Segregación espacial y vulnerabilidad comunitaria: el huevo de la serpiente

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En los estudios y análisis de nuestra realidad social que se vienen haciendo en estos tiempos llamados “de poscrisis”, como los preparatorios para el próximo Informe FOESSA, se perciben con claridad procesos de dualización en cuanto al acceso a recursos económicos (es decir, creciente desigualdad entre personas acomodadas y pobres); de precarización e inseguridad laboral, habitacional y económica de sectores que anteriormente tenían mayores oportunidades y situaciones de inclusión social; y, también, de enquistamiento y desconexión de segmentos poblacionales en situación de exclusión social.

Los procesos laborales y económicos tienen impacto en la ordenación y ocupación del territorio, tanto para el alojamiento como para otros usos más o menos legales y más o menos conflictivos. A su vez, las dinámicas urbanísticas, residenciales y convivenciales tienen relevancia y efectos en la vida profesional y económica en los barrios, pueblos y ciudades. La desigualdad económica, sin duda, propulsa la segregación espacial. Y esos procesos de segregación espacial están plagados de conflicto y sufrimiento para muchas personas que, en sus casas o en sus calles, no pueden acceder a unos mínimos dignos de calidad de vida.

Sin embargo, las políticas públicas y las relaciones primarias y solidarias tienen mucho que decir al respecto. En este momento, en algunos barrios populares aumenta el sentimiento de vulnerabilidad y la percepción de la creciente dificultad de mantener un razonable equilibrio en ecosistemas atravesados, además, por múltiples ejes de diversidad (de género, generacional, funcional o cultural) que se manifiestan, y a veces chocan, en la convivencia vecinal, en los usos del espacio público, en la dinámica comercial o en la participación ciudadana.

En no pocas ocasiones, se tiene la impresión de que las políticas públicas, incluyendo las de servicios sociales o intervención social (con la colaboración de organizaciones del tercer sector), son impotentes o incluso contraproducentes frente a la acción de mafias ilegales internacionales, grandes compañías sin rostro dedicadas a la inversión inmobiliaria o procesos de turistificación o gentrificación, entre otros. Sin embargo, señales de alarma tan diversas como las que tienen que ver con el aislamiento relacional o el fascismo xenófobo aconsejarían una fuerte apuesta de inversión, investigación e innovación en intervenciones sociales de desarrollo comunitario que puedan ayudar significativamente detectar y destruir a tiempo “el huevo de la serpiente.”

(Notas para próximos debates en la Fundación Aldauri y otros en los movimientos vecinales del barrio de San Francisco, de Bilbao.)

Perdidos en el espacio (“sociosanitario”)

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Las comunidades de práctica y conocimiento, locales y globales, relacionadas con las políticas sociales parecen ir confluyendo en algunos consensos acerca de los modelos de integración intersectorial entre las grandes políticas sociales verticales (como la sanitaria, la educativa, la de servicios sociales, la de empleo, la de vivienda o la de garantía de ingresos). Según esos consensos, todas estas políticas estarían llamadas a la integración con todas, sin subordinación de ninguna a otra, sin deconstrucción de ninguna de ellas, sin creación (salvo excepciones limitadas) de estructuras intermedias o intermediarias y apoyándose, en buena medida, en la digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno. Por ello resulta descorazonadora la lectura del Decreto 100/2018, de 3 de julio, de las organizaciones sanitarias integradas del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud, aprobado por el Gobierno Vasco.

Es llamativo que sea precisamente un decreto que dice asumir y aplicar el modelo de atención integrada aquel en que se retrocede en relación con algunos de los pocos pasos que en el País Vasco hemos sido capaces de dar en lo relativo a la integración intersectorial entre políticas sociales. Por una parte, porque, al parecer, las organizaciones sanitarias sólo tienen relación con las de servicios sociales y nada se dice de la conexión con otras. Y, por otra parte, porque, en un claro retroceso frente al equilibrio entre los dos sistemas planteado en el Decreto 69/2011, de 5 de abril, del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, la única novedad del nuevo decreto en el asunto que nos ocupa aquí es la creación de una comisión (¡otra!) sociosanitaria que depende jerárquicamente de la organización sanitaria (es una comisión de la OSI), que es dirigida por personal sanitario y que está compuesta por una mayoría de profesionales del sector de la salud.

No toca ahora entrar a la concepción que tiene el decreto acerca de la integración intrasectorial o vertical dentro del sistema de salud, pero, en lo tocante a la integración horizontal o intersectorial, esta nueva norma reincide en conceptos fantasmagóricos como los de “ámbito socio-sanitario”, “sector sociosanitario” o “espacio sociosanitario” y se permite determinar que personas de los servicios sociales deberán formar parte de la citada “comisión sociosanitaria de la OSI”, eso sí, sin llamar a estos servicios por su nombre legal ni tomarlos como sistema y refiriéndose a unas, de nuevo fantasmagóricas, “área social de los ámbitos municipales” y “área social del ámbito de la diputación foral”.

La aprobación de este decreto puede ser vista como una nueva manifestación de la inexistencia efectiva de un modelo de integración intersectorial de políticas en nuestro país y, específicamente, en las políticas sociales, así como de la debilidad de nuestra gobernanza integrada del bienestar, agravada, seguramente, por la fragmentación institucional del país, que no rige, en lo fundamental, en el sistema sanitario, pero que sí afecta, claramente, a los servicios sociales, con fenómenos como el que el Ararteko ha denominado de “doble llave”, en virtud del cual el tránsito de una persona entre la atención primaria y la atención secundaria requiere el acuerdo de la institución responsable de un lado y de la del otro.

(Aquí cabe consultar entradas anteriores sobre atención integrada, materia sobre la cual trabajaremos esta semana con la cooperativa Servicios Sociales Integrados, los servicios sociales del Ayuntamiento de Bilbao y algunas organizaciones del sistema sanitario vasco. La ilustración corresponde a la serie de televisión de los años sesenta “Perdidos en el espacio”.)

Nuevos documentos (PDF) y entradas de fantova . net en el pasado cuatrimestre

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Se han subido los siguientes documentos (clicar para abrirlos) en el apartado “Intervención y servicios sociales” de “Documentos propios”:

Bases para una nueva ley de servicios sociales (12 diapositivas).

¿Asistencia social residual o servicios sociales universales? (10 diapositivas).

Building social intervention (8 páginas).

Construyendo la intervención social (8 páginas).

Servicios sociales e inclusión social: ¿qué dice la comunidad de conocimiento? (7 diapositivas).

La psicología de la intervención social en la construcción de los servicios sociales y la atención integrada (10 diapositivas).

En el apartado “Desarrollo comunitario y sector voluntario” de “Documentos propios”:

Servicios sociales y comunidad: trayectorias y propuestas (7 diapositivas).

Servicios sociales y acción comunitaria (8 diapositivas).

En el apartado “Cuestiones y políticas sociales” de “Otros documentos”:

Los sistemas de bienestar en España: evolución y naturaleza (26 páginas).

En el apartado “Intervención y servicios sociales” de “Otros documentos”:

La crisis de los cuidados y los servicios sociales en el País Vasco (4 páginas).

Se han publicado, además, 15 nuevas entradas de blog. En este momento el número acumulado de descargas de documentos es de 424.340.

¿Dónde está el problema para la integración entre servicios sociales y servicios sanitarios?

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Es frecuente que olvidemos el carácter contingente e instrumental de las organizaciones creadas para dar respuesta a las necesidades humanas y el hecho de que, en diferentes contextos, se ha optado y se sigue optando por contornos, fórmulas y, en definitiva, diseños estructurales diferentes para similares funciones. Así, si bien es común a muchos lugares el debate sobre la integración entre los servicios de salud y los servicios sociales, sabemos que las respuestas y desarrollos son bien dispares.

Hay un núcleo duro de contenidos que suelen abordarse, sin duda, desde cada uno de esos dos ámbitos. Prácticamente en cualquier país desarrollado, si tenemos un grave accidente automovilístico, nos recogerá una ambulancia que nos llevará a un servicio de urgencias en un hospital, siendo que todos esos elementos formarán parte de algún tipo de sistema sanitario. Del mismo modo, si encontramos en la entrada de nuestra casa una criatura abandonada sin familia conocida, sabremos que los servicios sociales se harán cargo de ella.

Sin embargo, a medida que nos alejamos de esos núcleos duros, aumenta la variabilidad y la discusión sobre las necesidades que debe abordar cada uno de esos entramados de organizaciones de los que estamos hablando. Por eso cambian de un lugar a otro las fronteras entre estos sectores (y entre estos y otros) y los propios sistemas (y la propia comprensión de las diversas necesidades). Una misma situación puede ser vista en un entorno como problema de salud, en otro como asunto para los servicios sociales, en otro como cuestión de seguridad o, en otro, como materia para los servicios de vivienda.

Sin embargo, no hay forma de funcionar sin especializar a personas, equipos, organizaciones y sistemas en determinadas funciones, buscando después la manera de integrar (de forma más blanda o más dura) esas unidades (mayores o menores) que previamente hemos formado y posicionado. Los cambios en las capacidades funcionales y relaciones primarias de las personas en nuestras sociedades están llevando, por ejemplo en el Reino Unido, a apostar por experiencias de integración más dura y a mayor escala que en nuestro país. Ello, como suele recordar Manuel Aguilar, se entiende, entre otros factores, por la trayectoria y comprensión previa de la social care, mucho más focalizada en los cuidados que nuestros servicios sociales.

En España, las experiencias reales de integración entre los servicios sociales y los servicios sanitarios no pasan de ser minúsculas islas en un mar de palabras confusas en el que las olas y las corrientes de los discursos se repiten sin cesar, sin que esas islas formen archipiélagos o emerjan como continentes: sin que surja ninguna experiencia de tamaño y consistencia suficiente como para que pueda considerarse mínimamente pertinente, eficiente, sostenible y modélica. Posiblemente ello es así porque no es posible la integración intersectorial en ausencia de un modelo mínimamente estable y funcional de servicios sociales.

En este contexto resulta preocupante, por cierto, la reciente aprobación, por unanimidad, de la Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, en la que toda la responsabilidad es, prácticamente, para los servicios sociales (reforzados así como subsidiarios y residuales) y en la que se habla, entre otras cosas, de provisión y distribución de alimentos, de prestaciones y servicios para hacer frente a deudas hipotecarias e incluso de “servicios básicos de medicación”.

(Sobre estas cuestiones trabajamos la semana pasada en una sesión con autoridades sanitarias y de los servicios sociales de Gales, organizada por Ester Sarquella, y en varias actividades de la cooperativa Servicios Sociales Integrados. Más información sobre la atención integrada en Gales, aquí.)

El rompecabezas de nuestros servicios sociales

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En las labores de diseño de nuestros sistemas de servicios sociales (cuando redactamos una nueva Ley, elaboramos un plan estratégico o reorganizamos un Departamento) tomamos conciencia de que las diferentes componentes, aspectos, elementos o dimensiones en juego están complejamente relacionadas entre sí, de modo que, cuando creemos haber resuelto un problema, podemos haber agravado otro, sin darnos cuenta.

Así, nos sentimos satisfechas con una definición del objeto de los servicios sociales que ayuda a delimitar su perímetro, diferenciándolo del abordado por otras ramas de actividad sectorial, pero ese paso parece alejarnos de la demanda reconocida que hoy tira de gran parte de los servicios sociales realmente existentes. Identificamos la masa crítica poblacional necesaria para sostener una oferta de valor y unos itinerarios significativos, mas esa decisión amenaza con desconectarnos de un buen número de anclajes profesionales, organizativos y políticos desperdigados por el territorio. Apostamos por las intervenciones basadas en evidencias y por la investigación e innovación en las áreas de conocimiento relacionadas con los servicios sociales y, entonces, parece escurrirse entre nuestras manos la posibilidad de construir un catálogo y una cartera con un contenido prestacional que pueda exigirse como derecho subjetivo.

Afirmamos querer avanzar en la universalidad, como otros pilares del bienestar, pero tememos perder eficacia y eficiencia en nuestro importante papel contra determinados focos preocupantes de exclusión social. Buscamos posicionarnos ante agentes sociales y segmentos poblacionales para los que no resultamos atractivos o significativos, sin poner en riesgo el compromiso de colectivos u organizaciones implicadas en el sistema. Deseamos ir mucho más allá de la asistencia y el control, mas no sabemos cómo reconocernos y ser reconocidas en la prevención comunitaria, el empoderamiento de la ciudadanía o las relaciones intersectoriales. Queremos digitalizar y aumentar la escala de nuestros servicios sociales, pero amamos su artesana flexibilidad relacional. Deseamos clarificar el papel y contribución de cada una de las grandes profesiones presentes en los servicios sociales, pero parece imposible hacerlo sin afectar a contenidos que cada una de ellas considera irrenunciables.

Se trata de dilemas (Martínez Virto) o tradeoffs (Aguilar Hendrickson) que desafían nuestra inteligencia, información, conocimientos, capacidad deliberativa, alianzas estratégicas y peso político. Sin embargo, entendemos que no podemos dejar que nos paralicen, pues la necesidad de cambio en los servicios sociales, para que puedan hacer frente a los desafíos que tienen ante sí, es mayor y más apremiante cada día que pasa.

(Reflexiones en el contexto de los trabajos preparatorios de la nueva ley asturiana de servicios sociales.)

Preventive, personalized, integrated, and ecological social intervention

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Instead of considering prevention as the opposite of intervention (understanding that, if prevention is successful, intervention will not be necessary) or as a type of intervention (different from others such as palliative, care or promotional), it is proposed here to conceive it as a castling, a dimension or added value that is always present, desirably, in the intervention. Preventive action is characterized by its precocity and proactivity and it aims to make other interventions unnecessary or lesser, possibly more intense and expensive.

The root of the personalization movements of the welfare services (and, specifically, social intervention) can be found in the independent life movement of people with disabilities or users of mental health services. In the specific field of gerontology, the person-centered model of care identifies as a reference client-centered psychotherapy, the models of person-centered planning (of disability care) mentioned above, the contributions of applied ethics (especially of bioethics, the various professional deontologies or the care ethic), the approaches linked to the concept of quality of life, case management or housing, understood as movement of reform, reconfiguration (and in some cases replacement) of residential care to the elderly.

The focus on the person or personalization of social intervention is consistent with a social intervention of ambitious objectives and high added value, far removed from the social control and traditional segmentation (and segregation). Supported by ethical values and rigorous knowledge, it recognizes the uniqueness and complexity of the situations and trajectories of each and every one of the people in their sexual, generational, functional, and cultural diversities. For this reason, it conceives social intervention (and its main framework: social services) as vertically integrated within the sectorial scope itself (to guarantee continuity and avoid fragmentation in the processes of social intervention, to strengthen attention to diversities in community proximity and avoid the labeling and segregation of people) and horizontally, in integrated intersectoral care, the third of the proposed characteristics.

Indeed, the organization of any activity is traversed by a tension between two dynamics: the dynamics of specialization and those of integration. The dynamics of specialization enables the division of activity between organizational units or, ultimately, people who are (more) able to take charge of each part and the dynamics of integration (coordination, collaboration or unification between those parties in processes and macroprocesses) seeks control, synergies, scales or interesting competitive positions. Technology, understood as the standardized and knowledge-based (scientific or other) way of carrying out the operative activities of each link of the value chains is a determining factor in the processes of specialization or integration.

Of course, a social intervention that wants to abandon the residual positioning of a social assistance in charge of social exclusion is ethically and technically obliged to propose a solvent model of addressing social complexity. At present, he paradigm that is being imposed internationally in this regard is that of an integrated care. Integrated intersectoral care is the appropriate framework for modulating, with elasticity and flexibility, the process by which social intervention becomes focused on its purpose and recognizing in (or proposing to) other interventions (health, labor, residential or others) its own purpose (as in the Housing First model, in which the accommodation of accompaniment is differentiated). At the same time, in the institutional framework of governance for territorial and social welfare, development and sustainability, the challenge of integrated care helps to see the importance of the fourth characteristic that we attribute in this section to social intervention: its ecological nature.

We speak of an ecological approach, a population approach or a structural approach from the moment we have understood that it is essential to intervene with individuals but also to influence their family, community and social environments in general. The territory (proximity) is a key reference because human beings are bodies embedded eco-dependently in physical spaces, although a questioning of the ‘community’ is necessary in its exclusively spatial/territorial dimension. The logic of space is replaced by the discourse of information flows, influence and networks of relationships. Be that as it may, both in the territorial proximity and in the digital layer, it is fundamental to analyze and deal with the social structures (macro, meso, and micro) that guide the activities, relationships, decisions, emotions, and knowledge of the people.

(Find here, please, the full text of the article in Psychologist Papers.)

Entender la gestión en los servicios sociales

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Si, en un determinado territorio, comparamos, por ejemplo, el sistema de transporte, el sistema de servicios sociales, el sistema de abastecimiento alimentario y el sistema educativo, comprobaremos que sus procesos operativos, las cadenas (de actividades) básicas de valor son muy diferentes entre sí. Poco se parecen, siguiendo los mismos ejemplos, lo que hacen la conductora de autobús, el psicólogo de la intervención social, la enóloga y el profesor de secundaria. Sin embargo, las labores de gestión que se realizan en estos y otros sistemas sí son bastante similares.

Obviamente, funciones de gestión, como la transmisión de información, la asignación de recursos o el diseño organizativo, deben contribuir al flujo de los procesos técnicos característicos de cada sistema, al servicio de la ciudadanía y comunidad destinataria. Hablamos de burocratización y desprofesionalización, precisamente, cuando las actividades de gestión más rutinarias se hacen preponderantes y el saber técnico del personal inmerso en la aportación directa de valor al entorno se va degradando y perdiendo, en lugar de fortalecerse y crecer.

En el caso de los servicios sociales, algunos procesos de desprofesionalización y burocratización han llegado incluso a desfigurar puestos de trabajo que hubieran debido ser netamente técnicos y de apoyo y ayuda personalizada y comunitaria para inundarlos de trámites administrativos de asignación de prestaciones, contratación de proveedoras, gestión de subvenciones o entrega de información. Esto ha sucedido, en ocasiones, con la anuencia de las propias personas profesionales, por diferentes razones, que no cabe detallar aquí.

Las grandes áreas de conocimiento presentes en nuestros servicios sociales (el trabajo social, la educación y pedagogía social y la psicología comunitaria y de la intervención social) tienen ante sí el reto de fortalecer y posicionar un conjunto de saberes que permita diferenciar cada vez con más nitidez la médula de la intervención social respecto de los procesos de gestión que la acompañan. Por otra parte, a su vez, la gestión, como disciplina profesionalizada, tiene importantes retos en los servicios sociales, especialmente en el rediseño de sus estructuras en el marco de los procesos de diferenciación e integración vertical y horizontal en curso, asociados a la superación del modelo de asistencia social residual y a la correspondiente universalización sectorial de los servicios sociales.

(Sobre éstas cuestiones reflexionaremos el jueves, 5 de julio, en Barcelona, en la clausura del Postgrado en Gestión de los Servicios Sociales Locales de la Universidad Autónoma de Barcelona.)

Sociedad del conocimiento, políticas sectoriales e intervenciones basadas en evidencias

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Posiblemente, en la llamada sociedad del conocimiento se refuerza la importancia estratégica de la incardinación en los ámbitos sectoriales de la economía, la política pública y la gestión del conocimiento (nacionales e internacionales) no sólo de las empresas privadas, sino también de las organizaciones públicas y las entidades de iniciativa social. La creciente importancia del conocimiento y la tecnología en la creación de valor obligaría a la Administración pública, trascendiendo su función social de redistribución de recursos económicos para la compra de bienes y servicios en el mercado, a coproducir más y mejor conocimiento para poder ser, en cada uno de los ámbitos sectoriales (por ejemplo, en los servicios sociales) tan determinante como le exija, entre otras, la legislación, su programa político y la expectativa del electorado (que, entre otras cosas, también es consumidor de servicios públicos o portador de derechos sociales). Por su parte, posiblemente, las entidades solidarias encuentran crecientes dificultades para operar simultáneamente en varios sectores de actividad, por la creciente especialización que exige mantenerse en cada uno de ellos.

Así, frente a un imaginario de una institucionalidad pública y una iniciativa solidaria más bien transversales y con agentes generalistas y un mundo mercantil más estructurado por sectores de actividad y con agentes más especializados (con más conocimiento sectorial), emergería con más fuerza el reto, para los agentes públicos y solidarios, de actuar estratégicamente en esos ecosistemas sectoriales (y después intersectoriales) de producción y aprendizaje antes descritos, en los que deben ejercer colaboración y tracción entre sí múltiples agentes, deseablemente en el marco de estrategias públicas, sectoriales e intersectoriales, de investigación, tecnología e innovación, favorecedoras de dinámicas sinérgicas de desarrollo territorial y creación de empleo en las que, por ejemplo, los servicios sociales se configuren como tractores de otros y generadores de valiosos retornos económicos, laborales, ambientales y relacionales (Powell y otras, 2017).

Como manifestación, por ejemplo, de los cambios y retos en estas dinámicas de relación entre agentes, cabe referirse a la aplicación de las ciencias del comportamiento, con la creación de unidades o equipos gubernamentales sobre enfoques comportamentales (behavioural insights), a políticas públicas cada vez más basadas en evidencias. Así, podría pensarse, por ejemplo, que los conocimientos de las ciencias del comportamiento forman parte de la caja de herramientas del personal operativo que hace intervención social o, en todo caso, de las personas con responsabilidades de gestión, por ejemplo, de los recursos humanos. Sin embargo, cada vez más, se presentan como útiles para el diseño de las políticas (OECD, 2017). A la vez, esta conexión más directa entre unas determinadas comunidades científicas y las personas que toman las decisiones políticas tiende a impulsar la realización de ensayos controlados aleatorizados (Randomized Controlled Trials), tratándose de “imitar los ensayos aleatorios que se utilizan en medicina para evaluar la efectividad de los nuevos medicamentos” (Banerjee y Duflo, 2011: 25). Aunque, posiblemente “el movimiento de la política basada en evidencias ha abrazado el potencial social de una mayor aplicación de la ciencia, pero se ha arriesgado a hacerlo con una comprensión insuficiente de la naturaleza del proceso de política y las preocupaciones normativas inherentes a la toma de decisiones políticas” (Parkhurst, 2017: 32).

(Fragmento adaptado de un artículo de próxima publicación en Cuadernos de Trabajo Social, como eco de reflexiones compartidas en el Consorcio de Acción Social de la Garrotxa.)

Prescripción profesional de cuidados y sistemas públicos de servicios sociales

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Obviamente una persona puede comprar cuidados profesionales –sin más– en el mercado, del mismo modo que puede automedicarse con determinados fármacos o adquirir un libro de contabilidad para aprender dicha materia, si no se ve la necesidad y el valor del diagnóstico, prescripción e intervención profesionales sobre la base del conocimiento (compatibles –por cierto– con el ejercicio de la autonomía moral y consiguiente capacidad de decisión, elección o consentimiento informado por parte de las personas usuarias). Lo que se quiere decir aquí, en todo caso, es que la decisión sobre los cuidados profesionales que debe recibir una persona pertenece –como la decisión sobre si debe operarse de apendicitis o aprender la tabla del siete– al ámbito de su autonomía moral y capacidad de decisión (o la de quien le represente legítimamente), pero que dicha decisión –como las otras evocadas– puede y –bajo ciertas premisas y en determinados contextos– debe ser objeto de prescripción facultativa sobre la base de un diagnóstico profesional basado en el conocimiento que permita establecer los mejores ajustes entre cuidado profesional, autocuidado y cuidado primario y, en definitiva, alcanzar la mejor interacción y bienestar.

Por otra parte, si miramos la evolución de otros sectores de actividad cabe suponer que es grande el recorrido que podrían tener los servicios sociales en la incorporación de productos de apoyo (ayudas técnicas) y nuevas aplicaciones, plataformas y, en general, tecnologías, lo cual, en principio, podría aportar novedades en términos de empoderamiento individual y diversificación de formas y formatos de relación entre las personas (Carretero, 2015). Sólo, sin embargo, en el marco de un sector de actividad y de un sistema público robusto, tanto desde el punto de vista ético como técnico, cabe esperar que ese imprescindible desarrollo tecnológico se oriente a la sostenibilidad relacional y la humanización de la vida y no a “asegurar y monitorizar el aislamiento, a través de la producción de una socialidad mínima y latente” (Sánchez Criado, 2012: 408).

El reto es considerable, pues se trata de salir del actual círculo vicioso entre agravamiento de la situación de las personas, fragmentación de la atención, burocratización de las organizaciones e insatisfacción del personal e impulsar el círculo virtuoso entre comunidad de conocimiento, integración de la atención, empoderamiento de las personas y sostenibilidad social. Ello requiere tanto de una más orientada investigación básica y aplicada, desde diversas áreas de conocimiento, que permita mejorar el instrumental de evaluación de los fenómenos y cambios de los que se ocuparían los servicios sociales como de experiencias piloto (prototipos) que vayan construyendo formatos e itinerarios de atención y calibrando su utilidad, viabilidad, legitimidad, transferibilidad, escalabilidad y sostenibilidad. Lo cual, seguramente, sólo será posible desde un fuerte liderazgo político e innovación pública, como ha sucedido o está sucediendo en muy diversos sectores de actividad (Mazzucatto, 2016).

(Fragmentos finales de un artículo de próxima publicación en Documentación Social, base para el trabajo de una jornada el 22 de junio de 2018 en La Garrotxa.)

Gizarte-zerbitzuak, etorkizunera begira

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Gizarte-zerbitzuek pertsona guztiei bizitza osoan zehar euren eguneroko autonomia eta harreman primarioak hobetzeko eta osatzeko behar dituzten zainketak eta laguntzak eskaintzen dizkien jarduera ekonomikoen sektorea osatzen dute. Horri esker, pertsonak autonomoak dira eguneroko bizitzako erabaki eta jardueretan, eta familiako eta komunitateko harremanetan. Oro har, aipatutako arloa funtsezkoa da pertsona guztien ongizatearentzat, eta, beraz, gizarte-zerbitzuen politika publikoa ongizatearen estatuko gizarte-politikatzat jotzen da.

Hala eta guztiz ere, azpimarratu behar da, gure gizartean, gizarte-zerbitzuen sektore ekonomikoak edo, horren barruan, gizarte-zerbitzuen sistema publikoak ez dutela lortu ongizatearentzat funtsezkoak diren beste batzuek (esate baterako, osasun zerbitzuen sektore ekonomikoa edo osasun-sistema publikoa) duten garapen maila. Esate baterako, garapen-maila txikiagoa dutenez, lurralde eta administrazio bakoitzak modu batean izendatzen ditu gizarte-zerbitzuak edo haien atalak, eta, askotan, ez daude elkartuta, antolamenduaren aldetik, zatikatuta baizik, eta, aldi berean, beste jarduera batzuekin nahasita.

Gaur egungo gizartean, ordea, zainketen krisia, zalantzarik gabe, gizarte-zerbitzuen garapena areagotu egin behar dela azaleratzen duen gizarte-fenomeno handia da. Zenbait faktorek eragin dute zainketen krisia. Hona hemen adibide bat: ezgaitasunak dituzten pertsonen bizi-itxaropena luzatu izanaren ondorioz, belaunaldi- eta funtzionaltasun-aniztasuna handitu egin da, eta, aldi berean, egitura eta balio patriarkal jakin batzuk zalantzan jartzeko eta gainditze erlatibo eta disfuntzionalerako prozesuak sortu dira. Egitura eta balio patriarkal horiek honako uste honetan daude oinarrituta: emakumeek merkatuaren esparruan, gizarte zibil antolatuan edo Estatuan parte hartzeari uko egin eta lehen mailako harremanetan, batik bat zainketa-harremanetan, jardungo zutelako ustean. Erlatiboa da, oraindik ere emakumeak arduratzen direlako gehienbat lehen mailako zainketez, eta disfuntzionalagoa, oso urrun jarraitzen dugulako lehen mailako zainketen eta zainketa profesionalen arteko oreka egokitik.

Zorionez, berrikuntza teknologikoak (makrodatuekin, gauzen Internetekin, lankidetza-plataformekin, adimen artifizial banatuarekin eta abarrekin lotuak) eta berrikuntza sozialak (Euskadiko hirugarren sektoreko sare solidarioaren indarrean oinarrituak) gure gizarte-zerbitzuen garapena bizkortu dezakete. Garapen horretan, bide batez, askotariko irakaspenak lor ditzakegu hurbileko esperientzietatik. Nafarroan, esate baterako, zenbait prestazio ekonomiko gizarte-zerbitzuetan izapidetzeari utzi eta kenkari itzulgarritzat edo zerga negatibotzat hartzen dituzte, zerga-politikaren esparruan. Era berean, mugaz beste aldean, Ipar Euskal Herrian, lehen haurtzaroaren zainketa komunitarioak jorratzeko edo ezkutuko ekonomian zeuden zainketa-zerbitzuak azaleratzeko (eta erabiltzaileak ahaldunduz) bideak kontuan hartzeko modukoak dira.

(Eusko Ikaskuntzak bultzatutako liburu berderako ekarpenaren zatia.)