Apostar por la interacción como objeto de los servicios sociales sin dejar a nadie atrás

retrovisor

Se viene proponiendo la interacción (definida como el ajuste entre la autonomía de la persona para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario) como el objeto para los servicios sociales. Y, al concebir los sistemas públicos de servicios sociales como universales, se entiende que deben aspirar a prevenir o abordar cualquier tipo o grado de afectación de la interacción de cualquier persona.

Cuando nos aproximamos para conocer ese objeto advertimos que existen algunas situaciones de las personas, contempladas habitualmente en leyes y políticas de carácter transversal (es decir, que afectan a varias ramas de actividad y no sólo a los servicios sociales), que, en principio, salvo excepciones, deberían llamar la atención o desencadenar la actuación (entre otros) de los servicios sociales. Se trataría, principalmente, de las siguientes:

  • Situaciones de dependencia funcional y, en general, de discapacidad, en la medida en que las limitaciones funcionales constituyen, normalmente, una afectación de la situación de interacción de las personas en su vertiente de autonomía o capacidad para las decisiones y actividades de la vida diaria y, a su vez, eventualmente, una mayor carga de cuidado o apoyo por parte de personas que mantienen relaciones primarias con ellas.
  • Situaciones de desamparo en la infancia y la adolescencia, en la medida en que, dado que se asume que las niñas, niños y adolescentes no disponen todavía de suficiente autonomía funcional para el desenvolvimiento cotidiano y la toma de decisiones sobre su proyecto de vida, se espera la complementación natural por parte de sus progenitoras y, en su caso, otros miembros de la red familiar o comunitaria, complementación que no siempre se produce adecuadamente (pudiendo llegarse al desamparo).
  • Situaciones de violencia de género, en la medida en que ésta constituye una perversión radical de relaciones de pareja u otras familiares y comunitarias, que, en lugar de representar fuentes de cuidado y apoyo primario, se convierten en amenaza o causa de daño.
  • Situaciones de exclusión, entendiendo por exclusión la falta de acceso de la persona a bienes materiales o inmateriales de primera necesidad por razones administrativas, laborales, económicas, habitacionales u otras y que dicha exclusión puede tener una dimensión relacional que representa una afectación en la situación de interacción.

Ahora bien, el hecho de que, en virtud de las políticas y la normativa referida a estas y otras situaciones análogas, se categorice a determinadas personas ni habilita ni obliga a los servicios sociales a utilizar dichas categorías para segmentar a la población que atienden, no siendo en ningún caso aceptable ningún tipo de discriminación en las oportunidades, el trato o los resultados de las personas en función de dichas categorías, asociadas, como vemos, a sus diferencias de sexo, edad, capacidad, origen u otras similares, sea en el sentido que sea.

Las políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad, que buscan la incorporación de todas las personas a la corriente general de ejercicio de derechos y de utilización de servicios universales, pueden aconsejar, en su caso, la generación de estructuras especializadas en tipos de diversidad o en categorías de personas en los sistemas de servicios sociales (como en otros). En aras de principios como la intergeneracionalidad, la interculturalidad y, en general, la interseccionalidad, dichas estructuras especializadas debieran ser, preferentemente, estructuras de gestión y gobierno y sólo excepcional, justificada y temporalmente estructuras de atención específicas para una u otra de dichas categorías de personas.

Los sistemas públicos de servicios sociales deberán contribuir, junto con otras políticas públicas, a adelantarse a la aparición de situaciones de vulnerabilidad, riesgo o fragilidad que, a su vez, puedan transformarse en las situaciones citadas arriba. Con más motivo será necesario el concurso de diversas ramas de actividad (como salud, educación, empleo u otras) si la persona ya se encuentra en alguna de esas situaciones (como las mencionadas de discapacidad, desamparo, violencia de género o exclusión).

En todo caso, cuando los servicios sociales se hubieran hecho cargo de dichas situaciones de determinadas personas o conjuntos de personas, del modo que sea (incluso de manera integral), el replanteamiento de la atención en busca del compromiso de otras ramas de actividad (como garantía de ingresos, vivienda u otras) no deberá desencadenar, en ningún caso, un deterioro o disminución del disfrute de apoyos y ejercicio de derechos por parte de ninguna persona.

(Adaptado del artículo 9 del borrador de Ley de servicios sociales preparado para el Gobierno de Cantabria.)

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