El fomento de la iniciativa social desde los poderes públicos

Agerraldia

Los poderes públicos han de reconocer el tercer sector de acción social y considerarlo su promoción como objeto de una política pública. Ello debe ser entendido como fruto de los logros del propio tercer sector y de la maduración de la gobernanza democrática, que permite reconocer a diversos agentes e iniciativas como coproductoras del bienestar y de lo público.

El compromiso público con el fomento del tercer sector social ha de hacerse respetando y promoviendo su autonomía, a la vez que se reconoce y valora como activo social para el cuidado de bienes comunes. Ello obligará a realizar una serie de actividades específicas que deberán contribuir a la visibilidad, crecimiento, mejora y desarrollo del tercer sector de acción social, debiendo cuidarnos siempre de evitar efectos no deseados de burocratización del tejido social solidario.

Se han de tener en cuenta adecuadamente las diferentes dimensiones o funciones del tercer sector social, reconociendo e impulsando tanto su necesaria unidad y trabajo en red como su constitutiva diversidad y riqueza de matices. Se ha de valorar e impulsar un tercer sector de enfoque comunitario e innovación social; espacio de participación voluntaria y capaz de gestionar servicios complejos; interlocutor en la construcción de políticas públicas y espacio cotidiano para procesos de inclusión social.

Si bien una buena parte de las organizaciones del tercer sector de acción social nacen vinculadas a colectivos específicos en situación de vulnerabilidad o exclusión social, no siempre es así y, sobre todo, no tiene por qué ser así en el futuro. La intervención social se entiende cada vez más como universal, personalizada y comunitaria y sus organizaciones son cada vez más capaces de gestionar la diversidad, superando clasificaciones y divisiones en colectivos que cada vez se evidencian como más disfuncionales y anacrónicas.

En esta línea, se apuesta por políticas de carácter universal, de modo que personas que anteriormente fueron vistas como miembros de colectivos que son atendidos integralmente por parte de un único proveedor, hoy son consideradas, cada vez más, como miembros de la comunidad que deben poder disfrutar de las oportunidades que brinden los diversos ámbitos sectoriales (educación, servicios sociales, empleo, vivienda, sanidad u otros) como y con el resto de la población.

(Fragmentos adaptados de la comparecencia en el Parlamento Vasco acerca del Proyecto de Ley del Tercer Sector Social. La comparecencia completa puede leerse aquí. La foto es de los servicios del Parlamento Vasco.)

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