La ley vasca de servicios sociales: un fracaso colectivo

ECDV (2)

La aprobación de nuestra Ley de servicios sociales, el 5 de diciembre de 2008, está inseparablemente unida a un nombre propio, el de Fernando Consuegra, viceconsejero de asuntos sociales con el consejero Javier Madrazo y el lehendakari Juan José Ibarretxe, sin cuyo tesón, inteligencia política y capacidad para construir consensos, esta ley nunca hubiera llegado a puerto. Precisamente por eso, sin embargo, es una gran obra colectiva cuyo contenido ilusionó a un buen número de personas en nuestra comunidad.

El objetivo principal de esta ley, sin lugar a dudas, era la universalización del sistema público de servicios sociales en el País Vasco. La norma se aprobó con la finalidad de que, pasados ocho años, el conjunto de la ciudadanía vasca percibiera en sus servicios sociales similar grado de seguridad en la protección pública al que ya aprecia en los servicios sanitarios, en los educativos y en las pensiones y otras prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia. Es evidente que dicho objetivo está muy lejos de haberse alcanzado y, por ello, tenemos que reconocer nuestro fracaso colectivo.

Diez años después de la aprobación de la ley, seguimos sin contar con el sistema de información sobre servicios sociales que la misma ley preveía tener en funcionamiento en 2010 y una rápida visita a la web del Gobierno Vasco da cuenta del deficiente estado de la información disponible sobre la materia. Precisamente por eso no tenemos los datos completos y actualizados en los que apoyarnos si se quisiera discutir la afirmación realizada en el párrafo anterior. Sin embargo, hay pocas dudas acerca de que las expectativas de la población vasca sobre la respuesta de sus administraciones públicas en lo tocante a las necesidades de cuidados y otros apoyos para su vida autónoma en familia y comunidad no han variado significativamente en estos diez años y no alcanzan, ni de lejos, a las que esa misma población tiene cuando piensa en sus problemas de salud, en la escolarización de sus criaturas o en su pensión de jubilación, por mucho que estas tres áreas puedan ser objeto de preocupaciones y reivindicaciones diversas.

Apenas se ha desarrollado la arquitectura normativa que la ley preveía, en general, tener lista para 2009 o para 2010. Si bien, con seis años de retraso, se ha aprobado un decreto que establece una cartera de prestaciones y servicios, seguimos sin contar con una regulación de la participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios, sin un decreto sobre la concertación con la iniciativa social o privada, sin un símbolo distintivo que identifique a todos los centros del sistema, sin una regulación jurídica de la dotación mínima de recursos y sin una definición normativa de la mayoría de los servicios previstos en la cartera. La Alta Inspección de Servicios Sociales, que sí fue regulada, está inactiva y la dinámica de gobernanza del sistema y de integración intersectorial con otros sistemas prevista en la ley está prácticamente inédita.

Curiosamente, el texto jurídico que más ha afectado a sistema público de servicios sociales en estos años no se inscribe en el desarrollo de la Ley de servicios sociales sino que es la modificación de la Ley de garantía de ingresos de 2011, que saca de los servicios sociales la gestión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. Lamentablemente, carecemos de evidencia relevante acerca del impacto que la liberación del equivalente a varios cientos de puestos de trabajo a jornada completa en los servicios sociales, por labores que han pasado a Lanbide, haya tenido en el impulso del modelo de servicios sociales de atención continuada, de proximidad, planificados y evaluados, de base tecnológica y centrados en la persona que pretende impulsar nuestra legislación, tanto en 2008 como en 2011.

Seguramente las razones de este fracaso colectivo son una mezcla de la debilidad de la demanda social, las limitaciones del liderazgo político, la insuficiente apuesta presupuestaria, la fragilidad de la comunidad profesional y de conocimiento, la desorientación estratégica de muchos agentes, las ineficiencias de la estructura institucional y otras razones. Seguro que, también, la propia ley de 2008 tiene defectos en su diseño que, en su momento, no supimos ver. Sea como fuere, este décimo aniversario debe servir como un revulsivo para que los agentes implicados en los servicios sociales vascos reorientemos y redoblemos nuestros esfuerzos para lograr un giro y un impulso estratégico que conduzca más pronto que tarde a esos servicios sociales universales, personalizados, basados en el conocimiento, integrados y comunitarios que tan acertadamente dibuja nuestra ley.

(Artículo publicado en El Correo y El Diario Vasco el 5 de diciembre de 2018. En PDF aquí. Sobre la Ley vasca de servicios sociales debatiremos hoy, 10 de diciembre, en la jornada organizada por la Diputación Foral de Bizkaia.)

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