Sobre la reforma de la ley de garantía de ingresos

comparecencia

Desde mi punto de vista, la Comunidad Autónoma del País Vasco, gracias a su política de garantía de ingresos, va por delante de la casi totalidad de las comunidades autónomas españolas en el camino de construcción de ese marco de seguridad y dinamización económica del que hablaba. Dentro de esa trayectoria, específicamente, con la reforma de la Ley de garantía de ingresos de 2011, se realizó un intento importante de avance al sacar la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda de los servicios sociales, operación que nadie, que yo sepa, propone revertir, ni desde el ámbito político, ni desde el profesional, ni desde el ciudadano.

Sin embargo, mi percepción es que no se ha producido en los servicios sociales el efecto esperado y deseado de salto cualitativo en términos de intervención preventiva, personalizada, tecnológica y comunitaria y, por otra parte, Lanbide ha encontrado y sigue encontrando y dando muchos más problemas de los previstos en la gestión de las prestaciones de garantía de ingresos, no habiéndose verificado apenas las sinergias entre la política de garantía de ingresos y las políticas activas de empleo que encabezaban el argumentario de la reforma de 2011.

Ante esta situación, mi opinión es que se debe apostar por la innovación política basada en evidencias y estudiar y experimentar en mucha mayor media la integración entre la política de garantía de ingresos del Gobierno Vasco y la política fiscal de las Diputaciones Forales, con la mayor interoperabilidad posible con la Seguridad Social española. Los servicios sociales y de empleo, y en especial sus profesionales de atención directa, deben ser liberados en lo posible (al igual que los del sistema de salud) de funciones que representen decisión o control sobre el acceso de la población a recursos financieros.

Desde mi punto de vista, hay dos contenidos de la actual proposición de ley que, tímidamente, van en esta línea que apunto:

  • La disposición adicional sexta, que señala que “en el plazo de un año a partir de la aprobación de esta Ley, el Gobierno Vasco remitirá al Consejo Vasco de Finanzas un estudio con el análisis acerca de la conveniencia o no de introducir en el marco fiscal general deducciones fiscales anticipadas de carácter reembolsable u otras medidas que permitan alcanzar una mejor integración entre las políticas fiscales y de garantía de ingresos”.
  • El final del artículo 84, donde se señala que “el Gobierno Vasco incorporará en el Plan de Inclusión Social vigente en cada momento un apartado relativo a la evaluación, investigación e innovación sobre inclusión, que se desarrollará y evaluará anualmente, y que será objeto de aportaciones y seguimiento por parte de la Comisión Interinstitucional para la Inclusión. Dicho plan determinará las actuaciones correspondientes del Órgano Estadístico Especifico de Departamento responsable y del Gabinete Técnico de Lanbide, así como las que se realicen en colaboración con las universidades vascas, los centros de investigación especializados y el tercer sector”.

Por supuesto, podría referirme a otros aspectos relacionados con el alcance y la cuantía de las prestaciones o la simplificación o mejora de la gestión, entre otros y, desde luego, si esta reforma legal se hubiera podido realizar con rapidez al comienzo de la legislatura, diría que las propuestas que contenía el informe técnico que se utilizó como base para el texto de la proposición de ley contenía elementos interesantes. Sin embargo, a estas alturas de la legislatura y vistas las dificultades para alcanzar acuerdos en este tipo de aspectos, me pregunto si no sería más pertinente colocarnos ya en una pantalla siguiente y plantearnos más bien una agenda más ambiciosa. Me ha animado a esta reflexión, por cierto, la lectura de unas palabras de la Consejera, Beatriz Artolazabal, que, en el reciente congreso de Hirukide, se refería a la “creación de un grupo de trabajo en el marco del Órgano de Coordinación Tributaria que analice las posibilidades de gestionar de forma integrada las prestaciones por hija o hijo a cargo y estudiar posibles nuevas deducciones fiscales pro descendientes.”

Si en el trayecto parlamentario de esta ley tenemos la capacidad de atender a las alertas concretas que proceden de la preocupación a corto plazo por las personas en situación de mayor vulnerabilidad que pueden ser afectadas por ella y, a la vez, abrir caminos que pudieran llevar a experiencias piloto de integración entre prestaciones e impuestos e incrementar la capacidad de agencia del sector público vasco para la evaluación e integración de políticas, el viaje habrá merecido la pena. Yo personalmente no sabría decir si el precio que pagaron no pocas personas por la reforma de 2011 (singularmente por la elevación de uno a tres en los años de empadronamiento requeridos) se justificó por los efectos positivos de la operación que permitió sacar de los servicios sociales la gestión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda.

(Fragmento del texto entregado en la comparecencia de ayer en el Parlamento Vasco, que puede descargarse entero aquí. Fotografía del Parlamento Vasco.)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

CAPTCHA image
*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WP-SpamFree by Pole Position Marketing