Comunidad y cuidados: derechos y obligaciones

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Sólo podemos ser humanos en comunidad. Tras nacer, los seres humanos sólo podemos (sobre)vivir como humanos si otras personas nos cuidan, cuerpo a cuerpo, en la máxima proximidad. Es tal nuestra fragilidad, vulnerabilidad y dependencia constitutivas que, sólo tras largos años recibiendo cuidados proporcionados por otras personas, adquirimos la autonomía que nos permite autocuidarnos, es decir, decidir realizar y realizar efectivamente sin ayuda externa las actividades de la vida diaria. Ahora bien, es tal el legado de capacidades, lenguajes, conocimientos, tecnologías e instituciones que recibimos de otros humanos que, en pocos años más, podemos llegar a disponer de gran poder.

Es comprensible que las comunidades humanas y sus miembros se hayan dado unas normas éticas según las cuales existe una obligación moral de cuidar a otros seres humanos, en clave de reciprocidad. Pero eso no basta. Por eso las pequeñas comunidades y, finalmente, las sociedades (aplicando esta denominación a colectividades de mayor tamaño) se dotan de instituciones públicas para intentar garantizar los cuidados y las relaciones comunitarias, así como otros bienes, a todas las personas. Esto significan los derechos humanos.

Así, las que en un primer momento veíamos como obligaciones morales (de las personas proveedoras, por ejemplo, de cuidados) en el seno de relaciones de interdependencia constitutivas de comunidades humanas, pueden ser consideradas (desde el punto de vista de la persona que necesita recibir, por ejemplo, cuidados) como derechos subjetivos y exigibles. Así hablamos del derecho a los cuidados. Y también del derecho a la salud, a la educación, al empleo, al alojamiento y otros. Son derechos a la promoción y protección de bienes de primera necesidad, a su disfrute. Son derechos humanos y debieran estar recogidos en las constituciones y las leyes.

Ahora bien, por mucho que las instituciones públicas se conviertan en (y articulen) mediaciones eficaces para garantizar la protección y promoción de esos bienes, en puridad el Estado no puede garantizarnos totalmente su disfrute. No puedo quejarme a los poderes públicos si no tengo buena salud o educación, por ejemplo, pero sí puedo y debo reclamar que el Estado arbitre los mejores medios existentes para la promoción y protección de dichos bienes. El derecho a la salud (por seguir con ese ejemplo) se operativiza como derecho a la protección y promoción de la salud, como derecho a recibir atención por parte de un sistema sanitario de responsabilidad pública. Dicho de otra manera, esos bienes a los que tenemos derecho siempre tienen un cierto carácter relacional, de coproducción en nuestra autonomía y relaciones de interdependencia con otras personas.

El Estado, por poner otro ejemplo, no puede garantizar a todas las personas una comunidad cuidadora a la que pertenecer y en la que participar. Sin embargo, tiene sentido defender e intentar garantizar el derecho a disponer de (de pertenecer a) una comunidad de cuidados si lo entendemos como el derecho a que el Estado arbitre los mejores medios disponibles para que yo reciba los cuidados que necesite por parte de personas que siento cercanas.

Aquí hay que anotar que es cierto que las mediaciones tecnológicas, de conocimiento, organizativas, institucionales o jurídicas son cada vez más poderosas y dificultan que nos demos cuenta de que, cuando ejercemos un derecho, “al otro lado” siempre hay alguna persona o algunas personas con una obligación. Claro que la sanidad pública, con la cualificación de sus profesionales y la tecnología y organización y las leyes correspondientes son fundamentales en la garantía de mi derecho a la salud, pero “al otro lado” siempre hay una médica, un enfermero, una auxiliar o un celador que tiene una obligación y que mantiene una relación de interdependencia conmigo.

De esta manera se imbrican las obligaciones de reciprocidad en las relaciones comunitarias y los derechos prestacionales que nos garantizan las instituciones públicas. De esta forma entendemos que, lejos de entender el ejercicio de las responsabilidades que tenemos en las relaciones comunitarias de reciprocidad como una oportunidad para que el Estado deje de garantizar derechos, la construcción de la comunidad es considerada, por el contrario, como una función fundamental del Estado, a través de sus políticas públicas. Un Estado, por otra parte, que, con independencia de cuánta comunidad cuidadora contribuya a desarrollar, debe ocuparse eficazmente de que todas las personas recibamos en todo momento los cuidados que necesitamos. Los cuidados y todos los otros bienes de primera necesidad identificados por las declaraciones de derechos humanos.

(Entrada escrita a petición de María José Aguilar en el congreso, finalizado ayer, de la Red Española de Política Social, en el marco de una conversación en la que participaron también, entre otras, Lucía Martínez Virto, Raquel Martínez Buján, Sara Moreno, Begoña Elizalde, Magdalena Díaz Gorfinkel, Roser Girós, Kristina Soares, Christel Keller, Martín Zuñiga, Patricia Celi, María Antonia Carbonero y Xabier Ballesteros, quien continuó después la conversación a través de telegram.)

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