Una de las conclusiones de un análisis sobre nuestros servicios sociales, que próximamente se publicará en la revista Zerbitzuan, es que, en este ámbito sectorial, se han producido y se producen, significativamente, algunas situaciones como las siguientes:

• Presencia notable de contenidos fácticos de la regulación jurídica y organización administrativa de los servicios sociales en los currículums académicos ofrecidos para la formación de profesionales de la intervención social, como si constituyeran o aportaran (y, por tanto, en lugar de) conocimiento disciplinar, técnico y científico.
• Desconocimiento, por parte de diversos agentes relacionados, incluido en ocasiones el propio personal técnico, del perímetro a exigir y respetar para el ámbito propio de la capacidad de diagnóstico, prescripción e intervención profesional de la intervención social, no delimitándolo (por exceso y por defecto) y no diferenciándolo adecuadamente de otros ámbitos técnicos o facultativos o de los administrativos o políticos.
• Utilización de procedimientos de construcción jurídica, gobernanza política, diálogo institucional o gestión administrativa para producir y legitimar contenidos e instrumentos que pertenecen a la esfera de las ciencias y las tecnologías de la intervención social y que debieran ser elaborados y validados en las redes y comunidades de conocimiento de las disciplinas de la intervención social.

Se trataría de fenómenos que podríamos considerar indicadores expresivos de inmadurez de nuestro sector de actividad y áreas de conocimiento y que nos restan capacidad de respuesta y maniobra ante las crecientes necesidades, demandas, expectativas y competencia a las que están sometidos los servicios sociales y la intervención social en el actual contexto de cambio tecnológico, social, institucional y político.

La conclusión obtenida, obviamente sometida a debate, es que nuestra principal responsabilidad como profesionales de la intervención social y los servicios sociales, hoy y aquí, es la que tenemos en relación con la construcción, validación, transferencia, aplicación y mejora de conocimientos rigurosos y tecnologías seguras dentro de nuestras disciplinas (como trabajo social, educación y pedagogía social y psicología de la intervención social), que ofrezcan a la ciudadanía (a todas las personas), en el seno de los servicios sociales (y en otros ámbitos), la posibilidad evaluable y evidente de lograr resultados valiosos.

Y quizá que, sin dejar, obviamente, de participar e influir en conversaciones como la intersectorial, la laboral, la reivindicativa o la administrativa, sería prioritario producir, nutrir, dinamizar, relacionar y alinear las conversaciones propias de nuestras comunidades de conocimiento y, especialmente, las que hay que construir entre las universidades y centros de investigación y las organizaciones y profesionales de la intervención social y los servicios sociales universales, relacionales y comunitarios que estamos impulsando.

Sobre estas cuestiones hablaremos el jueves, 7 de septiembre, en Barcelona en la asamblea de la Comisión de Bienestar Social de la Asociación Catalana de Municipios. Más información aquí.