Una agenda de innovación en política social

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La primera propuesta tiene que ver con la construcción de la red de conocimiento sobre políticas sociales. Una red liderada desde los poderes públicos (Mazzucato, 2016) y, específicamente, por la política educativa (en conversación con la de empleo y la de promoción económica), entendida como la política pública social responsable de los procesos de investigación, desarrollo e innovación. Un ecosistema en el que deben hibridarse diversos tipos de conocimiento (ético, científico, tecnológico, innovador, práctico y estético) y en el que deben ejercer tracción entre sí los agentes portadores de cada uno de ellos. Una red en la que deben participar las comunidades sectoriales o especializadas en las diversas políticas sociales (donde la ciencia política dialogue con las ciencias de referencia de las diversas políticas específicas, como la medicina o la arquitectura), en procesos favorecedores de dinámicas sinérgicas de desarrollo territorial y creación de empleo (Innerarity, 2011: 244), en las que los servicios correspondientes a las diversas políticas sociales se configuren como tractores de otros y generadores de valiosos retornos económicos, ambientales y sociales, llenando de contenido el concepto de inversión social.

La segunda apuesta supone rediseñar el “perímetro” (Garner y Leutherau-Morel, 2014: 10) y desarrollar el contenido operativo (preventivo, tecnológico y comunitario) del sector de los servicios sociales que, si quiere avanzar en su proyecto de universalización, debe abandonar su nicho residual de pretendida (y cada vez más imposible) respuesta a cualquier necesidad (económica, habitacional, laboral u otras) de supuestos colectivos minoritarios excluidos por el resto de subsistemas sociales y apostar por un objeto propio, que hemos identificado como la interacción (Fantova, 2016). Ello vendría posibilitado porque, en un contexto de crisis de los cuidados y de preocupación por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la equidad de género (SPC, 2014: 6), nos encontramos ante “una de las áreas más dinámicas en el desarrollo del Estado de bienestar” (León, 2014: 11), pero resultan precisas nuevas formas de diferenciación e integración con el resto de ramas sectoriales y, especialmente con las otras dos (sanidad y vivienda) que triangulan y soportan en buena medida la vida diaria y relaciones comunitarias (Herrera et alii, 2016) de las personas en su diversidad sexual, generacional, funcional y cultural.

La tercera línea de actuación nace de la alarma por la persistencia de la pobreza económica en nuestras sociedades (Renes, 2013), por mutaciones preocupantes con las que se extiende (como las relacionadas con la precariedad laboral o la fragilidad relacional) o por su insoportable transmisión intergeneracional (Zalakain, 2013: 309). La erradicación de la pobreza y, específicamente, la garantía universal del derecho a unos ingresos suficientes para la subsistencia pasa, seguramente, por la integración (Noguera, 2010: 2-6) entre las diferentes políticas y sistemas de garantía de ingresos y de éstos con las políticas fiscales (llamadas a transformarse en el nuevo contrato, entre otros, por ejemplo, intergeneracional), de forma que, con el apoyo de las tecnologías avanzadas de la información y la comunicación, se pueda avanzar en coherencia y eficiencia en todo lo relacionado con el conjunto de flujos monetarios que se producen entre las Administraciones públicas y el conjunto de la población; tecnologías que, a la vez, permiten incrementar la dignidad y eficacia en la gestión de toda una serie de derechos, incentivos y obligaciones económicas de la población; derechos, incentivos y obligaciones (incluyendo copagos o sanciones) frecuentemente establecidos desde otras políticas sectoriales (como cuando la médica nos da la baja generando un derecho económico).

La cuarta idea compartida se asienta en el movimiento de la innovación social (Moulaert et alii, 2013, 1-6), que, pese a sus ambigüedades y contradicciones, puede ser adoptado como marco y método para el diseño, pilotaje y construcción de nuevas formas de sinergia (en la decisión, diseño, realización y evaluación en las políticas sociales) entre: la participación de las personas, familias y comunidades; las empresas con capacidad de gestión y de obtener retornos; la iniciativa social (que incluye desde pequeñas experiencias de base hasta grandes cooperativas, desde movimientos reivindicativos hasta el tercer sector de acción social); y la capacidad de fomento, provisión y regulación del Estado social “relacional” (Ramió, 2015: 204). En ese contexto se pide al tercer sector: capacidad de abrir agendas (Jaraíz, 2015: 120) para la relación entre las iniciativas innovadoras (brotes) y las más resilientes (juncos), que han evitado convertirse en zombis; recuperación de valores y funciones (Fresno, 2014: 112) que han quedado arrinconadas por una dedicación excesiva en muchas organizaciones a la prestación de servicios estandarizados con dinero público; y, fundamentalmente, una repolitización en función de la cual su capacidad de producción  y gestión de bienes comunes (Subirats y Rendueles, 2016: 63) se convierta en el mejor antídoto para los riesgos de privatización del sector público.

Por último, se trata de apoyarse en los saberes antiguos y en la innovación tecnológica para transformar las políticas sociales realmente existentes (con sus actividades operativas, estructuras de gestión y dinámicas de gobernanza) y sus redes de agentes (Navarro, 2014: 221-225) en sistemas inclusivos de conocimiento, en los que dialoguen creativamente la evidencia científica y la sensibilidad política y que, lejos de funcionar como estabilizadores de modelos sociales en crisis (Streeck, 2015) sirvan como arcas de Noé, para agruparnos en nuestra diversidad y protegernos en nuestra igualdad y para navegar hacia nuevas maneras de vida en común, buena y sostenible.

(Final de la ponencia presentada en el congreso de la Red Española de Política Social, que puede descargarse aquí.)

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