¿Hacia dónde avanzar en garantía de ingresos?

William Beveridge

La política pública de garantía de ingresos es, sin duda, uno de los grandes pilares de cualquier Estado de bienestar. Comprende todas aquellas prestaciones económicas públicas (tanto las llamadas contributivas como las llamadas no contributivas) orientadas a garantizar que las personas dispongamos de los recursos económicos para adquirir aquellos bienes o servicios necesarios que, al no ser proporcionados por otras políticas sectoriales (como la sanitaria, la educativa o la de servicios sociales), han de ser adquiridos necesariamente con dinero.

¿Cuáles son las tendencias de referencia que se proponen para la mejora continua de las políticas y prestaciones de garantía de ingresos? Podría decirse que se resumen en tres: universalización, simplificación y activación.

El proceso de universalización de las políticas sociales, pese a los ataques que recibe y las contradicciones con las que se aplica, es irrenunciable para una conciencia moral y política mínimamente formada e informada por una visión de la dignidad humana en clave de derechos humanos. El camino que ha de seguir la política de garantía de ingresos lo marcan otras políticas públicas (como la sanitaria o educativa) que han escrito sus mejores páginas cuando han ido ampliando inclusivamente su capacidad de atención. No tiene sentido, por ejemplo, que el Estado cubra una costosa atención sanitaria a una persona y no tenga la misma consideración respecto a que pueda comer el día que le dan de alta.

La simplificación viene exigida por el hecho de que diferentes evaluaciones señalan la existencia de una excesiva cantidad de pensiones, prestaciones o desgravaciones, excesivamente complejas y frecuentemente incoherentes en su diseño, que acarrean importantes costes de gestión. La consecuencia más preocupante de estas imperfecciones de diseño de nuestra política de garantía de ingresos es la aparición de agujeros negros, como los que se ponen de manifiesto, por ejemplo, en lo tocante a la protección económica de la infancia, adolescencia y juventud o de las familias. La integración entre política fiscal y política de garantía de ingresos y la introducción mucho más decidida de tecnologías de la información y la comunicación son dos vías prometedoras para la simplificación en este terreno.

Hablamos, por último, de activación, en la medida en que entendemos que el Estado tiene tres maneras de contribuir a la satisfacción de las necesidades de las personas: dándoles –o no quitándoles– dinero; proporcionándoles servicios; y promoviendo su autoprovisión individual, familiar, comunitaria, solidaria o mercantil. Los diseños más interesantes en política de garantía de ingresos son aquellos que combinan componentes incondicionales con componentes contributivos y que incorporan complementos o incentivos para actividades productivas o reproductivas de las personas, que contribuyen a la creación de capital humano, económico, comunitario y social.

Entendemos que cualquier debate racional  y cualquier agenda de cambio en materia de garantía de ingresos debe situarse en parámetros como los mencionados, aportados por  la comunidad científica y técnica de las políticas sociales, resultando contraproducente y disfuncional focalizarse sobre una determinada prestación o programa sin tener en cuenta el conjunto del  panorama, así como las tendencias a las que, brevemente, acabamos de referirnos.

(La foto es de William Beveridge.)

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