El objeto de los servicios sociales: intentando afinar

dardos

A la hora de conceptualizar la finalidad, misión u objeto de los servicios sociales, entendidos como una de las ramas, pilares o ámbitos sectoriales universales dentro del conjunto de la acción pro bienestar (o política social), cabría empezar identificando la autonomía personal y la inclusión social como objeto o finalidad del conjunto de la política social (que comprendería sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos). Si se admite este punto de partida, la atención integrada e integral (en la que todos estos ámbitos participan por igual) es la que permite alcanzar esa finalidad u objeto general del sistema de protección social que sería la autonomía personal y la inclusión social de toda la población: en una palabra, su bienestar.

Dentro de ese conjunto, por ejemplo, el pilar de los servicios de empleo se encargaría de:

  • Una parte o dimensión de la autonomía personal, que sería la cualificación profesional (o, si se quiere, en un concepto más amplio, la empleabilidad).
  • Una parte o dimensión de la inclusión social, que sería la inclusión laboral.

En cambio, los servicios sociales se encargarían de:

  • Una parte o dimensión de la autonomía personal, que sería la autonomía funcional (incluyendo autodeterminación, cognitiva) para las Actividades de la Vida Diaria.
  • Una parte o dimensión de la inclusión social, que sería la inclusión relacional (es decir, familiar y comunitaria: de vínculos primarios).

Siguiendo con estos dos últimos ámbitos, si al bien que obtenemos cuando encajan las cualificaciones profesionales de las personas con las oportunidades de inclusión laboral lo llamamos empleo, al bien que obtenemos cuando ajustan autonomía funcional e integración relacional lo podemos llamar interacción. Los servicios sociales ofrecerían, entonces, intervenciones, cuidados, productos y otros apoyos para proteger, mejorar y potenciar la interacción de todas las personas y para prevenir, paliar o compensar desajustes en esa área de necesidad que tenemos todas las personas a lo largo de nuestro ciclo vital.

Sigamos. La autonomía e inclusión económicas (es decir, la cobertura de las necesidades de subsistencia, como la alimentación y el vestido) no serían objeto o misión de los servicios sociales. Esto podría afirmarse incluso en los lugares y en los casos en los que, temporalmente, los servicios sociales se siguieran haciendo cargo de una parte de las prestaciones económicas de garantía de ingresos, como las rentas mínimas o las ayudas de emergencia social (del mismo modo que los servicios de empleo se hacen cargo de otras prestaciones económicas de garantía de ingresos, como las de desempleo).

(Temporalmente, se dice, ya que las tendencias de referencia parecen apuntar a la configuración de un gran pilar unificado encargado de la seguridad económica para las necesidades de subsistencia de todas las personas, que integrara, tendencialmente, la determinación y gestión de todos los flujos monetarios entre Administración y ciudadanía, como impuestos, deducciones, cotizaciones, pensiones y otras prestaciones económicas para la subsistencia material.)

Los servicios sociales no se encargarían (por poner dos nuevos ejemplos) de las necesidades de alojamiento o de las atinentes a la salud de las personas, salvo excepcionalmente y en el marco de servicios que exigieran la respuesta a dichas necesidades como complemento a la respuesta a las necesidades que sí correspondiera abordar a los servicios sociales. En la mayor parte de los casos, sin embargo, la atención a las necesidades o situaciones complejas se realizaría mediante procesos de atención integrada intersectorial en los que cada sector de actividad se haría cargo de las necesidades que le corresponden.

Cabe pensar que este giro es factible y estratégico hoy en los servicios sociales en España (de hecho, es un giro ya iniciado en diversos lugares en mayor o menor medida) y que es, seguramente, imprescindible para avanzar en la universalización de los servicios sociales, abandonando progresiva y decididamente su condición residual.

(Notas preparadas de cara a una jornada organizada por la Generalitat Valenciana, los días 28 y 29 de noviembre de 2017, en el proceso de preparación de su nueva ley de servicios sociales. Se nutre, entre otros, de trabajos recientes con la cooperativa Agintzari, la Fundación Ramón Rubial, la Fundación FOESSA o los servicios sociales municipales de Ermua.)

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