Políticas sociales: ¿dinero o servicios?

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Entre las diferentes políticas públicas, convencionalmente, identificamos algunas como políticas sociales en la medida en que consideramos que tienen un especial impacto en el bienestar de las personas y que está especialmente legitimada una intervención estratégica del Estado para garantizar, en última instancia y en alguna medida, el derecho de la ciudadanía a la satisfacción de las correspondientes necesidades. El carácter altamente convencional, discutible y modificable de esta forma de clasificar las políticas públicas es evidente: ¿por qué consideramos que la política sanitaria o la de vivienda son políticas sociales y por qué no lo son las relacionadas con la seguridad o la alimentación?

En realidad, si nos fijamos, no consideramos como sociales aquellas políticas públicas sectoriales más tradicionales en las que el Estado protege y promueve el ejercicio de los derechos humanos de primera generación (como el derecho a la libre circulación o a la participación política). Tampoco solemos considerar sociales las políticas concernientes a sectores de actividad en los que son especialmente fuertes las dinámicas y agentes de la economía de mercado (como la energía o el turismo). Así, tendemos a incluir en el club de las políticas sociales sectoriales aquellas otras en cuya cadena de valor para la prescripción, producción y dispensación de bienes y servicios han ido ganando peso estratégico las estructuras profesionalizadas del sector público y que principalmente serían: sanidad, educación, servicios sociales, empleo y vivienda.

Ahora bien, como quiera que bienes y servicios como los relacionados con la alimentación o la energía (por citar sectores altamente mercantilizados) son de primera necesidad, hablamos de una última (o primera) rama o pilar de la política social, que sería la de la garantía de ingresos para la subsistencia, con pensiones y otras prestaciones económicas, que nos permiten adquirir dichos bienes y servicios. Si bien la decisión sobre en qué medida se garantiza como derecho incondicional la satisfacción de determinada necesidad es altamente política, el diseño que nos lleva a hacerlo a través de servicios públicos o a través de prestaciones económicas (más o menos afectadas a un fin) tiene un carácter más técnico y es objeto de debate científico a partir de la evidencia comparada.

El carácter altamente mercantilizado y monetizado de nuestras sociedades puede inducir a muchas personas y a muchos agentes políticos a preferir el pájaro en mano de las prestaciones económicas (recordemos, por ejemplo, el cheque bebé). Sin embargo, la complejidad social aconseja un diseño más sofisticado de las políticas públicas, en el que, sin desconocer la eficiencia operativa y el valor incentivador de las entregas dinerarias, éstas se den en el marco de (o junto a) intervenciones profesionales de alto valor añadido y dinámicas relacionales constructoras de comunidad.

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