La transición estratégica de los servicios sociales, a la luz del Informe FOESSA

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Es complejo el proceso de transformación de la asistencia social residual (última red) en unos servicios sociales sectoriales (un pilar más del bienestar) y, por más que no pueda decirse que dicha transición esté completada, no cabe duda de la apuesta expresa por la universalidad de los servicios sociales que ha realizado la comunidad de práctica y conocimiento y la normativa jurídica de los servicios sociales. El retrato de la sociedad española que emerge en el último Informe FOESSA aconseja intensificar los esfuerzos para realizar la mencionada transición por tres razones:

  • Se detecta un enquistamiento y desconexión del espacio social de la exclusión, enquistamiento y desconexión que una última red integral contribuye a reforzar, en contradicción con el enfoque de derechos, al facilitar a las personas en situación de exclusión social circuitos segregados y estigmatizantes para la satisfacción de importantes necesidades.
  • Se identifican importantes segmentos sociales en situación de persistente inseguridad o precariedad laboral, residencial y económica (la cual, necesariamente, ha de ser abordada de manera estructural desde las políticas de empleo, vivienda y garantía de ingresos). Segmentos que, en la medida en que los servicios sociales conservan su posicionamiento residual para dichas necesidades, están llegando a los servicios sociales, colapsándolos y sin obtener solución.
  • Las relaciones primarias, las redes familiares y comunitarias, presentan todavía, a pesar de los procesos de individualización, mercantilización y desvinculación, una notable resiliencia, lo cual augura prometedores retornos en la medida en que los servicios sociales se puedan orientar de forma más precoz, proactiva, intensa, cualificada, eficaz y eficiente al refuerzo del autocuidado y autodeterminación y de los apoyos recíprocos que nos procuramos en la vida cotidiana en el territorio y la capa digital.

Si se acepta la transición desde la condición residual e integral al carácter sectorial e integrado como imprescindible para unos servicios sociales que aspiren a configurarse como un ámbito universal de política pública, nos introducimos necesariamente en una agenda de transformación de los servicios sociales, cabe decir, hacia:

  1. Unos servicios sociales de mayor valor añadido basado en el conocimiento y crecientemente personalizados, participativos, comunitarios y digitalizados, cada vez más capaces de actuar en la fragilidad (funcional y relacional) y antes de ella (en clave de prevención y promoción, de carácter poblacional y ecológico) y radicalmente exonerados de la responsabilidad sobre la subsistencia material o económica de las personas.
  2. Unos servicios sociales que, gracias a su integración vertical y gobernanza multinivel, posibiliten itinerarios intrasectoriales en los que las personas reciban productos, cuidados, apoyos o, en general, intervenciones digitales, comunitarias y en medio abierto, con continuidad y proximidad, de modo que sea cada vez más improbable que se las clasifique por colectivos poblacionales y se las oriente o derive a centros alejados de su entorno domiciliario y vecinal de elección.
  3. Unos servicios sociales incorporados al modelo de atención integrada intersectorial propugnado por organismos como la OECD, la OMS o la UE, aumentando la capacidad conjunta del sistema de bienestar de ofrecer itinerarios intersectoriales con estrategias diferenciadas (facilitación de accesos y transiciones, protocolización de itinerarios, gestión de casos o servicios integrados) apoyadas en procesos de estratificación facilitados por la gestión de grandes cantidades de datos.
  4. Unos servicios sociales en los que se verifica un liderazgo innovador de los poderes y administraciones públicas como garantes de derechos y dinamizadores de agentes diversos (organizaciones solidarias, autoorganización comunitaria, emprendimiento social, industria tecnológica u otros), utilizando inteligentemente, entre otras herramientas, la compra pública innovadora y el concierto social.

(Análisis y propuestas compartidas en colaboraciones en curso en los servicios sociales de Andalucía, Cantabria, Cataluña, La Rioja y el País Vasco.)


  1. PROPUESTAS DE LA MESA DE DERECHOS SOCIALES, MAYORES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL DEL FORO LOCAL DE PUENTE DE VALLECAS A LA OFICINA DEL SUR Y ESTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
    PARA EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL
    1ª PARTE: REFLEXION MARCO SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES QUE NECESITAMOS EN LOS DISTRITOS DEL SUR Y ESTE DE MADRID

    Abordar la elaboración de propuestas para la mejora de los Servicios Sociales en el territorio de los distritos del Sureste de Madrid con la finalidad de lograr un reequilibrio social respecto de la ciudad hace necesario, previamente, aunque sea de manera somera, la contextualización del momento en que se plantea esta propuesta.

    Los distritos del Sureste de Madrid representan históricamente el espacio de la segregación, cuando no exclusión, de la ciudad. Siempre han detentado el dudoso orgullo de estar a la cabeza de los diferentes indicadores que reflejan la pobreza, una pobreza que el desarrollo de la ciudad se ha encargado de dibujar sus fronteras en el territorio, exclusión sobre exclusión, mediante la ubicación de infraestructuras diversas que la ciudad no quiere, y que acaban señalando los límites donde acaba la ciudad integrada y empieza la excluida.

    Esta situación de marginación social de los distritos del sureste se ha mantenido a lo largo de los años, a pesar de múltiples planes y proyectos de intervención social que han intentado mejorar las condiciones de vida de la gente de estos distritos, los índices de la pobreza y la recualificación del territorio, en un vano esfuerzo por lograr obtener el derecho a ser ciudad.
    La propuesta de reequilibrio territorial que se nos plantea desde la Oficina del Sureste tiene retos difíciles por delante, pero queríamos señalar que esta propuesta se produce en un momento crítico para estos distritos, ya que la situación de segregación que arrastran históricamente se está viendo agudizada por la crisis de 2008 y las políticas de recortes que se están aplicando, y que están afectando a las clases medias. Ello está teniendo como efecto una mayor presión sobre los Servicios Sociales por el incremento de demandas, y a la vez, un mayor deterioro de los usuarios habituales. El riesgo de que amplios sectores de población pasen de situaciones de vulnerabilidad a la exclusión social se dibuja en un horizonte muy cercano si noacertamos a aplicar las medidas adecuadas y con los recursos necesarios.
    Todo ello nos plantea la necesidad de repensar lo que no funcionó en otras ocasiones, y en otros proyectos, para tratar de modificar lo que sea necesario, con la finalidad de que cualquier intervención que se haga tenga eficacia en el territorio y en la vida de las personas que lo habitan. La situación crítica en la que se encuentran estos distritos requiere de ese compromiso. Cuando se crean expectativas que no se cumplen se produce frustración.

    UNOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
    El deterioro que sufre el tejido social de estos distritos pone sobre la mesa la necesidad urgente de un plan de choque de medidas sociales que contemple actuaciones a corto, medio y largo plazo. Ese Plan requiere que los Servicios Sociales de los distritos dispongan de los recursos y medios necesarios y suficientes para poder desarrollar adecuadamente su trabajo. La finalidad última de los Servicios Sociales, tal y como señalan diversos documentos elaborados por el propio Ayuntamiento, es lograr la integración socialen el ámbito comunitario de las personas con las que se trabaja, y para ello se necesita:
     Disposición de recursos materiales y humanos suficientes.
     Modificar la orientación de los diferentes servicios y ayudas.
     Unas condiciones de actuación que permitan tomar las decisiones necesarias sin depender de otras instancias que puedan dificultar o impedir el cumplimiento de los objetivos previstos.
    La escasez de recursos y de medios suficientes con los que están funcionando los Servicios Sociales los sitúan en unas funciones puramente asistenciales que nos hacen recordar a los sistemas de beneficencia para pobres del siglo XIX, en lugar de unos Servicios Sociales del siglo XXI comprometidos con el acompañamiento efectivo a las personas para tratar de lograr la reconstrucción del vínculo social que perdieron.Trabajar desde esta perspectiva de la inclusión socialimplica no solo la disposición de recursos humanos y suficientes, sino la reorientación de las intervenciones y de los servicios, más dirigidos a un enfoque comunitario en el que se trata de recuperar el sentimiento de pertenencia, mejorar la autoestima y lograr la inserción social de las personas atendidas en los Servicios Sociales. Esta “reconstrucción personal” se facilitaría si a los servicios y ayudas que se ofrecen se incorporan compromisos y responsabilidades que permitirían a los usuarios participar a través de un proceso de implicación personal que tendría, como consecuencia, un reforzamiento de los vínculos con el Otro, logrando así la inserción social que se persigue, y con ella la mejora del maltrecho tejido social de estos distritos del sureste.
    Trabajar desde los Servicios Sociales con este enfoque de la inclusión requiere de otras condiciones,también necesarias, como son la estabilidad y continuidad en el tiempo y en las personas que intervienen en los barrios con los diferentes colectivos. Un vínculo social no puede crearse por decreto, requiere de contextos de confianza, incluso afectivos y ello necesita de tiempos necesarios. Las contrataciones que se realizan para intervenciones puntuales deberían de tener en cuenta este criterio porque si no es así es probable que los recursos económicos destinados a esas contrataciones no dejen huella en el tejido social.
    Estas contrataciones externas, necesarias para complementar el trabajo de los Servicios Sociales, requerirían de una evaluación también externa e independiente, tanto de las Juntas de Distrito como de las propias entidades contratadas. La evaluación debería considerar la eficacia del trabajo realizado y sus resultados, en los términos que se han comentado más arriba, es decir, si han servido para mejorar la situación del colectivo con el que se interviene favoreciendo la inserción, y con ella la mejora del tejido social. Entendemos que esa evaluación debería hacerse desde las propias asociaciones y entidades implicadas en el trabajo social en los barrios, en colaboración con las entidades contratadas y con la propia Junta Municipal, de manera que la información y experiencias circulen entre todos los implicados, mejorando así las condiciones en las que se aborda el trabajo social desde los distritos.

    LAS DEPEDENCIAS NORMATIVAS
    Por último, queremos abordar un aspecto que nos parece fundamental en la medida que marca las condiciones de posibilidad de que las actuaciones y proyecto de intervención que desarrollan las Juntas Municipales en los distritos del Sureste de Madrid cumplan sus objetivos, con los tiempos y ritmos que los barrios y su tejido social necesitan. Nos referimos alos procedimientos, normativas, leyes, competencias y tiempos políticos a los que se ven obligadas las Juntas de Distrito y el Ayuntamiento de Madrid, y que limitan de manera más que notable la toma de decisiones de las Juntas de Distrito, dificultando cuando no impidiendo, que se dispongan de los recursos necesarios y en el tiempo necesario para hacer efectivas las intervenciones, por lo que difícilmente se pueden dar respuestas a problemas urgentes con esas limitaciones. La posibilidad de avanzar en el reequilibrio territorial del Sureste que se nos propone se pone en cuestión si no se crean las condiciones necesarias que hagan posible trabajar con la autonomía imprescindible que las situaciones sociales reclaman.
    El grado de deterioro social que sufren estos distritos y los procesos de exclusiónestán creando situaciones explosivas en la convivencia cotidiana. En algunos casos esas situaciones reclaman actuaciones urgentes para lo que se necesita la contratación puntual de técnicos, pero nos encontramos con los procesos administrativos, largos y engorrosos, que impiden dar las respuestas adecuadas.
    Habría que señalar de manera más concreta, y como ejemplo paradigmático, el caso de la Renta Mínima de Inserción (RMI), un recurso dirigido a paliar situaciones de extrema necesidad. La concesión de estas ayudas está en manos de la Comunidad de Madrid y corresponde al Ayuntamiento la gestión y administración de las mismas. Este escenario de competencias compartidas entre instancias del Estado diferentes pone en juego lógicas partidistas de desgaste político, cuando los partidos que gobiernan en las dos instituciones son diferentes, introduciendo intereses espurios, necesariamente ajenos al fin de estas ayudas y creando unas dinámicas que acaban deteriorando la efectividad y el sentido de las mismas. Se señala al Ayuntamiento, a través de sus Juntas Municipales, como responsable de las concesiones y de los trámites interminables y requisitos “imposibles” que son necesarios para tener acceso a estas ayudas.
    Entre medias de estas guerras políticas, silenciosas y no explicitadas, se encuentran las familias que las sufren y un tejido social desestructurado que necesita intervenciones eficaces y solucionesa problemas de subsistencia reales. El reequilibrio territorial y la homologación de estos distritos a la ciudad pasa necesariamente por poner sentido común a situaciones como esta. Es por ello que nos parece necesario romper esta dependencia en la concesión de estas ayudas de manera que sea una sola instancia –el Ayuntamiento de Madrid, por su mayor proximidad a las familias- quien se encargue, como responsable principal, de todo el proceso de concesión de la Renta REMI, aunque la Comunidad de Madrid tenga que fiscalizar lo que corresponda.
    En definitiva, si queremos conseguir los objetivos de reequilibrio territorial que nos planteamos y con ellos él derecho a la ciudad que se nos ha negado a esta periferia urbana se hace imprescindible dotarnos de las herramientas adecuadas para llevar a buen fin esa labor. Nos parece que es condición necesaria. Si no es así, si no logramos disponer de los recursos necesarios, el proyecto que nos ocupa pasará a engrosar los múltiples intentos que a día de hoy están durmiendo el sueño de los justos.

    2ª PARTE: PROPUESTA CONCRETA PARA CUMPLIR CON LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DESARROLLAR CON RESCURSOS ADECUADOS LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SS. SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
    El sistema de Servicios Sociales en la actualidad se organiza en torno a una serie de necesidades sociales a las que tendría que dar respuesta:
    • Información para acceso a los recursos sociales existentes.
    • Proporcionar los instrumentos necesarios para favorecer una adecuada convivencia personal, familiar y social.
    • Facilitar la integración en el entorno social próximo.
    • Favorecer la cobertura de necesidades básicas.
    • Lograr la autonomía personal.
    • Posibilitar una participación ciudadana activa en la sociedad.
    La ley de Servicios Sociales 11/2003 de Comunidad de Madrid, señala que la finalidad de los Servicios Sociales es “la promoción del bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo y la compensación de déficits de apoyo social, centrando su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobrevenidas se puedan producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales” y el objetivo de los servicios sociales sería el de “asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades sociales”.

    Asimismo, la mencionada Ley, en su preámbulo indica que “la ley hace una apuesta fuerte por la universalidad, equidad e igualdad de acceso de todos los ciudadanos a los servicios sociales, clarificando y consolidando firmemente sus derechos”.
    Pues bien, partiendo de la normativa que regula los Servicios Sociales y dado el carácter de proximidad de estos (también establecido en la Ley), es el municipio, en nuestro caso, el Ayuntamiento de Madrid quien debe hacer frente a los retos que supone la situación social en la que se encuentran los distritos del sureste.
    Según los resultados que aparecen en el RANKING DE VULNERABILIDAD 2018, publicado recientemente por el Ayuntamiento de Madrid, los distritos del sureste de nuestra ciudad ocupan los primeros puestos de mayor vulnerabilidad: 1º Puente de Vallecas, 2º Villaverde, 3º Usera, 4º Carabanchel, 5º Latina, 6º Vicálvaro, 7º Villa de Vallecas y 8º San Blas.
    El Ayuntamiento de Madrid en su carta de servicios y según su revisión del modelo de atención social que se presta en la ciudad de Madrid, se establecen criterios organizativos homogéneos para todo el municipio, pero ¿es homogénea la realidad social, económica, etc., de los diferentes distritos?, según los datos del mencionado ranking, vemos que no es así, por lo que nuestra propuesta iría en la siguiente línea:
    Consideramos que un futuro modelo de Servicios Sociales pasaría por una descentralización real y efectiva en los diferentes distritos, con autonomía presupuestaria llevada a la práctica en función de las necesidades detectadas en cada distrito y no dependiendo del Área de Gobierno.
    En cuanto a la dotación de técnicxs (trabajadorxs sociales), la Carta de Servicios de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, establece una ratio de 1 T.S. por cada 6.000 habitantes, esta dotación es a todas luces insuficientes para distritos como, por ejemplo, Puente de Vallecas que cuenta en el mencionado RANKING DE VULNERABILIDAD con 6 barrios entre los 10 más vulnerables de toda la ciudad. Por todo ello, se hace necesaria una dotación de personal con una ratio muy inferior a 1 Trabajador/a social x 6.000 habitantes, no es posible utilizar criterios de homogeneidad para la organización de los servicios sociales con estos niveles de desigualdad tan graves, por lo que como mínimo, es necesaria una ratio de 1 trabajador/a social x 3.000 habitantes tal y como establece el Consejo General de Trabajo Social, como forma de reparar esta grave desigualdad que viene siendo histórica.
    Pero no solo son necesarios trabajadorxs sociales, sino equipos interdisciplinares formados por educadorxs sociales, psicólogxs, pues una realidad compleja y de clara desventaja, requiere de enfoques y abordajes interdisciplinares.

    Elaborado por la Mesa de Derechos Sociales, Mayores y Convivencia Intercultural del Foro Local de Puente de Vallecas.
    28 de Enero de 2018

  2. Gracias Fernando.
    Hemos perdido un tiempo muy valioso pero si queremos avanzar en los servicios sociales del S.XXI no hay más remedio que sincronizar-los con el resto de políticas sociales públicas.
    Cada ámbito ha de asumir su responsabilidad y nosotros convertir-nos en referentes, para el sistema, en los procesos de información, orientación y acompañamiento de las personas y familias para que puedan tener autonomía/libertad suficiente y se sientan vinculadas a su entorno comunitario a lo largo de toda su vida.

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