Desempeño profesional, potestad pública y gestión administrativa en servicios de bienestar

Clínica

Un ejemplo arquetípico de conjugación del desempeño profesional experto, el ejercicio de la potestad pública y la participación en la gestión administrativa en nuestro entorno sería el que se da en el personal médico de la atención primaria de salud, en el momento en el que, en función de un diagnóstico clínico y la subsiguiente prescripción facultativa, se proporciona acceso a una baja laboral y la correspondiente prestación económica mientras dura esa baja, lo que representa una potestad o autoridad que las y los profesionales que ejercen privadamente no poseen y conlleva la realización de algún trámite administrativo que, en parte, suele efectuar la misma médica o médico. Se entiende, además, que, en principio y en general, del cumplimiento de la prescripción médica de reposo y tratamiento, se derivará la curación y el final de la incapacidad transitoria y la prestación económica.

Diríamos que la integración de estas tres funciones o procesos y su ejecución por parte de la o el mismo facultativo tiene sentido en la medida en que sea central el desempeño profesional propio y en que la ejecución de las otras dos funciones presente sinergias con la principal y, desde luego, no la desvirtúe o entorpezca. En este momento, por ejemplo, se señala por parte de no pocas médicas y médicos de atención primaria que la tramitación administrativa de bajas por covid, a veces incluso sin contacto clínico relevante con las y los pacientes, está llegando, en algunos momentos, a ocupar una mayor parte de su tiempo que la labor propiamente médica.

En el caso de los servicios sociales de atención primaria, posiblemente, estos fenómenos de burocratización del trabajo de personal especialista son endémicos y estructurales. Es decir, hay un número apreciable de profesionales (responsables) de la intervención social que nunca ha experimentado lo que podría considerarse una carga razonable de trabajo administrativo e incluso nos encontramos con quienes han llegado a asumir que su quehacer es una especie de labor administrativa delimitada sectorialmente. Dicho de otro modo, según esta visión, notablemente distorsionada, las y los profesionales propios de la intervención social serían, al menos en algunos casos, una especie de personal administrativo conocedor de algunos trámites o determinadas prestaciones. Más que apoyarse en su conocimiento disciplinar lo harían en normas jurídicas.

Con todo, posiblemente sea todavía más problemática la erosión del desempeño profesional que proviene de la potestad pública en los casos en los que, de determinadas valoraciones o juicios que realizan profesionales de la intervención social, se deriva el acceso de personas a recursos económicos para la subsistencia material. Da la impresión de que la tensión, innegable, que viven médicas y médicos de nuestro sistema público de salud a la hora de dar una baja o un alta (que conlleva que la persona pueda o no estar sin trabajar y recibir o no un dinero para vivir) está relativamente más equilibrada que la de la mayoría de nuestro personal formado para la intervención social de cuyos actos se puede derivar concesión o denegación de recursos necesarios para la supervivencia de las personas.

Una de las explicaciones para esto es quizás que, en el caso del sistema sanitario, existe en todas las partes implicadas una cierta conciencia acerca de la centralidad del diagnóstico y el abordaje de la situación de salud y del carácter derivado o colateral del acceso a la prestación económica (que, en todo caso, no es entregada por el sistema sanitario). Sin embargo, en el caso de los servicios sociales, la entrega dineraria o material (que frecuentemente es realizada por el propio sistema) es entendida muchas veces por diferentes partes (personas destinatarias, responsables políticas e incluso profesionales de la intervención social) como la oferta principal o central que el sistema pone a disposición de algunas personas, convirtiéndose, paradójicamente, la intervención social propiamente dicha en una aportación secundaria e incluso considerada como prescindible. Sin estar claro muchas veces, por otra parte, cuál sería la finalidad definitoria de esa intervención social, es decir, cuál sería ese pretendido resultado de la intervención que tendría como efecto secundario que cesara la necesidad o demanda de dinero (o similares) por parte de la persona atendida.


  1. Si señor. Don Fernando, la clavas!!!!!
    Ahí está el quid de la cuestión, en esa “rama” subsidiaria prestatacionista y burocrática, entidad superior que abrazamos como objeto. Probablemente fruto de nuestro pasado, de la evolución de la caridad.
    He vivido un interesante, y triste, episodio donde profesionales como la copa de un pino asumían la sectorialidad, la atención a los “pobres”. Entre tanto, los servicios responsables de la prestación que ha provocado una situación de precariedad económica en más de dos mil familias, seguían su ritmo.
    Conclusión: institucionalización del sistema de servicios sociales de ese carácter sectorial y de servicio escoba que atiende lo que el resto desatiende.
    Gracias por poner palabras a mis sentires.

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