Notas para una revisión (auto)crítica de nuestra “Ley de dependencia”

ley dep

Seis cuestiones, desde la perspectiva actual y en notas rápidas y esquemáticas, sobre lo que hicimos hace unos quince años:

1. Empecemos por plantear dos preguntas:

  • ¿El sistema de atención a la dependencia funcional  es subsectorial, sectorial, intersectorial o transversal?
  • ¿El sistema tiene una finalidad más o menos preventiva, habilitadora, asistencial o paliativa?

En nuestro caso el sistema de atención a la dependencia se encajó subsectorial y problemáticamente dentro de los sistemas de servicios sociales con una finalidad pretendidamente asistencial que, de facto, derivó a paliativa.

2. A continuación se trata de saber qué hacen las y los profesionales (el contenido prestacional) y qué profesionales lo hacen. En nuestro caso:

  • No se identificaron las limitaciones del conocimiento y la tecnología disponibles en las organizaciones y profesionales realmente existentes, especialmente en lo referente a la atención virtual o digital.
  • Se optó por una valoración individual sólo de algunos aspectos y excesivamente orientada a la baremación.
  • Apenas se consideraron las actividades preventivas, especialmente las de carácter comunitario.
  • Se estableció una prestación económica como apoyo, pretendidamente excepcional, para el cuidado familiar que se convirtió, imprevistamente, en la prestación estrella del sistema, generando desincentivos para la atención profesional, distorsiones del propio cuidado familiar y  retrocesos en equidad de género.

3. Una vez sabemos qué han de hacer las y los profesionales, hemos de entender que esos apoyos o actividades son los ingredientes o componentes que se presentan o agrupan en forma de servicios o programas, reconocibles por parte de la población. En nuestro caso no se jerarquizaron o priorizaron modalidades en función de criterios ni se identificaron las actividades o apoyos (contenido prestacional) que contendrían los diferentes servicios (más bien modalidades) que contiene el catálogo (base de las carteras) establecido en la Ley.

4. A continuación nos preguntamos: ¿cómo se provee? Se optó, más bien, por proveer las prestaciones y servicios mediante gestion concertada o indirecta y, por tanto, con la colaboración de organizaciones solidarias o privadas, pero se emitieron señales débiles y contradictorias a las organizaciones solidarias y privadas, lo que dificultó su desarrollo, modernización y diferenciación.

5. En cuanto a la gestión, se instaló un sistema centralizado de gestión operativa de información administrativa como herramienta para una programación reactiva y no la necesaria gestión estratégica inteligente, digital, distribuida, integrada, colaborativa, interoperable y proactiva de la información (grandes datos), el conocimiento y la innovación técnica, organizativa y política que requiere el sistema.

6. En cuanto al gobierno, la Ley 39/2006 supuso agregar un nivel gubernamental más (el estatal), débil, a los tres que ya existían (autonómico, provincial y municipal), aumentando el desorden, las duplicidades, los agujeros negros, las ineficiencias y los incentivos perversos e incumplir la promesa de instalar un modelo de atención integrada intersectorial. Con una universalidad declarada, con copago disuasorio, la financiación compartida dificulta la identificación política de responsables.

(Ampliación del contenido de estas notas aquí, tras su presentación en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo.)

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