¿Qué servicios sociales queremos?

Cruce de vías de tren

Si, hoy y aquí, pensamos en la educación de nuestras criaturas, en nuestra salud o en nuestra subsistencia cuando nos jubilemos, sentimos que contamos con respuestas públicas relativamente relevantes para una mayoría de la población. Sin embargo, si pensamos en conseguir un empleo o en nuestra necesidad de alojamiento, sabemos que el sector público da una respuesta muy limitada o residual al respecto y que, en esos ámbitos, las personas (y las familias) nos tenemos, básicamente, que “buscar la vida”.

En lo que corresponde a las necesidades que tienen que ver con nuestra autonomía (o limitación) funcional y soporte familiar y comunitario (que serían aquellas de las que se ocupan los servicios sociales) la situación se acerca más a la de “buscarnos la vida”, salvo en el caso de las personas menores de edad en situación de desprotección por parte de su familia o en el de otros segmentos poblacionales minoritarios catalogados con alguna etiqueta que les permite utilizar servicios, aunque ciertamente dentro de un modelo de atención segregada cada vez más cuestionado por la comunidad científica y la propia población.

En esta situación caben dos preguntas: ¿Cuál es la apuesta de inversión pública que permitiría llevar los servicios sociales a un estatus similar al que tienen la educación, la sanidad o parcelas de la garantía de ingresos? ¿Queremos, como sociedad, asumir el coste de esa apuesta estratégica?

Hay evidencia y análisis que sugieren que una apuesta por unos servicios sociales con una atención primaria más fuerte, con nuevas tecnologías y enfoque comunitario pueden desencadenar, a medio plazo, ahorros en servicios sanitarios, en garantía de ingresos o en los propios servicios sociales residenciales y pueden tener un importante impacto en términos de competitividad económica y recaudación fiscal (por sus efectos en la conciliación entre la vida familiar y laboral y, en general, en la calidad de vida de la población). Por otra parte, es razonablemente esperable que, en función de cuál sea la oferta de los servicios sociales públicos en lo tocante a los llamados cuidados de larga duración, diferentes serán las decisiones económicas de las personas en relación con su patrimonio y su disposición a afrontar impuestos, cotizaciones, copagos u otras formas de participación en la organización de este ámbito de necesidades y actividades.

Sea como fuere, los retornos y sinergias de los que hablamos no se van a producir, probablemente, a corto plazo y cabría atreverse a estimar que una apuesta que permitiera a los servicios sociales abordar el reto del que estamos hablando (en un contexto de rápido e intenso aumento de las necesidades como el que vivimos) requerirían incrementos presupuestarios cercanos al 10% anual durante unos 10 años. Incrementos que, por otro lado, debieran aplicarse para la construcción de un modelo de servicios sociales bastante diferente del que hemos heredado. Modelo del que, hemos de reconocerlo, tenemos todavía, lógicamente, poca experiencia y evidencia.

Lamentablemente la trayectoria que llevamos no va en ese sentido sino que se orienta en general a mantener unos servicios sociales que tan sólo atienden a segmentos minoritarios de la población seleccionados con categorías diagnósticas o clasificatorias frecuentemente obsoletas, segmentando fuertemente por renta a las personas destinatarias, mientras que la mayoría de la ciudadanía asume que, para lo concerniente a su autonomía (o limitación) funcional y su soporte familiar y comunitario, tendrá que “buscarse la vida”.

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