Los retos de la política social en el País Vasco

Brújula

A finales del año 2008 el Parlamento Vasco aprobaba, con un amplio consenso, tres leyes cuyo proceso de desarrollo y aplicación estaba llamado a articular una nueva etapa de la construcción de nuestro sistema de bienestar. Se trataba de las leyes referidas a los servicios sociales, a las políticas familiares y a la garantía de ingresos mínimos de subsistencia. Lo ocurrido desde entonces nos habla de la complejidad de los procesos de diseño y construcción de las políticas de bienestar, de la intervención pública en la respuesta a una serie de necesidades que denominamos sociales porque nuestro contrato social las identifica como especialmente sensibles para la dignidad humana y la sostenibilidad de la vida.

El estudio de la historia de los procesos de formación de las grandes ramas de la política social (como, por ejemplo, las relacionadas con la sanidad, la educación o las pensiones) debe hacernos relativizar coyunturas transitorias o trifulcas interesadas y recordar que estamos en una operación a largo plazo. Debemos alzar la mirada y recordar el sentido y el trazado de esa etapa que comienza con la aprobación de las citadas tres leyes.

Se trataba y se trata, en primer lugar, de construir el sistema público de servicios sociales como el siguiente gran pilar del Estado de bienestar. Esta sociedad líquida y venturosamente envejecida en la que vamos superando la división patriarcal del trabajo necesita unos servicios sociales públicos de envergadura equiparable a la que tienen la red sanitaria o la educativa y ese es el reto principal de las políticas sociales en este momento. Nuestra ley de servicios sociales diseña un ambicioso sistema público que ofrece un encaje creativo para la autogestión comunitaria y las organizaciones solidarias.

Se trataba y se trata, en segundo lugar, de seguir fortaleciendo la política de garantía de ingresos para la subsistencia. Mediante un sistema que es la envidia de toda la comunidad científica española en materia de política social, complementamos pensiones bajas y ofrecemos estímulos al empleo a personas con bajos salarios obteniendo un impacto importante en la reducción de la pobreza y ofreciendo a miles de personas un mínimo de subsistencia que les permite continuar y relanzar su proyecto de vida en momentos de especial vulnerabilidad. Se trataba y se trata, en tercer lugar, de incorporar a todas nuestras políticas públicas una perspectiva familiar, de modo que la libertad de formar familias y de mantener relaciones familiares sea cada vez más efectiva.

La construcción de estas nuevas partes de nuestro Estado de bienestar se realiza, por otra parte, a la vez que se han de reinventar o reorientar las partes más clásicas, en un edificio inteligente que debe funcionar como un todo coherente. Por poner un solo ejemplo, sabemos que la coordinación sociosanitaria es un área estratégica de primera importancia. Todo este desarrollo e innovación en política de bienestar, por otra parte, nos exige nuevas formas de triangulación e integración entre políticas de bienestar, política fiscal y política económica, en busca de nuevas sinergias creativas y círculos virtuosos en el marco competitivo de una economía globalizada.

Lejos de haber fracasado, la agenda política y ciudadana escrita en nuestras tres leyes de 2008 nos tiene que dar todavía muchos de sus frutos. Su apuesta por derechos ciudadanos universales y comunidades humanas inclusivas tiene hoy más sentido y más futuro, si cabe, que cuando nuestras representantes y responsables políticas, para orgullo de la ciudadanía, las aprobaron en el Parlamento.

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