Mutualizar los cuidados en la comunidad

sareak

Formular el derecho a los servicios sociales como derecho a una plaza en una residencia sería lo mismo qué formular el derecho a la atención sanitaria como derecho a vivir ingresado en un hospital o formular el derecho a la educación como derecho a estudiar en un internado. Del mismo modo que en el ámbito sanitario o educativo el ingreso en un establecimiento propio del sistema es excepcional, así tendríamos que verlo también en el ámbito de los servicios sociales. Sólo en los casos, circunstancias y momentos específicos en los que la intervención educativa, sanitaria o social lo requiera, estaría justificado que la persona destinataria de dicha intervención se aloje temporalmente en un equipamiento educativo, sanitario o social.

Esperamos del sistema sanitario, justamente, lo contrario, es decir, que sea tan eficiente en la protección y promoción de nuestra salud que haga más improbable el ingreso hospitalario. De igual modo, en el ámbito educativo, cada vez nos importan más los aprendizajes útiles que obtenemos y tornamos más flexibles y menos presenciales los medios y recursos qué hay que utilizar para obtener dichos aprendizajes. A los servicios sociales, entonces, habremos de pedirles que hagan lo posible por proteger y promover nuestra autonomía y autodeterminación en la vida diaria de nuestras familias, domicilios, vecindarios y comunidades en todo el ciclo vital.

Diversos cambios sociales a largo plazo, como el aumento de la longevidad y los años de vida con limitaciones funcionales o las transformaciones en el tamaño, estructura y dinámica de las familias, unidos a acontecimientos disruptivos como la pandemia y las emergencias que estamos viviendo, pueden ser un buen caldo de cultivo para que cobremos mayor conciencia de los apoyos e iniciativas que necesitamos para hacer más posible y probable, con la ayuda de los servicios sociales, de las políticas de vivienda y de otras, el objetivo de cuidarnos en comunidad.

Las redes vecinales configuradas al calor de la pandemia y su colaboración con diversas organizaciones solidarias, servicios públicos y empresas de proximidad, con claves de innovación tecnológica y social, nos dan la pauta de las posibilidades que ofrecen el territorio y la comunidad para mutualizar los cuidados, es decir, para explorar las potencialidades de que las personas que necesitamos y proporcionamos cuidados compartamos recursos, espacios, apoyos, plataformas, procesos y estrategias.

Lamentablemente, muchas veces, hoy en día, el pretendido derecho a los servicios sociales se traduce en el “derecho” a trámites ineficientes y humillantes, el “derecho” a plazas que preferiríamos no ocupar ni en caso de necesidad o el “derecho” a copagos disuasorios y discriminatorios. Sin embargo, nuestras carteras de servicios sociales y los avances de la comunidad de conocimiento en intervención social posibilitan programas personalizados y comunitarios de apoyo a los proyectos de vida autónoma en la comunidad. De igual modo, las políticas de vivienda deben dejar de potenciar el uso patrimonial de este bien y diversificar toda una serie de posibilidades intermedias entre la vivienda particular autosuficiente y el establecimiento colectivo al uso.

Los derechos sociales no pueden ser vistos como derechos a respuestas del pasado o a meras compensaciones en dinero (bajo el supuesto de que en los mercados están los bienes necesarios). Ejercer los derechos sociales supone exigir de las políticas y poderes públicos la inteligencia estratégica y la organización ágil para lograr producir y aplicar el mejor conocimiento disponible de cara a una garantía de la coproducción de los bienes públicos y comunes qué hacen posible una vida digna, libre y con sentido.

(Entrada elaborada para Sareak Josten.)

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