Políticas sociales: mucho más que dinero

Begirada 3

Cometeríamos un grave error de concepto y enfoque si entendiéramos que lo único o lo principal que hacen los poderes públicos con las políticas sociales es redistribuir los recursos económicos entre la población en aras de una mayor equidad en cuanto al poder de compra que nos permite acceder a los mercados para comprar bienes y servicios con los que dar satisfacción a nuestras necesidades. Sin duda las políticas sociales –u otras políticas púbicas, como la política fiscal, en su dimensión social– deben tener, inexcusablemente, ese valor o efecto redistributivo. Pero, si se entienden, diseñan y funcionan bien, tienen que ir mucho más allá.

Cuando ponemos en marcha políticas sociales –como la sanitaria, la laboral o la de servicios sociales, por poner tres ejemplos– estamos asumiendo que determinados bienes –la salud, el empleo o la interacción, siguiendo, respectivamente, con los mismos ejemplos– son considerados, en alguna medida, como bienes públicos, es decir, como bienes que –hasta cierto punto–se protegen, promueven, gestionan y proporcionan mejor desde el sector público que desde otros (como el sector privado, la comunidad o el tercer sector).

Cuando construimos y establecemos una política social es porque entendemos que un ámbito de actividad o de un área de necesidades –por su complejidad y relevancia– requiere de una organización colectiva y de una garantía última de derechos que sólo pueden ofrecer –cabalmente– los poderes públicos. Estos poderes públicos, al generar un sistema de prestaciones y unas reglas del juego, configuran cada política social –sea la educativa, la de vivienda o la de garantía de ingresos– como un elemento clave del contrato social entre clases, entre sexos, entre generaciones y así sucesivamente. Un elemento clave –en el fondo– de la moral colectiva y de los valores éticos compartidos que configuran en el nivel más profundo nuestra trama social.

Cuando decimos, por ejemplo, que la organización social de los cuidados no aguanta más la improvisación y los parches –que no soporta más sufrimiento e inequidad– y que necesitamos una política de servicios sociales tan estructurada y fuerte como la educativa, la sanitaria o la de pensiones, estamos diciendo que los poderes públicos deben hacer una oferta creíble de organización colectiva y una propuesta atractiva y sostenible de garantía de derechos al respecto. Mucho más, como vemos, que redistribuir dinero.

Artículo publicado originalmente en begirada.org.

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