La agenda política de la protección social, más allá de la salud

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La arquitectura de nuestro Estado de bienestar nunca podrá concebirse como una obra acabada puesto que es imprescindible, como vemos con más claridad que nunca en estos tiempos pandémicos, que tenga la flexibilidad y adaptabilidad para transformarse y escalarse rápida y adecuadamente en función de las circunstancias y cambios sociales. Naturalmente, en estos tiempos, hemos prestado especial atención a las políticas de salud, pero, lógicamente, otras políticas sociales, otros avances y reformas en materia de protección social llaman con fuerza a la puerta en estos comienzos de la tercera década del siglo XXI en España. A continuación se recogen algunos.

Los servicios sociales en España no han acabado de superar la condición residual que tenía en su día la Beneficencia. Siguen siendo configurados, presentados y vistos, en buena medida, como un último recurso para cualquier necesidad siempre que se demuestre que dicha necesidad no puede ser satisfecha de ninguna otra manera. Sin embargo, es bien diferente el concepto y modelo de servicios sociales que predomina en la comunidad de práctica y conocimiento: el de un sistema público de servicios sociales universal y centrado en la persona en el que cada ciudadana o ciudadano, en cualquier momento y circunstancia de su vida, pueda obtener los cuidados, apoyos e intervenciones profesionales que le permitan complementar y potenciar su autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. Conscientes de la crisis de cuidados, la desvinculación comunitaria y el riesgo de colapso relacional en que nos encontramos, en la reconstrucción pospandémica, se ha de impulsar como uno de los ejes principales la investigación, desarrollo e innovación para unos servicios sociales profesionalizados y digitalizados, integrados vertical y horizontalmente y cada vez más preventivos y participativos, mediante la concertación social y la alianza estratégica entre los poderes y administraciones públicas, los agentes del conocimiento y las organizaciones solidarias de base comunitaria.

El Ingreso Mínimo Vital ha empezado a ser y debe ser en mucha mayor medida una pieza clave para dar un paso decisivo en el proceso de universalización, integración (vertical entre Estado y comunidades autónomas) y agilización de la política de garantía de rentas o ingresos mínimos para la subsistencia (en gastos de alimentación, vestido y suministros, fundamentalmente) y de su interoperabilidad digitalizada con las Haciendas, aproximándose al concepto de impuesto negativo. Debe tratarse de una política decididamente proinfancia y estimuladora del empleo y cada vez más diferenciada y separada de la labor de intervención social de los servicios sociales públicos y solidarios. Una política cada vez más digitalizada y automatizada que ensamble las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social, las rentas mínimas de las comunidades autónomas y el Ingreso Mínimo Vital hasta cubrir suficiente y eficientemente todos los perfiles de necesidad. Una política basada en la evidencia que se aleje de cualquier planteamiento contraprestacional y punitivo. Una política atenta a sus efectos en los mercados de bienes y servicios en los que se utilizan los ingresos que entrega y exigente con las proveedoras presentes en dichos mercados (alimentación, ropa y energía, fundamentalmente).

La política de vivienda y urbanismo debe tener como misión garantizar a toda la población las infraestructuras físicas de alojamiento y el espacio público que le posibiliten llevar adelante sus proyectos de vida y convivencia personales y colectivos de forma socialmente cohesionada, territorialmente equilibrada y ambientalmente sostenible. El territorio y la vivienda no son meras mercancías, son derechos fundamentales y bienes de primera necesidad con un notable impacto en el disfrute de otros, como el empleo o la salud. Es urgente una apuesta decidida por ampliar considerablemente el parque de vivienda pública en alquiler (con un fuerte enfoque juvenil e intergeneracional) y por la aplicación de una mirada comunitaria a la rehabilitación y construcción de vivienda y a la estructuración del espacio público, con medidas como las reservas de suelo y los alojamientos dotacionales; la facilitación de la salida al mercado de alquiler de viviendas vacías; o las innovaciones en materia de tenencias intermedias y de formatos de convivencia y apertura de la vivienda al espacio comunitario y público.

La regulación e inversión inteligentes para la competitividad de nuestras industrias y, en general, de la economía española en el marco de la globalización ha de apoyarse en un nuevo modelo de relaciones laborales y de políticas activas que genere un tejido productivo con empleo de calidad, ambientalmente sostenible y en el que crezcan las economías solidarias, circulares y de proximidad, imprescindibles para la retención del talento y la calidad de vida en los territorios. La conciliación de la vida laboral y personal ha de ser la expresión de la sinergia entre la esfera de la vida llamada productiva y la considerada reproductiva. No hay producción y economía sostenible ni territorios inteligentes y resilientes sin un modelo equilibrado de producción y reproducción de la vida, basado en el diálogo social y orientado a la innovación tecnológica y social basadas en el conocimiento de las necesidades y en el consumo responsable y contenido y en el equilibro entre la esfera mercantil y las esferas pública, comunitaria y solidaria. Debemos impulsar desde el diálogo social un transformador círculo virtuoso entre poder sindical, calidad del empleo, versatilidad empresarial y productividad de los factores.

El Pacto de Toledo es la expresión fundamental de nuestro contrato social, de nuestra mutualización solidaria de riesgos con enfoque de justicia económica, igualdad de género y equidad intergeneracional. Nuestro sistema de pensiones y de Seguridad Social constituyen el pilar central de nuestro Estado de bienestar con interfaces críticas tanto con las políticas de empleo como con las de salud, servicios sociales, empleo y vivienda así como con los diferentes programas de garantía de ingresos y, por supuesto, con la política fiscal. Nuestro sistema de protección social ha de reforzarse y adaptarse a la sociedad de la longevidad y a los nuevos riesgos sociales asociados a la diversificación de trayectorias, hitos, circunstancias y contingencias vitales de las personas. Nuestro sistema de protección social ha de abandonar por completo su carácter patriarcal y contribuir a la emancipación y libre unión de las personas. Nuestro sistema de protección social ha de incentivar la actividad laboral y económica mediante un inteligente diseño de la compatibilidad y complementariedad entre el empleo y la percepción de prestaciones.

(Reflexiones al hilo de diversos trabajos precongresuales en partidos socialistas y varias colaboraciones con organismos multilaterales, entre ellos la OCDE, a la que pertenece la ilustración.)

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