Instituciones locales e integración de los servicios sociales

……….Local

El debate y la clarificación de carácter jurídico que se ha producido en España en los últimos años a raíz de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, parecen arrojar la conclusión de que las comunidades autónomas tendrían la competencia exclusiva para la distribución y articulación de responsabilidades en el seno de sus sistemas públicos de servicios sociales, coherente con la obligación que tienen de dotar a estos sistemas de las capacidades necesarias para los nuevos contextos y planteamientos de este ámbito de actividad. Podríamos, por tanto, poner en cuestión anteriores repartos existentes entre los entes locales y las comunidades autónomas, en virtud, por ejemplo, de la necesidad de continuidad, eficiencia, coherencia e integración de la oferta de servicios sociales.

Las prestaciones o apoyos que ofrece un sistema público de servicios sociales deberán anudarse a una escala geográfica menor o mayor en función de las necesidades y demanda previstas en cada caso y esto determinará la adscripción y alcance territorial de cada uno de los servicios o centros del sistema. Para esta territorialización de los servicios sociales habrá que considerar factores como la densidad y la dispersión de la población y se deberá hacer lo posible por tener en cuenta tanto las demarcaciones territoriales de los entes locales, como la territorialización de otros sistemas o políticas públicas y, singularmente, la del sistema de salud y la de las políticas de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio. Parece razonable que la territorialización de un sistema público de servicios sociales cuente, al menos, con dos niveles inferiores al provincial: el área (mayor) y la zona (menor).

Las instituciones comunes de la comunidad autónoma, depositarias de la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, deberían dotarse de la capacidad de ejercerla de manera completa y sostenida en todo su territorio. Asimismo, deberían obligarse a colaborar con las entidades locales, especialmente en la medida en que éstas pongan infraestructuras físicas y recursos humanos o de otra índole a disposición del sistema público de servicios sociales. Máxime cuando la legislación española sobre administración local considera competencia propia de estos entes la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, lo que obliga a los entes locales a tomar parte activa en la integración (horizontal) intersectorial de políticas sectoriales o ramas de actividad que, como la de servicios sociales, la de empleo, la de vivienda, la de garantía de subsistencia y otras varias, contribuyen a la inclusión social de todas las personas.

Los entes locales pueden y deben seguir pudiendo solicitar a la comunidad autónoma asumir la responsabilidad principal de la oferta de servicios sociales en su territorio. Cabe proponer que, para poder solicitar el ejercicio de dicha responsabilidad, el ente local correspondiente cubriera, al menos, el territorio de un área de servicios sociales, de modo que, tanto si la responsabilidad sobre los servicios sociales en una determinada área está en manos de la comunidad autónoma como si está en manos de una entidad local, el conjunto (o al menos el grueso) de la oferta de los servicios sociales en esa área sea responsabilidad de la misma institución pública, lo que, a la luz de la experiencia histórica, parece aconsejable.

Por tanto, según esta propuesta, en aras de la integración vertical de la oferta de servicios sociales, los entes locales que quisieran asumir la responsabilidad de dicha oferta debieran tener un tamaño suficiente (al menos el correspondiente a un área) y asumir la responsabilidad del conjunto (o del grueso) de la oferta de servicios sociales (también de la que anteriormente hubiera estado en manos de la comunidad autónoma). De lo contrario, habría de ser la propia comunidad autónoma la responsable del conjunto de la oferta de servicios sociales en esa área. Todo ello, en cualquier caso, sin perjuicio de las competencias de regulación, planificación y gobierno del sistema que siempre retendría la comunidad autónoma y de la deseable colaboración de todas las entidades locales a la que antes se ha hecho referencia (equivalente o similar, al menos, a la que los entes locales tienen aquí y ahora en ámbitos como la educación o la sanidad).

(Extractado y refundido a partir de varias propuestas tentativas para el debate en recientes procesos de consultoría.)

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