Las personas con discapacidad intelectual y sus familias ante el derecho a los servicios sociales

Apdema

Las asociaciones de familias con personas con discapacidad intelectual nacen en un momento histórico en que muchas personas con discapacidad intelectual estaban tremendamente excluidas de los servicios y entornos que permiten a la mayoría de las personas dar respuesta a sus necesidades y aspiraciones.

En todo caso, nuestras asociaciones se han caracterizado y se caracterizan por una preocupación e incidencia integral o transversal en todos los ámbitos que afectan a la vida de las personas: visitamos hospitales buscando humanizar la comunicación cuando se detectan circunstancias que pueden desencadenar discapacidades; acudimos a las escuelas para promover una atención inclusiva a la diversidad; creamos empleos adaptados a las capacidades de personas con discapacidad intelectual; reivindicamos mejoras en las prestaciones económicas de la Seguridad Social; denunciamos a locales de ocio que han impedido la entrada a personas por su discapacidad intelectual; sensibilizamos a jueces para que mejoren sus sentencias de incapacitación; y así sucesivamente.

En todos estos ámbitos nuestra meta es que las personas con discapacidad intelectual utilicen servicios y entornos universales capaces de acoger y gestionar las diversidades existentes en la comunidad, en clave de plena inclusión.

Si bien los servicios sociales se han entendido históricamente como una especie de segunda oportunidad para cualquier necesidad de personas (más bien colectivos) excluidos de otros sistemas o ámbitos, la evolución del conocimiento técnico y las normas jurídicas los va transformando en un sistema universal que se ocupa de unas determinadas necesidades.

La Ley de servicios sociales actualmente vigente en el País Vasco (de 2008) contiene un catálogo de prestaciones y servicios que se desarrolla en el Decreto de Cartera que acaba de ser aprobado y que es un instrumento que refuerza y facilita el ejercicio del derecho subjetivo y exigible a los servicios sociales que garantiza la Ley (y que se entiende plenamente efectivo a finales de 2016).

El hecho de que en el catálogo y la Cartera aparezcan algunos servicios específicos para personas con discapacidad no quiere decir, obviamente, que las personas con discapacidad intelectual y sus familias no tengan derecho a acceder al resto de prestaciones y servicios.

En cualquier caso, la Cartera es un instrumento dinámico que ha de ser evaluada tras dos años de aplicación y, en su caso, actualizada. Por ello nuestras asociaciones están implicadas siempre en su proceso de elaboración, aplicación, seguimiento, evaluación y reelaboración.

Estas y otras ideas se desarrollarán hoy, 3 de diciembre, en la conferencia organizada en Vitoria–Gasteiz por APDEMA (más información aquí).

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