Garantía de ingresos y Estado de bienestar

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Las decisiones en materia de políticas públicas o estrategias empresariales –del mismo modo que las que tomamos en nuestra vida personal o familiar– son frecuentemente mucho menos reflexionadas, dialogadas y basadas en el conocimiento de lo que nos gusta reconocer. Sin embargo, algunas de dichas decisiones, especialmente cuando tienen rango legal e impacto presupuestario, desencadenan consecuencias y generan estructuras con efectos relevantes a largo plazo, para bien o para mal.

Las decisiones que, en el País Vasco, hemos ido tomando en materia de garantía de ingresos básicos para la subsistencia constituyen, en términos generales, una historia de consenso político y social y de éxito social y económico. Como botón de muestra, cabe referirse al relato de esta buena práctica en la publicación sobre políticas comparadas de prevención y lucha contra la pobreza económica coordinada recientemente por el profesor Gerry Mooney, de The Open University.

Como se refleja en dicho ensayo, no sólo se aprecia en el País Vasco una apuesta sostenida y creciente por la inversión económica en materia de garantía de ingresos mínimos sino un avance progresivo –en términos generales– en la universalización de la garantía de cobertura de las necesidades de subsistencia como un componente fundamental de nuestro Estado de bienestar y de nuestro modelo social.

En las sociedades europeas tiene una amplia aceptación y aplicación la idea de que hay una serie de necesidades sociales –unos sectores de actividad– que, por su relevancia para la dignidad humana, consideramos como áreas prioritarias en las que los poderes públicos han de garantizar a todas las personas unos mínimos de cobertura, sin que sean de recibo exclusiones o discriminaciones. Así, hemos ido estructurando el sistema sanitario o el educativo. Así apostamos ahora por estructurar el sistema de servicios sociales.

Pues bien, del mismo modo que vamos asumiendo y practicando la garantía pública de que, en cualquier caso, todas las personas habremos de disponer de una respuesta mínima –digna– a nuestras necesidades en las áreas de la sanidad, la educación o los servicios sociales, vamos asumiendo y practicando lo mismo en lo relativo a las necesidades de subsistencia. ¿Qué sentido tiene que garanticemos la escolarización a una criatura pero no la ropa que le abriga? ¿Cómo justificamos el financiar a una persona el diagnóstico médico, la intervención quirúrgica y los cuidados posoperatorios de enfermería, pero no que pueda comer cuando es dada de alta? ¿Cómo se entendería que alguien tenga derecho a un servicio de teleasistencia del sistema público de servicios sociales pero no a la electricidad que alimenta el dispositivo necesario para dicho servicio?

La política vasca de garantía de ingresos nos asegura que, con independencia de que tengamos o no un empleo, de que cobremos  más o menos por trabajar, de que nuestra pensión sea más alta o más baja, siempre vamos a tener una renta mínima garantizada para hacer frente a nuestras necesidades más básicas de subsistencia. Esa garantía, unida a la que ofrecen, fundamentalmente, la sanidad, la educación y los servicios sociales, nos aporta una seguridad fundamental para nuestro bienestar individual y familiar, tiene un alto impacto en el dinamismo económico de la sociedad y, sobre todo, contribuye a que nuestra sociedad se sienta más digna, al no dejar a nadie librado a su suerte.

Nuestro sistema de garantía de ingresos, por tanto, al igual que el sanitario, el educativo o el de servicios sociales, es patrimonio de toda la sociedad y como tal hemos de cuidarlo. Lo que significa defenderlo y perfeccionarlo continuamente. A la hora de ir tomando las decisiones de mejora de nuestro sistema de garantía de ingresos, lo que parecen señalar los consensos de las personas expertas estudiosas en materia de garantía de ingresos y política social iría en tres sentidos: universalización, simplificación y activación.

La universalización nos llevaría a corregir decisiones que hayan dejado fuera de la protección a determinados segmentos poblacionales y, en todo caso, a perfeccionar constantemente la capacidad inclusiva de nuestros sistemas, desde una lógica de dignidad y derechos humanos, con especial atención a las familias con menores.

La simplificación viene exigida por el hecho de que diferentes evaluaciones señalan la existencia de una excesiva cantidad de pensiones, prestaciones o desgravaciones, excesivamente complejas y frecuentemente incoherentes en su diseño, que acarrean importantes costes de gestión. La integración entre política fiscal y política de garantía de ingresos y la introducción mucho más decidida de tecnologías de la información y la comunicación son dos vías prometedoras para la simplificación en este terreno.

Hablamos, por último, de activación, en la medida en que los diseños más interesantes en política de garantía de ingresos son aquellos que combinan componentes incondicionales con componentes contributivos y que incorporan complementos o incentivos para actividades productivas o reproductivas de las personas, que contribuyen a la creación de capital humano, económico, comunitario y social.

Este artículo se ha escrito dentro de la campaña +Derechos (@EskubideakGehi) impulsada por @Eapn_Euskadi y más de cien organizaciones en favor de la política de garantía de ingresos. Se publicó el 19 de abril de 2015 en Deia y puede descargarse aquí en PDF.

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