La adjetivación de la pobreza (y la exclusión) y el diseño de las políticas (y los servicios)

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¿Tiene sentido hablar de pobreza alimentaria o, por poner otro ejemplo, de pobreza energética? ¿O basta con hablar de pobreza (sin adjetivos)? ¿Tiene más utilidad referirse a la pobreza infantil o a la pobreza (sin más)? ¿En qué medida sirve distinguir la exclusión laboral o la relacional? ¿Se trata de fenómenos diferentes o de distintas dimensiones de un mismo fenómeno? Y más preguntas relacionadas con las anteriores: ¿Es más digno dar dinero que repartir alimentos? ¿Es más profesional prestar un servicio que otorgar una prestación económica?

En no pocas ocasiones discutimos sobre estas cuestiones sin advertir hasta qué punto es nuestro diseño de las intervenciones públicas y, específicamente, de las políticas sociales el que construye las realidades que queremos afectar o transformar. Por ello, posiblemente, mezclamos y confundimos con frecuencia tres debates que, sin embargo, conviene distinguir:

  1. El debate sobre en qué medida se debe garantizar como derecho social (bien público) la satisfacción de una determinada necesidad de las personas.
  2. El debate sobre la articulación del papel de la comunidad (incluyendo la propia persona y su familia), el Estado, el mercado y la iniciativa social en el sistema que se estructura para dar respuesta a dicha necesidad.
  3. El debate sobre el grado y tipo de monetización (de utilización del dinero) en las transacciones que permiten, en última instancia, la satisfacción de dicha necesidad.

Posiblemente, tiene sentido, por ejemplo, hablar de pobreza energética si se desea abordar dicho problema en un marco de política de vivienda (integrada con la política energética) en favor de la inclusión residencial de toda la población que aspire a una transformación de la estructura habitacional en un determinado territorio en clave de sostenibilidad económica, social y ambiental. Quizá tenga menos sentido diferenciar la pobreza para pagar la luz o la calefacción de la pobreza en relación con otras necesidades (como la alimentación o el vestido) si todas ellas se abordan desde una prestación económica (más o menos) genérica de garantía de ingresos (como, por ejemplo, una pensión de jubilación).

Otro ejemplo: Parece preferible proteger el derecho humano a la alimentación mediante una garantía pública de ingresos genérica (entre otros factores, por el relativamente fácil acceso a alimentos adecuados cuando hay la demanda solvente) que impulsar el reparto de alimentos por parte de la iniciativa social. Máxime si ésta contribuye (aunque sea involuntariamente) a reforzar las dinámicas de exclusión y despilfarro que se observan en el sector de la distribución alimentaria, en lugar de hacerlo a la autogestión solidaria y al empoderamiento comunitario.

Los tres debates que hemos mencionado admiten respuestas diferentes con combinaciones diversas en función de las distintas necesidades y de la trayectoria institucional que se haya dado en cada lugar; aparte, obviamente, de ser objeto (más el primero que el segundo y más el segundo que el tercero) de legítimas preferencias ideológicas. En cualquier caso, tanto la discusión técnica como la deliberación política se beneficiarán si somos capaces de compartir algunas distinciones claras en los términos de referencia que utilizamos.

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