¿Acción social comunitaria o control de “vulnerables” por delegación?

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(A propósito de un aspecto de la normativa del Ingreso Mínimo Vital)

La exposición de motivos de la Ley que establece el Ingreso Mínimo Vital lo presenta como “un paso decisivo hacia un modelo de política social construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias evitando redundancias, contradicciones e inequidades”. La experiencia de una pandemia que, en diferentes etapas, ha requerido para hacerle frente la paralización de tantas y tan diversas actividades laborales y económicas ha podido servir para que más gente se convenza de lo adecuado de este enfoque y se avance en su adopción.

Parece evidente que, cuanto más y mejor se aplique la mencionada visión integral de la Hacienda pública, en menor medida estarán los servicios sociales públicos y el tercer sector de acción social llamados a ocuparse de necesidades de subsistencia de las personas, lo que, a su vez, podrá facilitar (haciendo un paralelismo con la cita del párrafo anterior) el impulso de una visión integral de la acción social (o los servicios sociales) que posibilite que las personas, en función de su capacidad para las decisiones y actividades de la vida diaria, proporcionen o reciban cuidados y apoyos en el seno (y sobre la base) de relaciones primarias de carácter familiar o comunitario. Estaríamos avanzando en una optimización, basada en el conocimiento, tanto de las políticas de garantía de ingresos como de las de servicios sociales (o acción social) desde un enfoque de derechos, con una clara diferenciación entre las finalidades de unas y otros.

Sin embargo, aduciendo “la complejidad de la realidad de las personas potenciales beneficiarias” del Ingreso Mínimo Vital, en un momento dado, la normativa incorpora requerir un certificado emitido por los servicios sociales públicos o las organizaciones del tercer sector de acción social, entre otros aspectos, sobre, por ejemplo, “el domicilio real de una persona que alegue no vivir donde consta en el empadronamiento o la inexistencia de vínculos cuando en el mismo domicilio, aparte de los solicitantes de la prestación, residan otras personas”. Al parecer, determinadas circunstancias, situaciones o características de algunas personas llamadas vulnerables resultan inasumibles para la maquinaria burocrática de la Seguridad Social y volvemos a retroceder a la visión de una Seguridad Social para las mayorías incluidas y una asistencia social para minorías excluidas, siempre sospechosas, por lo que se ve, de alguna irregularidad.

El reciente informe FOESSA ha arrojado datos tan sorprendentes como, por ejemplo, que la tasa de exclusión social de Cataluña prácticamente duplica la de Asturias y seguramente algo tendrá que ver la mayor capacidad de nuestras políticas sociales para proteger a la población mayor que más ha cotizado (preferentemente masculina o vinculada a varón sustentador) que a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (especialmente mujeres y migrantes) que menos lo han hecho o no lo han hecho en absoluto. Por otra parte ese mismo informe FOESSA insiste en la dimensión relacional de la exclusión, señalando que la ruptura relacional es, desde hace más de una década, una tendencia que parece consolidarse, aún con más fuerza en esta nueva crisis de la covid y de forma más intensa en las personas afectadas a la vez por otras situaciones de dificultad. Todo ello suministra argumentos para que insistamos en diferenciar y sostener las dos apuestas mencionadas: la de una política de ingresos cada vez más universal e integrada y la de una acción social o servicios sociales cada vez más comunitarios y proactivos. Una acción social comunitaria a la que la política de garantía de ingresos no endose envenenados encargos de control burocratizado, estigmatizante y punitivo de ninguna parte de la población.

(Notas al hilo de la elaboración de un artículo con Ariadna Manent y de la preparación de un curso a partir del reciente informe FOESSA, a quien pertenece la imagen y que presenta esta semana su aportación específica sobre el País Vasco. El capítulo del informe referido a los servicios sociales puede descargarse aquí.)

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