Necesidades individuales, bienes públicos, políticas sectoriales y proyectos comunitarios

Mallorca

Para que podamos decir cabalmente que un bien que da satisfacción a una necesidad humana (siempre individual) es un bien público (es decir, que hoy y aquí lo estamos produciendo, promoviendo, protegiendo y distribuyendo como tal), nuestras autoridades han de estar, razonablemente, en condiciones de garantizarlo como un derecho universal, para toda la ciudadanía. Eso significa que todas y cada una de las personas que formamos parte de una determinada comunidad podamos, razonablemente, exigir disfrutar de ese bien. Normalmente son las políticas llamadas sectoriales las que se ocupan de esos bienes: la salud, la justicia, el territorio y así sucesivamente.

Obviamente, sabemos que nuestra sociedad está muy lejos de la perfección en cuanto al ejercicio universal de esos derechos prestacionales pero también hemos aprendido que su articulación normativa no es un acto baladí. Del mismo modo que no es baladí la regulación jurídica de nuestras obligaciones como miembros de la comunidad en sus diversas manifestaciones, por ejemplo, en el seno de estructuras familiares, vecinales, mercantiles, laborales, asociativas o de otra índole.

El que trabajemos en pos de la garantía legal de un derecho subjetivo, operativizado en forma de prestación que permite disfrutar de un determinado bien, no significa que no comprendamos, a la luz de los hallazgos de las ciencias sociales, que todos esos bienes que vamos construyendo como públicos, tienen un carácter relacional, es decir, que la posibilidad individual de disfrutar del bien garantizado por el Estado se ve afectada (potenciada o dificultada) por la propia comunidad de la que forma parte el individuo. El ejemplo que tenemos más a mano es, lógicamente, el de nuestra salud en estos años pandémicos: aunque sintamos que nuestras instituciones públicas están garantizando razonablemente nuestro derecho a la salud, nos sabemos vulnerables ante el vecino del sexto derecha que se ha colado en el ultimo momento en el ascensor y que no para de toser mientras, en un tiempo que se antoja eterno, subimos hasta nuestra casa.

La aplicación del enfoque comunitario (o intencionalidad comunitaria, marges.coop dixit) en las políticas públicas de servicios sociales, de movilidad, de participación ciudadana, de cultura, de vivienda u otras significa invertir recursos y realizar procesos que vayan generando estructuras de (o para la) relación interpersonal que, a su vez, contribuyan a que las personas puedan dar respuesta a sus necesidades. No se trata (sino todo lo contrario) de que las políticas públicas renuncien a garantizar derechos y endosen a las redes (familiares y) comunitarias la responsabilidad de proveer o proteger bienes de primera necesidad (como el medio ambiente, la educación, los cuidados o la alimentación). No, se trata de que los poderes públicos, considerando la actual fragilidad de las comunidades, apuesten por el fortalecimiento de viejas y nuevas  maneras de autoorganización solidaria y ciudadana y de relación familiar y convivencial.

Nuestros proyectos comunitarios (y sus redes, mesas, reuniones y talleres) están, seguramente, ante el reto de mostrar y demostrar (ante los agentes y, sobre todo, ante la población) de qué manera y en qué medida acaban teniendo un impacto en el ejercicio de los derechos y la satisfacción de determinadas necesidades de un espectro cada vez más amplio y diverso de personas. Deben, seguramente, innovar en aspiraciones, lenguajes, formatos y tecnologías, si quieren conectar de manera pertinente y fértil con una parte significativa de esta sociedad ilusionante, dinámica, riesgosa, fragmentada y convulsa en la que vivimos y buscamos la felicidad.

(Arriba, uno de los encuentros de la pasada semana con personas de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.)

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