Garantía de ingresos e intervención social

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La intervención social y sus profesiones y disciplinas (como el trabajo social, la psicología o la educación social) aportarán más valor en tanto en cuanto más se concentren en su objeto propio: la interacción, es decir, ese delicado equilibrio humano entre, por una parte, lo que somos capaces de hacer (y decidir hacer) autónomamente en nuestro desenvolvimiento cotidiano y, por otra parte, los cuidados, apoyos y relaciones familiares y comunitarias. La contribución que la intervención social (y, por tanto, los servicios sociales) puedan hacer a los fines de otros ámbitos sectoriales (como salud, aprendizaje, empleo, alojamiento o subsistencia) y a los fines compartidos de la acción pro bienestar (como la inclusión social) dependerá de las sinergias entre el fin propio y los otros fines y no de un pretendido carácter global, integral, general,  central o transversal de la intervención social y los servicios sociales.

En una sociedad compleja no puede existir ningún sector de actividad que se responsabilice globalmente (y menos aún residualmente) de los procesos de inclusión social. La atención a las personas en situación de exclusión social es, por igual, responsabilidad de todos los ámbitos. Una situación que se presenta como exclusión laboral puede beneficiarse de una intervención educativa; otra que emerge como aislamiento relacional puede ser abordada desde el sector de la vivienda; la que se manifiesta en el ámbito de la convivencia en el espacio público quizá requiera la atención desde el sector sanitario; aquella que aparece como carencia de recursos económicos para la subsistencia puede requerir de la protección judicial que acote y promueva la autonomía de la persona; y así sucesivamente.

La intervención social está, acertadamente, enfrascada en la tarea de crear más valor y ser más reconocida en su labor de diagnóstico social, prescripción facultativa y acompañamiento social y de minimizar el tiempo y atención dedicadas a tareas de gestión y entrega de la información y tramitación y control administrativos, que, en algunos casos, distorsionan la percepción y posicionamiento de sus profesiones y disciplinas. La contribución de la intervención social a los fines de una política de garantía de ingresos (sea desde estructuras o dispositivos específicos de garantía de ingresos o sea desde otras estructuras o dispositivos, como los de servicios sociales) no podrá consistir, por ejemplo, en controlar (¿vigilar y castigar?) ingresos y gastos de las personas. Incluso, cuando dicha actividad se ha pretendido asociar al acompañamiento social, entendemos que frecuentemente lo ha contaminado y desvirtuado.

(Se puede continuar con un desarrollo más amplio aquí, en el blog de la Fundación Hugo Zárate.)

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