanitarios de gestión pública directa, a la vez que se suele aceptar que sean empresas mercantiles las que extiendan las redes de telecomunicación y se prefieren los permisos parentales a los cuidados profesionales para las criaturas recién nacidas. Dentro de una misma rama de actividad, diferentes eslabones de las cadenas de valor o niveles de responsabilidad pueden estar en distintas manos, en términos de sector institucional o tipo de agente.

Desde una visión económica convencional, cabría decir que la dificultad de que un bien pueda ser disfrutado libremente por parte de cada individuo (y de que pueda excluirse a otro de su disfrute) haría más probable que ese bien pueda ser tratado como bien público y sometido a la autoridad política (más o menos basada en el conocimiento científico). Se diría que en la naturaleza de ese bien hay algo estructuralmente colectivo. Por eso hay más calles públicas que camisas públicas, podemos decir.

Desde una visión política democrática, por otro lado, tendemos a pensar que la provisión pública se asocia a valores como la universalidad y la equidad en el acceso a los bienes más necesarios (o de primera necesidad). Por eso, desde ese punto de vista, preferimos vivir en un lugar en el que el acceso a la operación quirúrgica de apendicitis o al apoyo a las familias al cuidado de criaturas no dependa de que lo puedas comprar, por mucho que su funcionamiento parece avenirse, técnicamente, con facilidad, a un uso particular y excluyente.

La revolución digital, por otra parte, con sus estrategias de integración vertical y horizontal y sus modelos de negocio y escalabilidad, transforma de manera notable todo este panorama, desde el momento, por ejemplo, en que permite qué valiosos y complejos productos y servicios sean, hasta cierto punto, gratuitos y altamente accesibles, generando, sin embargo, negocios privados de gran envergadura.

Posiblemente, en este momento, el gran desafío cognitivo, organizativo y político de los poderes y organizaciones públicas es el de identificar y posicionarse en las ramas y parcelas de actividad que resulten más estratégicas para ejercer la autoridad legítima e informada y para lograr estructuralmente la universalidad y equidad deseadas, logrando la maniobrabilidad y relaciones óptimas e incurriendo lo menos posible en problemas de agencia qué consisten, básicamente, en la captura del valor y el control públicos por parte de intereses corporativos, mercantiles o particulares.

(Acompaña a esta entrada parte de la ilustración de Thomas Hobbes para su Leviatán.)

La naturalización de la intervención social realmente existente

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Posiblemente, la intervención social realmente existente en nuestros servicios sociales públicos o en nuestro tercer sector de acción social, fruto de una historia y circunstancias determinadas, es una intervención social de carácter notablemente residual con escaso grado de especialización. Residual, en la medida en que acepta hacerse cargo, por defecto, de necesidades de determinadas personas que, en puridad, correspondería asumir a otros subsistemas sociales (como la adquisición de algunas capacidades, el alojamiento, cierta solvencia financiera o la ocupación del tiempo libre, por ejemplo). Y, lógicamente, poco especializada, tanto en cuanto asume que, en esa labor subsidiaria o secundaria y, supuestamente, “integral“, no podrá realizar cada uno de sus componentes con el nivel de calidad técnica u organizativa propio del subsistema especializado encargado, en general, de cada uno de ellos.

Pues bien, en algunos debates recurrentes entre profesionales de la intervención social quizá, a veces, nos juega una mala pasada una cierta naturalización de esta situación: el considerarla normal, el pensar que siempre ha sido y será así. Así puede estar sucediendo, por ejemplo, en conversaciones sobre la mayor o menor dedicación de las y los profesionales de la intervención social a labores de tramitación administrativa o en discusiones sobre si corresponde a profesionales de la intervención social (o, en general, a los servicios sociales) tener de sus manos la posibilidad de proveer unas u otras prestaciones o servicios.

Y es que el porcentaje de carga administrativa incorporada en los procesos de trabajo del personal técnico o el contenido de la cartera de prestaciones y servicios del sistema u organización en el que trabaja dicho personal técnico son decisiones que no corresponden, en principio, a ese personal técnico. Diríamos que la persona de perfil técnico, cuando acepta incorporarse a un puesto de trabajo, recibe esos elementos como predeterminados: no se trata de aspectos de su modelo de atención o intervención sino de cuestiones definidas en el modelo organizativo o en el diseño de la política que rige el funcionamiento del sistema al que la persona profesional técnica se ha vinculado.

Cabe entender que, cuando profesionales, por ejemplo, del trabajo social, de la educación social o de la psicología de la intervención social se incorporan a sus empleos, es porque han considerado que hay condiciones organizativas (por ejemplo, en términos de apoyo administrativo suficiente) y de diseño de la oferta del sistema a la población (por ejemplo, en términos de coherencia entre partes o posicionamiento ante la ciudadanía) para un ejercicio cabal de su profesión. Si el diseño de la política o de la organización deforma la práctica profesional hasta hacerla irreconocible o imposible, no estamos ante un problema de modelo de atención, de contenido técnico propio de la intervención o de cualificación profesional.

Si, políticamente, se encarga a los servicios sociales el racionamiento de un conjunto de prestaciones fragmentadas e inconexas y, organizativamente, las actividades de entrega, recepción y registro de información son consideradas como parte nuclear de la aportación de valor del personal técnico, la intervención social está, seguramente, herida de muerte antes de poder iniciarse. Si las y los profesionales de la intervención social consideramos natural e inmutable este estado de cosas, difícilmente vamos a identificar y mover las palancas adecuadas para cambiarlo. Quizá debamos reconocer que el problema está mucho más en los diseños de las estructuras políticas y organizativas que hemos aceptado como “terreno de juego” que en la manera en la que, con mayor o menor destreza, las y los profesionales específicos de la intervención social pretendemos realizar, cotidianamente, nuestra labor técnica.

El Fondo de Recuperación europeo y la oportunidad de decir “nunca más” a lo sucedido en las residencias de mayores

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El Plan de Recuperación para Europa (con 140.000 millones de euros para España) representa una oportunidad inédita e inaudita para nuestra sociedad y, específicamente, para quienes nos consideramos agentes políticos a la hora de demostrar la capacidad de los movimientos sociales y las políticas públicas para responder satisfactoriamente a los desafíos planteados en (y a partir de) estos tiempos de pandemia y emergencia. En un entorno de intensa incertidumbre global, la acción colectiva y las instituciones de gobierno son vistas, desde muchas miradas, como más confiables que el interés individual y la lógica de mercado. De ahí, quizá, la relativa pero importante novedad y oportunidad que representan las recientes decisiones europeas.

En este contexto, seguramente, desde un punto de vista moral, nuestra principal deuda como sociedad la hemos contraído y la seguimos contrayendo con las personas mayores usuarias de servicios sociales de carácter residencial, pues éstos han constituido, sin lugar a dudas, la zona cero de la covid-19. Afortunadamente, en este caso, las líneas estratégicas para la utilización del Fondo de Recuperación europeo están totalmente alineadas con esta obligación ética. En primer lugar, porque la mejora de los servicios sociales es, expresamente, una de esas grandes orientaciones de obligado cumplimiento en la utilización del Fondo.

Por otro lado, además, la necesaria gran “operación de país” transformadora de la respuesta existente para las necesidades de cuidado de las personas que nos vamos haciendo mayores (y vamos presentando más limitaciones funcionales y relacionales) encaja a la perfección con el resto de ejes principales que deben guiar la utilización de estos recursos extraordinarios:

  1. La digitalización de nuestra economía, pues la vida con relativa autonomía y convivencia satisfactoria en domicilios, vecindarios, barrios, ciudades y territorios habitables, amigables e inteligentes es, sin duda, uno de los ámbitos más prometedores para la generación, el despliegue y la rentabilización de un potente entramado de existentes y nuevas industrias tecnológicas.
  2. La sostenibilidad ambiental, pues no cabe imaginar una ocupación satisfactoria, distribuida, cohesionada, equilibrada y sostenible del territorio urbano y rural sin hacer posible la vida domiciliaria y comunitaria de la diversidad de personas de distintas generaciones, sexos, capacidades y orígenes, en viviendas adecuadas y economías circulares de alta proximidad y conectividad, adecuadamente embebidas en el medio ambiente natural.
  3. La perspectiva de género, pues el sesgo de género persiste, tanto en los cuidados primarios como en la economía informal de los cuidados y en los cuidados profesionales y esa inequidad, esa discriminación y ese maltrato hacia muchas mujeres, muchas de ellas migrantes, en materia de cuidados y conciliación, sigue anclado en (y lastrando) nuestra estructura social y económica.
  4. La activación económica y creación de empleo, pues los servicios sociales, domiciliarios y comunitarios, tienen tanto la capacidad de incorporar grandes contingentes de personal de Formación Profesional (que puede reciclarse proviniendo de sectores en contracción, como el del turismo), como la de encuadrar cada vez más personal con cualificación universitaria, orientado a ir generando e incorporando procesos y resultados de investigación e innovación.
  5. El control del gasto público, dado que, sin procesos de desburocratización, innovación y escalamiento de soluciones eficientes en el campo de la prestación, gestión y gobierno de los servicios sociales domiciliarios y comunitarios, se seguirá disparando el gasto sanitario hospitalario y farmacéutico, el gasto en servicios sociales residenciales y los costes de gestión, entre otros.

El desafío del que estamos hablando no es menor, ni en el plano ético ni en el estratégico, sino que debe ser visto y configurado como uno de los buques insignia, uno de los proyectos tractores, uno de los ejes principales en la acción transformadora y eficaz en la que tiene que convertirse la aplicación del Fondo de Recuperación en nuestro país. No se trata de parchear un tipo de centros (las “residencias de mayores” tal como, en general, las conocemos) sino de hacer posible y reconocible, más pronto que tarde, una gama real de alternativas diversas para la vida autónoma con cuidados en comunidad de todas las personas.