El debate de las pensiones y la apuesta por los servicios sociales

Welfare concept.

Dentro de nuestro sistema de protección social las pensiones de jubilación están pensadas para dar respuesta a las necesidades de subsistencia de las personas tras la finalización de su vida laboral. ¿Cuál es la racionalidad de dar una cantidad fija de dinero mensual para cubrir tales necesidades? Por una parte, en general, es más eficiente la prestación económica que la prestación en especie (por ejemplo, de comida o vestido) por existir para dichos bienes un mercado razonablemente accesible y organizado (una vez se dispone de dinero). Por otro lado, es racional la técnica de la cantidad fija mensual pues, por lo general, las personas tenemos una necesidad bastante similar y constante en lo que toca a la subsistencia material.

Si nos fijamos, sin embargo, nuestro sistema de protección social opera de forma radicalmente distinta con nuestras necesidades en el ámbito de la salud, en el que se organiza en forma de aseguramiento colectivo de la prevención y abordaje de contingencias, mediante intervenciones y servicios profesionales. ¿Cuál es la racionalidad en este caso? En este caso, la heterogeneidad, discontinuidad y complejidad de las necesidades y respuestas sanitarias desaconsejan el uso de la técnica de la prestación económica estable y recurrente y hacen que sea mucho más eficiente la prestación en especie en función de contingencias evaluables y, en definitiva, la articulación de sistemas sanitarios públicos.

Pues bien, posiblemente el principal reto que tiene ante sí nuestro sistema de protección social sea el del incremento de las necesidades relacionadas con la interacción de las personas, es decir, las necesidades de cuidado o apoyo profesional que surgen cuando nuestras redes primarias no son capaces de hacer frente a nuestras limitaciones funcionales temporales o permanentes. Si bien estas necesidades pueden presentarse en cualquier momento de nuestro ciclo vital (de hecho son enormes y universales nuestras limitaciones funcionales en los primeros años de vida), se concentran de forma especial entre las personas mayores, por la creciente prevalencia de la discapacidad y la disminución de la red primaria disponible en esa época de la vida.

Posiblemente, una buena parte de nuestra preocupación por las pensiones de jubilación viene inducida por la previsión de la eventualidad de necesitar (y tener que pagar) cuidados y por la debilidad actual del sistema público llamado a la prevención y abordaje profesional de las necesidades relativas a la interacción de las personas, el sistema público de servicios sociales. Sin embargo las características y distribución de dichas necesidades harían posiblemente más racional y eficiente la apuesta, ante tales contingencias, por el fortalecimiento del sistema público de servicios sociales que por su pretendida cobertura mediante las pensiones de jubilación. Cabe preguntarse, por tanto, en qué medida el debate sobre las pensiones no debiera conectarse más con el debate sobre los servicios sociales.

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