Educación social y derechos de ciudadanía

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En nuestro entorno, la educación social se ha venido configurando como una profesión que se desempeña, en buena medida, en el ámbito sectorial de los servicios sociales, aunque, sin duda, tenga cabida y deba tenerla cada vez más en otros sectores de actividad económica. Podría decirse que el trabajo social, la psicología de la intervención social y la educación (y la pedagogía) social constituyen las principales disciplinas o áreas de conocimiento de referencia para los servicios sociales.

El de los servicios sociales –al igual que otros muy propicios para la educación social, como es el de la educación– es un ámbito sectorial en el que existe un amplio consenso a favor de la existencia de políticas y sistemas públicos de servicios que garanticen derechos universales a toda la ciudadanía. Debemos reconocer, sin embargo, que la garantía del derecho a los servicios sociales (y, por tanto, a una buena parte del apoyo y acompañamiento que podemos ofrecer las educadoras y educadores sociales) no es tan fuerte en nuestro contexto como la que existe para otros derechos, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la atención sanitaria.

Esa fragilidad de la garantía del derecho de ciudadanía a los servicios sociales tiene que ver, sin duda, con apuestas políticas e inversiones presupuestarias, pero debemos reconocer, también, que tenemos un trecho importante por recorrer en lo tocante a la configuración del contenido técnico de nuestras intervenciones y programas, y en cuanto al posicionamiento del valor profesional que aportamos a los ojos del conjunto de la ciudadanía. En cualquier caso, ambos ingredientes o niveles–contenido técnico y garantía política– deben diferenciarse, siendo el primero requisito previo para el segundo.

La investigación científica e innovación tecnológica que realizan la medicina o la farmacia son las que llenan de contenido nuestro derecho a la atención sanitaria. La reconocida capacidad diagnóstica y terapéutica de las ciencias de la salud –sin desconocer sus limitaciones y disfunciones– ha sido y es decisiva a la hora de inclinar a quienes toman decisiones políticas (y quieren garantizar derechos sociales) a apostar por la inversión en la estructuración y desarrollo de servicios públicos de carácter profesional (en lugar, por ejemplo, de distribuir prestaciones económicas). Nos puede valer el ejemplo.

Podría afirmarse, entonces, que –sin negar la importancia del compromiso y reivindicación política de las y los profesionales de la educación social y de las organizaciones y redes en las que trabajamos– hoy y aquí, posiblemente, nuestra principal contribución para la garantía de derechos de ciudadanía en el ámbito de los servicios sociales sea la del desarrollo del conocimiento riguroso y las herramientas y alternativas de intervención que permitan producir prestaciones y servicios de alto valor añadido que puedan ser cada vez más reclamados por la ciudadanía y garantizados como derechos por parte de los poderes públicos.

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