Hacer “lo que haga falta” contra la pobreza: garantía de ingresos en tiempos de pandemia

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Las políticas públicas de garantía de ingresos tienen como finalidad reemplazar, hasta cierto punto, las rentas que, por diferentes razones, dejan de recibir determinadas personas. Eso es lo que logran instrumentos como las pensiones de jubilación o viudedad, las deducciones y exenciones fiscales, las prestaciones y subsidios de desempleo o las rentas garantizadas y mínimas, entre otros. Los poderes públicos, en nuestro país, han decidido proveer en especie, por ejemplo, los servicios sanitarios; sin embargo, para que las personas (en determinadas circunstancias) podamos alimentarnos, vestirnos o recibir suministros en el hogar, por poner tres ejemplos, nos entregan dinero para que compremos dichos bienes en los mercados.

Estas políticas de garantía de ingresos pueden ser consideradas como políticas contra la pobreza o, en general, sociales, pero no cabe duda de que tienen también una importante dimensión económica, entre otras razones porque esos ingresos que recibimos de las administraciones públicas acostumbramos a utilizarlos para comprar productos y servicios que necesitan y generan actividad económica, empleo y riqueza. Para comprender la importancia económica de las políticas públicas de garantía de ingresos, baste recordar que en España es superior el número de personas que perciben un sueldo o transferencia pública que el de las asalariadas en el sector privado.

En la pandemia que estamos viviendo, las autoridades económicas, por ejemplo, de la Unión Europea están tomando importantes decisiones para mantener e impulsar la actividad económica. En este momento goza de un consenso generalizado la idea de que, al ser imprescindible parar temporalmente parte de dicha actividad (y, consiguientemente, de los flujos habituales de dinero entre algunos agentes económicos), los poderes públicos deben realizar esfuerzos extraordinarios para sostener, complementar y estimular en lo posible esas actividades y flujos.

En ese contexto, tiene particular interés la manera en la que ciertas modificaciones de condiciones y reglas de juego están permitiendo endeudarse más a los Estados. Es decir, los poderes públicos se permiten a sí mismos, en mucha mayor medida, (crear y) entregar (dar o prestar) un dinero que representa un valor que (supuestamente) se creará en el futuro (o no). Ciertamente son diferentes las sensaciones que teníamos cuando las cifras de la prima de riesgo abrían todos los noticiarios y ahora que acabamos de colocar deuda pública a tipos negativos. Ciertas condiciones y reglas han cambiado para que haya una enorme diferencia entre lo que le costaba a España endeudarse entonces y lo que le cuesta ahora.

Pues bien, es moralmente imperativo que esa lógica de flexibilidad y fluidez que se está aplicando para los grandes movimientos económicos y financieros (en los que están inmersos los Estados y las grandes empresas, demasiado grandes para caer) se traslade a las políticas de garantía de ingresos que afectan a las economías domésticas y lo es especialmente cuando las personas afectadas están en situación de mayor vulnerabilidad. Por otra parte, en la medida en que la pandemia y las decisiones adoptadas para hacerle frente están ampliando y diversificando las situaciones de afectación de los ingresos, se incrementa el interés económico (no sólo social) que tiene ese aumento de la incondicionalidad y rapidez en el acceso a ese dinero para la subsistencia material de las personas.

Hoy y aquí, existen condiciones económicas, organizativas, técnicas y tecnológicas para una integración e interoperabilidad de las políticas fiscales, tributarias, monetarias y financieras y las de seguridad social y garantía de ingresos para lograr que todas las personas que, por una u otra razón, vean afectada temporal o permanentemente su disposición de rentas para la subsistencia, reciban con prontitud, adecuación, justicia y trazabilidad ese dinero público para subsistir y ese estímulo para mantener su actividad vital. Si, hoy y aquí, muchas personas en angustiosas situaciones que amenazan su supervivencia siguen atrapadas (junto a muchas trabajadoras públicas o del tercer sector) en costosos trámites burocráticos y humillantes vivencias cotidianas para conseguir esa subsistencia material, es que algo estamos haciendo muy mal.

Y, seguramente, el conocimiento necesario para hacerlo mejor está más en las haciendas y en los bancos que en los servicios sociales o en las oficinas de empleo. Hagamos, por tanto, cuanto antes, lo que haga falta.

(En la ilustración, Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, y la frase en la que expresó que haría lo que hiciera falta para frenar y revertir el crecimiento de las primas de riesgo que puso contra las cuerdas a algunos países europeos y a la propia Unión.)


  1. Siempre acertado Fernando. No sólo en el qué, tambien en el cómo.
    Hacen falta voces claras y directas que apunten a quien corresponde. Con la altura de miras que necessita un momento como el actual.
    Un fuerte abrazo desde Vilanova i la Geltrú.

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