Fiscalidad redistributiva y eficiencia social

Rubial 3

Luis Sanzo, analizando el sistema del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en España, pone de manifiesto sus fuertes límites a la progresividad: en primer lugar, y de esto se habla muy poco, por la muy inferior carga fiscal en los ingresos secundarios de familias con dos ingresos, que beneficia a los hogares más pudientes y que reduce sustancialmente la recaudación; en segundo lugar, por la ausencia de progresividad en el tratamiento de algunos ingresos (como los ingresos por trabajo autónomo o los de capital); y, en tercer lugar, por una menor presión fiscal efectiva en determinadas comunidades autónomas, debida en buena medida a las diferencias de precios entre éstas. También, podría decirse, por ejemplo, por no poder aplicar a las personas físicas sistemas de cálculo que sí son posibles para las empresas.

Sin embargo, Luis advierte de que no es fácil una reforma social del IRPF para que, en lugar de beneficiar a las personas más favorecidas, aporte a las más desfavorecidas. Ello es debido a las poderosas inercias e intereses que sostienen el actual sistema. Además, señala, la lógica recaudatoria (actualmente dominante) y la lógica redistributiva (que quisiéramos fortalecer) son diferentes y requieren de procedimientos, plazos, ritmos, ciclos de funcionamiento, formas de relación con la ciudadanía, sistemas de control (también del fraude), cualificaciones del personal y culturas organizacionales bastante diferentes. Por ello aconseja ser prudentes y avanzar mediante diseños cuidadosos y experimentación previa en lo que tiene que ver con la integración entre impuestos y prestaciones.

Paula Hermida, por su parte, señala que, en una sociedad en la que aumenta la desigualdad y en la que el empleo garantiza cada vez menos salir de la pobreza, resulta crecientemente disfuncional la ausencia de integración entre la lógica de los dos sistemas que regulan las transferencias monetarias entre la ciudadanía y el Estado (impuestos y prestaciones), con tres tipos de problemas: de consistencia (o coherencia en el trato que recibe la persona por parte de ambos sistemas), de equidad (por la regresividad fiscal muchas veces no compensada por la progresividad de las prestaciones) y de eficiencia (por las denominadas “trampas” o incentivos para perpetuar situaciones que permiten cobrar prestaciones).

Por ello, dice Paula, gobiernos de muy diferente signo en distintos países han ido introduciendo medidas de IIP (integración de impuestos y prestaciones), que pueden incorporar la existencia de un mínimo de subsistencia que es siempre respetado o completado por el Estado o, sin llegar a tal universalidad, establecer créditos fiscales o impuestos negativos para determinados colectivos (como, por ejemplo, la infancia o personas trabajadoras pobres). Se entiende que, además de responder a los tres tipos de problemas antes mencionados, estas medidas pueden simplificar la gestión y evitar la estigmatización que se produce, en algunas ocasiones, en los sistemas menos integrados.

(Notas a partir del encuentro organizado el 27 de enero de 2018 por la Fundación Ramón Rubial. Las presentaciones utilizadas se pueden obtener solicitándolas a la Fundación.)

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